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18. Derecho a la nacionalidad (artículo 20 de la convención)

18.1. Inexistencia de vulneración del derecho a la nacionalidad cuando se juzga personas extranjeras por el delito de traición a la patria

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte se refirió al concepto de nacionalidad como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática. La adquisición de este vínculo por parte de un extranjero, supone que cumpla las condiciones que el Estado ha establecido con el propósito de asegurarse de que el aspirante esté efectivamente vinculado con el sistema de valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer; por lo cual las condiciones y procedimientos para esa adquisición son predominantemente del derecho interno. Esta Corte ha indicado que el derecho a la nacionalidad contemplado en el artículo 20 recoge un doble aspecto: i) significa dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer a través de su nacionalidad su vinculación con un Estado determinado; ii) implica protegerlo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo. La Corte ha manifestado que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos, pues la nacionalidad reviste el carácter de un derecho de la persona humana, sentido que ha quedado plasmado a nivel regional y en el artículo 15 de la Declaración Universal. nota 1

En el caso en estudio, la nacionalidad de los ciudadanos chilenos no se ha puesto en entredicho. En ningún momento se ha cuestionado o afectado su derecho a esa nacionalidad, ni se ha pretendido crear o imponer entre el Perú y los inculpados la relación de nacionalidad con los consiguientes nexos de lealtad o fidelidad. Cualesquiera consecuencias jurídicas inherentes a ella, existen solamente con respecto a Chile y no al Perú y no se alteran por el hecho de que se aplique un tipo penal denominado traición a la patria, lo cual sólo plantea el problema de un nomem juris que el Estado utiliza en su legislación, sin que ello suponga que los inculpados adquieran deberes de nacionalidad propios de los peruanos. Por todo lo expuesto, la Corte declara que en el presente caso no se violó el artículo 20 de la Convención. nota 2

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  2. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
18.2. Violación del derecho a la nacionalidad por privación arbitraria

En el Caso Ivcher Bronstein, al señor Baruch Ivcher Bronstein le fue otorgada la nacionalidad peruana y renunció a su nacionalidad israelí; ejercitó derechos de nacional peruano durante 13 años. La legislación exigía gozar de esa nacionalidad para ser propietario de empresas concesionarias de canales televisivos en el Perú. El señor Ivcher era propietario mayoritario de las acciones de la Compañía, empresa operadora del Canal 2 de la televisión peruana. En 1997, el señor Ivcher Bronstein, como Director y Presidente del Directorio de la Compañía, difundió, en su programa Contrapunto, dos reportajes de interés nacional en que se denunciaban supuestos abusos de miembros del Ejército y supuestos ingresos millonarios percibidos por el señor Vladimiro Montesinos, asesor del Servicio de Inteligencia del Perú. Como consecuencia de los reportajes, el señor Ivcher fue objeto de acciones intimidatorias. El Poder Ejecutivo expidió un Decreto Supremo que reglamentó la Ley de Nacionalidad, y estableció la posibilidad de cancelar la nacionalidad a los peruanos naturalizados. Dicho decreto fue objeto de dos impugnaciones que se declararon improcedentes. El Canal 2 presentó un reportaje sobre grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas sostenidas por candidatos de la oposición, jueces y periodistas, entre otros. La Dirección General de Migraciones y Naturalización, expidió un informe que afirmaba no haber encontrado en los archivos el expediente sobre el título de nacionalidad del señor Ivcher, y que no se había demostrado que éste hubiera renunciado a su nacionalidad israelí. El Director General de Migraciones y Naturalización emitió una ?Resolución Directoral?, que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad peruana del señor Ivcher Bronstein, sin haberse comunicado con él previamente para permitirle presentar su defensa. Contra la mencionada resolución se presentó una acción de amparo y medidas cautelares que se declararon infundados. nota 1

Los accionistas minoritarios de la Compañía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción presentaron demandas de amparo ante un juzgado corporativo transitorio especializado, para que se dejara sin efecto la compra de las acciones de la empresa realizada por el señor Ivcher, con medidas cautelares para que se suspendiera el ejercicio de sus derechos como accionista mayoritario, su nombramiento como Director y Presidente de la misma, se eligiera un nuevo Directorio y se prohibiera la transferencia de las acciones de aquel. Las medidas fueron aceptadas por el juez y el señor Ivcher solicitó la nulidad de lo actuado que fue declarada infundada. Dos hermanos asumieron el control del Canal 2; se prohibió el ingreso a éste de periodistas que laboraban en el programa Contrapunto y se cambió la línea informativa de dicho programa; se celebró una Junta General de Accionistas de la Compañía con asistencia de accionistas minoritarios, en la que se removió a los miembros del Directorio y se eligió nuevos integrantes. La esposa del señor Ivcher, inició varios procesos civiles para que se reconocieran sus derechos como copropietaria de las acciones de su esposo en la Compañía, que resultaron infructuosos; el señor Ivcher Bronstein, su familia, abogados, funcionarios y clientes de sus empresas fueron objeto de denuncias penales y de otros actos intimidatorios. En el 2000 el Estado declaró nula la ?resolución directoral? que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher.

La Corte reitera su jurisprudencia sobre el sentido y alcance del artículo 20 de la Convención que consagra el derecho a la nacionalidad. También se refiere a la norma constitucional peruana que consagra este derecho y establece que nadie puede ser despojado de la nacionalidad y que sólo se pierde por renuncia expresa ante autoridad peruana. Señala que, con distintas modalidades, la mayoría de los Estados han establecido la posibilidad de que personas que no tenían originalmente su nacionalidad puedan adquirirla, en general, mediante una declaración de voluntad manifestada previo cumplimiento de ciertas condiciones. La nacionalidad, en estos casos, no depende ya del hecho fortuito de haber nacido en un territorio determinado o de nacer de unos progenitores que la tenían, sino de un hecho voluntario que persigue vincular, a quien lo exprese, con una determinada sociedad política, su cultura, su manera de vivir y su sistema de valores. En el presente caso está probado que el señor Ivcher Bronstein adquirió el título de nacionalidad peruana, luego de haber renunciado a la nacionalidad israelí. Este acto vinculó al señor Ivcher y a su familia con la sociedad política, la cultura, la manera de vivir y el sistema de valores peruanos. El señor Ivcher no renunció expresamente a su nacionalidad, único modo de perder ésta conforme a la Constitución peruana, sino que fue privado de ella cuando se dejó sin efecto su título de nacionalidad, sin el cual no podía ejercer sus derechos como nacional peruano. Por otra parte, el procedimiento utilizado para la anulación del título de nacionalidad no cumplió con la legislación interna, ya que, de conformidad con la Ley Peruana, el otorgamiento del título de nacionalidad sólo podía ser anulado dentro de los seis meses siguientes a su adquisición. Al haberse dejado sin efecto dicho título, 13 años después de su otorgamiento, el Estado incumplió las disposiciones establecidas en su derecho interno y privó arbitrariamente al señor Ivcher de su nacionalidad, con violación del artículo 20.3 de la Convención. Además, la autoridad que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher resultó ser incompetente. En efecto, el señor Ivcher Bronstein adquirió la nacionalidad peruana a través de una ?resolución suprema? del Presidente y su título de nacionalidad fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores; sin embargo, perdió su nacionalidad como resultado de una ??resolución directoral? de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, indudablemente de menor jerarquía que la que le otorgó el derecho correspondiente, y que por eso mismo no podía privar de efectos al acto del superior. Esto demuestra nuevamente el carácter arbitrario del retiro de la nacionalidad del señor Ivcher, en contravención del artículo 20.3 de la Convención. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el derecho a la nacionalidad consagrado en el artículo 20.1 y 20.3 de la Convención, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. nota 2

  1. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 .
  2. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 .
18.3. Violación de los derechos a la nacionalidad y a la igualdad de los niños por la negación de la inscripción del nacimiento de un niño, sin criterios razonables u objetivos, y de forma contraria al interés superior del niño.

En el Caso de las Niñas Yean y Bosico, las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico nacieron en la República Dominicana, el 15 de abril de 1996 y el 13 de marzo de 1985, respectivamente, y ahí han vivido y crecido. Igualmente, sus madres, las señoras Leonidas Oliven Yean y Tiramen Bosico Cofi, son de nacionalidad dominicana y han vivido en la República Dominicana, y los padres de las niñas son haitianos. El 5 de marzo de 1997, cuando Dilcia Yean tenía 10 meses de edad y Violeta Bosico tenía 12 años de edad, las niñas solicitaron la inscripción tardía de su nacimiento ante la Oficialía del Estado Civil de Sabana Grande de Boyá. Dicha solicitud de inscripción tardía fue rechazada por la Oficial del Estado Civil, quien consideró que los documentos presentados por las niñas eran insuficientes para proceder a una inscripción tardía, conforme a una lista de once requisitos. El 11 de septiembre de 1997 las niñas recurrieron ante el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Monte Plata, quien el 20 de julio de 1998 confirmó la decisión de la Oficial del Estado Civil, y resolvió la denegación por ?no estar amparada en la documentación y procedimiento que rige la materia?, con base en una lista que contiene doce requisitos para la inscripción tardía de nacimiento. Las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico estuviesen sin nacionalidad hasta el 25 de septiembre de 2001, fecha en la cual la República Dominicana entregó las actas de nacimiento a las niñas Yean y Bosico, y en consecuencia, en esa fecha les otorgó la nacionalidad dominicana. Para la inscripción tardía de nacimiento en la República Dominicana, hay diferentes requisitos para los niños menores de 13 años de edad y para los niños mayores de 13 años de edad, los cuales se encuentran indicados en listas que son emitidas por la Junta Central Electoral o por cualquiera de las diversas Oficialías del Registro Civil. La Corte estableció que la solicitud de inscripción tardía de nacimiento fue denegada con fundamento en el incumplimiento de la presentación de once o doce requisitos, los cuales no eran los exigibles a los niños menores de 13 años de edad, y que fueron aplicados a las niñas, pese a que al momento de la solicitud Dilcia Yean tenía 10 meses de edad y Violeta Bosico tenía 12 años de edad

La Corte estimó que al haber aplicado a las niñas, para obtener la nacionalidad, otros requisitos distintos a los exigidos para los menores de 13 años de edad, el Estado actuó de forma arbitraria, sin criterios razonables u objetivos, y de forma contraria al interés superior del niño, lo que constituyó un tratamiento discriminatorio en perjuicio de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico. Esa condición determinó que ellas estuviesen al margen del ordenamiento jurídico del Estado y fuesen mantenidas como apátridas, lo que las colocó en una situación de extrema vulnerabilidad, en cuanto al ejercicio y goce de sus derechos. Además, la Corte consideró que el tratamiento discriminatorio se enmarca dentro de la condición vulnerable de la población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana en la República Dominicana, a la cual pertenecen las presuntas víctimas. La Corte expresó que por razones discriminatorias y contrarias a la normativa interna pertinente, el Estado dejó de otorgar la nacionalidad a las niñas, lo que constituyó una privación arbitraria de su nacionalidad, y las dejó apátridas por más de cuatro años y cuatro meses, en violación de los artículos 20 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, y también en relación con el artículo 1.1 en perjuicio de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico. nota 1

  1. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia Serie C. No. 130 .

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