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21. Derechos políticos (artículo 23 de la convención)

Con respecto al Caso del Tribunal Constitucional, la Corte no encontró violación a los derechos políticos en su dimensión de permitir el acceso a cargos públicos (artículo 23), porque los magistrados ya habían accedido al cargo y la irregularidad se presentó en torno a la destitución. Dichas irregularidades se encuentran subsumidas en las violaciones a los derechos a las garantías y la protección judiciales. nota 1

  1. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 71 .
21.1. El sistema de registro de candidatos a cargos de elección popular por intermedio de partidos políticos no constituye limitación ilegítima al derecho político a ser elegido, cuando está establecido en la ley y responde a una finalidad legítima y a criterios de necesidad y proporcionalidad

En el Caso Castañeda Gutman, en el año 2004 el señor Castañeda Gutman solicitó su registro como candidato independiente para el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para las elecciones del 2006, ante una dependencia del Instituto Federal Electoral (IFE), órgano administrativo y autoridad competente para recibir tales solicitudes, de conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Una dependencia del IFE, comunicó al solicitante que no era posible hacer tal inscripción, porque del acuerdo con la ley COFIPE, el derecho a postularse y ser votado para el cargo federal y de elección popular solo se podía realizar por intermedio de un partido político y que para el cargo que se postulaba el registro de la candidatura solamente podía hacerse del 1º al 15 de enero del año de la elección.

En marzo del mismo año, la víctima presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución mexicana y en las violaciones de las garantías individuales relacionadas con el ?ejercicio de la libertad de trabajo y participación en el desarrollo del régimen democrático de la vida política nacional?; igualdad ante la ley y con la libertad de asociación. El 30 de marzo de 2004 fue admitida la demanda del asunto.

El juzgado de conocimiento, después de admitir la demanda, declaró, en julio de 2004, improcedente el juicio de amparo, por cuanto la única vía para resolver la inconformidad entre una ley electoral y la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. Frente a esta decisión, la víctima interpuso recurso de revisión que resolvió el juez correspondiente, en noviembre del mismo año. En cuanto al fondo de las cuestiones legales planteó que fuera la Corte Suprema la que ejerciera su facultad respecto de los aspectos constitucionales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó la sentencia recurrida y declaró improcedente el amparo sobre las disposiciones cuestionadas por la víctima, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y también declaro improcedente el amparo, en relación con la decisión de la dependencia del IFE, de marzo de 2004, en cuanto que resolver estas contradicciones era de competencia del Pleno de la Corte Suprema de la Nación y se ?obligó a órganos legislativos federal y locales, a expedir las leyes electorales cuando menos noventa días antes, de que tenga lugar el proceso electoral, a fin de que, de llegar a declarar la Suprema Corte la invalidez de esa norma, de tiempo a que sea modificada por el legislador y debido a tal sistema, se tenga certeza de cuáles son las disposiciones aplicables y de que ya no serán modificadas durante el desarrollo del proceso electoral?.

La Ley de Impugnación Electoral vigente para la época de los hechos, legitimaba de manera activa para interponer recursos al ciudadano para la protección de ciertos derechos políticos-electorales, condicionando tal intervención a la postulación del cargo de elección popular por un partido político y a la negativa del registro de la candidatura.

La Corte estableció que el sistema de registro de candidatos por intermedio de los partidos políticos no constituyó, en este caso, violación ni restricción ilegitima de regulación del derecho político a ser elegido establecido en el artículo 23. 1. b de la Convención, porque tal limitación es legal, tiene una finalidad legítima y responde a criterios de necesidad y proporcionalidad, tanto que: 1- aparece en la ley, 2- existen otras situaciones de limitaciones al sistema electoral distintas a la ?edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal?, señaladas en el artículo 23. 2 de la Convención; 3- El Estado ha fundamentado esta regulación en necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas, sociales, relacionados con la creación y fortalecimiento de los partidos, la organización eficaz del proceso electoral , el financiamiento con predominio público para garantizar elecciones auténticas, libres y en igualdad de condiciones y con la fiscalización de los fondos; 4- ese sistema electoral pude ser compatible con la Convención Americana. nota 1

  1. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, Serie C. No. 184 
21.2. Violación del derecho a la participación política por ausencia de normas legales que permitan la participación en los asuntos públicos de organizaciones diversas a los partidos políticos. restricción desproporcionada.

En el Caso Yatama, la Ley Electoral No. 331 de 2000, sólo permite la participación en los procesos electorales a través de partidos políticos. Esta forma de organización no es propia de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica. El artículo 82 de la Ley Electoral de 2000 dispone como requisito para participar en las elecciones municipales que los partidos políticos presenten candidatos al menos en el 80% de los municipios de la respectiva circunscripción territorial y respecto del 80% del total de las candidaturas. En este caso, el Consejo Supremo Electoral decidió no registrar a los candidatos propuestos por YATAMA en la RAAS pues consideró que, al quedar excluido el partido que se presentó en alianza con YATAMA, éste último, por si solo, no cumplía el requisito de haber presentado candidatos en el 80% de los municipios de la circunscripción territorial. Para la Corte la exigencia de la Ley Electoral constituye una restricción desproporcionada que limitó indebidamente la participación política de los candidatos propuestos por YATAMA para las elecciones municipales de noviembre de 2000. nota 1

  1. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 127 .

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