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22. Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la convención)

22.1. No violación del derecho a la igualdad ante la ley: el derecho no faculta a los peticionarios a exigir que se sancione a otras personas, por los mismos hechos, de forma idéntica a la que ellos fueron sancionados

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte estableció que no se violó el derecho de igualdad ante la ley ?artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, por el hecho de que dos Magistradas no hubieren sido sancionadas disciplinariamente por los mismos hechos por los cuales lo fueron los otros tres restantes, porque este derecho no otorga a las víctimas "la facultad de exigir una sanción idéntica a la propia" para las otras magistradas. Señaló la Corte que no tiene competencia para establecer la procedencia de la sanción y a quienes se les aplica. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
22.2. Violación del derecho a la participación política por no garantizar que agrupaciones con diferente organización a la de partidos políticos puedan participar en condiciones de igualdad.

En el caso Yatama, el Consejo Supremo Electoral decidió no registrar a los candidatos propuestos por YATAMA en la RAAS pues consideró que, al quedar excluido el partido que se presentó en alianza con YATAMA, éste último, por si solo, no cumplía con uno de los requisitos previstos en el artículo 82 de la Ley Electoral de 2000, consistente en haber presentado candidatos en el 80% de los municipios de la circunscripción territorial. Para la Corte el sistema electoral debe tomar en consideración que se trata de personas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, quienes se diferencian de la mayoría de la población, inter alia, por sus lenguas, costumbres y formas de organización, y enfrentan serias dificultades que los mantienen en una situación de vulnerabilidad y marginalidad. La Corte expresó que Nicaragua no adoptó las medidas necesarias para garantizar el goce del derecho a ser elegidos de los candidatos propuestos por YATAMA, quienes son miembros de comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, ya que se vieron afectados por la discriminación legal y de hecho que impidió su participación en condiciones de igualdad en las elecciones municipales de noviembre de 2000. nota 1

  1. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 127 .
22.3. Violación del derecho de igualdad ante la ley por la prohibición de expresarse en el idioma de su elección a un interno en centro carcelario, porque dicha medida es discriminatoria.

En el Caso López Álvarez, el 27 de abril de 1997, la víctima fue privada de su libertad personal, por posesión y tráfico ilícito de estupefacientes y sobre la misma el juzgado del conocimiento dictó auto de prisión preventiva, el 2 de mayo de 1997. Dentro del proceso, la sustancia decomisada fue objeto de dos análisis, uno el 14 de mayo de 1997 y otro el 4 de mayo de 1998, respectivamente, cuyos resultados fueron contradictorios. El 29 de mayo de 2003, la Corte de Apelaciones de la Ceiba, confirmó el fallo que absolvió al señor López Álvarez; sin embargo, éste permaneció detenido hasta el 26 de agosto de 2003. En el presente caso, en el año 2000 el Director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna de dicho centro penal, en la cual se incluía el señor Alfredo López Álvarez, a hablar en su idioma materno. En sentir de la Corte, la restricción al ejercicio de la libertad de hablar garífuna aplicada a algunos reclusos del Centro Penal de Tela, fue discriminatoria en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez, como miembro de la comunidad garífuna. Las anteriores consideraciones llevaron a la Corte a concluir que el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, y por el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. nota 1

  1. Caso López álvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 

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