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23. Deber de protección judicial (artículo 25 de la convención)

23.1. Violación del deber de protección judicial por ineficacia de un proceso administrativo de reivindicación de tierras ancestrales, interpuesto por comunidad indígena

En el Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, el Instituto de Bienestar Rural reconoció el derecho que le asistía a la comunidad indígena de pretender la recuperación de su territorio; reconociendo incluso, que dicho espacio era su territorio ancestral. No obstante, también señaló que según el Estatuto Agrario los propietarios de la estancia Loma Verde poseían un justo título y estaban explotando racionalmente dicho predio, elemento que impedía que se procediera a expropiar a favor de la comunidad. En efecto, los procedimientos establecidos en la Ley No. 854/63 y en la Ley No. 904/81 únicamente permiten al IBR y al INDI, respectivamente, disponer de tierras fiscales, expropiar tierras irracionalmente explotadas o negociar con los propietarios privados, a efectos de entregarlas a las comunidades indígenas, pero cuando los propietarios particulares se niegan a vender las tierras y demuestran la explotación racional de las mismas, los miembros de las comunidades indígenas no tienen un recurso administrativo efectivo que les permita reclamarlas. Posterior a largos trámites administrativos y a intentos de producir un acuerdo entre la comunidad y los propietarios del predio, ambas instituciones decidieron poner fin al procedimiento y enviar al Parlamento Nacional la solicitud de que procediera a expedir una ley para expropiar los bienes en disputa a favor de las comunidades indígenas, proyecto que fue rechazado por la Cámara Legislativa. De conformidad con el Convenio No. 169 de la OIT, incorporado al derecho interno paraguayo mediante la Ley No. 234/93, el Estado está obligado a ofrecer un recurso eficaz con las garantías del debido proceso a los miembros de las comunidades indígenas que les permita solicitar las reivindicaciones de tierras ancestrales. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte consideró que el proceso administrativo seguido ante IBR en colaboración con el INDI: se mostró abiertamente inefectivo para atender las solicitudes de reivindicación de las tierras que los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa consideran como su hábitat ancestral y tradicional y frente a ello, el Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para asegurar un procedimiento efectivo que dé una solución definitiva a la reclamación planteada por los miembros de la Comunidad. nota 1

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Comunidad Indígena, desde 1991, se encuentra tramitando su solicitud de reivindicación territorial, sin que se haya resuelto su petición por parte del estado. El procedimiento para la atención de los problemas de la tenencia de tierras en el Paraguay, es el administrativo, a cargo del Instituto de Bienestar Rural - IBR. Las cuestiones territoriales indígenas son tramitadas ante el INDI y el IBR, que actúan siempre dentro del ámbito administrativo y forman parte de su hábitat tradicional. El procedimiento de reivindicación de tierras tradicionales que forman parte del hábitat tradicional de la Comunidad Sawahoyamaxa, se inició el 6 de agosto de 1991, con la comunicación de los líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa al Instituto de Bienestar Rural - IBR, para que les fueran entregadas 8.000 hectáreas, petición que el 7 de septiembre de 1993 fue ampliada a 15.000. Las actuaciones del INDI y del IBR se limitaron a remitirse el expediente mutuamente y a solicitar en reiteradas ocasiones a los propietarios particulares de las tierras reclamadas por los miembros de la Comunidad que realicen ofertas ?sobre la fracción afectada?, sin que se reciba ninguna respuesta positiva al respecto. El 3 de diciembre de 1998 la Asesoría Jurídica del IBR emitió el dictamen No. 2065, mediante el cual señaló, inter alia, que de las diligencias realizadas por el IBR y de los documentos anexados se acreditaba ?la racionalidad de la explotación? de los propietarios de las tierras objeto del procedimiento, por lo cual, de conformidad con el Estatuto Agrario, resultaba imposible su afectación compulsiva y los propietarios se niegan a otra salida negociada. Por lo anterior, el 15 de junio de 1999, mediante la resolución No. 170, el IBR se declaró incompetente de decidir o no la expropiación de las tierras, declaró terminada la instancia administrativa y trasladó la responsabilidad al INDI, institución que no ha realizado actuación alguna desde julio de 1999. El 13 de mayo de 1997 líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa, presentaron al Congreso Nacional un proyecto de ley con el fin de declarar de interés social y expropiar a favor del INDI, para su posterior entrega a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, las fincas comprendidas dentro de los territorios que trataban de reivindicar. Proyecto que fue archivado, el 11 de junio de 1998. Un segundo proyecto de ley propuesto fue igualmente rechazado el 16 de noviembre de 2000. No obstante, en vista de que el Paraguay ratificó la competencia contenciosa del Tribunal el 26 de marzo de 1993, consideró la Corte que desde esa fecha debía contabilizarse la duración del procedimiento. Así, desde esa fecha hasta la de la Sentencia, han transcurrido 13 años y aún no se ha dado una solución definitiva al reclamo de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa.

Respecto de la efectividad del procedimiento administrativo de reivindicación de tierras para comunidades indígenas en el Paraguay, la Corte expresó que los procedimientos establecidos en la ley únicamente permiten al IBR y al INDI, respectivamente, disponer de tierras fiscales, expropiar tierras irracionalmente explotadas o negociar con los propietarios privados, a efectos de entregarlas a las comunidades indígenas, pero cuando los propietarios particulares se niegan a vender las tierras y demuestran la explotación racional de las mismas, los miembros de las comunidades indígenas no tienen un recurso administrativo efectivo que les permita reclamarlas. La Corte consideró que el procedimiento administrativo señalado presenta al menos tres falencias. La primera radica en la remisión que la ley interna hace al Estatuto Agrario, el cual toma como punto de partida la explotación racional o no de las tierras reclamadas, sin entrar a considerar aspectos propios de los pueblos indígenas, como la significación especial que las tierras tienen para éstos. Igualmente, ante el procedimiento legislativo ante el Congreso Nacional no es efectivo por cuanto dicha Corporación es del criterio de que la ley debe privilegiar la productividad o la utilización económica de la tierra. En segundo lugar, el INDI únicamente está facultado para realizar negociaciones de compra de las tierras o de reasentamiento de los miembros de las comunidades indígenas, sin que ello entrañe una valoración judicial o administrativa que dirima la controversia. Finalmente, las autoridades administrativas paraguayas no han realizado suficientes estudios técnicos, que identifiquen la parte específica del territorio Chanawatsam que pertenece a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, por ende, la falta de diligencias técnico-científicas convierten al procedimiento ante el INDI y el IBR en inoperativo. La Corte reiteró que el procedimiento administrativo de reivindicación de tierras ha sido inefectivo y no ha mostrado una posibilidad real para que los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa recuperen sus tierras tradicionales. En el presente caso, el Paraguay no ha adoptado las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para asegurar un procedimiento efectivo que dé una solución definitiva a la reclamación planteada por los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte consideró que el procedimiento legal de reivindicación de tierras instaurado por los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa se mostró completamente inefectivo, todo ello en violación del artículos 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 2

  1. Caso Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  2. Caso Comunidad Indígena Sawhoyomaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 
23.2. Violación del deber de protección judicial por ineficacia del recurso de habeas corpus

La Corte ha sostenido que para que un recurso sea efectivo se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama.

En el Caso Castillo Páez, la Corte considera que el recurso de habeas corpus interpuesto por los familiares del señor Castillo Páez en contra de su detención, fue obstaculizado por agentes del Estado con la adulteración del registro de ingreso de detenidos, lo cual impidió localizar al agraviado y, aunque el recurso fue resuelto favorablemente en dos instancias, la Corte Suprema de Justicia, declaró la nulidad del fallo. Por consiguiente, quedó demostrada la ineficacia del recurso de hábeas corpus para lograr la libertad del señor Castillo Páez y, quizás, para salvar su vida. El hecho de que la ineficacia del recurso se debió a una desaparición forzada, no excluye la violación del artículo 25 de la Convención. Esta disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye uno de los pilares básicos de la Convención y del Estado de Derecho en una sociedad democrática. El artículo 25 se encuentra ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solo garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. La detención del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía y, por tanto, se encontraba bajo la custodia de ésta, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, por lo tanto la Corte concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es imputable al Estado, con lo cual se viola el artículo 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1. nota 1

En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte reitera que la efectividad del recurso de hábeas corpus no se cumple con su sola existencia formal pues debe proteger efectivamente a las personas contra los actos que violen sus derechos fundamentales aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales (artículo 25.1 de la Convención). El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. En los casos de las víctimas que fueron detenidas y privadas de la vida de manera cruel por los agentes de la Guardia de Hacienda, no se tuvo posibilidad alguna de ejercer la garantía judicial que establece dicho precepto. En efecto, el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de la señora Paniagua Morales no tuvo ningún resultado, ya que a partir del momento en que fue detenida por agentes de la Guardia de Hacienda su paradero era desconocido y luego fue hallada sin vida. Ha quedado demostrada la ineficacia de dicho recurso de hábeas corpus, que no protegió a la víctima de los actos que, en su contra, cometieron agentes del Estado. En el caso del señor Chinchilla, no se ha demostrado que agentes de la Guardia de Hacienda hayan participado en los hechos que causaron su muerte. En cuanto a las restantes personas que fueron asesinadas, la Corte considera acreditado que no tuvieron acceso al recurso judicial que garantizara su libertad y su vida. Dichas personas estaban en poder de agentes del Estado y era éste el obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso pudiera tener resultados efectivos. La Corte concluye que el Estado de Guatemala no cumplió con su obligación de ofrecer un recurso efectivo a los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos y Manuel de Jesús González López, en violación del artículo 25 de la Convención y así lo declara. nota 2

En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, la Corte concluyó que la tramitación del recurso de hábeas corpus, interpuesto por los representantes de los menores para que se les mejoraran sus condiciones de vida en el Instituto, excedió todo límite permisible. Todo esto puesto que además, la tardanza en resolverlo se tradujo en que, algunas de las personas a cuyo favor se interpuso ya no se encontraban en el Instituto cuando se dio lugar al referido recurso, por lo cual éste no fue efectivo para aquéllos que intentaba proteger. nota 3

  1. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 34 .
  2. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 37 .
  3. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .
23.3. No se viola el derecho a la protección judicial efectiva cuando se trata sobre recursos dirigidos a proteger el derecho a la libertad personal

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como habeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el hábeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

De la sentencia de la Corte se puede afirmar que no se viola el derecho a la protección judicial efectiva ?artículo 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, porque en el ordenamiento interno ecuatoriano el hábeas corpus y el amparo de libertad son recursos para proteger el derecho a la libertad personal y en cuyo caso la disposición aplicable sería el artículo 7.6 de la Convención, en tanto independientes del recurso de amparo propiamente dicho, establecido constitucionalmente, para requerir de las autoridades la adopción de medidas urgentes frente a actos ilegítimos de la autoridad violatorio de derechos constitucionales y que puedan causar daños inminentes, graves e irreparables. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
23.4. Violación del deber de protección judicial por ineficacia del recurso de protección ante actuaciones estatales que niegan el acceso a la información bajo el control del estado

En el Caso Claude Reyes y otros, los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, acudieron ante el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, para solicitar información de interés público, relacionada con un contrato de inversión extranjera celebrado con el fin de desarrollar el ?Proyecto Río Cóndor? que por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública, parte de la cual no les fue entregada, sin justificación alguna. Posteriormente, las víctimas interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de julio de 1998, con fundamento, entre otras, en que la conducta del Comité de Inversiones Extranjeras configuraba una omisión arbitraria en el acceso a información pública, no permitida por el ordenamiento jurídico. Al pronunciarse sobre dicho recurso, la Corte de Apelaciones de Santiago no resolvió la controversia en torno al derecho de acceso a la información ya que la decisión judicial fue declarar inadmisible el recurso de protección interpuesto. La Corte de Apelaciones de Santiago únicamente señaló que adoptaba tal decisión con base en que de los hechos descritos y de los antecedentes aparejados al recurso, se desprendía que éste adolecía de ?manifiesta falta de fundamento?. Respecto de la resolución judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Tribunal estimó que no realizó ni la más mínima indicación respecto de las razones por las que concluyó que el recurso ostentaba ?manifiesta falta de fundamento?. Con base en lo expuesto, el Tribunal declaró que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas, al no garantizarles un recurso sencillo, rápido y efectivo que les amparara ante actuaciones estatales que alegaban como violatorias de su derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. Asimismo, la Corte concluyó que la referida decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible el recurso de protección no cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada, por lo que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas. nota 1

  1. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151
23.5. Violación del derecho a un recurso rápido y sencillo, como protección judicial, por no haberse resuelto rápidamente los recursos de amparo constitucional y cautelar

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte encontró violado el derecho a un recurso rápido sencillo y efectivo ?artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el deber de respetar los derechos humanos ?art 1.1 Convención-, en tanto que teniendo acceso a los recursos de amparo constitucional y amparo cautelar, respectivamente contra la suspensión y contra la destitución de dos Magistrados, idóneo para el caso y haber sido interpuesto en tiempo y forma no fueron resueltos rápidamente, sino 256 días después, el primero y más de tres años el segundo. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
23.6. Violación del deber de protección judicial por ineficacia del recurso de amparo al no respetar el principio de razonabilidad del plazo

En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, representantes de la Comunidad Mayagna interpusieron varios recursos de amparo contra una entidad del Estado de Nicaragua que asignó una concesión para explotación maderera en una zona que consideran hace parte de su propiedad comunal. Dos Comunidades indígenas y el Estado reclaman derechos sobre las mismas tierras.

La Corte ha dicho que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que deben tener efectividad. En cuanto a la existencia de un procedimiento para la titulación de tierras y la Corte admite la existencia en Nicaragua de una normativa que reconoce y protege la propiedad comunal indígena, pero estima que el Estado no dispone de un procedimiento específico para delimitar, demarcar y titular las tierras comunales indígenas. En cuanto a si los recursos de amparo presentados por miembros de la Comunidad fueron resueltos de conformidad con el artículo 25 de la Convención, la Corte encuentra que en Nicaragua, de acuerdo con la ley, el recurso de amparo debe ser resuelto dentro de 45 días. No obstante, en la tramitación de dos de los recursos, transcurrió alrededor de un año antes de que fueran resueltos. En razón de los criterios adoptados por la Corte y en consideración de los alcances de la razonabilidad del plazo en procesos judiciales, puede afirmarse que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias que conocieron de los amparos, desconoció el principio de plazo razonable consagrado en la Convención. De acuerdo con los criterios de este Tribunal, los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 25 de la Convención, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 1

  1. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 79 .
23.7. Violación del derecho a la protección judicial por la ineficacia de recurso de amparo por no respetar el plazo razonable y por ausencia de imparcialidad de jueces

En el Caso del Tribunal Constitucional, la Corte señaló que la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a la víctima en estado de indefensión. El artículo 25.1 de la Convención ha establecido la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. No basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido. La institución procesal del amparo reúne las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales por ser sencilla y breve. Sin embargo, de acuerdo con los criterios de la Corte, los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si durante la tramitación de éstos se incurre en un retardo injustificado de la decisión. En el Caso del Tribunal Constitucional, las tres supuestas víctimas interpusieron los recursos de amparo y fueron denegados en la apelación. De acuerdo con los criterios establecidos por esta Corte en materia de razonabilidad del plazo en procesos judiciales, puede afirmarse que el procedimiento seguido ante las diversas instancias que conocieron de los amparos en este caso excedió el principio de plazo razonable consagrado en la Convención. Adicionalmente, la Corte estima probado, que quienes conocieron el amparo de los magistrados destituidos, fueron las mismas personas que participaron o se vieron involucradas en el procedimiento de acusación constitucional en el Congreso, por lo cual puede afirmarse que en la decisión de los amparos no se reunieron las exigencias de imparcialidad por parte del Tribunal que conoció los citados amparos. Por lo tanto, los recursos intentados por las supuestas víctimas no eran capaces de producir el resultado para el que habían sido concebidos y estaban condenados al fracaso, como en la práctica sucedió. Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la protección judicial (Artículo 25), en perjuicio de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano. nota 1

  1. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 71 .
23.8. Violación del deber de protección judicial cuando no se tramita un proceso de manera eficiente y apropiada, por omisiones en la recabación de la prueba

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango tramitó una denuncia por la desaparición de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. El proceso fue archivado por no haberse establecido quién o quienes secuestraron a las menores. De otra parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció de un recurso de exhibición personal instaurado a favor de las hermanas desaparecidas. El Alto Tribunal resolvió terminar el proceso de exhibición personal por cuanto determinó que el hábeas corpus no era un medio idóneo para investigar el paradero de una persona detenida ilegalmente trece años atrás. La Corte Interamericana adujo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus facultades legales, tenía la posibilidad de avanzar en la tarea de descubrir el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y que la alegada falta de idoneidad del recurso no provenía necesariamente del tiempo transcurrido desde que se produjo el acontecimiento reclamado, sino de la falta de una investigación eficiente y apropiada. La Corte estimó que, tanto en el proceso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como en el proceso ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, habían existido graves omisiones en la recabación de la prueba. Por tanto, el Tribunal encontró que las investigaciones en los dos procesos no habían sido tramitadas de manera diligente, en forma tal que permitiera su efectividad para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ubicar su paradero e investigar y sancionar a los responsables. En consecuencia, la Corte declaró que el Estado violó, en perjuicio de las hermanas Serrano Cruz y de sus familiares, el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 1

  1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador Sentencia Serie C. No. 120 
23.9. Violación del derecho a un recurso judicial efectivo por falta de independencia e imparcialidad de los jueces

En el Caso Palamara Iribarne, el Estado no ha garantizado al señor Palamara Iribarne su derecho a ser juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales y no ha respetado algunas garantías judiciales en los procesos a los que se vio sometido. El señor Palamara Iribarne fue sustraído de la jurisdicción ordinaria y privado de ser oído por el juez natural. Lo anterior trajo como consecuencia que todos los recursos que éste interpusiera en contra de las decisiones militares que le fueron adversas y afectaban sus derechos fueran resueltos por tribunales militares que no revestían las garantías de imparcialidad e independencia y no constituían el juez natural, por lo cual el Estado violó el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes.

Esta situación se vio agravada debido a que el Código de Justicia Militar solamente permite que sean apeladas muy pocas de las decisiones que adoptan las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar que afectan derechos fundamentales de los procesados. Por ello, el señor Palamara Iribarne no pudo interponer recursos en contra de algunas de las decisiones adoptadas por las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar que lo afectaban. Igualmente, el recurso de protección para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas ante la justicia ordinaria interpuesto por la esposa del señor Palamara Iribarne a su favor y de su familia para proteger garantías constitucionales a la integridad psíquica, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a la propiedad y el derecho de autor, no resultó idóneo ni efectivo para proteger los derechos del señor Palamara Iribarne, debido a que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sin evaluar si se habían producido las alegadas violaciones a los referidos derechos fundamentales, consideró que la jurisdicción militar era la competente para conocer el caso y que por ello no podía pronunciarse al respecto.

La Corte consideró que el Estado violó el artículo 25 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Palamara Iribarne, dado que no le garantizó el acceso a recursos judiciales efectivos que lo amparan contra las violaciones a sus derechos, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias al derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
23.10. Violación del derecho a la protección judicial por falta de independencia e imparcialidad de los jueces y por denegación de justicia

En el Caso Ivcher Bronstein, la Corte reitera su jurisprudencia sobre el hábeas corpus como mecanismo de protección judicial y su relación con la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción (artículo 1.1). También reitera que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica, el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan en ellos. A esto puede agregarse la denegación de justicia, el retardo injustificado en la decisión y el impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial. nota 1

Está probado que el señor Ivcher Bronstein interpuso una serie de recursos ante los tribunales internos para defender sus derechos como ciudadano peruano y como accionista de la Compañía. Los tribunales internos que resolvieron los recursos judiciales presentados por el señor Ivcher no satisficieron los requisitos mínimos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8.1 de la Convención como elementos esenciales del debido proceso legal, lo que hubiera permitido la obtención de una decisión adecuada a derecho. En tal virtud, dichos recursos no fueron efectivos. Además los recursos interpuestos por el señor Ivcher para defender sus derechos accionarios no fueron sencillos y rápidos; por el contrario, sólo fueron resueltos al cabo de mucho tiempo, lo que contrasta con el trámite que recibieron las acciones interpuestas por los accionistas minoritarios de la Compañía, que fueron resueltas con diligencia. Por último, las denuncias civiles y penales de que fueron objeto tanto el señor Ivcher como su familia, funcionarios de sus empresas y abogados, como consecuencia de las cuales se restringió la libertad de algunos y se desalentó la permanencia en el país de otros, reflejan un cuadro de persecución y denegación de justicia. Por lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. nota 2

  1. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 .
  2. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 .
23.11. Un caso individual de violación de derechos humanos por parte de un estado no permite colegir prácticas masivas para deducir violación al deber de protección judicial del estado

En el Caso Gangaram Panday, la Corte sostuvo que frente a la violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno y la obligación de protección judicial (artículos 2 y 25), la sola constatación de un caso individual de violación de los derechos humanos por parte de las autoridades de un Estado no es, en principio, base suficiente para que se presuma o colija la existencia de prácticas masivas y colectivas en perjuicio de los derechos de otros ciudadanos. En el presente caso no existe prueba de otras violaciones, por lo cual la Corte concluye que no existen elementos que demuestren la violación denunciada. Y así lo declara. nota 1

  1. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 16 .
23.12. Inexistencia de violación del derecho de acceso a un recurso efectivo cuando no se resuelven las impugnaciones de manera favorable a los intereses del recurrente

En el Caso Raxcacó Reyes, la resolución de fondo dictada por el Tribunal de Sentencia Penal que condenó a muerte al señor Raxcacó Reyes fue impugnada por medio de diversos recursos existentes en Guatemala. Las decisiones dictadas coincidieron en que las actuaciones del Tribunal de Sentencia se ajustaron a las normas penales, constitucionales e internacionales aplicables al caso. Las instancias superiores admitieron a trámite y resolvieron con regularidad los recursos interpuestos por la defensa del señor Raxcacó Reyes. El hecho de que las impugnaciones intentadas no fueran resueltas de manera favorable a los intereses del impugnante, no implica que la presunta víctima no tuviera acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos. Por lo anterior, la Corte no consideró demostrado que el Estado violó el derecho del señor Raxcacó Reyes a un recurso efectivo para impugnar la sentencia dictada en su contra, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana. nota 1

  1. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 133 .
23.13. Inexistencia de violación del deber de protección judicial cuando se tramita el recurso de habeas corpus

El artículo 25 sobre protección judicial no ha sido violado ya que el recurso de hábeas corpus interpuesto en favor de Isidro Caballero Delgado por María Nodelia Parra Rodríguez fue tramitado por un Juez. El hecho de que ese recurso no haya dado resultado porque autoridades estatales hayan contestado que Isidro Caballero Delgado no se encontraba en sus dependencias, ni tenía orden de detención o sentencia condenatoria, no constituye una violación de la garantía de protección judicial. nota 1

  1. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 22 .
23.14. No se vulnera el derecho a la protección judicial cuando los familiares de la víctima no ejercen el recurso efectivo ante los jueces competentes

En el Caso Blake, la Corte reitera su jurisprudencia sobre el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, ante los jueces o los tribunales competentes, que la ampare contra actos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención. Sin embargo, esta Corte considera que en este caso, los familiares del señor Blake no promovieron instancia judicial alguna, como habría sido el recurso de exhibición personal (hábeas corpus), para establecer la desaparición y lograr, de ser posible, la libertad del propio señor Nicholas Blake. En tales circunstancias, este Tribunal no puede concluir que se privó a los familiares de la víctima de la protección judicial a que se refiere este precepto, pues no se cumplió el requisito necesario para la aplicación del artículo 25 de la Convención. nota 1

  1. Caso Blake Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 36 .
23.15. No constituye un recurso efectivo para impugnar una condena que impone una pena corporal, aquel que debe ser tramitado por un tribunal, cuya jurisprudencia tiene sentado un precedente contrario a los intereses del recurrente

En el Caso Caesar, el señor Caesar fue condenado a una pena corporal, la cual fue confirmada por la Court of Appeal de Trinidad y Tobago. El señor Caesar se abstuvo de intentar una apelación ante el Privy Council, debido a las pocas probabilidades de éxito, indicadas por un asesor consultado. Con fundamento en el concepto de un perito en la materia y una sentencia de 2002 referente a un caso en Bahamas, proferida por el Judicial Committee del Privy Council, la Corte observó que la jurisprudencia del Privy Council estaba dirigida a confirmar la constitucionalidad de la legislación que prevé las penas corporales, con base en la ?cláusula de exclusión? contenida en la Constitución. Por ello, esa Alta Corporación concluyó que el Estado no proveyó a la víctima de un recurso efectivo para impugnar la imposición de la mencionada pena corporal. Consecuentemente, la Corte consideró que Trinidad y Tobago es responsable por la violación del artículo 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Caesar. nota 1

  1. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 123 
23.16. No constituye violación del derecho a la protección judicial efectiva el desestimar un escrito de descargo, porque no ese documento no es un recurso judicial

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte estableció que no se viola el derecho a la protección judicial efectiva ?artículo 25.1 Convención Americana sobre derechos humanos- cuando se desestima un "escrito de descargo", en tanto que no constituye un recurso judicial sino que es una "actuación procesal de presentación de alegatos y pruebas". No existe recurso alguno de la Magistrada contra la decisión de destitución en su contra. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
23.17. Violación del deber de protección judicial por permitir excluyentes de responsabilidad en el transcurso de un proceso en el cual se investigue la comisión de un delito

La Corte advierte que el Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos surta sus debidos efectos y, en particular, debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad.

En ese sentido, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos nota 1

  1. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 . Ver también Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 .
23.18. Violación del deber de protección judicial por la omisión de los estados de combatir la impunidad

Todos los Estados-parte de la Convención tienen la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles. La Corte ha entendido que la impunidad es la falta, en conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. La impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. nota 1

En el cumplimiento de la obligación de los estados de combatir la impunidad, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de los beneficios excarcelarios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad. Es por esto que en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, la Corte establece que el Estado de Perú debía revisar detenidamente su legislación interna sobre beneficios excarcelarios para determinar si de pronto estas conducían a la inobservancia del espíritú de la Convención, cual es la protección de los derechos humanos. nota 2

  1. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 . Ver también Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  2. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 .
23.19. Vulneración del deber de protección judicial por inexistencia de un recurso judicial que permita revisar las decisiones proferidas por los órganos competentes que afectan las garantías del proceso electoral

En el Caso Yatama, el 30 de agosto de 2000 los representantes legales de YATAMA, presentaron ante el Tribunal de Apelaciones de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, un recurso de amparo administrativo, con base en el artículo 23 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la Resolución de 15 de agosto de 2000, mediante la cual el Consejo Supremo Electoral excluyó a YATAMA de las elecciones municipales de 2000. El 25 de octubre de 2000 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de amparo interpuesto, declarándolo improcedente in limine litis con fundamento en que no tenía competencia para conocer en materia electoral, ya que la resolución que dictó el Consejo Supremo Electoral se refería a dicha materia y el artículo 173 de la Constitución dispone que contra las resoluciones de dicho órgano no cabrá recurso ordinario ni extraordinario. Para la Corte, no existía ningún recurso judicial contra la decisión que adoptó el Consejo Supremo Electoral el 15 de agosto de 2000, por lo cual ésta no podría ser revisada, en caso de que hubiere sido adoptada sin observar las garantías del proceso electoral previsto en la Ley Electoral ni la garantías mínimas previstas en el artículo 8.1 de la Convención. Por todo lo expuesto, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por YATAMA para participar en las elecciones municipales de 2000, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 1

  1. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 127 .
23.20. Violación a la protección judicial, por ineficacia de las providencias judiciales

En el Caso Cinco Pensionistas, la Corte establece que la protección judicial no se debe entender únicamente como la posibilidad de acceder a la justicia y obtener un fallo definitivo dentro de un plazo razonable y observando las debidas garantías que debe tener un proceso, sino que además la decisión tomada por los jueces o los tribunales competentes deben ser cumplidas. En el caso de los Cinco Pensionistas, la Corte estima que puesto que sobre el no pago de las pensiones de estos jubilados ya se había dictado sentencias que ordenaban a su pago, y el Estado no hizo nada para que el fallo se cumpliera, el Estado violó el artículo 25 de la Convención. ?Dado que ya median sentencias emitidas en desarrollo de acciones de garantía, que dan amparo al statu quo, el Estado no puede apartarse de dichas decisiones, so pena de incurrir en violaciones al derecho a la propiedad y a la protección judicial? nota 1

En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, la Corte decidió que el Estado no brindó un recurso rápido a los internos del Instituto al momento de la interposición del hábeas corpus genérico, ni tampoco brindó un recurso efectivo a 239 internos en el Instituto al momento de la emisión de la sentencia en que se dio lugar al mismo, por lo cual violó el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Dicha violación se vio agravada, a su vez, por el incumplimiento por parte del Estado de suministrar a los internos medidas especiales de protección por su condición de niños. nota 2

En el Caso Acevedo Jaramillo y Otros, el Estado incumplió las decisiones estipuladas en sentencias emitidas entre 1996 y 2000, proferidas por Jueces de la ciudad de Lima, la Corte Superior de Justicia de Lima en segunda instancia y el Tribunal Constitucional del Perú por vía de acción de amparo. Las Sentencias se relacionan con los siguientes casos:

1. Sentencias respecto de los ceses o despidos por evaluación o excedencia: En este bloque se encuentran 3 sentencias emitidas el 6 de junio de 1997, 23 de septiembre de 1998 y 23 de junio de 1999 por las Salas Especializadas en Derecho Público y 2 sentencias emitidas el 9 de abril y 20 de agosto de 1999 por el Tribunal Constitucional En estos fallos se ordenó a la Municipalidad de Lima que reintegre a los trabajadores de la referida Municipalidad, despedidos por no haber concurrido a las evaluaciones de personal que convocó esa municipalidad o no haberlas superado quienes las presentaron;

2. Sentencias respecto de los despidos por faltas administrativas y participación en manifestaciones: En este grupo se encuentran 3 sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional el 18 de noviembre de 1998, 21 de diciembre de 1998 y 9 de abril de 1999. En tales providencias se ordenó reintegrar a 14 de los 15 demandantes en los cargos que ocupaban o en otros de igual nivel, sin reintegro de los haberes dejados de percibir, quienes habían sido despedidos como consecuencia de un proceso administrativo disciplinario por participar en manifestación en protesta al Programa de Evaluación de Personal y otros por la supuesta extracción o retiro de tarjetas de control de asistencia de varios trabajadores;

3. Sentencias respecto de ceses o despidos por declaratoria ilegal de huelga: La Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público, el 16 de noviembre de 1998, emitió una sentencia por la cual se dejó sin efecto legal la Resolución de Alcaldía No. 575 de 1 de abril de 1996 que declaraba ilegal la huelga convocada por el Sindicato SITRAMUN. Además, en relación con los despidos, se encuentran las 3 sentencias emitidas por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, el 14 de julio de 1998, y 22 de diciembre y 31 de marzo de 1999 y las 5 sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, el 3 de abril, 13 de mayo, 16 de octubre y 11 de noviembre de 1998, y el 20 de agosto de 1999, en las cuales se declaran inaplicables las Resoluciones de la Alcaldía de Lima a través de las cuales se destituyó a los demandantes. En las sentencias emitidas se ordenó reponer a los 7 demandantes y sólo en una de ellas, se ordenó además, reintegrar las remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir desde la expedición de la resolución de despido.

4. Sentencias respecto de la aplicación de pactos colectivos: Respecto de reducción de remuneraciones en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el 10 de diciembre de 1997, la Municipalidad de Lima debía cancelarles el monto diferencial correspondiente a la disminución de sus remuneraciones, por haber aplicado, a partir de enero de 1996, una escala remunerativa transitoria. Existe un incumplimiento parcial pues no ha cumplido respecto de la totalidad de los afiliados al SITRAMUN. En cuanto a la sentencia por beneficios remunerativos emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público, emitida el 18 de noviembre de 1998, se resolvió que la Municipalidad de Lima debía cumplir con los pactos colectivos suscritos con el SITRAMUN entre los años 1989 a 1995, que benefician las remuneraciones y demás beneficios de los trabajadores; abonar a los trabajadores afiliados. La mencionada sentencia se encuentra en etapa ejecutiva.

5. Sentencias respecto del local de la sede sindical y respecto del terreno en el Distrito de La Molina. Este grupo de sentencias emitidas el 11 de marzo y 19 de agosto de 1999 por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público que ordenan a la Municipalidad de Lima adoptar las medidas pertinentes para donar al SITRAMUN un local para su sede, y la inaplicación de la Resolución Nº 267 que declaró la caducidad de la adjudicación a dicho sindicato de un terreno para el desarrollo de un programa de vivienda;

6. Sentencia respecto de la disolución de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL). Esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 8 de julio de 1998, que declaró inaplicable el Acuerdo de Consejo que resolvió disolver y liquidar la ESMLL y ordenó la reposición de los demandantes que no hubiesen cobrado sus beneficios sociales. Ante las últimas actuaciones judiciales realizadas en junio y agosto de 2005 en aras de reponer a 35 trabajadores, la Municipalidad de Lima ha manifestado la imposibildad jurídica para proceder a la referida incorporación.

En el presente caso, la Corte consideró que no se discute la consagración normativa de un recurso efectivo, sino la falta de cumplimiento de 24 sentencias firmes que declararon con lugar diversas acciones de garantía. El Tribunal expresó que el Estado no ha cumplido efectivamente las codenas por una demora injustificada de seis a ocho años en el cumplimiento de esas sentencias. En los casos en los cuales el cumplimiento estaba en etapa ejecutiva, estimó que tal hecho no excluye una posible violación al derecho a un recurso efectivo, máxime, cuando subsiste una demora injustificada, de varios años. Finalmente, estimó que estaba por fuera de su competencia el referirse a las sentencias que ordenaron la entrega de un local y un terreno al SITRAMUN, debido a que el beneficiario de las mismas es una persona jurídica y no se puede establecer la identidad de las presuntas víctimas. Por lo anterior y de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad, el Tribunal concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana e incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 de la misma, por no cumplir las sentencias emitidas por la Sala Constitucional y la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público, en perjuicio de las personas beneficiarias de los fallos. La Corte consideró que las violaciones por el incumplimiento de sentencias en el presente caso, son particularmente graves, ya que implicaron que durante muchos años se afectaron derechos laborales amparados en las mismas. nota 3

  1. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 98 .
  2. Caso del Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .
  3. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C. No. 144 
23.21. Violación de la protección judicial por suspender el habeas corpus y el amparo judicial

En el Caso Tibi, la Corte considera que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27 de la Convención y sirven, además, para preservar la legalidad edemocrática. Estas garantías, cuyo fin es evitar la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones practicadas por el Estado, están además reforzadas por la condición de garante que corresponde a éste, con respecto a los derechos de los detenidos, en virtud de la cual, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido.

El Tribunal ha establecido que la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos. En este sentido, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en estado de indefensión. El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. nota 1

  1. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
23.22. Violación del derecho a la protección judicial efectiva y a los deberes de adoptar normativa interna para la efectividad de los derechos de la convención y de respetar los derechos humanos por inexistencia de recurso judicial rápido, sencillo y efectivo para amparar el derecho político-electoral de ser elegido

En el Caso Castañeda Gutman, en el año 2004 el señor Castañeda Gutman solicitó su registro como candidato independiente para el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para las elecciones del 2006, ante una dependencia del Instituto Federal Electoral (IFE), órgano administrativo y autoridad competente para recibir tales solicitudes, de conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Una dependencia del IFE, comunicó al solicitante que no era posible hacer tal inscripción, porque del acuerdo con la ley COFIPE, el derecho a postularse y ser votado para el cargo federal y de elección popular solo se podía realizar por intermedio de un partido político y que para el cargo que se postulaba el registro de la candidatura solamente podía hacerse del 1º al 15 de enero del año de la elección.

En marzo del mismo año, la víctima presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución mexicana y en las violaciones de las garantías individuales relacionadas con el ?ejercicio de la libertad de trabajo y participación en el desarrollo del régimen democrático de la vida política nacional?; igualdad ante la ley y con la libertad de asociación. El 30 de marzo de 2004 fue admitida la demanda del asunto.

El juzgado de conocimiento, después de admitir la demanda, declaró, en julio de 2004, improcedente el juicio de amparo, por cuanto la única vía para resolver la inconformidad entre una ley electoral y la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. Frente a esta decisión, la víctima interpuso recurso de revisión que resolvió el juez correspondiente, en noviembre del mismo año. En cuanto al fondo de las cuestiones legales planteó que fuera la Corte Suprema la que ejerciera su facultad respecto de los aspectos constitucionales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó la sentencia recurrida y declaró improcedente el amparo sobre las disposiciones cuestionadas por la víctima, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y también declaro improcedente el amparo, en relación con la decisión de la dependencia del IFE, de marzo de 2004, en cuanto que resolver estas contradicciones era de competencia del Pleno de la Corte Suprema de la Nación y se ?obligó a órganos legislativos federal y locales, a expedir las leyes electorales cuando menos noventa días antes, de que tenga lugar el proceso electoral, a fin de que, de llegar a declarar la Suprema Corte la invalidez de esa norma, de tiempo a que sea modificada por el legislador y debido a tal sistema, se tenga certeza de cuáles son las disposiciones aplicables y de que ya no serán modificadas durante el desarrollo del proceso electoral?.

La Ley de Impugnación Electoral vigente para la época de los hechos, legitimaba de manera activa para interponer recursos al ciudadano para la protección de ciertos derechos políticos-electorales, condicionando tal intervención a la postulación del cargo de elección popular por un partido político y a la negativa del registro de la candidatura.

La Corte estableció la violación del derecho a la protección judicial efectiva y el incumplimiento de los deberes de adoptar disposiciones de derecho interno que hagan efectivo los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el de respetar los derechos humanos, en tanto que el Estado mexicano no contaba para la protección del derecho político?electoral de ser elegido para un cargo de elección popular, con un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo, porque el recurso de amparo existente no resultaba procedente en materia electoral; la acción de inconstitucionalidad tenía una naturaleza extraordinaria y el juicio de protección para impugnar la incompatibilidad de una ley con la Constitución era inaccesible e inefectivo. nota 1

  1. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia Serie C. No. 184 
23.23. Violación de la protección judicial cuando se consagra expresamente la prohibición de interponer un recurso de amparo que impida acceder a la justicia para reclamar los derechos que se consideran vulnerados

El Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), ocurre en un contexto histórico dentro del marco de la llamada ?racionalización del personal del Congreso de la República? del Perú. El 16 de abril de 1992 el ?Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional? emitió el Decreto Ley No. 25438 mediante el cual constituyó la Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso de la República, a la cual se le encargó que adoptara las medidas administrativas y dictara las acciones de personal que fueran necesarias. Mediante el Decreto Ley No. 25640 de 21 de julio de 1992 se autorizó la ejecución del proceso de racionalización del personal del Congreso de la República. El 6 de noviembre de 1992, el Presidente de la Comisión Administradora emitió dos resoluciones mediante las cuales fueron cesados 1110 funcionarios y servidores del Congreso, entre los cuales se encuentran las 257 víctimas del presente caso. Algunos trabajadores cesados interpusieron recursos administrativos ante el Congreso, a pesar de que el artículo 27 de la Resolución 1239-A-CACL, que impedía la impugnación ante la Comisión Administradora de sus propias decisiones. Además, estaba vigente el artículo 9 del Decreto que dispuso la ?racionalización del Congreso? que impedía interponer la acción de amparo contra los efectos del mismo. Seis trabajadores cesados del Congreso, entre ellas dos de las víctimas, habrían optado por acudir a la vía contencioso administrativa para que se declarara la nulidad de una de las resoluciones que decretaron su cese. En dos casos las acciones fueron declaradas fundadas y en cuatro no, aun cuando en ocasiones existían fundamentos de hecho prácticamente idénticos. No fue sino hasta marzo de 1995 que las presuntas víctimas interpusieron una acción de amparo ante el 28º Juzgado Especializado de lo Civil de Lima. Dicho Juzgado entró a analizar el fondo de lo alegado, declaró procedente el amparo e inaplicables las resoluciones que dispusieron el cese de los recurrentes. Sin embargo, el Procurador de la República apeló dicha sentencia ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia, la cual la revocó y declaró improcedente el amparo por considerar que el mismo estaba caducado, por no haber sido interpuesto dentro del plazo establecido por la ley, ya que no les era exigible el agotamiento de las vías previa administrativa. Por tanto, los trabajadores interpusieron un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, el cual confirmó la resolución de la Corte Superior de Justicia, bajo el mismo argumento de la caducidad.

Para la Corte lo resuelto por los tribunales internos en la jurisdicción contencioso administrativa en los seis casos, no surge claramente si debía agotarse la vía administrativa de previo a interponer una acción en la vía judicial. En este sentido no resultan claras la viabilidad o idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para que las presuntas víctimas pudieran impugnar su cese. En cuanto a la normativa aplicada a las personas cesadas, el artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 prohibía expresamente la posibilidad de interponer la acción de amparo contra los efectos del mismo. La Corte estima que una normativa que contenga una prohibición de impugnar los eventuales efectos de su aplicación o interpretación no puede ser considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho a un real y efectivo acceso a la justicia de los destinatarios de esa normativa, el cual, a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, no puede ser arbitrariamente restringido ni reducido o derogado. La Corte consideró que el artículo 9 del Decreto Ley No. 26540 y el artículo 27 de la Resolución 1239-A-CACL de la Comisión Administradora contribuyeron a propiciar un clima de desprotección e inseguridad jurídica que impedía o dificultaba, en gran medida, a las personas afectadas que pudieran determinar con razonable claridad la vía idónea a la cual se podía o se debía acudir para reclamar los derechos que consideraran vulnerados. Esa situación de desprotección e inseguridad jurídica, propiciada por la vigencia del artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 en particular, se vio reflejada en que durante más de dos años las presuntas víctimas no intentaran interponer una acción de amparo. No obstante, cuando fue interpuesta ni la Corte Superior ni el Tribunal Constitucional entraron a considerar el fondo del asunto, sino que rechazaron el recurso por cuestiones de procedencia o admisibilidad del mismo. En el presente caso, los recursos internos existentes no fueron efectivos, ni individual ni en conjunto, para los efectos de una adecuada y efectiva garantía del derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas cesadas del Congreso peruano, en los términos de la Convención Americana. Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte concluyó que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las 257 personas relacionadas en la Sentencia como víctimas. nota 1

  1. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 158 

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