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24. Suspensión de garantías (artículo 27 de la convención)

24.1. Excesivas y difusas funciones atribuidas a las fuerzas armadas, en estados de excepción y violación de los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial

En septiembre de 1992, el Presidente de Ecuador decretó, en desarrollo de la Ley de Seguridad Nacional, y atendiendo la hechos de violencia y delincuencia en las principales ciudades del país, un grave estado de conmoción y en tal sentido dispuso ?la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados?

En este contexto y de acuerdo con la legislación vigente, la Ley de Seguridad Nacional, al momento de ocurrencia de los hechos, los delitos de determinada gravedad, ocurridos durante la vigencia del estado de excepción, estaban bajo la jurisdicción penal militar.

Por acción de un operativo conjunto, en desarrollo de las facultades del estado de emergencia, el 6 de marzo de 1993, fueron privados de la vida, en la ciudad de Guayaquil, los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. El operativo desarrollado, cuyo objetivo se planteó en términos generales para ?la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas, entre las Fuerzas Armadas (FF.AA), Marina, Fuerza Aérea y Ejército, y la Policía Nacional, estuvo planificado con tres meses de anticipación; participaron alrededor de 1.200 agentes, con apoyo de camiones del ejército, lanchas y un helicóptero y para el ingreso a los domicilios de los occisos fueron utilizados explosivos. No hubo por parte del Estado, al momento del fallo de la Corte, investigación alguna sobre el uso de la fuerza en el operativo ni sobre las muertes producidas en este

No obstante la aceptación parcial por parte del Estado de la violación del artículos 27, y en tanto no hizo referencia a sus incumplimientos de las obligaciones emanadas de los artículos 1.1 y 2 y de la violación del derecho a la vida ?artículo 4º de la Convención-, la Corte estableció en esta situación el incumplimiento del Estado de sus obligaciones relativas a la suspensión de garantías -artículo 27.1, 27.2 y 27.3 de la Convención Americana sobre derechos humanos-, en relación con sus obligaciones de respetar y de adoptar en su derecho interno las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención ?artículos 1.1. y 2 de la Convención-, en este caso, respecto a los derechos a la vida ?artículo 4º-, a las garantías judiciales ?artículo 8.1- y a la protección judicial ?artículo 25-

La Corte tuvo en cuenta que el decreto incumplió con los requisitos de la suspensión de garantías, establecidos en el inciso 1º del artículo 27, porque se estableció una ?intervención militar con tan amplios alcances y en función de objetivos a su vez tan amplios y difusos?, en tanto que : 1- no estableció límites espaciales definidos, temporales para la intervención de las fuerzas armadas ni materiales en la suspensión de derechos y 2- buscó combatir la delincuencia común con medidas de estado de emergencia.

En este contexto, los Estados deben observar extremo cuidado al adjudicar a las fuerzas armadas funciones ?de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común? y por ello debe limitar su utilización para solucionar situaciones que le corresponden a la policía, como son las de alteración del orden público

En relación con el incumplimiento del inciso 2º del artículo 27 de la Convención, la Corte señaló que si bien el decreto por el cual se declaró el estado de conmoción no suspendió el derecho a la vida ni las garantías judiciales para su protección; si modificó el derecho al juez natural, de quienes hubieren cometido en esa época un delito, de los que se hubieren visto afectados o de sus familiares, en tanto que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional aplicable a partir del decreto, las infracciones establecidas en la Ley, en los estados de emergencia eran investigadas y sancionadas por la jurisdicción militar y no por la jurisdicción ordinaria, ya se trataré de conductas cometidas por civiles o por militares contra civiles. Tal situación ? podrían impedir un adecuado e independiente control de la compatibilidad de una suspensión de garantías con la Convención e implicarían la imposibilidad para esas personas o sus familiares de participar en el proceso.?

Además señaló la Corte que frente a la obligación del Estado de adecuar el derecho interno a la Convención, se demostró que la Ley citada estuvo vigente ?hasta, al menos, marzo de 2006? ?y , de todos modos, continuó surtiendo efectos luego de la entrada en vigor de la Constitución ecuatoriana de 1998.?

El Estado incumplió, como lo aceptó el propio Estado, con los requisitos del inciso 3º del artículo 27 de la Convención sobre suspensión de garantías, en cuanto que no informó al expedir el decreto, a los Estado Parte en la Convención, por intermedio del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, sobre las disposiciones de la Convención suspendidas, los motivos sustento de la suspensión y la fecha de terminación de tal situación. nota 1

  1. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 166 

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