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26. El deber de reparar en algunos casos particulares (artículo 63.1 de la convención)

26.1. Fundamento de la responsabilidad internacional de los estados

Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación nota 1

  1. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 116 . Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 . Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 . Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
26.2. La reparación del daño debe ser integral

La reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, el tribunal internacional debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados. nota 1

  1. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 116 . Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 . Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 . Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
26.3. Deber de proveer una adecuada asistencia médica y sicológica, incluida la provisión de medicamentos, como reparación a las víctimas por las condiciones de reclusión a que fueron sometidos

En el Caso Caesar, dado que el señor Caesar fue sometido a la ejecución de una sentencia que implicaba como condena un castigo corporal de flagelación, en los términos de la Ley de Penas Corporales de su país y en atención a que los problemas físicos y psicológicos del señor Caesar aún persisten y no han sido tratados adecuadamente, la Corte ordenó, que al Estado proveer al señor Winston Caesar, por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno, por medio de los servicios nacionales de salud, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos, según las prescripciones de especialistas debidamente calificados. nota 1

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, la Corte estimó preciso disponer una medida que tuviera el propósito de reducir los padecimientos físicos y psicológicos de los familiares de Ernestina y Erlinda derivados de la situación de la violación. De esta forma, con el fin de contribuir a la reparación de los daños físicos y psicológicos, el Tribunal dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas, incluyendo los medicamentos que éstos requiriesen, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual. Asimismo dispuso que en el caso de que Erlinda y Ernestina fueren encontradas con vida, será obligación del Estado brindarles también los referidos tratamientos médicos y psicológicos. nota 2

En el Caso Gutiérrez Soler, los padecimientos psicológicos del señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares, derivados de la situación de las violaciones, perduran hasta ahora y perjudican sus respectivos proyectos de vida. Para ello, la Corte estimó que las reparaciones también deben comprender tratamiento psicológico y psiquiátrico si ellos así lo desean. Con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, el Tribunal dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que designe, el tratamiento psicológico y psiquiátrico que se requiera. nota 3

Esta decisión se reitera en el Caso Fermín Ramírez. nota 4

En el Caso Raxcacó Reyes, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia. Asimismo, que el Estado provea al señor Raxcacó Reyes, si éste así lo requiere, por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos, según las prescripciones de especialistas debidamente calificados. Igualmente, dado que la esposa del señor Raxcacó Reyes, señora Olga Isabel Vicente, se encuentra privada de la libertad a raíz de sentencia condenatoria por su participación, a título de cómplice, en el secuestro que se imputa al señor Raxcacó Reyes, el Estado debe dictar las medidas necesarias para permitir que éste reciba visitas de su esposa. Finalmente, el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole necesarias para que el señor Raxcacó Reyes pueda reincorporarse en la sociedad una vez que cumpla la condena que se le imponga. nota 5

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, se desprende que los padecimientos físicos y psicológicos del señor Wilson García Asto perduran al momento de proferirse la sentencia. Por ello, esta Corte estimó, que las reparaciones deben comprender también tratamiento psicológico y médico a favor de la víctima. En este sentido, el Tribunal consideró que el Estado debe proporcionar atención médica y psicológica al señor Wilson García Asto mediante sus servicios de salud, incluyendo la provisión gratuita de medicinas. nota 6

  1. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 123 
  2. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 120 
  3. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 .
  4. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 126 .
  5. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 133 .
  6. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 
26.4. Obligación del estado de brindar en forma gratuita tratamiento adecuado y medicamentos a los familiares de las víctimas

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte consideró necesario implementar una medida de reparación que busque reducir los padecimientos psicológicos de todos los familiares de las víctimas ejecutadas o desparecidas. Por tanto, el Tribunal dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 1

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 2

En el Caso de las Masacres de Ituango, con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, el Tribunal dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieren los familiares de las víctimas ejecutadas, previa manifestación de su consentimiento, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. nota 3

En el Caso Gómez Palomino, la Corte consideró que el Estado debe brindar por medio de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por todas las víctimas, a partir de la notificación de la Sentencia y por el tiempo que sea necesario. Este tratamiento será gratuito, sin cargo alguno e incluirá los medicamentos y exámenes que éstos requieran. Para este tratamiento deberá pedirse el consentimiento de sus beneficiarios. nota 4

En el Caso Baldeón García, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que designe, el tratamiento psicológico y psiquiátrico, según sea el caso, a los familiares del señor Baldeón García, si así lo requieren y por el tiempo que sea necesario. Dicho tratamiento debe incluir, inter alia, los medicamentos que puedan ser necesarios. Al proveer el tratamiento se deben considerar las circunstancias particulares de cada persona y las necesidades de cada una de ellas, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de dichas personas, y después de una evaluación individual nota 5

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. nota 6

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico requerido, individual y de grupo, conforme a las características del caso y según lo determinen los profesionales a cargo de dicho tratamiento, a través de las instituciones públicas de salud, en forma gratuita y con inclusión de los exámenes y medicamentos pertinentes. nota 7

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual. Respecto de las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben ante los órganos internos competentes, en la forma y plazos establecidos en la sentencia, que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, el Estado deberá depositarles en una cuenta bancaria que cada víctima indique, la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), con el propósito de que ese dinero pueda constituir una ayuda para dicho tratamiento. nota 8

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de proveer, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinde el tratamiento que corresponda. nota 9

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso la obligación a cargo del Estado de proveer, sin cargo alguno, el tratamiento especializado de carácter médico, psiquiátrico y psicológico adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento, se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, en especial sus costumbres y tradiciones, de manera que se les brinde el tratamiento adecuado que corresponda. nota 10

  1. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  2. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  3. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
  4. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
  5. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  6. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  7. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  8. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  9. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  10. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
26.5. Deber de buscar, identificar y entregar los restos mortales de las víctimas a sus familiares

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado, en un plazo razonable, debe realizar todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares, permitiéndoles así darles la sepultura de acuerdo con sus creencias. Además, el Estado deberá cubrir todos los gastos de entrega de los cuerpos a sus familiares así como los gastos de entierro en los que ellos puedan incurrir. nota 1

En el Caso Gómez Palomino, la Corte consideró indispensable que el Estado realice con la debida diligencia las actuaciones necesarias tendientes a localizar y hacer entrega de los restos mortales del señor Santiago Gómez Palomino a sus familiares, a fin de que éstos puedan realizar los ritos funerarios según sus costumbres y creencias. Además, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para trasladar y dar sepultura a dichos restos en el lugar de elección de sus familiares, sin costo alguno para ellos. nota 2

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado adopte las medidas necesarias para localizar el paradero de las víctimas a la mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que sean sepultados de la forma que lo crean conveniente. En este evento, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección de sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno para los referidos familiares. nota 3

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte consideró indispensable que, para efectos de las reparaciones, el Estado debe individualizar e identificar las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares. El Estado debe emprender dichas labores, con el empleo de todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias. Para hacer efectiva y viable la individualización, el Estado deberá publicar en un medio de radiodifusión, un medio de televisión y un medio de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional, un anuncio mediante el cual se indique que se está intentando identificar a las víctimas ejecutadas y desaparecidas de la masacre de Mapiripán, así como a sus familiares, con el propósito de recuperar los restos de aquéllos y entregarlos a éstos junto con las reparaciones pertinentes. Dichas publicaciones deberán efectuarse al menos en tres días no consecutivos y en el término de seis meses siguientes a la notificación de la Sentencia. Asimismo, cada vez que las autoridades individualicen de alguna forma a alguna de las víctimas fatales, deberán, en un plazo de tres meses, realizar las mismas diligencias anteriores. Las grabaciones o, en su caso, las copias de dichos anuncios, así como la indicación exacta de los medios y fechas en que éstos fueron publicados, deberán ser presentadas a la Corte para que sean consideradas dentro de la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia. Asimismo, el Estado deberá crear un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de las víctimas y su identificación. Cuando se encuentren e identifiquen restos mortales, el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, para que puedan ser honrados según sus respectivas creencias. Si los restos no son reclamados por ningún familiar en un plazo de dos años, el Estado deberá colocarlos de forma individualizada en el cementerio de Mapiripán, haciendo referencia a que se trata de una víctima no identificada o ?en su caso? no reclamada de la masacre de Mapiripán. nota 4

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable. Para hacer efectiva y viable la identificación de las víctimas desaparecidas de la masacre de Pueblo Bello, la recuperación de los restos de aquéllas y la entrega a sus familiares, el Estado deberá publicar en un medio de radiodifusión, uno de televisión y uno de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional y regional en los departamentos de Córdoba y Urabá, un anuncio mediante el cual se solicite al público que aporte información para estos efectos y se indiquen las autoridades encargadas de estas gestiones. Cuando se encuentren e identifiquen restos mortales el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, para que puedan ser honrados según sus respectivas creencias. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstas, de común acuerdo con los familiares de las mismas. nota 5

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que, para efectos de las reparaciones, el Estado proceda de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. Si se encuentran dichos restos mortales, el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstos, de común acuerdo con los familiares de las mismas. nota 6

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado debe realizar todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la entrega del cuerpo de Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares, dentro de un plazo de 6 meses, permitiéndoles así darle la sepultura de la forma que estimen pertinente. El Estado deberá cubrir todos los gastos de entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares así como los gastos de entierro en los que ellos puedan incurrir. Asimismo, debido a que existen dudas respecto de si el Perú cumplió con su deber de identificar a todos los internos que fallecieron y entregar los restos a sus familiares, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los internos que fallecieron como consecuencia del ataque sean identificados y sus restos entregados a sus familiares, de acuerdo con su legislación interna. En caso de que se llegue a identificar otros internos fallecidos, sus familiares podrán hacer las reclamaciones correspondientes en el derecho interno. nota 7

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso que el Estado deberá proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de las víctimas, ya sea mediante la identificación de los otros restos encontrados, o mediante las diligencias pertinentes para dichos efectos en ese o cualquier otro lugar en que haya indicios que se encuentren los mencionados restos. Si éstos se encuentran, el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstos, de común acuerdo con los familiares de los mismos. nota 8

  1. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  2. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
  3. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 
  4. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  5. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  6. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  7. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  8. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
26.6. Suministro de bienes y servicios básicos

En el Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte dispuso que mientras la comunidad se encuentre sin tierras, el Estado deberá suministrar, de manera inmediata y periódica, agua potable; brindar atención médica periódica y medicinas, incluyendo aquellas para la desparasitación; entregar alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes; facilitar letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario adecuado; y dotar a la escuela ubicada en el asentamiento actual de la Comunidad, con materiales bilingües suficientes para la debida educación de sus alumnos. nota 1

  1. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
26.7. Deber del estado de entregar la información solicitada que esté bajo su control o de adoptar una decisión fundamentada para negarlo

En el Caso Claude Reyes y otros, la Corte dispuso que el Estado, a través de la entidad correspondiente, debe entregar la información solicitada por las víctimas, en su caso, o adoptar una decisión fundamentada al respecto. Si el Estado considera que no correspondía al Comité de Inversiones Extranjeras procurar una parte de la información que fue solicitada por las víctimas de este caso, deberá explicar fundamentadamente por qué no dio la información. nota 1

  1. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151
26.8. Imposibilidad de invocar el derecho interno como excusa para no reparar

El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. Ésta queda sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) al Derecho Internacional. nota 1

  1. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 116 . Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 . Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 . Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
26.9. Obligación del estado de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y sancionar a los responsables

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte estimó que para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Suriname debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; c) sancionar, de conformidad con las leyes internas aplicables, a los funcionarios estatales, así como a los particulares, que sean declarados responsables de haber obstruido la investigación penal sobre el ataque a la aldea de Moiwana; y d) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, testigos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia. Asimismo, consideró que emplear todos los medios técnicos y científicos posibles para recuperar con prontitud los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante el ataque de 1986 y entregarlos a los miembros de la comunidad sobrevivientes para que los fallecidos puedan ser honrados según los rituales de la cultura N?djuka. nota 1

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro contra el Perú, la Corte al estudiar la solicitud de interpretación presentada por el Estado peruano, consideró que la obligación que compete al Estado en razón de la sentencia es la de investigar penalmente respecto de los hechos conocidos y decididos por la Corte en el presente caso, siendo diferente y compatible con eventuales investigaciones penales que pudieran adelantarse por delitos atribuidos a personas relacionados por el Estado con hechos delictuosos. nota 2

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado debe remover, en un plazo razonable, todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a las víctimas, y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia y atender situaciones de emergencia en el Retén. nota 3

En el Caso de la Masacre de Mapiripán, la Corte estableció que la investigación conducida por Colombia sobre la masacre en Mapiripán ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997 incumple los estándares de acceso a la justicia y protección judicial establecidos en la Convención Americana. La Corte reiteró que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Por lo anterior, el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente la investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como de las personas cuya colaboración y aquiescencia hizo posible la comisión de la misma. El Estado debe llevar a término el proceso penal sobre la masacre de Mapiripán, de forma que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los responsables. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán. nota 4

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. Igualmente, el Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello en Colombia. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. nota 5

En el Caso de las Masacres de Ituango, el Estado debe realizar las debidas diligencias para activar y completar eficazmente las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los autores de la masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Ituango. nota 6

En el Caso Gómez Palomino, la Corte valoró el compromiso del Estado de investigar efectivamente los hechos denunciados en este caso. Los familiares del señor Santiago Gómez Palomino o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias del proceso penal interno instaurado en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. El Tribunal dispuso que el resultado del proceso penal debe ser públicamente divulgado, para que la sociedad peruana conozca la verdad de lo ocurrido. Finalmente, la Corte advirtió que el Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar lo sucedido al señor Santiago Gómez Palomino e identificar, juzgar y sancionar a los responsables, surta sus debidos efectos. El Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. nota 7

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado debe emprender con seriedad todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos, aun en los casos de los señores Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández en los cuales las investigaciones fueron archivadas por el Ministerio Público. Los familiares de las víctimas o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de los procesos penales internos instaurados en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad venezolana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Además, la Corte señaló que, ninguna ley ni disposición de derecho interno ? incluyendo leyes de amnistía, plazos de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad ? puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de graves de los derechos humanos, como las desapariciones forzadas. nota 8

En el Caso López Álvarez, la Corte dispuso que el Estado debe investigar, en un plazo razonable, los hechos del presente caso y aplicar las providencias que resulten de esa investigación a los responsables por dichos hechos. nota 9

En el Caso Baldeón García, la Corte consideró que el Estado debe emprender con seriedad, en un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio del señor Bernabé Baldeón García, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos. Los familiares de la víctima o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de los procesos penales internos instaurados en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad peruana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Los referidos procedimientos, además, deben tomar en consideración las normas internacionales de documentación e interpretación de los elementos de prueba. La Corte observó que la familia del señor Bernabé Baldeón García pertenece a una comunidad campesina de habla quechua. Por lo anterior, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que los recursos que éstos ejerzan sean llevados en condiciones de igualdad y sin discriminación orense respecto de la comisión de actos de tortura y particularmente las definidas en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (?el Protocolo de Estambul?). nota 10

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar las correspondientes responsabilidades intelectuales y materiales de los autores de los hechos cometidos en perjuicio de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba; y debe llevar a término los procesos penales incoados. Para ello debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos y así evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto y, en particular, sobre los resultados obtenidos. Asimismo, dichos resultados deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad paraguaya pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. En particular, en los términos de la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Asimismo, en función de la efectividad del mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Convención, y según fue declarado, Paraguay, al igual que los Estados Partes en la Convención, deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso mediante el juzgamiento y sanción de sus responsables y a colaborar de buena fe entre sí, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de esos responsables. nota 11

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado deberá adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de reabrir la investigación por los hechos del presente caso. Dichas investigaciones deberán tener por materia los hechos relacionados con la supuesta tortura del niño Vargas Areco. Los familiares de Gerardo Vargas Areco o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de los correspondientes procesos, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana, sin descargar sobre los familiares el impulso procesal. Asimismo, el Estado debe asegurar el cumplimiento efectivo de la decisión que adopten las instancias internas, en acatamiento de esta obligación. nota 12

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que, en un plazo razonable, el Estado debe conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir, y debe adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso y no sólo aquellos que derivaron en la muerte de las víctimas, en aras de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad peruana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. Asimismo, como garantía de no repetición, la Corte dispuso que el Estado debe, en un plazo razonable, establecer los medios necesarios para asegurar que la información y documentación relacionada con investigaciones policiales relativa a hechos tan graves como los del presente caso se conserve de forma tal que no se obstaculicen las correspondientes investigaciones. nota 13

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas. Además, debe continuar adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Finalmente, el Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Asimismo, dichos resultados deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad peruana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. nota 14

En el Caso Bueno Alves, la Corte dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea. El Estado debe asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. nota 15

En el Caso Ximenes Lopes, la Corte dispuso que el Estado debe garantizar que en un plazo razonable el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos, dando aplicabilidad directa en el derecho interno a la normativa de protección de la Convención Americana. nota 16

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que el Estado debe emprender con seriedad, en un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos. Para ello, el Estado debe remover, en un plazo razonable, todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso. Los familiares de las víctimas o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de los procesos penales internos instaurados en el presente caso, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad hondureña pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso. nota 17

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso que el Estado debe conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea. Asimismo, Colombia, a través de sus instituciones competentes, debe agotar las líneas de investigación respecto a la ejecución del señor Escué Zapata, para establecer la verdad de los hechos. El Estado debe asegurar que los familiares de la víctima tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana, y en especial la Comunidad Indígena Paez, pueda conocer lo realmente ocurrido en el presente caso. nota 18

En el Caso de la Masacre de la Rochela contra el Estado colombiano, la Corte ordenó como medida de reparación, entre otras medidas, que ?los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos de la masacre de La Rochela.?

En posterior pronunciamiento, la Corte aclaró que la expresión ?resultados de los procesos penales?, en el contexto de reparación hace relación a las decisiones judiciales penales de carácter firme que generan la finalización del proceso y resuelven la controversia principal, de carácter absolutorio o condenatorio.

Los resultados deben ser divulgados, en la forma que garantice que la sociedad pueda conocer los hechos examinados y los responsable, según el caso.[175]

En el Caso Tiu Tojín, la Corte al pronunciarse sobre el aspecto otras formas de reparación, en relación con la obligación del Estado de investigar los hechos constitutivos de las violaciones e identificar, juzgar y sancionar a los responsables, señaló que "resulta imperativo que el Estado agote todos los trámites necesarios para asegurar, dentro de un plazo razonable, el efectivo cumplimiento de su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de este caso y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad."

En ese contexto, ordenó aspectos específicos de la obligación de investigar, por lo tanto el Estado:

1- deberá asegurar, para garantizar que las investigaciones sobre desaparición forzada de personas se realicen con la debida diligencia, que las autoridades encargadas: a) cuenten "con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente (...)y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas"; b) "utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada." y c) "tomen en cuenta los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el presente caso, con el objeto de que la investigación sea conducida tomando en cuenta la complejidad de estos hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación."

Señaló la Corte que las autoridades en caso de violaciones de derechos humanos, "no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes."

2- conforme al principio de legalidad, atendrá que "la figura de la desaparición forzada constituye el tipo penal aplicable a los hechos del presente caso, ya que el destino de María y Josefa Tiu Tojín sigue siendo desconocido."

3- debe asegurar, mediante intérpretes u otros medios que sen eficaces, que las víctimas, miembros del pueblo Maya, puedan comprender y hacerse comprender en el transcurso de los procedimientos legales, como manera de garantizar su acceso a la justicia. nota 19

En el Caso Ticona Estrada y otros, la Corte ordenó, como forma de reparación, que el Estado deberá continuar de manera eficaz con la tramitación del proceso penal por la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada o de cualquiera otro que se llegaré a abrir, de forma que aquel se concluya en el más breve plazo, dando cumplimiento a los mandamientos judiciales de aprehensión de las personas condenadas.

Consideró la Corte "que el Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables" de estos hechos ni "argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables." nota 20

  1. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
  2. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 181 
  3. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  4. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  5. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  6. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
  7. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
  8. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 .
  9. Caso López álvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 
  10. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  11. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  12. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  13. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  14. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  15. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 164 
  16. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 
  17. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
  18. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
  19. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 175 
  20. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 190 
  21. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Sentencia Serie C. No. 191 
26.10. Obligación del estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como recuperar los restos de las víctimas

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte estimó que para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Suriname debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; c) sancionar, de conformidad con las leyes internas aplicables, a los funcionarios estatales, así como a los particulares, que sean declarados responsables de haber obstruido la investigación penal sobre el ataque a la aldea de Moiwana; y d) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, testigos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia. Asimismo, consideró que emplear todos los medios técnicos y científicos posibles para recuperar con prontitud los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante el ataque de 1986 y entregarlos a los miembros de la comunidad sobrevivientes para que los fallecidos puedan ser honrados según los rituales de la cultura N?djuka. nota 1

  1. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
26.11. Obligación de definir la situación procesal penal de la víctima garantizándole aplicación de debido proceso

En el Caso de Yvon Neptune,la Corte ordenó al Estado adoptar medidas judiciales y de cualquier otra índole necesarias para que en un plazo breve quede definida totalmente la situación jurídica de la víctima relativa al proceso penal que se abrió contra. Sí la víctima es sometida a un proceso, el Estado deberá hacerlo de acuerdo con los procedimientos legales y constitucionales aplicables, satisfaciendo el debido proceso legal y respetando sus garantías de defensa. nota 1

  1. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Sentencia Serie C. No. 180 
26.12. Constituir un órgano independiente e imparcial que adopte una decisión vinculante

En el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), la Corte dispuso que el Estado debe garantizar a las 257 víctimas enunciadas en la Sentencia el acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual deberá constituir a la mayor brevedad un órgano independiente e imparcial que cuente con facultades para decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente del Congreso de la República o, en caso contrario, que así lo determine y fije las consecuencias jurídicas correspondientes, inclusive, en su caso, las compensaciones debidas en función de las circunstancias específicas de cada una de esas personas. Las decisiones finales del órgano que se cree para dichos efectos deberán adoptarse dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia. nota 1

  1. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 158 
26.13. Funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante un conflicto armado y participación de la sociedad civil

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, la Corte consagró como medida de reparación la creación de una comisión nacional de búsqueda cuyo objeto sería investigar y determinar el paradero de los jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado. Al respecto, estimó que tal objeto podría alcanzarse con una comisión que cumpliera con los siguientes parámetros: tomar la iniciativa de adoptar las medidas necesarias para investigar y recabar pruebas; asegurar que todas las instituciones y autoridades estatales se encuentren obligadas a prestar su cooperación en el suministro de información a la comisión nacional de búsqueda y en el acceso a todos los archivos y registros; garantizar la independencia e imparcialidad de los miembros de la comisión nacional de búsqueda; asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos y de otra índole necesarios; incluir en la composición de la comisión nacional de búsqueda a las instituciones estatales que hubieren mostrado interés en la solución de este problema y a las demás que correspondiere por las funciones que desempeñan, así como que se diera participación a la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales que se hubieren dedicado a dicha búsqueda o que estuvieren especializadas en el trabajo con jóvenes desaparecidos. nota 1

  1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 120 
26.14. Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas

En el Caso Ticona Estrada y otros, la Corte ordenó como medida de no repetición el fortalecimiento del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas, consistente en la obligación del Estado de dotar a este organismo estatal, con función de esclarecimiento de estas conductas, del equipo humano y de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado. nota 1

  1. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Sentencia Serie C. No. 191 
26.15. Campaña nacional de sensibilización con relación a los niños y jóvenes en situación de riesgo

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que el Estado deberá llevar a cabo, en un plazo razonable, una campaña con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado y hacer ver a la población que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados con la delincuencia. En el marco de esa campaña, el Estado deberá emitir, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, un sello postal alusivo a la protección debida por el Estado y la sociedad a los niños y jóvenes en situación de riesgo, para evitar que estos se tornen víctimas de violencia. nota 1

  1. Caso Servellón García y otros. Sentencia Serie C. No. 152 
26.16. Creación de una página web de búsqueda y conformación de una red internacional de búsqueda

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, la Corte consideró necesaria la creación de una página web de búsqueda de desaparecidos, en la cual, mediante la implementación de una base de datos, se difunda los nombres y apellidos, posibles características físicas, y todos los datos con los que se cuenta de las hermanas Serrano Cruz, así como de sus familiares. Estimó la Corte, que a través de diversos enlaces con otras páginas web de diferentes autoridades e instituciones estatales y no estatales, así como de otros Estados, de instituciones o asociaciones nacionales y de organismos internacionales dedicados a la búsqueda de niños y jóvenes desaparecidos, se pueda propiciar, participar y colaborar con la formación y desarrollo de una red internacional de búsqueda. nota 1

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado adopte las medidas indispensables para facilitar la salida de Venezuela de la menor hija de una de las víctimas, el señor señor Oscar José Blanco Romero, cuando ésta desea viajar, previo consentimiento de su madre, pues actualmente debe adelantar un trámite judicial con dicho propósito, en el cual tiene que recordar nuevamente los hechos ocurridos a su padre, el señor Oscar José Blanco Romero, lo que le genera angustia. nota 2

  1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 120 
  2. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 
26.17. Publicación de libro censurado

En el Caso Palamara Iribarne, la Corte dispuso que el Estado debe permitir al señor Palamara Iribarne la publicación de su libro. Asimismo, debe restituir, en el plazo de seis meses, todo el material del que fue privado. Debido a la importancia que reviste la versión electrónica de una obra para poder ser actualizada y modificada por su autor, la Corte establece que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que, en caso de no contar con el soporte electrónico del libro, rescate toda la información proveniente de la versión impresa y la digite en una versión electrónica, lo cual deberá realizar en el plazo de seis meses. nota 1

  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
26.18. Creación de un sistema de información genética

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, la Corte expresó que el Estado debía adoptar todas las medidas necesarias para crear un sistema de información genética que permita obtener y conservar datos genéticos que coadyuven a la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y sus familiares y su identificación. nota 1

En el Caso Gutiérrez Soler, la Corte estimó como medida de satisfacción con el fin de reparar el daño sustancial al proyecto de vida y honra del señor Wilson Gutiérrez Soler y de sus familiares, así como con el objeto de evitar que hechos como los de este caso se repitan, que el Estado debe difundir las partes pertinentes de la Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación nacional, la Sección de dicha Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 51 a 59 de la Sección denominada Fondo de dicha Sentencia, así como la parte resolutiva de la misma. nota 2

  1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 120 
  2. Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 .
26.19. Creación de una base de datos sobre muerte por violencia de jóvenes

En el Caso Servellón García y Otros vs. Honduras, la Corte dispuso que el Estado deberá crear, dentro de un plazo razonable, una base de datos unificada entre todas las instituciones involucradas en la investigación, identificación y sanción de los responsables por las muertes violentas de niños y jóvenes en situación de riesgo. Ese registro deberá servir para incrementar la efectividad de las investigaciones. nota 1

  1. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
26.20. Creación de un fondo estatal de desarrollo

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte estimó que el estado deberá crear un fondo de desarrollo por el monto US $1,200,000.00 (un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), que será destinado a programas de salud, vivienda y educación de los miembros de la comunidad. Los elementos específicos de dichos programas deberán ser determinados por un comité de implementación, y deberán ser completados en un plazo de cinco años, a partir de la notificación de la Sentencia. El comité estará conformado por tres miembros: un representante designado por las víctimas, otro por el Estado y el tercer miembro será designado de común acuerdo entre los representantes de las víctimas y el Estado. nota 1

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte dispuso que el Estado deberá implementar un fondo de desarrollo comunitario en las tierras que se entreguen a los miembros de la Comunidad. Para tal efecto, el Estado deberá destinar la cantidad de US $1.000.000,00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América), para tal fondo, el cual consistirá en la implementación de proyectos educacionales, habitacionales, agrícolas y de salud, así como de suministro de agua potable y la construcción de infraestructura sanitaria, en beneficio de los miembros de la Comunidad. Estos proyectos deberán ser determinados por un comité de implementación, y deberán ser completados en un plazo de dos años, contados a partir de la entrega de las tierras a los miembros de la Comunidad indígena. nota 2

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso que el Estado debe destinar, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, la cantidad de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a un fondo que lleve el nombre de Germán Escué Zapata, para que la Comunidad lo invierta en obras o servicios de interés colectivo en su beneficio, de conformidad con sus propias formas de consulta, decisión, usos, costumbres y tradiciones, independientemente de las obras públicas del presupuesto nacional que se destinen para esa región. nota 3

  1. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 
  2. Caso Comunidad Indígena Sawhoyomaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 
  3. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
26.21. Nombramiento de calle o plaza y fijación de una placa en memoria de la víctima

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que el Estado debe nombrar, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, una calle o una plaza, en la ciudad de Tegucigalpa, en memoria de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Diomedes Obed García Sánchez y Orlando Álvarez Ríos. En dicha calle o plaza el Estado deberá fijar una placa con los nombres de las referidas cuatro víctimas. nota 1

  1. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
26.22. Instalación de placas conmemorativas

En el Caso de las Masacres de Ituango, la Corte dispuso que el Estado deberá fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al presente caso. El contenido de dichas placas deberá ser acordado entre los representantes de las víctimas y el Estado. Las placas deberán ser instaladas dentro del año siguiente a la notificación de la Sentencia. nota 1

  1. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
26.23. Acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio a las víctimas y sus familiares como forma de reparación

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, la Corte consideró indispensable que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en la sentencia y de desagravio a las víctimas y sus familiares. La Corte señaló que el acto debería realizarse en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de los miembros de la familia Serrano Cruz. Además, dispuso que el Estado difundiera dicho acto a través de los medios de comunicación, incluyendo internet. nota 1

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro contra el Perú, la Corte al solicitar la interpretación del aspecto de la sentencia respecto del acto público de reconocimiento, que debe realizar el Estado sobre su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esa sentencia, como forma de desagravio a las víctimas y de satisfacción de sus familiares, estableció que debe hacerlo en la jurisdicción interna, en los mismos términos del reconocimiento de responsabilidad internacional que hizo ante la Corte, en este proceso. nota 2

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte dispuso que como medida de satisfacción para las víctimas y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, el Estado deberá reconocer públicamente su responsabilidad internacional, y emitir una disculpa a los miembros de la comunidad. Dicho acto que deberá ser realizado dentro de un año a partir de la notificación de la Sentencia, contará con la participación del líder del pueblo N?djuka, así como de autoridades estatales de alto nivel y deberá ser difundido a través de los medios de comunicación nacionales. nota 3

En el Caso de las Niñas Yean y Bosico, la Corte consideró que el Estado debe hacer un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos a que se refiere el presente fallo y de petición de disculpas a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, y a las señoras Leonidas Oliven Yean, Tiramen Bosico Cofi y Teresa Tucent Mena, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia, con la participación de las autoridades, las víctimas y sus familiares, así como los representantes, y con difusión en los medios de comunicación (radio, prensa y televisión). nota 4

En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte dispuso que, en un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, acordado previamente con las víctimas y sus representantes. Este acto deberá realizarse en el asiento actual de la Comunidad Yakye Axa, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de los miembros de la Comunidad, Además, el Estado debe realizar dicho acto tanto en el idioma enxet como en el idioma español o guaraní y difundirlo a través de los medios de comunicación. nota 5

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional y pedir una disculpa pública a los familiares de las víctimas por los hechos violatorios a los derechos humanos establecidos en la Sentencia. Dicho acto deberá realizarse en presencia de los familiares de las víctimas y con la participación de miembros de las más altas autoridades del Estado. Deberá celebrarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la Sentencia. nota 6

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte valoró y apreció el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional realizado por el Estado durante una audiencia pública, en la que pidió perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana, por las víctimas de los hechos ocurridos en Mapiripán en julio de 1997. nota 7

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso, que como una medida de satisfacción para las víctimas y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, el Estado deberá reconocer públicamente, con presencia de altas autoridades, su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, y emitir una disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de esas personas, como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio. nota 8

En el Caso de las Masacres de Ituango, como una medida de satisfacción para las víctimas y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos producidas, la Corte estimó que el Estado deberá reconocer públicamente, con presencia de altas autoridades, su responsabilidad internacional por los hechos de las masacres, y pedir una disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de esas personas, como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio. nota 9

En el Caso Baldeón García, la Corte estimó que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la detención arbitraria e ilegal, torturas y ejecución extrajudicial del señor Bernabé Baldeón García y pedir una disculpa pública a sus familiares por haber encubierto la verdad durante más de 15 años. Este acto deberá realizarse en presencia de los familiares de las víctimas y también deberán participar miembros de las más altas autoridades del Estado. Este acto deberá celebrarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente Sentencia. nota 10

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la desaparición forzada de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba y pedir una disculpa pública a sus familiares. Este acto deberá realizarse en presencia de los familiares de las mencionadas personas y también deberán participar altas autoridades del Estado. Este acto deberá celebrarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la Sentencia. nota 11

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado reitere el reconocimiento de responsabilidad en un acto al que concurran los familiares de Gerardo Vargas Areco, como medida de satisfacción para éstos, a realizarse en la comunidad en la que vive la familia del niño Vargas Areco, en presencia de autoridades civiles y militares del Estado. En el curso de dicho acto se colocará una placa, cuyo texto deberá ser consultado con los familiares del niño, para mantener viva la memoria acerca de éste y prevenir hechos violatorios como los que determinaron el presente caso. nota 12

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares. Este acto deberá realizarse en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares. El Estado debe difundir dicho acto a través de los medios de comunicación, incluyendo la difusión en la radio y televisión. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia. nota 13

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la desaparición forzada o ejecución extrajudicial de las víctimas. Este acto deberá realizarse en presencia de los familiares de las mencionadas personas y también deberán participar altas autoridades del Estado. Este acto deberá celebrarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la Sentencia. nota 14

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional, por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Diomedes Obed García Sánchez y Orlando Álvarez Ríos y por la impunidad que impera en el caso. Este acto deberá celebrarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la Sentencia. nota 15

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, acordado previamente con los familiares y sus representantes, en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia. Este acto deberá realizarse en el Resguardo de Jambaló, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado. En este acto se debe dar participación a los líderes de la Comunidad y a los familiares de la víctima, si así lo desean. El Estado debe disponer los medios necesarios para facilitar la presencia de dichas personas en el acto mencionado. Además, el Estado debe realizar dicho acto tanto en el idioma nasa yute como en el idioma español. En ese acto el Estado debe tomar en cuenta las tradiciones, usos y costumbres de los miembros de la Comunidad. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia. nota 16

  1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 120 
  2. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 181 
  3. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
  4. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia Serie C. No. 130 .
  5. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  6. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  7. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  8. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  9. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
  10. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  11. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  12. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  13. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  14. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  15. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
  16. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
26.24. Construcción de un monumento como forma de recordar los hechos y prevenir su ocurrencia en el futuro

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte dispuso que el Estado deberá construir un monumento y colocarlo en un lugar público apropiado, de tal forma que constituya un recordatorio para la nación de lo que sucedió en la aldea de Moiwana, el 29 de noviembre de 1986, así como para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro. Dicho monumento, señaló la Corte, deberá ser instalado dentro del año siguiente a la notificación de la Sentencia. El diseño y la ubicación deberán ser resueltos en consulta con los representantes de las víctimas. nota 1

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte estimó que el Estado deberá construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Mapiripán, como medida para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro. Dicho monumento deberá ser instalado en un lugar público apropiado en Mapiripán, dentro del año siguiente a la notificación de la sentencia. nota 2

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado deberá construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello, como medida para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro. Dicho monumento deberá ser instalado en un lugar público apropiado en Pueblo Bello, dentro del año siguiente a la notificación de la Sentencia. nota 3

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que el Estado debe construir un monumento en memoria de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba en un lugar céntrico y destacado de la ciudad de Asunción. Dicho monumento deberá tener una placa que haga constar el nombre de esas víctimas y haga alusión al contexto de las desapariciones forzadas ocurridas durante la Operación Cóndor. Tal monumento deberá ser construido dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia. nota 4

  1. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
  2. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  3. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  4. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 153 
26.25. Designación de una calle, plaza o escuela en memoria de la víctima

En el caso Baldeón García vs. Perú, la Corte estimó que el Estado debe designar una calle, plaza o escuela en memoria del señor Bernabé Baldeón García en un lugar público de la localidad de Pucapaccana, de donde era originario, que será designado en consulta con sus familiares. La inscripción que contenga la plaza o escuela, en su caso, deberá hacer alusión al contexto de violencia hacia los campesinos que existía en el Perú al momento de los hechos, del cual el señor Bernabé Baldeón García fue víctima. El texto de dicha inscripción deberá ser consultado con sus familiares. El Estado deberá designar el lugar a ser nombrado en memoria del señor Bernabé Baldeón García dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. nota 1

  1. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
26.26. Deber de implementar un mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento de las reparaciones ordenadas

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte dispuso que el Estado debe designar, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia, un mecanismo oficial que opere durante dos años, en el cual tengan participación los familiares de las víctimas del presente caso o los representantes que ellos designen, que estará encargado de las siguientes funciones: 1) dar seguimiento a los procesos contencioso administrativos relacionados con los hechos de Mapiripán, para que se resuelva lo pertinente en los términos de la Sentencia; 2) velar porque se haga efectivo el pago, en el plazo de un año, de las indemnizaciones y compensaciones estipuladas a favor de los familiares de las víctimas; 3) dar seguimiento a las acciones estatales para la búsqueda, individualización e identificación de las víctimas y sus familiares y velar porque se haga efectivo el pago, en el plazo de un año después de que hayan sido notificadas, de las indemnizaciones y compensaciones que correspondan a familiares de víctimas que se vayan identificando. Además, deberá llevar un registro de los familiares que se vayan identificando, con quienes se mantendrá en contacto continuo para asegurarse que no sean objeto de amenazas, más aún después de que hayan recibido las indemnizaciones correspondientes; 4) realizar las diligencias necesarias para que se haga efectivo el tratamiento debido a los familiares de las víctimas; y 5) coordinar las acciones necesarias para que los familiares de las víctimas, así como otros ex pobladores de Mapiripán, que se hayan visto desplazados, puedan regresar en condiciones de seguridad a Mapiripán, en caso de que así lo deseen. nota 1

  1. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
26.27. Publicidad de apartes de la sentencia como forma de satisfacción

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, la Corte expresó que, como medida de satisfacción, el Estado debía publicar, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, los capítulos I, denominado ?Introducción de la causa?, III, denominado ?Competencia? y VI, denominado ?Hechos Probados?, así como los puntos resolutivos de la Sentencia. nota 1

En el Caso Palamara Iribarne, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. El fallo se deberá publicar íntegramente en el sitio web oficial del Estado. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 2

En el Caso Yatama, la Corte dispuso que el Estado publique en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, al menos una vez, el capítulo VII (Hechos Probados), los párrafos 153, 154, 157 a 160, 162, 164, 173, 175, 176, 212, 218, 219, 221, 223, 224, 226 y 227, que corresponden a los capítulos IX y X sobre las violaciones declaradas por la Corte, y los puntos resolutivos de la Sentencia. En la publicación se deben incluir los títulos de los referidos capítulos. El fallo se deberá publicar íntegramente en el sitio web oficial del estado. Para estas publicaciones se fija plazo de un año, a partir de la notificación de la presente Sentencia.

La Corte también dispuso la publicación a través de una emisora radial de amplia cobertura en la Costa Atlántica, de los párrafos 124.11, 124.20, 124.28, 124.32, 124.39, 124.40, 124.46, 124.51, 124.62, 124.68, 124.70 y 124.71 del capítulo VII (Hechos Probados), los párrafos 153, 154, 157 a 160, 164,173, 175, 176, 212, 219, 221, 223, 224, 226 y 227 que correponden a los capítulos IX y X sobre las violaciones declaradas por Corte, y los puntos resolutivos de la Sentencia, lo cual deberá efectuarse en español, miskito, sumo, ramam e inglés. La transmisión radial deberá efectuarse al menos en cuatro ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una. Para ello, el Estado cuenta con el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. nota 3

En el Caso de las Niñas Yean y Bosico, la Corte dispuso que el Estado debe publicar como medida de satisfacción, dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la Sentencia, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional en la República Dominicana, al menos una vez, tanto la Sección denominada ?Hechos Probados?, sin las notas al pie de página correspondientes, como los puntos resolutivos de la Sentencia. nota 4

En el Caso Raxcacó Reyes, la Corte dispuso que el Estado publique en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, al menos una vez, el capítulo de Hechos Probados, los párrafos 65, 66, 72, 81, 82, 85, 86, 102 y 113 que corresponden a los capítulos VIII, IX, X y XI, y los puntos resolutivos primero a decimosexto de la Sentencia. En la publicación se deberán incluir los títulos de los referidos capítulos y se omitirán las citas al pié de página. Para estas publicaciones se fija plazo de un año, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 5

En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte dispuso que el Estado debe publicar dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, tanto la sección denominada Hechos Probados como los puntos resolutivos Primero a Décimo Cuarto de la sentencia. Asimismo, ordenó que el Estado deberá financiar la transmisión radial del contenido de los párrafos 50.12 a 50.16, 50.18, 50.22, 50.24, 50.58, 50.59 y 50.92 a 50.100 del capítulo VI de Hechos Probados, de los párrafos 135, 154, 155, 161, 162, 169, 172 y 175 de los capítulos IX y X, y de los puntos resolutivos Primero a Décimo Cuarto de la sentencia, en idioma enxet y guaraní o español, en una radio a la cual tengan acceso los miembros de la Comunidad Yakye Axa. La transmisión radial deberá efectuarse al menos por cuatro ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una. nota 6

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte dispuso que el Estado debe publicar dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, tanto la sección denominada Hechos Probados, sin la notas al pie de página, como los puntos resolutivos primero a decimocuarto de la Sentencia. Asimismo, el Estado deberá financiar la transmisión radial del contenido de los párrafos 73.1 a 73.75 del capítulo VII de Hechos Probados, sin las notas al pie de página, y de los puntos resolutivos primero a decimocuarto de la Sentencia, en el idioma que los miembros de la Comunidad decidan, en una radio a la cual tengan acceso. La transmisión radial deberá efectuarse al menos por cuatro ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una. nota 7

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos establecidos en la Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fijó el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 8

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte estimó que, como medida de satisfacción, el Estado debe publicar dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la sección de denominada hechos probados, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 101 y 123 de la Sección denominada Responsabilidad Internacional del Estado, así como la parte resolutiva de la misma. nota 9

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que el Estado debe publicar dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la sección de esta sentencia denominada hechos probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma. nota 10

En el Caso de las Masacres de Ituango, la Corte dispuso que, como medida de satisfacción, el Estado debe publicar, dentro del plazo de seis meses, , por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la Sección de la Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma. nota 11

En el Caso Gómez Palomino vs. Perú, la Corte estimó que el Estado debe publicar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, tanto la Sección denominada Hechos Probados del Capítulo VII, sin las notas al pie de página, como su parte resolutiva. nota 12

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, la Corte dispuso que el Estado debe publicar, como medida de satisfacción, dentro de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional en el Perú, tanto la Sección denominada ?Hechos Probados? sin las notas al pie de página correspondientes, así como los puntos resolutivos de la presente Sentencia. nota 13

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado debe difundir las partes pertinentes del Fallo. En este sentido, Venezuela debe publicar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la Sección de la Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 54 a 65 de la Sección denominada Fondo, así como la parte resolutiva de la misma. nota 14

En el Caso López Álvarez, la Corte dispuso que el Estado debe publicar, dentro de seis meses contados a partir de la notificación de la Sentencia, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el Capítulo VII relativo a los hechos probados, sin las notas al pie de página correspondientes, y los puntos resolutivos de la Sentencia. nota 15

En el Caso Acevedo Jaramillo y Otros, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 16

En el Caso Baldeón García, la Corte consideró que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 17

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 39 a 41 y 48 a 54 del capítulo relativo al allanamiento parcial; los hechos probados de la Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes; el capítulo llamado ?Responsabilidad internacional del Estado en el contexto del presente caso?, los párrafos considerativos 80 a 104 y 111 a 113, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 18

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado debe publicar, una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la Sección de la Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma. nota 19

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente sentencia. Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debe difundir las referidas partes de la sentencia a través de una emisora radial y un canal de televisión, ambos de amplia cobertura nacional, al menos en dos ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una. Para ello, el Estado cuenta con el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia. nota 20

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 49 a 57 del capítulo relativo al allanamiento parcial; los hechos probados de esta sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes; los párrafos considerativos 81 a 98, 109 a 116, 122 a 129, 135 a 161 y 165 a 189, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 21

En el Caso Bueno Alves, la Corte dispuso que el Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 8, 71 a 74, 86, 95, 113 y 117 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 22

En el Caso Ximenes Lopes, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo VII relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y además, la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 23

En el Caso Claude Reyes y otros, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia, los párrafos 69 a 71, 73, 74, 77, 88 a 103, 117 a 123, 132 a 137 y 139 a 143 de la Sentencia, que corresponden a los capítulos VII y VIII sobre las violaciones declaradas por la Corte, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para esta publicación se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 24

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 25

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1, 5, 11 a 13, 20, 34 a 39, 41, 69, 70, 72, 78, 80, 86, 96 y 111 de la Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Igualmente, el Estado deberá traducir a la lengua nasa yute los párrafos mencionados y la parte resolutiva y publicarlos en un diario de amplia circulación en la zona del Cauca, específicamente en la zona en la cual reside la familia del señor Germán Escué Zapata. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 26

  1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 120 
  2. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
  3. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 127 .
  4. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia Serie C. No. 130 .
  5. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 133 .
  6. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  7. Caso Comunidad Indígena Sawhoyomaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 
  8. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  9. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  10. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  11. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 
  12. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
  13. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 
  14. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Serie C. No. 138 
  15. Caso López álvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 
  16. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 144 
  17. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  18. Para ver los hechos del Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  19. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  20. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  21. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  22. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia Serie C No. 164 
  23. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 
  24. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151 
  25. Para ver los hechos del Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
  26. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
26.28. Designación de un día dedicado a los niños desaparecidos durante el conflicto armado interno

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, la Corte consideró que El Salvador debía designar un día dedicado a los niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado interno de ese país, con el propósito de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones que los conduzcan a la verdad sobre el paradero de los menores. nota 1

  1. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 120 
26.29. Implementación de los parámetros del manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

En el Caso Gutiérrez Soler, la Corte estimó que la difusión e implementación de los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul, el cual describe la forma como deben realizarse los exámenes médicos y elaborarse los dictámenes respecto de víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, puede contribuir eficazmente a la protección del derecho a la integridad personal en Colombia. Por ello, consideró que el Estado debe adoptar un programa de formación que tenga en cuenta dichas normas internacionales, el cual debe estar dirigido a los médicos que cumplen sus funciones en los centros de detención oficiales y a los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como a los fiscales y jueces encargados de la investigación y el juzgamiento de hechos como los que han afectado al señor Wilson Gutiérrez Soler, con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos técnicos y científicos necesarios para evaluar posibles situaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el Tribunal consideró necesario que dicho programa de formación incluya el caso del señor Wilson Gutiérrez Soler como una medida dirigida a prevenir la repetición de los hechos. nota 1

  1. Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 .
26.30. Deber del estado de difusión y formación sobre prevención de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a miembros de las fuerzas de seguridad, de los órganos de investigación y de la administración de justicia

En el Caso Bayarri la Corte ordenó al Estado incorporar, en tanto no se hubiere hecho, a los miembros de las fuerzas de seguridad, de los órganos de investigación y de la administración de justicia en las actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con el finalidad de que hechos como los del caso no se repitan. nota 1

  1. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 187 
26.31. Implementación de un programa de formación y capacitación en derechos humanos

En el Caso Gutiérrez Soler, la Corte consideró que el Estado debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, como una forma de prevenir que casos de violación a los derechos humanos sean investigados y juzgados por dicha jurisdicción. Además, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que dicha jurisprudencia y los precedentes de la Corte Constitucional de Colombia respecto del fuero militar sean aplicados de manera efectiva en el ámbito interno. nota 1

En el Caso de las Niñas Yean y Bosico, la Corte consideró necesario que el Estado implemente, en un plazo razonable, un programa para la formación y capacitación en derechos humanos, con especial énfasis al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, de los funcionarios estatales encargados de la inscripción de nacimiento, en el cual se les instruya sobre la especial situación de los menores de edad y se impulse la cultura de tolerancia y no discriminación. nota 2

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado debe capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Asimismo, el Estado debe diseñar e implemente un programa de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales en materia de personas privadas de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios. nota 3

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte, en consideración de que los hechos fueron perpetraddos por paramilitares que actuaron con la colaboración, tolerancia y aquiescencia de agentes estatales, en violación de normas imperativas de derecho internacional, el Estado, dentro de las fuerzas armadas colombianas, deberá implementar, en todos los niveles jerárquicos, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes, y sobre los límites a los que debe estar sometidas. nota 4

En el Caso de las Masacres de Ituango, el Tribunal ordenó que el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y sobre los límites a los que debe estar sometido. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. nota 5

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado debe implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención ? DISIP, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso. nota 6

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos policiales sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos permanentes dentro de las fuerzas policiales paraguayas, en todos los niveles jerárquicos. Dentro de dichos programas se deberá hacer especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos y, específicamente a los relativos a la desaparición forzada de personas y tortura. nota 7

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado deberá diseñar e implementar programas de formación y cursos regulares sobre derechos humanos para todos los miembros de las Fuerzas Armadas paraguayas. nota 8

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la Corte dispuso que el Estado deberá diseñar e implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos, dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los estándares internacionales aplicables en materia de tratamiento de los reclusos en situaciones de alteración del orden público en centros penitenciarios. nota 9

En el Caso La Cantuta, la Corte dispuso que el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cuanto a la legalidad y las restricciones del uso de la fuerza en general y en situaciones de conflicto armado y terrorismo, conceptos de obediencia debida y la función de dichas instituciones en situaciones como las ocurridas en el presente caso. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos humanos dirigidos a los miembros de aquellas instituciones, en todos los niveles jerárquicos. Asimismo, el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los fiscales y jueces, incluidos aquéllos del fuero penal militar, en cuanto a los estándares internacionales en materia de protección judicial de derechos humanos. Para ello, el Estado deberá implementar, de igual manera, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos humanos dirigidos a aquellos funcionarios. Dentro de dichos programas se deberá hacer especial mención a la Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. nota 10

En el Caso Ximenes Lopes, la Corte dispuso que el Estado debe desarrollar un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de Salud Mental, en particular, sobre los principios que deben regir el trato a ser ofrecido a las personas que padecen de discapacidad mental, conforme a los estándares internacionales en la materia y aquellos establecidos en la presente Sentencia. nota 11

En el Caso Claude Reyes y otros, la Corte dispuso que el Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información. nota 12

En el Caso Servellón García y Otros, la Corte dispuso que, en un plazo razonable, el Estado debe establecer un programa de formación y capacitación para el personal policial, judicial, del Ministerio Público y penitenciario. Esa capacitación deberá versar sobre la especial protección que debe ser prestada por el Estado a los niños y jóvenes, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación y los principios y normas de protección de los derechos humanos, relacionados con la aplicación de los estándares internacionales sobre la detención de personas, respeto a sus derechos y garantías judiciales, el trato que deben recibir, sus condiciones de detención, tratamiento y control médico, el derecho a contar con un abogado, a recibir visitas y a que los menores y adultos, así como los procesados y condenados, se alojen en instalaciones diferentes. El diseño e implementación del programa de capacitación deberá incluir la asignación de recursos específicos para conseguir sus fines. nota 13

  1. Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 .
  2. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia Serie C. No. 130 .
  3. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  4. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  5. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
  6. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 
  7. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  8. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  9. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Serie C. No. 160 
  10. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  11. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 
  12. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151 
  13. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
26.32. Obligación del estado de otorgar un programa de educación

En el Caso Gómez Palomino, la Corte consideró que los hechos del presente caso afectaron la continuidad de los proyectos de estudio del hermano y las hermanas menores de la víctima, no sólo debido a factores económicos, sino también emocionales. Por tanto, la Corte dispuso que el Estado deberá proporcionar todas las facilidades materiales necesarias a fin de que, en el caso que lo deseen, puedan participar en programas especiales de educación para adultos que les permita culminar sus estudios primarios y secundarios, según sea el caso. Estos programas educativos se desarrollarán con adecuación de horario, de manera que en lo posible no interfieran con las actividades laborales de los beneficiarios. Para lograr una reparación integral en atención a las circunstancias particulares del presente caso, el Tribunal dispuso que, en caso de que las hermanas y el hermano del señor Gómez Palomino no deseen hacer uso personal de la medida de reparación educativa ordenada a su favor, podrán transmitir dicho beneficio a sus hijos e hijas, el que se otorgará en forma de una beca que cubra integralmente estudios de educación primaria y secundaria en una institución de educación pública del país. Esta beca educativa también se aplicará a los hijos de la hermana fallecida, si los tuviere. Asimismo, la Corte ordenó al Estado brindar todas las facilidades materiales necesarias a la otra hermana de la víctima, para que, en el caso que ella lo desee, pueda participar en un programa de alfabetización a través de las instituciones estatales de educación encargadas, que tome en consideración su condición de bilingüe en los idiomas castellano y quechua. Finalmente, la Corte consideró que el Estado deberá otorgar, una beca a favor de la hija de Santiago Gómez Palomino, a fin de que pueda culminar sus estudios en una escuela secundaria pública que ella elija. En el caso de que ella desee continuar estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios, el Estado deberá otorgarle una beca que cubra integralmente todos los costos de su carrera profesional en el centro de educación pública del Perú que ella elija. nota 1

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, la Corte dispuso que el Estado debe proporcionar al señor Wilson García Asto la posibilidad de capacitarse y actualizarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de una beca que le permita terminar con sus estudios, y además para actualizarse y capacitarse profesionalmente durante dos años posteriores a que culmine sus estudios universitarios. Asimismo, el Estado debe proporcionar al señor Urcesino Ramírez Rojas la posibilidad de capacitarse y actualizarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de una beca que le permita seguir cursos de capacitación y actualización profesional de su elección por el plazo de dos años. nota 2

En el Caso Escué Zapata, la Corte dispuso que el Estado deberá otorgar a la hija de la víctima una beca para realizar estudios universitarios en una universidad pública colombiana escogida entre ella y el Estado. La beca deberá cubrir todos los gastos para la completa finalización de sus estudios universitarios, tanto material académico como manutención y alojamiento. Deberá asimismo costear el transporte desde la ciudad donde estudie la beneficiaria hasta su Comunidad para que pueda mantener sin dificultades los vínculos con ella, sus tradiciones, usos y costumbres, así como el contacto con su familia de manera periódica. Dicha beca deberá empezar a hacerse efectiva de la manera más pronta posible a partir de la notificación de la Sentencia, para que la beneficiaria comience sus estudios en el próximo año universitario, si así lo desea. nota 3

En el Caso Escué Zapata, del fallo de interpretación de la Corte sobre el caso y en relación con la medida de reparación de ordenarle al Estado el otorgamiento de una beca que cubra todos los gastos, para que pueda realizar sus estudios en una universidad pública y la obligación de ?costear el transporte desde la ciudad donde estudie la beneficiaria hasta su Comunidad?, se puede afirmar:

1- la idoneidad y eficacia de la adopción de las medidas está definido por la finalidad de reparar del algún modo los sufrimientos y necesidades afrontadas por la titular del derecho;

2- el acceso a la universidad se realizará de conformidad con los procedimientos y requisitos regulares de selección que tenga esa institución, garantizando en ese proceso, el disfrute de las medidas que el sistema universitario contemple en relación con la protección especial a la ?diversidad cultural, étnica, social y económica?: Para lo cual, si es necesario, se le apoyara con actividades académicas de refuerzo para facilitar su ingreso o permanencia en la universidad, evitando su deserción;

3- existe el deber del Estado de ofrecerle la opción de recibir formación técnica profesional o tecnológica en una institución pública de educación superior, determinada de común acuerdo, cuando la beneficiaria no ingrese o no desee ingresar a una universidad;

4- la obligación del Estado de financiar los estudios superiores tendrán como parámetro de duración las reglas de la respectiva institución y tendrá en cuenta los criterios de escolaridad aplicables a personas en su situación. La beneficiaria deberá cumplir los requisitos establecidos por la institución, en condiciones que respeten su identidad cultural, con la aplicación de las medias especiales y preferentes sobre acompañamiento académico, que le permitan su integración al sistema educativo nacional, que requiera como por ejemplo, relacionados con los plazos máximos para la obtención del grado o aquellos relativos a promedios escolares mínimos;

5- En principio no puede hacerse un pago único, de la obligación del pago de la beca salvo que la beneficiaria acepte esa modalidad cuando cumpla la mayoría de edad, en tanto que la naturaleza de la obligación. nota 4

  1. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C No. 136 
  2. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 
  3. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
  4. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 178 
26.33. Creación de una cátedra universitaria



En el Caso Escué Zapata, del fallo de interpretación de la Corte sobre el caso y en relación con la medida de reparación de ordenarle al Estado el otorgamiento de una beca que cubra todos los gastos, para que pueda realizar sus estudios en una universidad pública y la obligación de ?costear el transporte desde la ciudad donde estudie la beneficiaria hasta su Comunidad?, se puede afirmar:

1- la idoneidad y eficacia de la adopción de las medidas está definido por la finalidad de reparar del algún modo los sufrimientos y necesidades afrontadas por la titular del derecho;

2- el acceso a la universidad se realizará de conformidad con los procedimientos y requisitos regulares de selección que tenga esa institución, garantizando en ese proceso, el disfrute de las medidas que el sistema universitario contemple en relación con la protección especial a la ?diversidad cultural, étnica, social y económica?: Para lo cual, si es necesario, se le apoyara con actividades académicas de refuerzo para facilitar su ingreso o permanencia en la universidad, evitando su deserción;

3- existe el deber del Estado de ofrecerle la opción de recibir formación técnica profesional o tecnológica en una institución pública de educación superior, determinada de común acuerdo, cuando la beneficiaria no ingrese o no desee ingresar a una universidad;

4- la obligación del Estado de financiar los estudios superiores tendrán como parámetro de duración las reglas de la respectiva institución y tendrá en cuenta los criterios de escolaridad aplicables a personas en su situación. La beneficiaria deberá cumplir los requisitos establecidos por la institución, en condiciones que respeten su identidad cultural, con la aplicación de las medias especiales y preferentes sobre acompañamiento académico, que le permitan su integración al sistema educativo nacional, que requiera como por ejemplo, relacionados con los plazos máximos para la obtención del grado o aquellos relativos a promedios escolares mínimos;

5- En principio no puede hacerse un pago único, de la obligación del pago de la beca salvo que la beneficiaria acepte esa modalidad cuando cumpla la mayoría de edad, en tanto que la naturaleza de la obligación. nota 4En el Caso Escué Zapata, los representantes solicitaron, como forma de desagravio de la memoria y como ?medio para garantizar la no repetición de hechos similares, la creación de Cátedra Nasa como historia de vida de los mayores. El Estado por su parte, informó que ha venido adelantando gestiones con la Universidad del Cauca para crear una cátedra universitaria con el nombre de ?Germán Escué Zapata?. Por lo anterior, la Corte aceptó y toma nota de las gestiones que ha venido realizando el Estado a este respecto.[Nota]

  1. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
26.34. Campaña sobre los derechos del paciente y formación y capacitación de los operadores de justicia

En el Caso Albán Cornejo y otros, la Corte, dentro del punto de medidas de reparación y no repetición, dispuso que el Estado de Ecuador debía realizar, dentro de un plazo razonable, ?una amplia difusión de los derechos de los pacientes?, por los medios de comunicación adecuados, aplicando su legislación interna, y los estándares internacionales. En el primer caso, el Estado deberá tener en cuenta, la medida del artículo 15 de la Ley de derechos y Amparo del Paciente, que ordena a los servicios públicos mantener para los usuarios ejemplares de esa Ley y la exhibición,en lugares visibles al público del texto sobre los derechos de los pacientes.

También le ordenó, realizar, dentro de un plazo razonable, un programa de formación y capacitación sobre la normativa que el Estado ha establecido sobre los derechos de los pacientes y las sanciones sobre el incumplimiento, dirigido los operadores de justicia y profesionales de la salud. nota 1

  1. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 171 
26.35. Deber de adelantar un nuevo juicio que respete el debido proceso

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte, sostuvo que si los actos en que se sostiene una sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá. Carecerá de su soporte necesario: un proceso realizado conforme a Derecho. Es bien conocida la figura de la reposición del procedimiento, que acarrea la invalidación de diversos actos y la repetición de las actuaciones a partir de aquélla en que se cometió la violación que determina dicha invalidación. Esto implica, en su caso, que se dicte nueva sentencia. La validez del proceso es condición de la validez de la sentencia. Es importante distinguir la hipótesis que se examina del supuesto que se presenta cuando el tribunal aplica inexactamente la ley en su sentencia, o aprecia erróneamente las pruebas, o no motiva o funda adecuadamente la resolución que emite. En estos casos la sentencia es válida y puede adquirir firmeza, aunque pudiera ser injusta o incorrecta. Tiene sustento procesal en actos válidos, realizados conforme a Derecho. Por ello, subsiste a pesar de que contenga errores de apreciación o aplicación de normas. No es el caso de una sentencia que carece de soporte procesal, por estar erigida sobre bases insubsistentes. En el presente caso hubo numerosas violaciones a la Convención, desde la etapa de investigación policial hasta el período de conocimiento por parte de los tribunales militares. El proceso se siguió ante un órgano jurisdiccional que no puede ser considerado "juez natural" para hechos e inculpados como los que ahora nos ocupan; en ese procesamiento actuaron jueces y fiscales "sin rostro"; los inculpados no tuvieron un defensor de su elección desde el momento de la detención, y los defensores que les asistieron no contaron con la posibilidad de entrevistarse a solas con sus defendidos, conocer oportunamente el expediente, aportar y contradecir pruebas y preparar adecuadamente los alegatos. Evidentemente, no nos encontramos ante un procesamiento que satisfaga las exigencias mínimas del "debido proceso legal", que es la esencia de las garantías judiciales establecidas en la Convención. Tal circunstancia motiva la invalidez del proceso y también priva de validez a la sentencia, que no reúne las condiciones para que subsista y produzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza. Corresponde al Estado llevar a cabo -en un plazo razonable- un nuevo enjuiciamiento que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, realizado ante el juez natural (jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de audiencia y defensa para los inculpados. La Corte no se pronuncia sobre la libertad provisional de éstos, porque entiende que la adopción de dicha medida precautoria corresponde al tribunal nacional competente. La Corte también considera que el Estado debe cubrir a los familiares de las víctimas los gastos y las costas que han realizado con ocasión de este proceso. La Corte estima que la presente sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación moral de significación para las víctimas y sus familiares. nota 1

En el Caso Cesti Hurtado, la corte declaró que la acción de hábeas corpus interpuesta por la víctima reunió todos los requisitos establecidos por la convención. Por ende, la corte considera que el estado debe ejecutar la resolución de hábeas corpus emitida por la sala especializada de derecho público. Con respecto al juicio penal, la corte considera que el proceso seguido ante el fuero militar en contra del señor Cesti Hurtado se llevó a cabo en forma irregular y constituye una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente (artículo 8.1), por lo que ordena al estado anular tal proceso, así como todos los efectos que de él se derivan. En cuanto a la indemnización de los daños, la corte considera que es procedente la reparación de las consecuencias de la violación de los derechos, que debe comprender una justa indemnización y el resarcimiento de los gastos en que incurrió la víctima con motivo de las gestiones relacionadas con este proceso. nota 2

En el Caso Fermín Ramírez, la Corte resolvió que el Estado lleve a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado. En caso de que se le impute la comisión del delito de asesinato, cuya tipificación estaba en vigor al momento de los hechos que se le imputaron, deberá aplicarse la legislación penal vigente entonces con exclusión de la referencia a la peligrosidad. Además, con fundamento en consideraciones de equidad, el Estado debe abstenerse de ejecutar al señor Fermín Ramírez, cualquiera que sea el resultado del juicio. nota 3

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  2. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 56 .
  3. Para ver los hechos del Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 126 .
26.36. Revocación de la sentencia a pena de muerte

En el Caso Raxcacó Reyes, la Corte dispuso que, dentro de un plazo razonable, se deje sin efectos la pena de muerte impuesta al señor Raxcacó Reyes en la sentencia del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y, sin necesidad de un nuevo proceso, se pronuncie otra que en ningún caso podrá ser la pena de muerte. El Estado deberá asegurar que la nueva pena sea proporcional a la naturaleza y gravedad del delito que se persigue, y tome en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que pudieren concurrir en este caso, para lo cual, previamente a dictar sentencia, ofrecerá a las partes la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia. nota 1

  1. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemaña. Sentencia Serie C. No. 133 .
26.37. Medidas de no repetición, pena de muerte y compatibilidad con la convención americana, respecto de: adecuación constitucional; la sentencia condenatoria y de las condiciones de detención

En el caso Boyce y otros vs Barbados, la Corte ordenó al Estado conmutar de manera formal la pena de muerte de una de las víctimas y adoptar las medidas necesarias, legislativas o de otra índole, con el fin de asegurar que:

- No se imponga pena de muerte contraviniendo los derechos y libertades garantizados en la Convención ni a través de sentencia obligatoria;

- La Constitución y la legislación de Barbados se conformen a la Convención Americana y se elimine un artículo constitucional ?art. 26- respecto a la inimpugnabilidad de las ?leyes existentes?, y

También se le ordenó adoptar e implementar las medidas necesarias para asegurar que las víctimas del caso permanezcan en condiciones de detención que ?cumplan con los requisitos impuestos por la Convención Americana.? nota 1

  1. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Sentencia Serie C. No. 169 
26.38. Deber de adoptar las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto alguno, los procesos penales y sus sentencias condenatorias, incluyendo la supresión de los antecedentes penales del registro correspondiente

En el Caso Palamara Iribarne, la Corte estimó que el Estado debe adoptar, en el plazo de seis meses, todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto alguno, en todos sus extremos, los procesos penales militares instruidos en contra de Palamara Iribarne y sus sentencias condenatorias por el delito de desacato por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, emitidas en contra del señor Palamara Iribarne, incluyendo la supresión de los antecedentes penales del registro correspondiente. nota 1

En el caso Kimel, la Corte ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia condenatoria en torno a la autoría de la víctima por el delito de calumnia; a la imposición de la pena de un año de prisión en suspenso, y la condena al pago de la indemnización de $20.000,00 pesos argentinos. Así como eliminar inmediatamente el nombre de la víctima "de los registros públicos en los que aparezca con antecedentes penales relacionados con el presente caso". nota 2

  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
  2. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 177 
26.39. Deber de reglamentar el juicio de protección, de manera que se garantice un recurso rápido, sencillo y efectivo para el cuestionamiento ciudadano de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido

En el caso Castañeda Gutman contra los Estado Unidos de México, la Corte ordenó al Estado, que en un plazo razonable, complete la reforma constitucional sobre el particular, en el sentido de desarrollar el juicio de protección, en las normas que lo reglamentan, de tal forma que ?mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido? nota 1

  1. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia Serie C. No. 184 
26.40. Deber del estado de restituir a personas en sus cargos y pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir por violación de derechos en un juicio político o en proceso administrativo

En el Caso del Tribunal Constitucional, la Corte advierte que el Congreso de la República del Perú dispuso la reinstalación de los magistrados en sus cargos, la cual ya se efectuó. Adicionalmente, el Estado debe resarcir a dichos magistrados por los salarios y prestaciones dejados de percibir y por las costas y gastos en que hubieran incurrido por las gestiones relacionadas con la tramitación del caso ante la justicia, en la jurisdicción interna e internacional. En cuanto al daño moral, los magistrados fueron restituidos en sus funciones mediante una resolución del Congreso, es decir, por el propio órgano que los había removido de sus cargos y con la publicación en el Diario Oficial "El Peruano". La Corte considera que esos hechos constituyen una reparación moral al igual que la sentencia de la Corte. Finalmente, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones, por lo que debe ordenar una investigación real y efectiva para identificar y sancionar a los responsables de las mismas. nota 1

En el Caso Baena Ricardo y otros, el Estado está obligado a restablecer en sus cargos a las víctimas que se encuentran con vida y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos. En caso de no ser tampoco posible esto último, el Estado deberá proceder al pago de la indemnización que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, de conformidad con el derecho laboral interno. La reparación por las violaciones de los derechos humanos debe comprender una justa indemnización y el resarcimiento de las costas y gastos en que hubieran incurrido las víctimas o sus familias con motivo de la tramitación de la causa ante la justicia, tanto en la jurisdicción interna como internacional. Finalmente, aunque la obtención de una sentencia que ampare las pretensiones de las víctimas es por sí misma una forma de satisfacción, la Corte considera que debido al sufrimiento causado a las víctimas y a sus familias con el despido en las condiciones en que se hizo, el daño moral ocasionado debe además ser reparado mediante una indemnización pecuniaria. La Corte declaró que la Ley 25 violó la Convención pero como ya no forma parte del ordenamiento jurídico panameño, no es pertinente ordenar su derogación. nota 2

En el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo"), la Corte estableció como medida de reparación el reintegro de las víctimas, si ellas lo desean, al Poder Judicial a un cargo equiparable, en cuanto a rango, remuneración y beneficios sociales. En caso de que el Estado no pudiese reincorporarlos al Poder Judicial, por motivos fundados y ajenos a la voluntad de las víctimas, en los seis meses siguientes contados desde la notificación de esta sentencia, se deberá pagar a cada víctima como indemnización, la suma de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional. nota 3

  1. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 71 .
  2. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia Serie C. No. 72 
  3. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
26.41. Aprobación de código de ética garantizando independencia e imparcialidad del órgano disciplinario

En el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo?), la Corte Interamericana dispuso que el Estado debe adoptar medidas necesarias, en el término de un año contados a partir de la notificación de la sentencia, para la aprobación del Código de Ética, en donde se garanticen la imparcialidad e independencia del órgano disciplinario. En primer lugar "permitiendo, inter alia, que sus miembros puedan ser recusados" y en segundo término "regulando un adecuado proceso de nombramiento de sus integrantes y asegurando su estabilidad en el cargo". nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
26.42. Deber del estado de adoptar las medidas legislativas y de otra indole para modificar su derecho interno

· Deber de reformar el ordenamiento jurídico para eliminar la censura previa a exhibiciones cinematográficas

En el Caso La Última Tentación de Cristo la Corte ordena al Estado modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo", y debe rendir a la Corte Interamericana un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto. La Corte estima que la presente Sentencia constituye una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para las víctimas. Respecto a la restitución de los gastos del proceso, la Corte, sobre una base equitativa, estima dichos gastos en una cantidad total de US$ 4.290. nota 1

· Deber de modificar ley sobre pena de muerte por ser incompatible con la Convención

En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, La Corte ordena al Estado de Trinidad y Tobago abstenerse de aplicar la Ley de Delitos contra la Persona y, dentro de un plazo razonable, modificarla, adecuándola a la Convención y otras normas internacionales de derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de ésta, de manera que se garantice el respeto y el goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso legal y a las garantías judiciales. Entre las respectivas modificaciones de la legislación debe quedar incluida la referente a la introducción de diversas categorías (tipos penales) de homicidio intencional, que correspondan a la diversa gravedad de los hechos, tomando en cuenta las circunstancias del delito y del justiciable, y se debe establecer una gradación de los niveles de severidad de la pena que guarde relación con la gravedad de los hechos y con la culpabilidad del imputado. El Estado debe tramitar de nuevo los procedimientos penales correspondientes a los delitos que se imputan a las víctimas del presente caso, aplicando en los nuevos juicios de las 31 víctimas, la legislación penal que resulte de las reformas mencionadas. El Comité Asesor sobre la Facultad del Indulto debe plantear de nuevo los casos de dichas víctimas ante la autoridad ejecutiva competente para pronunciarse sobre esa medida de gracia, previo desarrollo de un trámite ante ese mismo Comité, que se ajuste a las prescripciones sobre el derecho a la vida contenidas en la Convención y con plena observancia de las normas sobre el debido proceso legal consagradas en la misma. nota 2

Para los efectos de las reparaciones, la Corte dispone que el Estado con fundamento en la equidad, se abstenga de ejecutar, en cualquier caso, y cualesquiera que sean los resultados de los nuevos juicios, e incluso con independencia del hecho de si esos nuevos juicios se realizan o no, a las 31 víctimas a las que se refiere este caso. Dado que el Estado privó arbitraria y deliberadamente de la vida a Joey Ramiah, a pesar de que existían medidas provisionales de protección ordenadas por la Corte a su favor, destinadas a evitar esa ejecución hasta tanto los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se hubieran pronunciado con carácter definitivo sobre la materia de este caso, y es presumible que con ello causó perjuicios a la señora Carol Ramcharan y al hijo que tuvo con ésta, Joanus Ramiah, la Corte considera apropiado establecer, en equidad, que Trinidad y Tobago debe proporcionar a la señora Ramcharan una indemnización cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América para el sustento y educación de Joanus Ramiah. Asimismo, esta Corte estima que debe disponer, en equidad, que Trinidad y Tobago proporcione a la madre de Joey Ramiah, señora Moonia Ramiah, una indemnización por la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América tendiente a reparar el daño inmaterial presumiblemente sufrido por ella con ocasión de la ejecución de su hijo. Por último, la Corte considera pertinente y necesario ordenar al Estado que ajuste las condiciones del sistema carcelario a las normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la materia. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, la Corte considera que es equitativo otorgar, la suma total de trece mil dólares de los Estados Unidos de América por concepto de gastos en que incurrieron los representantes de las víctimas en el proceso internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. nota 3

En el Caso Raxcacó Reyes la Corte dispuso que el Estado debe modificar, dentro de un plazo razonable, el artículo 201 del Código Penal vigente, de manera que se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito, con la correspondiente previsión de punibilidades diferentes, proporcionales a aquéllas, así como la atribución al juzgador de la potestad de individualizar las penas en forma consecuente con los datos del hecho y el autor, dentro de los extremos máximo y mínimo que deberá consagrar cada conminación penal. nota 4

· Deber de adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena

En el Caso Fermín Ramírez, la Corte resolvió que el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo. Además, advirtió que en estos casos, no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados. nota 5

En el Caso Raxcacó Reyes la Corte dispuso que el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto o conmutación de pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo. En estos casos no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados. nota 6

· Deber de modificar Ley de Penas Corporales por ser incompatible con la Convención

En el Caso Caesar, la Corte declaró que la Ley de Penas Corporales es incompatible con los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención. En consecuencia, requirió al Estado que adopte, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales. En el mismo sentido, al imposibilitar que la Ley de Penas Corporales sea impugnada, por virtud de la ?cláusula de exclusión? contenida en la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, la Corte ordenó que el Estado enmiende, dentro de un plazo razonable, la mencionada Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, en cuanto imposibilita a las personas el acceso a un recurso efectivo ante un tribunal competente para la protección violaciones de sus derechos humanos. nota 7

· Deber de derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión

En el Caso Palamara Iribarne, la Corte expresó que el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión, de manera tal que se permita que las personas puedan ejercer el control democrático de todas las instituciones estatales y de sus funcionarios, a través de la libre expresión de sus ideas y opiniones sobre las gestiones que ellas realicen, sin temor a su represión posterior. nota 8

· Deber de adecuar el derecho interno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal militar

En el Caso Palamara Iribarne, la Corte estimó que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares. El Estado deberá realizar las modificaciones normativas necesarias en un plazo razonable. Asimismo, el Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares. nota 9

·Deber de adecuar el derecho interno a los estándares internacionales en materia de reclutamiento de menores de 18 años en las Fuerzas Armadas.

En el Caso Vargas Areco, la Corte dispuso que el Estado debe modificar su legislación interna en materia de reclutamiento de menores de 18 años en las Fuerzas Armadas del Paraguay, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. nota 10

· Deber de suprimir la peligrosidad del agente contemplada en el sistema jurídico penal

En el Caso Fermín Ramírez, la Corte resolvió que el Estado debe modificar dentro de un plazo razonable la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se refiere a la peligrosidad del agente, por ser violatoria de la Convención Americana. Tal modificación consistirá en suprimir la referencia a la peligrosidad del agente contemplada en ese precepto. nota 11

· Deber de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad y establecer un recurso efectivo para los casos en que sea denegada la solicitud

En el Caso de las Niñas Yean y Bosico la Corte consideró que la República Dominicana debe adoptar en su derecho interno, dentro de un plazo razonable, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad dominicana, mediante la declaración tardía de nacimiento. Dicho procedimiento debe ser sencillo, accesible y razonable, en consideración de que, de otra forma, los solicitantes pudieran quedar en condición de ser apátridas. Además, debe existir un recurso efectivo para los casos en que sea denegada la solicitud. La Corte consideró que el Estado, al fijar los requisitos para la inscripción tardía de nacimiento, deberá tomar en cuenta la situación especialmente vulnerable de los niños dominicanos de ascendencia haitiana. Asimismo, los requisitos deben estar claramente determinados, ser uniformes y no dejar su aplicación sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios del Estado. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas necesarias y permanentes que faciliten la inscripción temprana y oportuna de los menores, independientemente de su ascendencia u origen, con el propósito de reducir el número de personas que recurran al trámite de inscripción tardía de nacimiento. nota 12

· Deber del Estado de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas

En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte dispuso que, en un plazo razonable, el Estado deberá adoptar en su derecho interno, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto su derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. nota 13

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte dispuso que el Estado debe garantizar el goce efectivo los derechos reconocidos en su Constitución Política y en su legislación, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado, en un plazo razonable, deberá adoptar en su derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto su derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. nota 14

· Deber de adoptar medidas de carácter legislativo, político, administrativo y económico para adecuar la legislación interna a los estándares internacionales sobre los cuerpos de vigilancia penitenciaria, uso de la fuerza de agentes estatales, competencia de la jurisdicción ordinaria, no militar, para la investigación de las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y procedimiento eficaz para su trámite.

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), la Corte dispuso que el Estado debe adecuar, en un plazo razonable, su legislación interna a la Convención Americana. En tal sentido debe: a) incorporar los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la ley; b) poner en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil; c) garantizar un procedimiento o mecanismo eficaz, ante un organismo competente, imparcial e independiente, para la investigación de las quejas que sobre violaciones de los derechos humanos que presenten las personas privadas de libertad, en particular sobre la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales; d) garantiar que las investigaciones por hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos sean adelantadas por fiscales y jueces ordinarios y no por fiscales y jueces militares. nota 15

· Deber de compatibilizar legislación penal con estándares internacionales sobre de desaparición forzada de personas

En el Caso Gómez Palomino, la Corte consideró que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas, con especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. nota 16

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que Estado debe adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. Para ello, el Estado deberá tener en cuenta los alcances del hábeas corpus a la luz de las normas internacionales en la materia y, en particular, la jurisprudencia de este Tribunal, en el sentido de que dicho recurso representa el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención. nota 17

En el Caso Blanco Romero y otros, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de personas, con especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, con la finalidad de que su legislación penal abarque la sanción ?de personas o grupos de personas que actúen con ?la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado?, y no limitarlo a ?la autoridad pública? o ?persona al servicio del Estado?. Además, Venezuela deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que la protección a una víctima de desaparición forzada sea efectiva ante la privación de libertad, ?cualquiera que fuere su forma?, y no limitarla a privaciones ?ilegítimas? de libertad. nota 18

·Deber de adecuar los delitos de tortura y desaparición forzada de personas con los con los estándares internacionales en la materia

En el Caso Goiburú y otros, la Corte dispuso que, en atención a las obligaciones del Estado derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y del artículo 2 de la Convención Americana, y como una garantía de no repetición de los hechos del presente caso, el Estado debe adecuar en un plazo razonable la tipificación de los delitos de ?desaparición forzosa? y tortura contenidas en los artículos 236 y 309 del actual Código Penal a las disposiciones aplicables del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. nota 19

·Deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información que esté bajo el control del Estado

En el Caso Claude Reyes y otros, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados. nota 20

· Obligación estatal de adecuar el ordenamiento interno para corregir imprecisiones en los tipos penales de calumnia e injuria para no lesionar el derecho a la libertad de expresión

En el Caso Kimel, la Corte ordenó al Estado adecuar dentro de un plazo razonable su derecho interno respecto de la Convención en el sentido de corregir las imprecisiones en la tipificación de los delitos de injuria y calumnia a fin de "satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión". nota 21

  1. Caso La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 73 
  2. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otro Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 
  3. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otro Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 
  4. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 133 .
  5. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 126 .
  6. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 133 .
  7. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 123 
  8. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
  9. Para ver los hechos del Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
  10. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 155 
  11. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 126 .
  12. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia Serie C. No. 130 .
  13. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  14. Caso Comunidad Indígena Sawhoyomaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 
  15. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  16. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
  17. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 
  18. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 138 
  19. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
  20. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151 
  21. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 177 
26.43. Obligación de implementar las normas constitucionales referentes a procedimientos e alta corte de justicia

En el caso de Yvon Neptune, la Corte ordenó al Estado, como garantía de no repetición, adoptar de manera rápida, "medidas legislativas" y de otra índole, regulando los procedimientos de la Alta Corte de Justicia, definiendo sus competencias, los procedimientos procesales y las garantías mínimas del debido proceso. nota 1

  1. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Sentencia Serie C. No. 180 
26.44. Deber del estado de otorgar garantías de seguridad para aquellos desplazados que decidan regresar

En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte, consciente de que los miembros de Mapiripán no desean regresar al pueblo debido a que tienen temor de seguir siendo amenazados por los paramilitares consideró que el Estado debe garantizarles su seguridad en el momento en que los ex habitantes decidan regresar a Mapiripán. A tales efectos, el Estado deberá enviar representantes oficiales cada mes a Mapiripán durante el primer año, para verificar el orden y realizar consultas con los residentes del pueblo. Si durante esas reuniones mensuales los habitantes del pueblo expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta con los destinatarios de las medidas. nota 1

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte dispuso que, en el momento en que los ex habitantes decidan regresar a Pueblo Bello, el Estado de Colombia deberá garantizarles su seguridad. A tales efectos, el Estado deberá enviar representantes oficiales a dicho corregimiento periódicamente, para verificar el orden y realizar consultas con los residentes del pueblo. Si durante esas reuniones los habitantes del corregimiento expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta con los destinatarios de las medidas. Además, el Tribunal consideró que el Estado debe implementar, un programa habitacional de vivienda adecuada para los familiares que regresen a Pueblo Bello. nota 2

  1. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  2. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
26.45. Deber del estado de otorgar garantías de seguridad para los miembros de comunidad indígena que decidan regresar a su aldea

En el Caso Comunidad Moiwana vs Surinam, la Corte dispuso que cuando los miembros de la comunidad regresen a su aldea, el Estado deberá enviar representantes oficiales cada mes a la aldea de Moiwana durante el primer año, para realizar consultas con los residentes de Moiwana y, si es del caso, adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad, las cuales serán diseñadas en consulta estricta con sus destinatarios. nota 1

  1. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
26.46. Implementación de un programa de vivienda

En el Caso de las Masacres de Ituango, la Corte dispuso que el Estado debe implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran. El Estado debe desarrollar este programa dentro de un plazo que no excederá cinco años, a partir de la notificación de la Sentencia. nota 1

  1. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
26.47. Deber de restituir el uso y goce de los derechos de propiedad

En el Caso Ivcher Bronstein, la Corte estima que el Estado debe facilitar las condiciones para que el señor Ivcher Bronstein, a quien se ha restituido la nacionalidad peruana, pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., en los términos de la legislación interna. En cuanto al resarcimiento relativo a los dividendos y las demás percepciones que hubieran correspondido al señor Ivcher como accionista mayoritario y funcionario de dicha Compañía, deberá igualmente aplicarse el derecho interno. Para todo ello, las peticiones respectivas deben someterse a las autoridades nacionales competentes. En lo que concierne al artículo 13 de la Convención, la Corte considera que el Estado debe garantizar al señor Ivcher el derecho a buscar, investigar y difundir información e ideas a través del Canal 2-Frecuencia Latina de la televisión peruana. La Corte considera que la obtención de una sentencia que ampare las pretensiones de las víctimas es por sí misma una forma de satisfacción. Sin embargo, estima que, tomando en cuenta los actos de persecución sufridos por la víctima, es pertinente conceder una indemnización adicional por concepto de daño moral. Esta debe ser fijada conforme a la equidad y basándose en una apreciación prudente, dado que no es susceptible de tasación precisa. La Corte estima equitativo conceder a la víctima una indemnización de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América por concepto de daño moral. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que ha sido definida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención. Por consiguiente, el Perú debe investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas para identificar y sancionar a los responsables de las mismas. En lo que respecta a los gastos y costas en el presente caso, la Corte considera que es equitativo otorgar a la víctima como reintegro de las costas y gastos generados en la jurisdicción interna y en la jurisdicción internacional la suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América. nota 1

  1. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 
26.48. Deber del estado de abstenerse de cobrar tasa judicial desproporcionada y fijar honorarios razonables que deberá asumir

En el Caso Cantos, la Corte declaró que el Estado violó en perjuicio de José María Cantos los artículos 8 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. Estas violaciones se originaron al habérsele impuesto al señor Cantos el pago de un monto global de aproximadamente 140.000.000,00 pesos equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América, por concepto de tasa de justicia, multa por falta de pago de la misma, honorarios de los abogados y de los peritos e intereses correspondientes. En aplicación del artículo 63.1 de la Convención, el Estado debe: i) abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma; ii) fijar en un monto razonable los honorarios regulados; iii) asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia, iv) levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados. La Corte estima que la presente Sentencia entraña una reparación moral. En cuanto al reembolso de las costas y gastos causados en el trámite del caso ante la jurisdicción internacional, la Corte considera que debe otorgar a los representantes de la víctima como reintegro de los gastos generados en la jurisdicción internacional un monto de quince mil dólares de los Estados Unidos de América. nota 1

  1. Caso Cantos Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 97 
26.49. Titulación colectiva y restitución del uso y goce del derecho de propiedad sobre territorios tradicionales indígenas

En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, dado que la Corte estableció la violación, por parte el Estado de Nicaragua, de los derechos a la protección judicial y a la propiedad, considera que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas. La Corte también dispone que el Estado deberá proceder a delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Awas Tingni, en un plazo máximo de 15 meses, con la plena participación, y tomando en consideración el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de la Comunidad. Mientras no se hayan delimitado, demarcado y titulado las tierras de los miembros de la Comunidad, Nicaragua debe abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Awas Tingni. nota 1

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para asegurar a los miembros de la comunidad el uso y goce del derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales de los que fueron expulsados. Agregó, que dichas medidas deberán incluir la creación de un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar y titular dichos territorios tradicionales. nota 2

En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte dispuso que, en un plazo máximo de tres años contados a partir de la notificación de la sentencia, el Estado debe delimitar, demarcar, titular y entregar las tierras a la comunidad indígena. Señaló que, en caso de que el territorio tradicional se encuentre en manos privadas, el Estado deberá valorar la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la expropiación o no de esas tierras con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Asimismo, señaló que si por motivos objetivos y fundamentados, no fuere posible la reivindicación del territorio ancestral, el Estado deberá entregarle tierras alternativas, que serán escogidas de forma convenida con la Comunidad. En cualquier caso, la extensión de las tierras deberá ser la suficiente para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la propia forma de vida de la Comunidad. Finalmente, agregó que, de ser necesario, el Estado deberá crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a la Comunidad Yakye Axa, fondo que será destinado bien sea para la compra de la tierra a propietarios particulares o para el pago de una justa indemnización a los perjudicados en caso de expropiación. nota 3

En el Caso López Álvarez, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar medidas tendientes a crear las condiciones que permitan asegurar a los reclusos de los centros penales de Honduras alimentación adecuada, atención médica y condiciones físicas y sanitarias consecuentes con los estándares internacionales sobre la materia, e implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios. nota 4

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte dispuso que el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para, en el plazo máximo de tres años, entregar física y formalmente a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa sus tierras tradicionales. Si por motivos objetivos y fundamentados, la devolución de las tierras ancestrales a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa no fuera posible, el Estado deberá entregarles tierras alternativas, electas de modo consensuado con la comunidad indígena en cuestión, conforme a sus propias formas de consulta y decisión, valores, usos y costumbres. En uno u otro caso, la extensión y calidad de las tierras deberán ser las suficientes para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la propia forma de vida de la Comunidad. nota 5

  1. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 79 
  2. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
  3. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  4. Caso López álvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 
  5. Caso Comunidad Indígena Sawhoyomaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 
26.50. Fortalecimiento de los controles en centros de detención

En el Caso Gutiérrez Soler, la Corte dispuso que Colombia debe adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de detención, con el propósito de garantizar condiciones de detención adecuadas y el respeto a las garantías judiciales. Los referidos mecanismos de control deben incluir, inter alia: a) la realización de exámenes médicos que respeten las normas establecidas por la práctica médica a toda persona detenida o presa. Concretamente, se llevarán a cabo en privado bajo control de los médicos y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno. Dichos exámenes se efectuarán con la menor dilación posible después del ingreso del detenido en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, aquél recibirá atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario; b) la evaluación psicológica regular de los funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de la libertad, con el propósito de asegurar que dichas personas presentan un adecuado estado de salud mental; y c) acceso frecuente a dichos centros para los funcionarios de organismos apropiados de control o de protección de derechos humanos. nota 1

  1. Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 132 .
26.51. Deber del estado de adoptar, como garantía de no repetición, y dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos

En el Caso Caesar, la Corte declaró que las condiciones de detención a las cuales ha sido sometido el señor Caesar no respetan sus derechos a la integridad física y mental y a recibir un trato humano. Por estas razones, la Corte requirió al Estado, para que, como una garantía de no repetición, adopte dentro de un plazo razonable las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos en este tema. nota 1

Esta decisión se reitera en el Caso Fermín Ramírez. nota 2

  1. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C No. 123 
  2. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 126 .
  3. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
26.52. Reconocimiento de responsabilidad en la sentencia como forma de reparación

En cuanto a otras formas de reparación, la Corte considera que la sentencia en que se reconoce la responsabilidad del Estado infractor de la Convención, constituye per se una forma de reparación. nota 1

  1. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú Sentencia Serie C. No. 119 . Caso Tibí Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 . Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 . Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 . Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 . Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 . Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 . Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 . Caso López Alvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 . Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 144 . Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 158 . Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 

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