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3. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno: artículo 2 de la convención

3.1. Deber de eliminar normas de derecho interno que violan derechos como la libertad personal

En el Caso Suárez Rosero, la Corte se refirió a un artículo sin numeración incluido después del artículo 114 del Código Penal ecuatoriano (en adelante ?artículo 114 bis?). La norma establece que las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso. De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas en libertad por el tribunal que conozca el proceso. Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. De acuerdo con la Corte, el artículo 2 de la Convención determina que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Como la Corte ha sostenido, los Estados no pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Aunque las dos primeras disposiciones del artículo 114 bis del Código Penal ecuatoriano asignan a las personas detenidas el derecho de ser liberadas cuando existan las condiciones indicadas, el último párrafo del artículo contiene una excepción a dicho derecho. La Corte considera que esa excepción despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra y lesiona a todos los miembros de dicha categoría de inculpados. En el caso concreto del señor Suárez Rosero esa norma ha sido aplicada y le ha producido un perjuicio indebido. A juicio de la Corte, esa norma viola el artículo 2 de la Convención, independientemente de que haya sido aplicada en este caso. En conclusión, la Corte señala que la excepción contenida en el artículo 114 bis infringe el artículo 2 de la Convención por cuanto el Ecuador no ha tomado las medidas de derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la Convención. nota 1

  1. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
3.2. Deber de eliminar ley que establece la pena de muerte sin respetar las restricciones establecidas por la convención

En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, la Corte sostuvo que si los Estados tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. La Corte estima que aun cuando no se ha ejecutado a 31 de las presuntas víctimas en este caso, es posible declarar una violación del artículo 2 de la Convención, en virtud de que la sola existencia de la Ley de Delitos contra la Persona es violatoria de esa disposición convencional, pues en el caso de las leyes de aplicación inmediata, la violación de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición. De lo anterior se infiere que como Trinidad y Tobago no ha adecuado su legislación a la Convención, ha incumplido la obligación impuesta a los Estados por el artículo 2 de la misma. Por lo tanto, la Corte concluye que el Estado de Trinidad y Tobago incumplió la obligación establecida en el artículo 2 de la Convención en perjuicio las 32 personas a las que se refiere este caso. nota 1

En el Caso Boyce y otros, los señores Lennox Boyce, y Jeffrey Joseph; Frederick Atkinsy Michael Huggins fueron sentenciados y condenados por los delitos de homicidio, a la pena de muerte mediante la horca, en juicios y sentencias diferentes, con fundamento en la Ley de Delitos contra las Personas de 1994 de Barbados, que en su artículo 2, decía: ?[c]ualquier persona condenada por homicidio será sentenciada a, y sufrirá, la muerte?

La Corte al considerar que el Estado incumplió con la obligación dela artículo 2 en relación con los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tuvo en cuenta que: ?La Corte ya ha manifestado que dicha imposición arbitraria de la máxima e irreversible pena de muerte, sin consideración de las circunstancias individuales del delito y la participación y culpabilidad del delincuente, viola los derechos consagrados en el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento (supra párrs. 62 y 63).? Y al ?Al analizar la cuestión desde la perspectiva del artículo 2 de la Convención, el Tribunal considera que, salvo por la existencia del artículo 2 de la LDCP, no se hubiese violado el derecho a la vida de las presuntas víctimas (supra párrs. 49 a 63). El artículo 2 de la LDCP es, por lo tanto, una norma que impide el ejercicio del derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y, de este modo, es per se contraria a la Convención y el Estado tiene el deber de suprimirla o eliminarla de conformidad con el artículo 2 de dicho instrumento.? nota 2

  1. Caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 .
  2. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Sentencia Serie C. No. 169 .
3.3. Deber de eliminar del derecho interno las leyes que establezcan amnistía

En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. En vigencia de la Ley No. 26.479, por la cual se concedía amnistía al personal militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 16 de junio de 1995, aplicó el beneficio de amnistía sobre personal militar, que en algunos casos había sido condenado. La Corte observó que la Ejecutoria Suprema de 16 de junio de 1995 del Consejo Supremo de Justicia Militar constituyó un acto de aplicación de las leyes de amnistía y surtió efectos hasta que ese mismo órgano declaró la nulidad de ese acto mediante Ejecutoria Suprema de 16 de octubre de 2001, en acatamiento de disposiciones internas y de lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos. Ese acto de aplicación de las leyes de amnistía fue dictado con el propósito de dejar en la impunidad a quienes había inicialmente investigado y condenado en uno de los procesos penales militares y significó una obstaculización durante un período para la investigación, enjuiciamiento y sanción de presuntos responsables de los hechos, así como un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de garantía, en perjuicio de los familiares de las víctimas. En razón de lo anterior, la Corte concluye que, durante el período en que las leyes de amnistía fueron aplicadas en el presente caso, el Estado incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención contenida en el artículo 2 de la misma, en relación con los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares. nota 1

  1. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
3.4. Deber de eliminar normas que permitan la imposición de tasas de justicia desmedidas y honorarios excesivos, que impidan el acceso a la justicia

En el Caso Cantos, respecto del artículo 2 de la Convención, la Corte observa que la aplicación de la tasa judicial y los honorarios de acuerdo con la ley, condujeron a que se cobraran sumas exorbitantes, con el efecto de obstaculizar el acceso del señor Cantos a la justicia. Las autoridades judiciales han debido tomar todas las medidas pertinentes para impedir que se produjese esa situación, y para lograr que se hicieran efectivos el acceso a la justicia y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. El deber general del Estado, establecido en el artículo 2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías. No obstante lo anterior, la Corte observa lo siguiente: por una parte, existen normas internas en la Argentina que ordenan liquidar y pagar por concepto de tasa de justicia y de honorarios de abogados y peritos sumas exorbitantes, que van mucho más allá de los límites que corresponderían al cubrimiento razonable de los costos generados por la administración de justicia y a la equitativa remuneración de un trabajo profesional calificado. Por otra parte, también existen disposiciones que facultan a los jueces para reducir el cálculo de la tasa y de los honorarios aludidos a límites que los hagan razonables y equitativos. Es, asimismo, del conocimiento de este Tribunal, que la Suprema Corte de Justicia de Argentina ha invocado la posibilidad de hacer prevalecer en las causas judiciales de orden interno las disposiciones de los tratados internacionales, lo cual ha llevado a que los jueces hayan aplicado directamente la Convención, modificando los alcances del orden normativo nacional. Este Tribunal no encuentra fundamento para considerar que el Estado ha incumplido el artículo 2 de la Convención porque su orden jurídico, considerado en su integridad, no lleva necesariamente a impedir el acceso a la justicia. En todo caso sería aconsejable que el Estado suprimiera de su ordenamiento jurídico las disposiciones que pudiesen dar lugar a la imposición de tasas de justicia y al cálculo de honorarios que, por ser desmedidas y excesivos, impidieran el cabal acceso a la justicia. Y a su vez adopte el conjunto de medidas tendientes para que la tasa de justicia y el cobro de honorarios no se transformen en obstáculos para hacer efectivo los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención. nota 1

  1. Caso Cantos Vs. Argentina. Serie C. No. 97 .
3.5. Violación por parte del estado de su obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con la convención americana y la convención interamericana sobre desaparición forzada.

En el Caso Gómez Palomino, en la madrugada del 9 de julio de 1992, la víctima fue objeto de desaparición forzada por cuenta de un grupo de hombres y mujeres armados que entraron a su casa y se lo llevaron, sin presentar una orden judicial o administrativa ni informar el motivo de la detención o el sitio a donde lo trasladaban, luego fue ejecutado, sus restos siguen sin encontrarse y la investigación penal no ha sobrepasado su fase preliminar. La Corte advirtió que los Estados deben tipificar el delito de desaparición forzada. Esta tipificación debe hacerse tomando en consideración el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, donde se encuentran los elementos que debe contener el tipo penal en el ordenamiento jurídico interno. La Corte expresó que si bien el tipo penal contemplado en el artículo 320 del Código Penal Peruano permite la penalización de ciertas conductas que constituyen desaparición forzada de personas, la norma no está conforme con los presupuestos exigidos por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, por las siguientes razones: 1) El artículo 320 del Código Penal del Perú restringe la autoría de la desaparición forzada a los ?funcionarios o servidores públicos?.; 2) no lo incluye la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas 3) la ambigua exigencia de la ?debida comprobación? de la desaparición forzada no permite al Estado cumplir a cabalidad sus obligaciones internacionales. La Corte expresó que valora positivamente los esfuerzos realizados por el Perú para la reforma del citado artículo 320 del Código Penal, sin embargo, observó que estas medidas no han sido concretadas para lograr su efectiva adecuación a la normativa internacional vigente sobre la desaparición forzada de personas. Por todo lo anterior, la Corte consideró que el Estado no ha cumplido las obligaciones que le imponen el artículo 2 de la Convención Americana, para garantizar debidamente los derechos a la vida, la libertad personal y la integridad personal del señor Santiago Gómez Palomino, y el I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, por lo que corresponde al Estado adecuar su legislación interna para compatibilizarlo con sus obligaciones internacionales. nota 1

  1. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
3.6. Violación por parte del estado de su obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con la convención y de derogar o anular aquellas incompatibles como una ley de penas corporales

En el Caso Caesar, el señor Caesar fue sometido a un castigo corporal de flagelación, en aplicación de la sentencia emitida por la High Court de Trinidad y Tobago, en los términos de la Ley de Penas Corporales. La Corte consideró que la naturaleza misma de estas penas refleja una institucionalización de la violencia que, pese a ser permitida por la ley, ordenada por las autoridades judiciales y ejecutada por las autoridades penitenciarias, constituye una sanción incompatible con la Convención. De esta forma, la Corte declaró la incompatibilidad de la Ley de Penas Corporales con la Convención Americana. Una vez que la Convención entró en vigor para Trinidad y Tobago, el Estado debió haber adaptado su legislación de conformidad con la obligación general establecida en el artículo 2 de la Convención de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en dicho tratado. En consecuencia, por el hecho de que el Estado no derogó o de cualquier manera anuló dicha ley después de la ratificación de la Convención, la Corte declaró que Trinidad y Tobago incumplió con las obligaciones establecidas en el artículo 2 de la Convención, en relación con el artículo 5.1 y 5.2 de la misma. nota 1

  1. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 123 
3.7. Violación de los deberes generales de respeto y garantía de los derechos y de adoptar medidas de derecho interno por aplicación de legislación de emergencia que suprime garantías previstas en la convención

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte reitera su jurisprudencia sobre el alcance de la obligación que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos, contenida en el artículo 1.1 de la Convención y sobre el deber de abstenerse de dictar medidas que violen los derechos, contemplado en el artículo 2 de la Convención. La Corte sostiene que el Estado, al someter a las víctimas del presente caso a procedimientos violatorios de diversas disposiciones de la Convención, ha incumplido su deber de respetar los derechos reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como dispone el artículo 1.1. La Corte declara que las disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por el Estado para hacer frente al terrorismo, y en particular los Decretos-Leyes aplicados a las víctimas, infringen el artículo 2 de la Convención, por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivos los derechos consagrados en la misma y así lo declara la Corte. El deber general del artículo 2 de la Convención implica la adopción de medidas en dos vertientes: i) la supresión de las normas y prácticas que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención; ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Evidentemente, el Estado no ha llevado a cabo, en lo que atañe a las disposiciones aplicables al juicio de los inculpados, lo que debiera realizar a la luz del artículo 2 de la Convención. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Como la Corte ha declarado que las normas internas que hacen aplicable a civiles la justicia militar son violatorias de los preceptos de la Convención, el Estado debe adoptar las medidas apropiadas para reformar dichas normas y asegurar el goce de los derechos consagrados en la Convención a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción alguna. nota 1

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 . Reiterado en el Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .
3.8. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y de adoptar medidas de derecho interno

En el Caso Durand y Ugarte la Corte encontró que, el Estado de Perú violó los derechos a la vida, libertad, protección judicial y garantías judiciales (artículos 4.1, 7.1, 7.5, 7.6, 8.1 y 25.1) en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, por lo que el mismo no ha cumplido con su deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de la Convención. Además, en el presente caso se incumplió el deber de adecuar la normatividad interna (artículo 2), por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivos los derechos consagrados en la misma. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado ha incumplido las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .
3.9. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno por limitar el habeas corpus

Como lo ha sostenido la Corte, los Estados Partes en la Convención no pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella. Incluso se ha afirmado que una norma puede violar el artículo 2 de la Convención, independientemente de que haya sido aplicada en un caso concreto. En el Caso Cantoral Benavides, la Corte estableció que el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5, 5.1 y 5.2, 8.1, 8.2, 8.2.c), d), f) y g), 8.3, 8.5, 9, 7.6 y 25.1 de la Convención en perjuicio del señor Cantoral Benavides, lo cual significa que no ha cumplido con el deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, que establece el artículo 1.1 de la misma. Además, las disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por Perú para hacer frente al fenómeno del terrorismo, y en particular los Decretos Leyes aplicados al señor Luis Alberto Cantoral Benavides, violan el artículo 2 de la Convención, por cuanto prohiben el acceso al hábeas Corpus a procesados por el delito de terrorismo. En consecuencia, la Corte declara que el Estado ha incumplido las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .
3.10. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y del deber de adoptar disposiciones de derecho interno por aplicar retroactivamente la ley

La Corte estima que en el Caso Baena Ricardo y otros, el Estado de Panamá violó el principio de legalidad, las garantías y protección judiciales y la libertad de asociación (artículos 9, 8.1, 8.2, 25 y 16) en perjuicio de los 270 trabajadores, lo cual significa que no ha cumplido con el deber general, establecido en el artículo 1.1 de la Convención, de respetar los derechos y libertades y de garantizar su libre y pleno ejercicio. Además, la emisión y aplicación de la Ley 25, con efecto retroactivo, son violatorias de preceptos convencionales y revelan que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. Por las anteriores consideraciones, la Corte declara que Panamá incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia Serie C. No. 72 .
3.11. Obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno por normas que establecen la censura cinematográfica

En el Caso La Última Tentación de Cristo, La Corte se refirió al deber general del Estado, de adoptar medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías. Dado que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión a los denunciantes (artículo 13), se tiene como consecuencia que ha incumplido el deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en aquélla y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de la Convención.

Además, la obligación según la cual el Estado debe adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno (artículo 2 de la Convención), implica que las medidas a tomar se consideren efectivas solo cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención. En el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento jurídico chileno, el Estado está incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a la Convención para hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, como lo establecen los artículos 2 y 1.1 de la Convención. La Corte tiene presente que el Gobierno de Chile presentó un proyecto de reforma constitucional para eliminar la censura cinematográfica, porque ello puede conducir a adecuar el ordenamiento interno a la requerida protección de la libertad de pensamiento y expresión. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido a partir de la presentación del proyecto de reforma al Congreso no se han adoptado aún, las medidas necesarias para eliminar la censura cinematográfica y permitir, así, la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo." En consecuencia, la Corte declara que el Estado ha incumplido los deberes generales de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención y de adecuar el ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de ésta, consagrados artículos 1.1 y 2. nota 1

  1. Caso La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 73 .
3.12. Obligación de respetar los derechos y deber de adoptar las medidas internas necesarias para dar pleno cumplimiento a las sentencias de los órganos judiciales

En el Caso Cinco Pensionistas, la Corte nota que el estado violó los derechos humanos consagrados en los artículos 21 y 25 de la convención, en perjuicio de los demandantes por lo que incumplió con el deber general, establecido en el artículo 1.1 de la convención, de respetar los derechos y libertades consagrados en la convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio. La Corte observa además que el Estado, al haberse abstenido de adoptar por un largo período de tiempo el conjunto de medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y consecuentemente hacer efectivos los derechos consagrados en la convención americana (artículos 21 y 25), incumplió la obligación estipulada en el artículo 2 de la Convención.. nota 1

  1. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Sentencia Serie C No. 98 .
3.13. Violación del deber de adopción de medidas de derecho interno para evitar la violación de los derechos de los niños (artículo 19)

En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, Después de tres incendios a la institución de detención de menores propiciados por el amotinamiento de algunos de los menores y tras haber muerto varios de los que se encontraban el Instituto, el Estado decidió cerrar el establecimiento, en el año 2001.Las condiciones del Instituto eran deplorables y en vez de ser rehabilitados en el Instituto para una reinserción satisfactoria en la sociedad, los internos fueron sometidos a sufrimiento diario y, por tanto, a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, el cual, en parte, explicaba el alto índice de reincidencia de los mismos. El Estado cubrió diversos gastos ocasionados respecto de los internos fallecidos y heridos, tales como algunos montos correspondientes a atención médica y psicológica y gastos funerarios, pero estas medidas no beneficiaron a todos los afectados, ya que los familiares de algunas de las presuntas víctimas también debieron proporcionarles medicamentos y pagar gastos funerarios. En la jurisdicción interna se interpuso un recurso de hábeas corpus, y se abrieron dos procesos civiles y dos procesos penales. Los dos procesos civiles se encuentran en la etapa inicial, mientras los penales fueron archivados por falta de prueba. nota 1

La Corte concluye que el Estado, al no establecer un órgano jurisdiccional especializado para niños, ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en consideración de manera adecuada su situación especial, violó el artículo 2 en relación con el artículo 19. nota 2

  1. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .
  2. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .

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