› Observatorio de Justicia Constitucional
» Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Tabla de Contenidos
  • Mostrando únicamente sección 8
8. Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la convención)

8.1. La falta de respeto de las garantías de la persona en torno al derecho de libertad personal conlleva la violación de ese derecho: irregularidades en la orden y boleta de detención

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas, entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año.

Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como hábeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el hábeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva.

En la audiencia pública celebrada en este caso, la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte estableció la violación del derecho a la libertad individual, con respecto al derecho a que ?nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.? ?artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y a la protección del derecho a la libertad ?artículo 7.1 de la Convención, en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1, porque: 1- las irregularidades en la detención del señor Lapo relacionadas con la fechas de la orden de detención, que es posterior a la captura y a la boleta de detención que impidieron establecer la inexistencia de la autorización judicial previa a la detención a la detención, sin que por otro lado existiera explicación razonable por parte del Estado y 2- cualquier violación de los numerales 2 al 7 de la Convención conlleva necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, ya que el irrespeto de las garantías de la persona privada de la libertad implica la falta de protección de su propio derecho a la libertad. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
8.2. Violación del derecho a la libertad personal: falta de prueba de que las autoridades informaron sobre las razones de la detención y desconocimiento del derecho interno

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el habeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como habeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el hábeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva
En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ? artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte consideró violado el derecho a la libertad personal del señor Chaparro, en sus contenidos de los artículos 7.4 y 7.2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, respectivamente porque : 1- el Estado no probo que las autoridades le hubieran informado sobre los motivos y razones de su detención y 2- tal situación es contraria al ordenamiento interno ecuatoriano.

La Corte señaló que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención conlleva necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma. La falta de respeto a las garantías de la persona privada de produce la falta de protección del propio derecho a la libertad. También en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
8.3. No es necesario el pronunciamiento de la corte sobre la violación del derecho que tiene toda persona detenida a ser informada de las razones de su detención cuando ese tribunal, en el mismo caso, ha calificado la detención como ilegal

En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como hábeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el hábeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte consideró que no es necesario pronunciarse sobre la violación del derecho que tiene toda persona detenida a ser informada de las razones de su detención - 7.4 de la Convención Americana - , como en la situación del señor Lapo, cuando la Corte en ese mismo caso, calificó de ilegal su detención, violando el artículo 7.2 de la Convención nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
8.4. Violación del derecho a la libertad personal de forma continuada y de las obligaciones de la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas por la desaparición forzada de la víctima

En el Caso Heliodoro Portuga, el señor Heliodoro Portugal fue detenido el 14 de mayo de 1970, dentro de un café, por dos personas vestidas de civil, quienes lo introdujeron con uso de la fuerza, dentro de un vehículo en que se lo llevaron. La víctima quien al momento de la privación de la libertad tenía 36 años, de ocupación tipógrafo, vivía con su compañera permanente, con quien tuvo dos hijos, había sido dirigente estudiantil y simpatizante y promotor del "Movimiento de Unidad Revolucionaria" liderado por el señor Floyd Britton, opositor al régimen militar de Panamá.

La búsqueda sobre su paradero realizada por su compañera permanente, su hija, quien presentó denuncia sobre la desaparición de su padre ante el Comité Nacional de Derechos Humanos de Panamá, y otros familiares fue infructuosa. Tanto los familiares como una Comisión de la Verdad, que se conformó una vez el Estado panameño había retornado a la democracia, tuvieron noticias, por medio de un testigo, que al señor Portugal lo habían encerrado en una casa, centro clandestino de interrogatorio, en donde se le preguntaba por el señor Floyd Britton. Después señaló el testigo fueron vendados y trasladados al cuartel de Tocumen y no supo más de la víctima desde cuando el testigo fue llevado a la Cárcel de La Chorrera

En mayo de 1990, restablecida la democracia, el Estado panameño aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo mes y año, la hija de la víctima presentó una denuncia, por la detención y desaparición de su padre, ante la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, ocurrida en 1970, señalando que dadas la situación política del país no era posible en esa época, presentar denuncia ante el Ministerio Público.

Como resultado de una orden del Ministerio Público, en septiembre de 1999, para buscar los restos de un sacerdote ?supuestamente también desaparecido 20 años atrás-, en las excavaciones realizadas en un antiguo cuartel en Tocuman, se encontró los restos de una persona, que fueron sometidos a pruebas de ADN, dando resultado negativo para identificar a quien inicialmente se estaba buscando. La misma prueba se practicó a familiares de personas desparecidas durante el régimen militar panameño, incluyendo a los de la víctima de este caso, determinándose, por parte del laboratorio, el 22 de agosto de 2000, que los restos correspondían al señor Heliodoro Portugal. El examen médico legal efectuado en septiembre de 1990, estableció, de los restos óseos encontrados, la existencia de señales de tortura y de lesiones físicas de tal magnitud que le pudieron haber causado la muerte.

Frente a esta prueba y resultado de iniciativa particular, el Estado ordena una prueba oficial y en septiembre de 2001, comunica que los restos que fueron identificados y entregados a la familia Portugal no correspondían al señor Heliodoro Portugal. Para resolver esta contradicción en los dictámenes, se consultó la opinión experta de una antropóloga forense, quien en octubre de 2001 determinó que el primer examen no mostraba ninguna evidencia de contaminación, mientras que el segundo sí, por lo que se determinó que el cuerpo que fue encontrado pertenecía a Heliodoro Portugal.

La privación de la libertad y la posterior desaparición de la víctima tiene como marco, la situación de Panamá, que sufre un golpe de estado en octubre de 1968, por parte de miembros de la Guardia Nacional, suspendiendo las garantías individuales, disolviendo la Asamblea Nacional y nombrando una Junta de Gobierno, compuestas por militares.

En ese periodo, entre octubre de 1968 y diciembre de 1989, cuando se produjo la invasión estadounidense, estuvieron en el gobierno presidentes militares y civiles. A partir y como consecuencia del golpe de Estado se suspendieron ciertos artículos constitucionales, hubo censura de medios de comunicación, control del orden público en las calles, limitación de movimientos, toque de queda y prohibición de reuniones, supresión de los partidos políticos y se efectuaron arrestos y detenciones

La Comisión de la Verdad documento muchos casos de desaparición forzada y de asesinatos a manos de agentes estatales. Quedo establecido la practica de desapariciones forzadas de personas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El mayor número de muerte y desapariciones corresponde a los tres años de la dictadura militar, dentro de la época de los hechos cuya víctima fue Heliodoro Portugal

Autoridades panameñas, Corte Suprema de Justicia y una Procuradora en audiencia pública ante la Corte Interamericana, reconocieron que para el periodo y fecha de la desaparición de la víctima, imperaba en Panamá un régimen que impedía un acceso libre a la justicia.

El Estado de Panamá ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el 28 de febrero de 1996.

La Corte declaró que el Estado violo el derecho a la libertad personal de manera continua ?artículo 7º de la Convención Americana sobre derechos humanos-, en relación con el incumplimiento del deber de garantiza los derechos humanos ?artículo 1.1. de la Convención- e incumplió los deberes relacionados con impedir la ocurrencia de la práctica de desaparición forzada de personas, sancionar a los responsables de esta práctica y adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales o de cualquier otra índole para cumplir con los compromisos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas ?artículo I , en relación con el artículo II de la Convención Interamericana- en tanto que la privación de la libertad sin que se informara sobre el paradero de la víctima, constituyó el inicio de la desaparición forzada, conducta que tiene carácter continuo y permanente y que en este caso culminó con la identificación de los restos de la víctima.

La Corte concluye que la responsabilidad del Estado sobre la desaparición forzada y el derecho a la libertad personal, es a partir del 9 de mayo de 1990, fecha en la cual el Estado aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en relación con el incumplimiento y violación del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación con el artículo II de la misma Convención, lo fue desde el 28 de febrero de 1996, cuando el Estado ratificó la Convención. nota 1

  1. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Serie C. No. 186 
8.5. Violación del derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria, omisión de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detención y no disposición del detenido ante autoridad judicial competente

En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, entre ellas, Servellón García y Betancourth Vásquez, menores de edad, fueron colectivamente detenidas, sometidas, de forma ilegal y arbitraria, a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención, posteriormente, ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. De conformidad con el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado y lo establecido por la Corte, la detención de las víctimas constituyó una detención colectiva y programada, sin orden de detención y sin haber sido aprehendidas en flagrante delito, con violencia excesiva y sin razón justificada. Las autoridades no informaron a los padres de los menores sobre su detención. Las víctimas no fueron puestas en libertad a pesar de que la Juez de Policía dictó una resolución que lo disponía, quedando detenidas clandestinamente, ya que estas aparecían en el listado de las personas liberadas el 16 de septiembre de 1995, y dicha Juez tampoco se aseguró que se hiciera efectiva la mencionada resolución. En el presente caso, la Corte concluyó que, por haber faltado a sus deberes de respeto, prevención y protección del derecho a la libertad personal por la detención ilegal y arbitraria, el Estado tiene responsabilidad internacional por la violación de los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez. nota 1

En el Caso Escué Zapata, el 1de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del ejército colombiano entraron de manera violenta en la casa del señor Germán Escué Zapata, sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, detuvieron al señor Escué Zapata. Tiempo después se encontró su cuerpo sin vida, con signos de maltrato. La Corte consideró que la detención del señor Escué Zapata constituyó un acto ilegal, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era ponerlo a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley, sino ejecutarlo, lo cual releva al Tribunal de pronunciarse acerca de la denunciada arbitrariedad de tal medida. Es decir, su detención fue de carácter manifiestamente ilegal, contrario a los términos del artículo 7.1 y 7.2 de la Convención. Adicionalmente, la Corte consideró, para los efectos de la determinación de la violación del artículo 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, que en este caso el Estado no ha garantizado efectivamente este derecho, por la vía de una investigación seria, completa y efectiva de lo ocurrido. nota 2

  1. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
  2. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
8.6. Violación del derecho a la libertad personal y de sus garantías por privación ilegal y arbitraria de la libertad; demora en la notificación de cargos y falta de juzgamiento dentro de plazo razonable: falta de competencia de juez y libertad por motivos que no definen situación de la víctima

En el Caso Yvon Neptune, al señor Yvon Neptune, ex Primer Ministro de Haití durante el gobierno del ex presidente Jean Bertrand Aristrid, entre el 2002 hasta marzo de 2004 se le dictó una orden de arresto, en marzo de 2004, expedida por una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia, como "inculpado de haber ordenado y participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio de varias casas en el curso del mes de febrero de 2004".

Estos hecho habían ocurrido en un contexto en Haití de polarización y violencia política, inseguridad pública, deficiencias institucionales, protestas, represiones y enfrentamientos entre los opositores del Presidente Aristide, que pedían su dimisión y sectores de la Policía Nacional, que culminaron con la salida del país del ex presidente a la República Central Africana y el establecimiento de un gobierno de transición.

Dicho gobierno solicitó la intervención de la Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, que estableció una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) y posteriormente la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, entre otros aspectos, para "proveer un entorno seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, así como vigilar la situación de los derechos humanos en el país". En el 2006, Haití regresa a la legalidad constitucional expresado en la elección del Presidente de la República, señor René Préval.

De conformidad con la descripción de los hechos realizada por la Comisión Interamericana: un grupo antigubernamental se tomó, el 7 de febrero de 2004, tras varios día de combate, el destacamento de la policía de la ciudad de Saint-Marc, recuperado dos días después por la policía con la ayuda de un grupo progubernamental. Ese mismo día, 9 de febrero, se produce la visita del ex Primer Ministro, señor Neptune, en donde exhorta a la policía a imponer el orden y defender la ciudad de las bandas que se dirigían por esa ciudad hacia la capital de Haití, Port ? au ? Prince. Dos días después, a la mencionada visita, la policía y el grupo de civiles que la apoyaban ingresaron a un barrio de la ciudad, considerado bastión del grupo antigubernamental, y según los informes como resultado del enfrentamiento resultaron varias personas muertas y heridas y se habría quemado y ejercido vandalismo sobre viviendas y automóviles ?Según testigos, algunas personas fueron deliberadamente quemadas en sus casas. [?]?

En este contexto, dos días después de ordenado el arresto del señor Neptune , el gobierno le prohibió salir del país. Posteriormente, en junio de 2004, el imputado se presenta y se entrega a la policía , tras haberse enterado por radio de la orden de arresto. Al momento del arresto se le enseñó la orden respectiva, pero de acuerdo con la Comisión Interamericana no se le informó sobre las razones de su detención ni sobre cuáles eran sus derechos. Se le detuvo en una penitenciaría nacional, después en el anexo de tal penitenciaría, para luego, dos años y un mes después, ser liberado por razones humanitarias.

Esta liberación "por razones humanitarias" fue ordenada por la Corte de Apelaciones de Gonaïves, por aplicación de la action en main levée (libertad provisional bajo el artículo 80 del Código de Instrucción Criminal), quedando sin embargo a disposición de la justicia para todo asunto relacionado con la acusación, es decir que el proceso penal continuó.

En cuanto al desarrollo procesal, el 25 de mayo de 2005 el señor Neptune compareció ante la Jueza de Instrucción encargada para efectos de la legalidad de su detención. Solo hasta el cierre de la investigación, el 14 de septiembre de ese mismo año, se le formularon formalmente los cargos, por conductas relacionadas con la masacre de la Scierie ocurrida el 11 de febrero de 2004; se interpuso recurso de apelación contra el auto de cierre; el fiscal del caso recomendó, en las audiencias, retirar los cargos contra la víctima por falta de pruebas y se solicitó su libertad provisional, petición que fue rechazada.

La Corte de apelaciones además de ordenar la libertad del señor Neptune por razones humanitarias, también señaló que en su caso, dada su calidad de Primer Ministro al momento de los hechos, el procedimiento que debía seguirse, de acuerdo con la Constitución de la República de Haití, era de naturaleza política ante el Senado, constituido en Alta Corte de Justicia, sin que por otro lado. Tal decisión no le fue notificada al imputado, no constituye absolución ni implica que no pueda sometérsele a proceso penal, puede ser apelada en casación y no valoró las cusas y fines d su privación de las libertad ni de la su responsabilidad.

De la Constitución y legislación de la República de Haití en relación con la Alta Corte de Justicia, se estableció que no existe claridad sobre los procedimientos para su conformación y los que se deben seguir ante ella ni tampoco cuáles son las garantías de quienes deban ser sometidas a su competencia.

La Corte estableció las violaciones de las garantías del derecho a la libertad personal ?artículo 7.1. Convención Americana sobre derechos humanos, en relación con las personas detenidas respecto de no serlo ilegal ni arbitrariamente -arts. 7. 2 y 7.3 de la Convención- ; a ser notificada de los cargos, sin demora y a ser llevado ante un juez ?sin demora? y ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad ?arts. 7.4 y 7.5 Convención-, porque: 1- su detención fue realizada dentro de un proceso viciado por falta de competencia del tribunal que ordenó el arresto; 2- la formulación de cargos se efectuó catorce meses después de su arresto y 3- su libertad por motivos humanitarios, permitió la probabilidad de la existencia de cargos en su contra y de que pudiera ser detenido. nota 1

  1. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Sentencia Serie C. No. 180 
8.7. Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por detención arbitraria, omisión de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detención, e ineficacia del recurso de habeas corpus

En el Caso López Álvarez, el día 27 de abril de 1997, el señor Alfredo López Álvarez fue detenido en flagrante delito por agentes de la policía y le fue decomisada una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida. En el momento de la detención, las autoridades estatales no le notificaron las razones de su detención ni los cargos formulados en su contra. El 28 de abril de 1997 el Ministerio Público puso a disposición del Juzgado de Letras Seccional de Tela al señor López Álvarez. El 29 de abril de 1997 la presunta víctima rindió declaración indagatoria ante la Jueza del mencionado Juzgado, sin contar con la asistencia de un abogado defensor, el cual solamente recibió acreditación ante el juez el 2 de mayo de 1997. En la indagatoria ante los agentes estatales de la Dirección de Investigación Criminal, la víctima fue objeto de maltrato físico y sicológico con los interrogantes que le hacían con el objetivo de incriminarlo, pese a lo cual la presunta víctima no aceptó los cargos. El Juzgado dictó auto de prisión preventiva en contra del señor Alfredo López Álvarez, el 2 de mayo de 1997, cinco días después de la detención. El 4 de agosto de 1997 el señor Alfredo López Álvarez solicitó ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela la revocación del auto de prisión preventiva dictado el 2 de mayo de 1997. El 7 de agosto de 1997 el referido Juzgado consideró sin lugar la solicitud interpuesta por la presunta víctima, por considerar ajustado a derecho el auto de prisión. Dentro del proceso, la sustancia decomisada fue objeto de dos análisis, uno el 14 de mayo de 1997 y otro el 4 de mayo de 1998, respectivamente, cuyos resultados fueron contradictorios. El primer dictamen sostuvo que la sustancia decomisada era cocaína; el segundo manifestó lo contrario. El señor Alfredo López Álvarez fue procesado por delito de tráfico de drogas.

El 7 de noviembre del año 2000 el juez dictó sentencia condenatoria, pero fue anulada el 2 de mayo de 2001 por la Corte de Apelaciones de la Ceiba; en cuya decisión se ordenó retrotraer el juicio a la etapa del sumario. En el presente caso la señora Teresa Reyes, esposa de la víctima, interpuso el recurso de hábeas corpus, a nombre del señor Alfredo López Álvarez, el 20 de julio de 2001, fundamentado en el retardo injustificado en la tramitación de la causa penal, que había convertido su detención en ilegal, pues había transcurrido más de 50 meses, desde la fecha que se puso a los imputados en disposición judicial, hasta el momento de interposición del habeas corpus. El 23 de julio de 2001 la Corte de Apelaciones de la Ceiba declaró improcedente el recurso, al señalar que la detención no fue ilegal, sin referirse expresamente al plazo de detención. El 13 de enero de 2003, el Juzgado se manifestó sobre la contradicción de la prueba y concluyó que no había evidencia del delito. Dicho fallo fue confirmado el 29 de mayo de 2003 por sentencia de la Corte de Apelaciones de la Ceiba. No obstante el fallo absolutorio, el señor Lopez Alvarez permaneció detenido hasta el 26 de agosto de 2003. Durante más de seis años y cuatro meses en que estuvo privado de libertad el señor Alfredo López Álvarez en los centros penales de Tela y de Támara, permaneció en compañía de reclusos condenados y sufrió las precarias condiciones de dichos centros penitenciarios. En el año 2000 el Director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna de dicho centro penal, en la cual se incluía el señor Alfredo López Álvarez, a hablar en su idioma materno.

Para la Corte, la detención del señor Alfredo López Álvarez no fue ilegal en sí misma, pues ésta se realizó en condiciones que permiten suponer, razonablemente, la flagrancia requerida para ese fin por la legislación interna, tomando en cuenta que la detención coincidió con el decomiso por parte de los agentes del Estado de una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida. Para la Corte el procesamiento se basó en la existencia de una sustancia prohibida, lo que fue desvirtuado en el segundo dictamen, hecho frente al cual el juez de la causa no evaluó oportunamente la contradicción probatoria conforme a los parámetros de la legislación interna y de la Convención Americana, a fin de precisar si se mantenían las condiciones que justificaran la prisión preventiva del señor López Álvarez. La autoridad judicial no tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba que justificaran la prisión sino consideró solamente los mismos elementos que sustentaron la detención en flagrancia, Por lo anterior, la Corte concluyó que, al mantener a la presunta víctima bajo prisión preventiva en tales condiciones, se violó su derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario e ilegal. De otra parte, la Corte expresó que el artículo 433 del Código de Procedimientos Penales sólo permitía la concesión del beneficio de libertad bajo caución en el supuesto de delitos que cuya pena no exceda de cinco años. La pena aplicable por tráfico ilícito de drogas era de 15 a 20 años de reclusión. En razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legislación ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva se justificara en cada caso, a través de una ponderación de los elementos que concurren en éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo.

Asimismo, la Corte expresó el derecho de la persona detenida o retenida de ser informada sin demora de las razones de su detención y de los cargos formulados en su contra está consagrado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la que se practica infragranti. Por ello se puede concluir que el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho, como es el caso del señor López Alvarez. En sentir, si bien la víctima interpuso diversos recursos con el objeto de que se revocara la prisión preventiva y se le otorgara la libertad, incluido el de exhibición personal los mismos resultaron infructuosos. Así por ejemplo, en lo que se refiere al recurso de hábeas corpus, la Corte de Apelaciones al resolver sobre el mismo, omitió pronunciarse sobre lo alegado por la presunta víctima en el sentido de que el plazo de detención era excesivo y podría constituir una violación de la Convención. Esta omisión muestra que el recurso no fue efectivo, en el caso concreto, para combatir la violación aducida. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. nota 1

En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. En relación con los hechos del presente caso, fueron presentadas acciones de habeas corpus a favor de las 10 personas que habían sido detenidas. Sin embargo, los juzgados rechazaron las acciones, en dos de las cuales se limitaron a aceptar las justificaciones o silencio de las autoridades militares, que alegaban estado de emergencia o razones de ?seguridad nacional? para no brindar información. En este caso, según la Corte, a pesar de haber sido tramitadas y decididas, las acciones de habeas corpus no constituyeron una investigación seria e independiente, por lo que la protección debida a través de las mismas resultó ilusoria. De otra parte, la Corte observó que las circunstancias de la privación de libertad señalan claramente que no era una situación de flagrancia, pues las presuntas víctimas se encontraban en sus residencias cuando los efectivos militares irrumpieron en forma violenta en horas de la madrugada y se los llevaron con base en una lista. Para la Corte evidentemente la detención de dichas personas constituyó un acto de abuso de poder, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era ponerlos a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley para que decidiera acerca de la legalidad de la misma, sino ejecutarlos o forzar su desaparición. Por lo anterior, la Corte estimó que se había el estado había violado los artículos 7.1, 7.2 y 7.6 de la Convención, en perjuicio de las víctimas. nota 2

  1. Caso López Alvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C No. 141 
  2. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
8.8. Violación del derecho a la libertad personal cuando el estado sobrepasa el tiempo máximo que su ordenamiento interno establece como duración de la detención

Varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el habeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como habeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el habeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ? artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte estableció la violación del derecho a la libertad personal, en el contenido del artículo 7.2 de la Convención Americana porque el Estado sobrepaso el máximo que el ordenamiento interno establece como duración de la detención, en el caso del señor Chaparro.

La Corte señaló que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención conlleva necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma. La falta de respeto a las garantías de la persona privada produce la falta de protección del propio derecho a la libertad. También en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
8.9. Vulneración del derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria en el marco de una desaparición forzada, producida por agentes estatales

En el Caso Goiburú y otros, agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomunicados, torturaron y desaparecieron a los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, personas cuyas actividades políticas se oponían al régimen dictatorial de Stroessner. Las detenciones ilegales y arbitrarias o secuestro, fueron producto de una operación de inteligencia policial, planificada y ejecutada en forma encubierta por miembros de la policía paraguaya, con el conocimiento y por órdenes de las más altas autoridades del gobierno del General Stroessner y al menos en las fases previas de planeación de las detenciones o secuestros, en estrecha colaboración con autoridades argentinas. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado es responsable de la detención ilegal de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, lo que constituye una violación del artículo 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos. nota 1

  1. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C. No. 153 
8.10. Violación del derecho a la libertad personal: privación de la libertad por fuera de la legislación interna; falta de presentación personal al juez y presentación tardía; y pérdida de efectividad de control judicial

En el Caso Bayarri, el señor Juan Carlos Bayarri fue detenido sin orden judicial previa el 18 de noviembre de 1991 por miembros armados y de civil de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, quienes lo llevaron, maniatado y vendado sus ojos, a un centro de detención clandestino. Esta detención se realizó en el marco de un sumario que inició la Comisión de Secuestros Extorsivos reiterados en la causa que tramitó el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 25 de la Capital de la República Argentina.

Tanto la Constitución de la Nación Argentina, vigente al momento de los hechos, como el Código de Procedimiento en Materia Penal establecían respectivamente que nadie podía ser arrestado o constituido en prisión preventiva sin orden escrita de autoridad competente y con mayor precisión, el código procesal penal para la prisión preventiva, "sin orden escrita de Juez competente, expedida contra persona determinada, y a mérito de existir contra ella semiplena prueba de delito o indicios vehementes de culpabilidad". De acuerdo con la normativa vigente a los hechos, toda detención, salvo por delito in infraganti, debía efectuarse previa orden escrita de juez competente y la persona detenida ser puesta a disposición del juez competente para que resolviera, practicada las diligencias necesarias, sobre su libertad o la prisión preventiva.

En el 2005 dos instancias judiciales argentinas, un Juzgado Nacional de Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, establecieron que la detención de la víctima se produjo de manera ilegítima sin que existiera previa orden escrita de juez competente.

Está probado que la víctima fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Criminal, el día 19 de noviembre de 1991, por el Jefe de la División de Defraudaciones y Estafa de la Policía Federal Argentina y que el Secretario de dicho Juzgado ordenó mantener su detención.

Una semana después fue escuchado en indagatoria, sin que oportunamente se hubiere establecido la legalidad de la detención ni se hubiere ordenado examen médico, pese a que la víctima presentaba signos de traumatismo severo en rostro y oído. Finalizada la diligencia la víctima fue remitida a un centro penitenciario, decretándose la detención preventiva tres meses después. El juez de instrucción quien recibió la indagatoria no dejó constancia de las lesiones apreciables a simple vista que tenía la víctima ni sobre los exámenes médicos que le practicaron. Tampoco ordenó que se le realizara examen médico integral ni que se iniciara, tal como lo establecía la legislación argentina, una investigación que determinara el origen de las lesiones. Al contrario, por orden del juez la revisión practicada por un médico forense se limitó a la "evaluación de lesiones en los oídos".

El 20 de diciembre de 1991 se le impuso medida cautelar de prisión preventiva y fue confirmada en apelación en febrero de 1992; se le dictó en agosto de 2001 sentencia de primera instancia que lo condena a prisión perpetua y en el 2004, resolviendo la apelación interpuesta, se ordenó su libertad "al absolver[lo] libremente de culpa y de cargo". El proceso duró aproximadamente trece años en los que permaneció en prisión preventiva. La correspondiente autoridad judicial fundamentó la absolución en que la confesión que se obtuvo de la víctima fue "bajo la aplicación de tormentos", para lo cual se tuvo en cuenta los exámenes médicos que le fueron practicados en el transcurso de las dos primeras semanas de su detención que daban cuenta de las lesiones, y concluyó que los apremios y torturas fueron producidas por "parte del personal policial que intervino en el caso".

El abogado defensor denunció, el 23 de diciembre de 1991, los apremios a los que fue sometido la víctima y transcurrieron aproximadamente diecisiete años y la causa penal seguía tramitándose, sin resultados correspondientes.

La Convención Interamericana contra la Tortura entró en vigor para Argentina desde el 30 de abril de 1989 y por lo tanto, desde esa fecha fueron exigibles al Estado el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas ?artículo 22 de la Convención.

La Corte estableció la violación del derecho a la libertad individual ?artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, por la vulneración del derecho de la víctima detenida, a ser privada de la libertad solamente por las causas y en las condiciones previamente señaladas en la Constitución Política o la leyes expedidas conforme a ella ?artículo 7.2 de la Convención? y del derecho a ser puesta, sin demora, a disposición de un juez u otro funcionario con legales funciones judiciales y al control judicial de la privación de la libertad -artículo 7.5 de la Convención?, en tanto que: 1. la privación de la libertad no se ajustó a la legislación interna argentina; 2- la víctima privada de la libertad no fue inicialmente llevada personalmente al juzgado ni ante un juez; 3- su presentación posterior ante el juez fue tardía, 4- se despojó de efectividad el control judicial por la demora en la presentación personal ante juez, porque no se abordaron aspectos relacionados con la legalidad o no de la detención y ya que el juez que recibió indagatoria no ordenó examen médico correspondientes de quien como la víctima presentaba signos de traumatismo severo y 5- luego de rendir indagatoria fue ordenado el traslado de la víctima a un centro penitenciario sin decretarse detención preventiva como lo establece el código de procedimiento penal, lo que se hizo tres meses después.

La Corte señaló que la "intervención judicial no resultó un medio efectivo para controlar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales encargados de la detención y custodia de Juan Carlos Bayarri y reestablecer sus derechos". nota 1

  1. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 187 
8.11. Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por detención ilegal, no disposición del detenido ante autoridad judicial competente privación arbitraria de la libertad e ineficacia del recurso de habeas corpus.

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Wilson García Asto fue detenido el 30 de junio de 1995 por personal de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE mientras se encontraba en un paradero de autobus y se habría encontrado en su poder supuesta documentación de ?carácter subversivo?. La detención se llevó a cabo sin una orden de detención suscrita por un juez competente y sin que se acreditara una situación de flagrancia, contrario a los requisitos establecidos en la Constitución peruana. El señor Wilson García Asto fue puesto a disposición de autoridad judicial competente días después de su detención. El artículo 6 del Decreto Ley No. 25.659 de 1992, vigente en aquel momento, denegaba la posibilidad de presentar acciones de garantía en delitos de terrorismo o traición a la patria. Dicha norma fue modificada por el Decreto Ley No. 26.248, promulgado el 25 de noviembre de 1993 que permitió, en principio, la interposición de la acción de hábeas corpus ante el Juez Penal Especializado de Terrorismo [y] en su defecto, el Juez Penal ordinario. No obstante, la acción era inadmisible cuando los hechos o causales, eran materia de un procedimiento en trámite o resuelto. En el presente caso, tomando en cuenta el reconocimiento parcial de hechos por parte del Estado, la falta de flagrancia y de orden judicial para llevar a cabo la detención del señor Wilson García Asto, el hecho de que fue puesto a disposición de autoridad judicial competente 17 días después de su detención, y que se vio privado a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que este decidiera sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención, así como la falta de protección judicial, la Corte declaró que el Perú violó en su perjuicio los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, al momento de su detención y durante el primer proceso judicial al que fue sometido. La anulación del proceso penal seguido en el fuero común ante jueces sin rostro contra el señor Wilson García Asto se produjo el 15 de enero de 2003 por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, al revocar la decisión de 27 de noviembre de 2002 que había declarado infundado el hábeas corpus interpuesto a su favor y ordenó la remisión del expediente a la autoridad competente, dentro del término de 48 horas, para que se dispusiera el trámite de ley correspondiente. Sólo, hasta el 10 de marzo de 2003 el Primer Juzgado Especializado Penal en Delito de Terrorismo dictó el auto apertorio de instrucción en el nuevo juicio seguido, en el que se dictó la medida cautelar de privación de libertad. Por lo anterior, la Corte consideró que el tiempo transcurrido entre el 15 de enero de 2003 y el 10 de marzo de 2003, el señor Wilson García Asto estuvo sujeto a una privación arbitraria de la libertad, en violación del artículo 7.3 de la Convención.

En el mismo Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido en su domicilio el 27 de julio de 1991 por personal de la DINCOTE cuando se encontraba enfermo y sin que se configurara flagrante delito. La detención no fue llevada a cabo por mandamiento escrito y motivado de un juez, sino por la mera sospecha por parte de agentes de la DINCOTE. La presunta víctima fue puesta a disposición de autoridad judicial competente 13 días después de su detención. A pesar de que el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley No. 25.659 de 1992, en el procedimiento se le aplicó la restricción al recurso de hábeas corpus prevista en el artículo 6 de dicho Decreto. Con fundamento en lo anterior, tomando en cuenta el reconocimiento parcial de hechos por parte del Estado, la falta de flagrancia y de orden judicial en la detención del señor Urcesino Ramírez Rojas, el hecho de que no fue puesto a disposición de autoridad judicial competente sino 13 días después de su detención, y las restricciones que enfrentó para interponer el recurso de hábeas corpus al momento en que fue juzgado, la Corte consideró que el Estado violó en su perjuicio los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, al momento de su detención y durante su primer proceso judicial. El 27 de marzo de 2003 el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la acción de hábeas corpus a favor del señor Urcesino Ramírez Rojas y anuló la sentencia y algunas etapas del proceso a que fue sometido, pero desestimó la pretensión de excarcelación, toda vez que, la nulidad no afectó el auto apertorio de instrucción, que contiene el mandato de detención, dictado por el Juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado de Instrucción de Lima el 9 de agosto de 1991. Posteriormente, el 13 de mayo de 2005, se surtió la anulación del proceso penal seguido en el fuero común ante jueces, por la Sala Nacional de Terrorismo, la cual señaló que la causa debía remitirse al Juzgado Penal correspondiente. No obstante, sólo hasta el 24 de junio de 2003, el Primer Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo avocó el conocimiento del proceso. El 1 de septiembre de 2004 el Primer Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo declaró improcedente la solicitud de variación del mandato de detención por el de comparecencia presentada por la defensa, por estimar que el mandato de detención dictado por el Juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado de Instrucción de Lima estaba conforme con los requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. En sentir de la Corte, se concluye que el Primer Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo, a más de 14 años de dictada dicha medida cautelar, no presentó motivación suficiente para mantener la detención del señor Urcesino Ramírez Rojas. Por lo anterior, el Estado violó el artículo 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas en el segundo proceso llevado en su contra. nota 1

  1. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C No. 137 .
8.12. Violación del derecho a la libertad personal por no haber sido juzgado el privado de la libertad en un plazo razonable ni haber sido puesto en libertad: duración excesiva de la prisión preventiva

En el Caso Bayarri, el señor Juan Carlos Bayarri fue detenido sin orden judicial previa el 18 de noviembre de 1991 por miembros armados y de civil de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, quienes lo llevaron, maniatado y vendado sus ojos, a un centro de detención clandestino. Esta detención se realizó en el marco de un sumario que inició la Comisión de Secuestros Extorsivos reiterados en la causa que tramitó el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 25 de la Capital de la República Argentina.

Tanto la Constitución de la Nación Argentina, vigente al momento de los hechos, como el Código de Procedimiento en Materia Penal establecían respectivamente que nadie podía ser arrestado o constituido en prisión preventiva sin orden escrita de autoridad competente y con mayor precisión, el código procesal penal para la prisión preventiva, "sin orden escrita de Juez competente, expedida contra persona determinada, y a mérito de existir contra ella semiplena prueba de delito o indicios vehementes de culpabilidad". De acuerdo con la normativa vigente a los hechos, toda detención, salvo por delito in infraganti, debía efectuarse previa orden escrita de juez competente y la persona detenida ser puesta a disposición del juez competente para que resolviera, practicada las diligencias necesarias, sobre su libertad o la prisión preventiva.

En el 2005 dos instancias judiciales argentinas, un Juzgado Nacional de Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, establecieron que la detención de la víctima se produjo de manera ilegítima sin que existiera previa orden escrita de juez competente.

Está probado que la víctima fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Criminal, el día 19 de noviembre de 1991, por el Jefe de la División de Defraudaciones y Estafa de la Policía Federal Argentina y que el Secretario de dicho Juzgado ordenó mantener su detención.

Una semana después fue escuchado en indagatoria, sin que oportunamente se hubiere establecido la legalidad de la detención ni se hubiere ordenado examen médico, pese a que la víctima presentaba signos de traumatismo severo en rostro y oído. Finalizada la diligencia la víctima fue remitida a un centro penitenciario, decretándose la detención preventiva tres meses después. El juez de instrucción quien recibió la indagatoria no dejó constancia de las lesiones apreciables a simple vista que tenía la víctima ni sobre los exámenes médicos que le practicaron. Tampoco ordenó que se le realizara examen médico integral ni que se iniciara, tal como lo establecía la legislación argentina, una investigación que determinara el origen de las lesiones. Al contrario, por orden del juez la revisión practicada por un médico forense se limitó a la "evaluación de lesiones en los oídos".

El 20 de diciembre de 1991 se le impuso medida cautelar de prisión preventiva y fue confirmada en apelación en febrero de 1992; se le dictó en agosto de 2001 sentencia de primera instancia que lo condena a prisión perpetua y en el 2004, resolviendo la apelación interpuesta, se ordenó su libertad "al absolver[lo] libremente de culpa y de cargo". El proceso duró aproximadamente trece años en los que permaneció en prisión preventiva. La correspondiente autoridad judicial fundamentó la absolución en que la confesión que se obtuvo de la víctima fue "bajo la aplicación de tormentos", para lo cual se tuvo en cuenta los exámenes médicos que le fueron practicados en el transcurso de las dos primeras semanas de su detención que daban cuenta de las lesiones, y concluyó que los apremios y torturas fueron producidas por "parte del personal policial que intervino en el caso".

El abogado defensor denunció, el 23 de diciembre de 1991, los apremios a los que fue sometido la víctima y transcurrieron aproximadamente diecisiete años y la causa penal seguía tramitándose, sin resultados correspondientes.

La Convención Interamericana contra la Tortura entró en vigor para Argentina desde el 30 de abril de 1989 y por lo tanto, desde esa fecha fueron exigibles al Estado el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas ?artículo 22 de la Convención.

La Corte consideró violado el derecho de la víctima a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, de conformidad con el artículo 7.5, 7.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos, en tanto que la duración de trece años de la prisión preventiva sobrepaso el limite legal previsto, fue excesiva y la decisión final, después de ese tiempo tan largo, fue absolutoria.

Resaltó la Corte que para que una persona detenida preventivamente recupere su libertad, el juez debe valorar periódicamente la vigencia de las causas, necesidad y proporcionalidad de esa medida y no esperar hasta la sentencia absolutoria, establecer si esa detención sobrepasó los límites impuestos por la ley y la razón y ordenar la libertad cuando este acreditado que no se satisfacen las condiciones señaladas. nota 1

  1. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 187 
8.13. Vulneración del derecho a la libertad personal por detención arbitraria

En el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte afirma que por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una detención arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento en causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que conociera de su detención. Todo ello infringe directamente el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención y constituye una violación, imputable a Honduras, de los deberes de respetarlo y garantizarlo, consagrado en el artículo 1.1 de la misma Convención. La Corte declara que Honduras ha violado en perjuicio de Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. nota 1

En el Caso Caballero Delgado y Santana la Corte considera que habiendo quedado establecida la responsabilidad de Colombia por la captura ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la libertad personal, garantizado por el artículo 7 de la Convención. nota 2

En el Caso Paniagua Morales y otros, entre 1987 y 1988 se produjeron en Guatemala detenciones arbitrarias acompañadas de maltratos y torturas y, en algunos casos, de privación de la vida. Algunos de los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Guardia de Hacienda y maltratados; otros, cuyo lugar de detención se desconoce, aparecieron muertos y sus cuerpos, con signos de violencia física. El presente caso, se refiere a la detención de 8 personas, algunas de ellas, introducidas en un vehículo tipo ?panel? de color blanco, por agentes de la Guardia de Hacienda. 5 de ellos aparecieron sin vida posteriormente, con huellas de violencia física. Los demás también fueron golpeados y maltratados. Además se incluye el caso de la muerte de una persona en circunstancias no esclarecidas. El Director de la Policía Nacional de Guatemala arrestó a seis agentes de la Guardia de Hacienda dentro de un vehículo ?panel? de color blanco. La Policía Nacional elaboró un informe, en el cual afirmó que agentes de la Guardia de Hacienda habían cometido una serie de delitos utilizando el vehículo tipo ?panel? que fue confiscado. Se estableció que los agentes presentaron falso testimonio respecto de sus actividades; que varios de ellos habían sido identificados como participantes en los delitos; que robaban y torturaban a sus víctimas después de detenerlas. La Policía Nacional concluyó que los agentes de la Guardia de Hacienda habían abusado de su autoridad y violado los derechos de los ciudadanos guatemaltecos. El informe de la Policía Nacional fue entregado un Juzgado Penal de Instrucción que ordenó la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Se ordenó la comparecencia de agentes de la Policía involucrados en la investigación, testigos y perjudicados; el reconocimiento de los vehículos y se solicitó a los Juzgados que tramitaban los procesos individuales por las muertes y desapariciones mencionadas en el Informe Policial, que informaran sobre lo actuado. El Juez de Primera Instancia Penal de Instrucción, ordenó la detención de varios de los agentes de la Guardia de Hacienda y citó al Director y a dos oficiales para interrogarlos. El Juez fue secuestrado y liberado dos días después. El Juez que sustituyó al primero mientras éste estuvo secuestrado, ordenó la prisión provisional varios de los agentes de la Guardia de Hacienda, por encontrar motivos suficientes para vincularlos a la investigación por los delitos de secuestro, asesinato, robo agravado, todos en forma continuada, hurto agravado, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y abuso contra particulares. También ordenó la detención del, ex Director de la Guardia de Hacienda y de dos oficiales de esa entidad. Una vez reintegrado a sus funciones, el Juez que había sido secuestrado revocó la orden de prisión provisional de todos los acusados de la Guardia de Hacienda por considerar que no existían motivos suficientes para mantenerlos detenidos. Las resoluciones que ordenaban la libertad de los implicados fueron apeladas y confirmadas. No hubo avances significativos en la investigación y después de esta decisión el caso continúa abierto en la etapa de sumario. nota 3

De conformidad con el artículo 7 de la Convención, la Corte observa que las víctimas fueron detenidas arbitrariamente por agentes del Estado y asesinadas. Además, los señores Gómez Ayala, Paniagua Morales y González López fueron introducidos en un vehículo "panel" de color blanco al servicio de la Guardia de Hacienda y, posteriormente, asesinados. Si bien los señores González Rivera y Corado Barrientos fueron privados de su libertad en circunstancias diferentes, existe coincidencia respecto al tiempo en que fueron detenidos, de los medios con los cuales se les infligió las heridas mortales, la crueldad de su tratamiento y las circunstancias de la aparición de sus cadáveres, lo cual permite la deducción de que sus detenciones y muertes se encuentran circunscritas dentro del llamado ?Caso de la Panel Blanca?. Todo lo anterior conduce a la conclusión de que los autores de su detención y muerte fueron agentes de la Guardia de Hacienda. La Corte encuentra elementos suficientes, graves y convergentes que demuestran que, al ser detenidos arbitrariamente, se violó el derecho a la libertad de los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil y Marco Antonio Montes Letona. La Corte declara que el Estado de Guatemala violó el artículo 7 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores mencionados. La Corte considera que Guatemala debe ordenar una investigación real y efectiva para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y, eventualmente, sancionarlas. Dada la naturaleza del presente caso, la Corte no puede disponer que se garantice a los lesionados en el goce de los derechos o libertades conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la violación de los derechos señalados y, por ende, debe establecerse una justa indemnización a las víctimas y, en su caso, a los familiares. nota 4

En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte observa que las detenciones del señor Sánchez se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente a la presunta víctima, situación que se enmarca dentro del patrón de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la época de los hechos del caso. La Corte concluye que dichas detenciones fueron arbitrarias y que, por lo tanto, se violó el artículo 7.3 de la Convención en perjuicio del señor Juan Humberto Sánchez. nota 5.

Esta subregla es reiterada en el Caso Maritza Urrutia. nota 6

En el Caso 19 Comerciantes establece que la detención arbitraria e ilegal es violatoria del artículo 7 de la Convención nota 7
como sucede también en el Caso De la Cruz Flores. nota 8

Lo concluido en estos casos es ratificado en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri precisando que la detención arbitraria se ve agravada por el hecho de que las víctimas se encuentren indefensas y sean menores de edad. nota 9

  1. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia Serie C No. 4 .
  2. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 22 .
  3. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros). Sentencia Serie C. No. 37 .
  4. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros). Sentencia Serie C. No. 37 .
  5. Caso Juan Humberto Sanchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  6. Caso Maritza Urrutia Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 .
  7. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  8. Caso de la Cruz Flores Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 115 .
  9. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 .
8.14. Violación del derecho a la libertad personal. prisión preventiva arbitraria e indebida motivación de la providencia que ordena la privación de la libertad

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como hábeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el hábeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte estableció que la prisión preventiva en contra de las víctimas fue arbitraria en violación del artículo 7.3 de la Convención Americana sobre derechos humanos y del derecho a la libertad personal ?artículo 7.1 de la Convención, en relación con el deber de respeto de los derechos humanos ?artículo 1.1. Convención-, por la falta de debida motivación del auto que ordenó tal medida privativa de la libertad.

La indebida motivación se reflejó, entre otros aspectos, por la omisión del tipo penal supuestamente infringido, en cuanto a las dos víctimas; respecto de una de ellas la omisión sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió el delito y la determinación de la acción u omisión y los elementos que caracterizan la imputación y en cuanto a la otra, sobre la ausencia de fundamento acerca de lo indispensable de la medida. para ?garantizar la inmediación? del acusado o para permitir el desarrollo del procedimiento?. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
8.15. Violación del derecho a la libertad personal por la detención de personas producida de manera ilegal y arbitraria por grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado.

En el Caso de la Masacre de Mapiripán, los paramilitares, que incursionaron con la acción y omisión de agentes estatales, llegaron a Mapiripán, Colombia, y permanecieron desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y, como consecuencia de estos hechos, numerosas familias se vieron forzadas a desplazarse. Además, las víctimas fueron asesinadas previa reducción a un estado de indefensión e inferioridad, pues fueron privadas arbitrariamente de su libertad. En consecuencia, y en los términos del reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de cierto número de víctimas. nota 1

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990 un grupo paramilitar de aproximadamente 60 hombres armados, provenientes del Departamento de Córdoba, ingresaron en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Departamento de Antioquia. Dichos paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas y de una iglesia a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Allí los colocaron boca abajo en el suelo y, con base en una lista que portaban, escogieron a 43 hombres, quienes fueron amarrados, amordazados, arbitrariamente privados de su libertad y obligados a salir del pueblo, para posteriormente ser torturados y finalmente asesinados o desaparecidos. De otra parte, en el presente caso, no se ha llevado a cabo una investigación completa y efectiva sobre los hechos de enero de 1990. Por lo anterior, la Corte consideró que, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación, el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la libertad personal, consagrado en los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de sus obligación de garantizar esos derechos, en perjuicio de las seis personas privadas de la vida y de las desaparecidas. nota 2

En el Caso de las Masacres de Ituango, en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando a su paso en forma selectiva a 19 civiles en estado de indefensión. Durante la incursión ocurrida en El Aro los paramilitares, para facilitar la sustracción de entre 800 y 1.200 cabezas de ganado, privaron de su libertad, a 17 campesinos arrieros, por medio de amenazas de muerte en el caso de que intentaran fugarse, con el propósito de obligarlos a arrear los animales sustraídos de toda la región durante 17 días por la vía publica custodiada por miembros del Ejército, quienes no sólo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también produjeron instancias de participación y colaboración directa, incluyendo la determinación de un toque de queda con el fin de facilitar la apropiación y evacuación del ganado por la vía pública y el haber recibido parte del ganado sustraído. La Corte estimó que dichas detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria, toda vez que estas fueron llevadas a cabo sin orden de detención suscrita por un juez competente y sin que se acreditara una situación de flagrancia. Adicionalmente, quedó demostrada la participación y aquiescencia de miembros del Ejército colombiano en la incursión paramilitar en El Aro, en la determinación de un toque de queda con el fin de facilitar la apropiación del ganado y en el recibo de ganado sustraído por parte de agentes del Estado. Por lo anterior, la Corte consideró violado el artículo 7 de la Convención. nota 3

  1. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 
  2. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  3. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
8.16. Diferencia entre detención ilegal y arbitraria. presunción sobre detención ilegal por renuencia del estado a suministrar información de derecho interno

En el Caso Gangaram Panday, el señor Asok Gangaram Panday, fue detenido a su llegada al aeropuerto en Suriname por miembros de la Policía Militar, para investigar las razones de su expulsión de Holanda y fue encerrado en un albergue para deportados. La víctima permaneció recluida durante la noche, sin haber sido puesta a órdenes de un tribunal, hasta que se encontró su cuerpo sin vida. nota 1

De acuerdo con la Corte, el artículo 7 de la Convención que consagra el derecho a la libertad y a la seguridad personales, contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede ser privado de la libertad sino por las causas, o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), y con estricta sujeción a los procedimientos definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. En este caso, le resulta imposible a la Corte determinar si la detención de la víctima, fue o no por ?causas y en las condiciones fijadas de antemano? por la Constitución de dicho Estado o por leyes dictadas conforme a ella, o si tal Constitución o leyes eran compatibles con las ideas de razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad que deben caracterizar la detención o retención legal a fin de que no se consideren arbitrarias. La Corte ha sostenido que en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. En ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración de pruebas necesarias para la decisión, la Corte puede, utilizar pruebas circunstanciales e indicios o presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos, en particular cuando el Estado demandado haya asumido una conducta renuente en sus actuaciones ante la Corte. El Gobierno fue requerido, para suministrar los textos oficiales de la Constitución y de las leyes que regían en su territorio para las detenciones cuando tuvo lugar la detención de Asok y no allegó tales textos ni suministró explicación alguna acerca de su omisión. La Corte infiere de la actitud del Gobierno que el señor Asok fue detenido ilegalmente por miembros de la Policía Militar de Suriname, no siéndole necesario, pronunciarse acerca de la arbitrariedad de tal medida y de su no traslado sin demora ante la autoridad judicial competente. Por lo anterior, se declara la responsabilidad del Estado de Suriname y como ha fallecido la víctima, y es imposible garantizarle el goce de su derecho o reparar las consecuencias de la medida violatoria, se debe pagar una justa indemnización a sus familiares. nota 2

  1. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 16 .
  2. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 16 .
8.17. Violación del derecho a la libertad personal por detención ilegal

En el Caso Castillo Páez, la Corte considera que el Estado de Perú infringió, en perjuicio del señor Castillo Páez, el artículo 7 de la Convención, que regula la libertad personal. Está demostrado que la víctima fue detenida por personal de la Policía Nacional sin que mediaran las causas y condiciones establecidas por la Constitución Política vigente en la época en que se produjo la detención, ya que dicha ley fundamental disponía que sólo se podía privar de la libertad a una persona por mandamiento escrito y motivado de autoridad judicial, lo que no ocurrió en el caso. No aparece probado que el detenido hubiese sido puesto a disposición del juez competente en el plazo de 24 horas o según la distancia, o bien en el de quince días en el supuesto de acusación de terrorismo, de acuerdo con los artículos 7 de la Convención y 2 de la Constitución del Perú. Las autoridades policiales negaron la aprehensión y ocultaron al detenido para impedir que fuera localizado. Para la Corte los elementos de prueba señalados, se fortalecen con la decisión del proceso seguido en contra de varios agentes de la Policía por el delito de abuso de autoridad en perjuicio del señor Castillo Páez, con motivo del procedimiento de hábeas corpus expedido en favor de la víctima en dos instancias. Dicho Juzgado, que dejó en libertad a los acusados por falta de pruebas, sostuvo que quedaba acreditado que Ernesto Rafael Castillo Páez fue detenido por agentes de la Policía Nacional, oportunidad desde la que se desconoce su paradero, por lo que en la investigación jurisdiccional quedó acreditada la comisión del delito de abuso de autoridad de la misma. nota 1

Lo anterior es reiterado en el Caso Maritza Urrutia en el sentido en que se califica de ilegal la detención de la víctima pues no mediaron las causas y condiciones establecidas en la Constitución para privar al demandante de su libertad. nota 2

  1. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 34 .
  2. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 .
8.18. Vulneración del derecho a la libertad personal por detención practicada con ausencia de información sobre las causas que la originan y/o los delitos que se imputan

En el Caso Palamara Iribarne, los fiscales militares impusieron la medida cautelar de prisión preventiva al señor Palamara Iribarne quien fue privado de su libertad en varias ocasiones, tanto durante la tramitación de la Causa No. 471 instaurada en su contra por el delito de desacato, como en la Causa No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Las autoridades militares que emitieron la orden de prisión preventiva, para establecer la procedencia de dicha medida se limitaron a mencionar el artículo 363.1 del Código de Procedimiento Penal sin fundamentar y acreditar los hechos del caso concreto que pudieran configurar los supuestos exigidos por la ley.

En sentir de la Corte, al dictar prisión preventiva sin tener en cuenta los elementos legales y convencionales para que ésta procediera, el Estado no desvirtuó la presunción de inocencia y privó de su libertad al señor Palamara Iribarne con base en órdenes de prisión preventiva sin fundamento jurídico razonado, arbitrarias, sin observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana en su perjuicio.

De otra parte, la Corte estimó que el hecho de que el señor Palamara Iribarne al ser detenido fuera puesto a disposición del Fiscal Naval, quien de acuerdo a la normativa interna tenía funciones jurisdiccionales, no garantizó el derecho a que una autoridad judicial revise la legalidad de su detención. Al ser el Fiscal Naval la autoridad que ordenó las prisiones preventivas en contra del señor Palamara Iribarne no puede controlar la legalidad de su propia orden. Por lo anterior, el Estado no satisfizo las exigencias del artículo 7.5 de la Convención.

Durante el acto de incautación realizado en la noche del 1 de marzo de 1993, el señor Palamara Iribarne rindió su primera declaración sin que se le hubiera comunicado de forma previa los delitos que se estaban imputando, por lo cual el Estado violó los artículos 7.4 y 8.2.b) de la Convención. Por otro lado, el artículo 7.4 de la Convención exige que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados en su contra. A su vez, el artículo 8.2.b) exige que la comunicación al inculpado de la acusación formulada en su contra sea ?previa y detallada. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2 y 8.2.b) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
8.19. Vulneración del derecho a la libertad personal por retención ilegal y ausencia de control judicial

En el Caso de los Niños de la Calle, la Corte reitera su jurisprudencia sobre la diferencia entre la detención ilegal y arbitraria, para afirmar que en este caso existió una detención ilegal por cuanto los cuatro jóvenes fueron detenidos sin que se hubieran configurado las causas y condiciones establecidas por la Constitución de Guatemala, según la cual sólo se puede privar de la libertad a una persona en virtud de orden previa de autoridad judicial competente o por haber sido sorprendida en flagrancia. Ninguno de los dos extremos se presentó en este caso. Tampoco fueron ?puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no excediera de seis horas?. En consecuencia, puede concluirse que en la detención de los cuatro jóvenes no fue observado ni el aspecto material ni el aspecto formal de los presupuestos legales de la detención. El énfasis en la prontitud del control judicial de las detenciones asume particular importancia para la prevención de detenciones arbitrarias. La pronta intervención judicial es la que permitiría detectar y prevenir amenazas contra la vida o serios malos tratos, que violan garantías fundamentales contenidas en la Convención. La falta de reconocimiento de la detención de un individuo es una completa negación de esas garantías y una más grave violación del derecho a la libertad personal. En consecuencia, la Corte declara que el Estado violó el artículo 7 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 4 víctimas. nota 1

En el Caso Juan Humberto Sánchez, teniendo en cuenta que en la segunda detención el señor Juan Humberto Sánchez no fue puesto a disposición de la autoridad competente, de la ineficacia y el retardo que demostró el proceso en que se siguió el hábeas corpus y del estado con signos evidentes de tortura en el que apareció el cadáver, la Corte observa que los agentes estatales que realizaron la detención en ningún momento tuvieron la intención de someter su accionar a una revisión judicial o mecanismo de control, configurándose así la violación del artículo 7.5 de la Convención. nota 2

La Corte ratifica lo anterior en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. nota 3

En el Caso Maritza Urrutia, la Corte establece que la retención sin orden judicial de la víctima, la imposibilidad para ésta para interponer los recursos contra ese acto, la ineficacia de los recursos interpuestos a su favor, demuestran que las autoridades nunca tuvieron la intención de poner a la víctima a disposición de un juez y que evitaron todo control judicial, configurándose así la violación del artículo 7 en relación con el artículo 1.1. nota 4

  1. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatema. Sentencia Serie C. No. 63 .
  2. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  3. Caso de los Hermano Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 .
  4. Caso Maritza Urrutia Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 .
8.20. Detención ilegal cuando se detiene a una persona sin orden judicial previa y por detención arbitraria cuando se le mantiene incomunicada por un tiempo mayor al previsto en la ley

En cuanto al derecho de toda persona detenida o retenida a ser llevada, sin demora, ante un funcionario competente y a ser juzgada dentro de un plazo razonable, se debe analizar la forma en que se produjo la captura y la duración de la detención hasta el momento en que los detenidos fueron puestos a disposición de una autoridad judicial. En el Caso Durand y Ugarte, las víctimas fueron detenidas por miembros de la policía sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante delito, y quedaron incomunicados por ocho días. Al respecto, este Tribunal ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad personal "sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)". Por otra parte, y en lo que respecta al período de detención de los imputados, conviene observar que la Constitución peruana sólo autorizaba la detención por un término no mayor de 15 días para los casos de terrorismo, con obligación de dar cuenta al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente. Las víctimas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional competente luego de transcurrido el término de 15 días permitido por la Constitución Política del Perú. En consecuencia, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, el derecho a la libertad consagrado en el artículo 7.1 y 7.5 de la Convención Americana. nota 1

En el Caso Suárez Rosero, el señor Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de una operación para desarticular una organización del narcotráfico internacional, sin orden de autoridad competente y sin haber sido sorprendido en flagrante delito. El día de su detención, rindió declaración presumarial ante oficiales de policía y en presencia de tres fiscales del Ministerio Público, sin la presencia de un abogado defensor. Estuvo incomunicado, en una húmeda y poco ventilada celda, sin que se le permitiera recibir visitas de su familia o comunicarse un abogado. Luego, las entrevistas con su abogado se realizaron en presencia de oficiales de la policía Un juez dictó auto de prisión preventiva contra el señor Suárez Rosero y luego se inhibió de conocer la causa, porque uno de los sindicados fue ascendido, y remitió el expediente a la Corte Superior de Justicia de Quito. En dos oportunidades el señor Suárez Rosero solicitó que se revocara la orden de su detención preventiva las cuales fueron negadas. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito ordenó iniciar la fase de instrucción del proceso y en la resolución acusó al señor Suárez Rosero de transportar drogas y ocultar la evidencia. Se citó a declarar a los agentes que efectuaron su detención, quienes no se presentaron. El señor Suárez Rosero interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador quien denegó el recurso en virtud de que la petición no aportó datos informativos sobre el proceso. Al declarar abierta la etapa plenaria en el proceso contra el señor Suárez Rosero, por encubrimiento de tráfico de drogas, el Presidente de la Corte Superior de Quito determinó que no se cumplían los requisitos para la prisión preventiva y ordenó su libertad. El Ministro Fiscal solicitó no disponer la libertad de ninguna persona, mientras el auto no fuera consultado al Superior. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y le impuso la pena privativa de libertad de dos años de prisión, debiéndose imputar a la pena el tiempo que por esta causa hubiera permanecido detenido preventivamente. También se le impuso una multa de dos mil salarios mínimos. El señor Suárez Rosero en ningún momento fue citado ante autoridad judicial competente para ser informado de los cargos en su contra. nota 2

  1. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .
  2. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
8.21. Detención ilegal y arbitraria por autoridad militar, al desobedecer orden de autoridad judicial competente

La Corte ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el análisis de la violación a la libertad personal y a la protección judicial del Caso Cesti Hurtado, la Corte estableció que el estudio no se refiere a la inocencia o culpabilidad del acusado en los hechos que se le han atribuido en el sistema interno. Aunque la legislación peruana consagra recursos distintos del hábeas corpus dirigidos a dirimir conflictos de competencia entre distintos órganos judiciales, también es cierto que según la Convención, hay un margen de acción para que el juez del hábeas corpus se ocupe de la competencia del funcionario que ha ordenado la privación de libertad. Efectivamente, la autoridad judicial encargada de resolver sobre el hábeas corpus interpuesto por Cesti Hurtado, debía apreciar los datos conducentes a definir si la detención que se pretendía realizar tenía el carácter de arbitraria. Entre esos datos figuraba necesariamente la competencia de la jurisdicción militar para emitir la orden de detención, considerando los hechos imputados y las circunstancias de la persona a la que éstos se atribuían cual era, ser un civil. En este caso se tiene que las autoridades militares desafiaron la orden de la Sala Especializada en su integridad, y procedieron a detener, procesar y condenar al señor Cesti Hurtado en flagrante violación de una orden clara de un tribunal competente. La Corte declaró que, como resultado de la negativa de sus autoridades militares de obedecer y ejecutar la orden legítima de la Sala Especializada de Derecho Público, y de la consiguiente detención, procesamiento y condena del señor Cesti Hurtado, el Estado de Perú violó su derecho a la libertad personal de acuerdo a lo garantizado en el artículo 7.1. 2 y 3 de la Convención, en relación con el deber general de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciones en el orden interno (artículos 1.1 y 2). nota 1

  1. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 56 .
8.22. Violación del derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria, probada por las conclusiones de instituciones oficiales y nacionales: las comisiones de la verdad

De acuerdo con los hechos probados, un dirigente sindical y una líder social fueron secuestrados y luego ejecutados. Ellos eran Saúl Isaac Cantoral Huamaní, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú desde 1987 y había dirigido dos huelgas nacionales en 1988 y Consuelo Trinidad García Santa Cruz, fundadora con otras mujeres de una asociación ?Centro de Mujeres ?Filomena Tomaira Pacsi, Servicios a la Mujer Minera?,dedicada a la capacitación y asesoría a los Comités de Amas de Casa en los campamentos mineros del Perú.

El dirigente sindicalista, en el contexto de las huelgas nacionales que había dirigido, fue secuestrado, lesionado e interrogado y recibió amenazas, que en su oportunidad fueron atribuidas a un grupo paramilitar (Comando Rodrigo Franco). Posteriormente, aparece probado, que el dirigente sindical fue amenazado en múltiples oportunidades de muerte por el mismo grupo paramilitar.

En febrero de 1989, el sindicalista y la líder fueron secuestrados y posteriormente ejecutados. En el cadáver del dirigente se encontraron heridas por seis impactos por arma de fuego y junto al cuerpo una inscripción en una cartulina que decía ?perro soplón, vendido, viva la huelga minera, viva el PCP? y el dibujo de la hoz y el martillo.

En el inicial informe policial, respecto de la muerte de la líder, se señaló que no se encontró impacto producido por proyectil de arma de fuego, lo que explicó en su momento que no se practicara examen balístico, pero presentaba lesiones traumáticas en la cabeza ?ocasionadas posiblemente por la llanta de un vehículo en movimiento, lo cual le ocasionó la muerte?. Es decir, que de conformidad con la versión oficial inicial, la causa de la muerte fue aplastamiento producida por un vehículo.

El Estado reconoció el extravío de los protocolos de necropsias realizados después de la muerte de las víctimas. En el año 2006, fue efectuada una nueva necropsia por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en donde se estableció que el cuerpo del dirigente presentaba cinco impactos por arma de fuego e impacto contundente y fractura del manubrio esternal. En relación con el cadáver de la mujer víctima, al contrario de la primera información oficial obtenida, se determinó la presencia de dos impactos por arma de fuego, en su cabeza. El informe concluyó afirmando que ?[t]odos los elementos recogidos hasta la fecha hacen presumir que la responsabilidad de estas muertes compromete a algún tipo de organización vinculada con el aparato estatal de la época en que ocurrieron los acontecimientos?.

El informe pericial, presentado por los representantes de las víctimas y realizado por el equipo Peruano de Antropología Forense, fue indicativo de que el dirigente sindical presentaba una fractura en el esternón, contrario a lo afirmado en la nueva necropsia practicada en el 2006, cuyo impacto pudo haberse dado ?con un artefacto de contorno irregular y continente indefinido?. Con respecto a la líder, además de dos lesiones por arma de fuego, se referenció una fractura en la mandíbula.

El Estado peruano creó, mediante decreto presidencial, la Comisión de la Verdad y Reconciliación el 4 de julio de 2001, cuya finalidad apuntaba a esclarecer las circunstancias y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, ?imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos?. La Comisión emitió su Informe Final el 27 de agosto de 2003; sus conclusiones y recomendaciones fueron aceptadas por los diferentes órganos del Estado y ha servido de prueba relevante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos sometidos a su jurisdicción.

Con fundamento en lo establecido por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en otra información procesal, el contexto que tuvo en cuenta la Corte, en este caso, estuvo relacionado con la situación de conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000; la situación de conflicto laboral del sector minero y las correspondientes huelgas nacionales y los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales contra dirigentes sindicales mineros.

El mencionado Informe estableció que se encontraron ?elementos razonables suficientes? sobre la existencia del ya mencionado grupo paramilitar, el apoyo brindado por un grupo de miembros de la policía peruana y estableció que ?existen elementos que permiten suponer razonablemente que personas a quienes se atribuye pertenencia al citado Comando, han sido responsables [...del] asesinato del líder sindical Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García...?

Una comisión parlamentaria conocida como ?Comisión Herrera?, atribuyó responsabilidad por los hechos a agentes estatales.

Dentro del proceso ante la Corte Interamericana se tuvo por probado que en relación con la investigación de los hechos intervinieron, por lo menos formalmente, siete fiscalía, sin que después de 18 años a partir de los asesinatos, las investigaciones hubieran superado las fases preliminares, ni identificado a los autores. Tampoco había formalización de denuncia contra persona alguna.

La Corte señaló que la ausencia de información sobre los tratos recibidos por las víctimas antes de ser privados de sus vidas, obedece en buena medida a la inexistente investigación seria y efectiva de los hechos, el extravío de los protocolos de necropsias que se realizaron inmediatamente después de los hechos y de la omisión durante muchos años de realizar otras necropsias.

La Corte estableció que el Estado peruano violó el derechos a la libertad personal ?artículo 7 de la Convención- en relación con los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos -artículo 1.1. de la Convención- por la detención ilegal y arbitraria del dirigente sindical y de la líder, en tanto que de las conclusiones de las instituciones oficiales del Estado conocedoras del caso no se desprenden elementos suficientes para llegar a otra conclusión a la de la responsabilidad de agentes estatales en los hechos. nota 1

  1. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 167 
8.23. Detención arbitraria por practicarse sin orden judicial previa y con desconocimiento de los requisitos de detención

La Corte establece en el Caso Juan Humberto Sánchez que, teniendo en cuenta que en ninguna de las dos detenciones se informó al señor Juan Humberto Sánchez sobre las conductas delictivas que se le imputaban, y que la segunda detención se llevó a cabo sin una orden judicial previa, se configuró la violación de los artículos 7.2 y 7.4 de la Convención. nota 1

La Corte reitera lo anterior en el Caso Bulacio y declara la violación del artículo 7 de la Convención en perjuicio de Walter David Bulacio, quien fue detenido por la policía de manera ilegal y arbitraria dentro de un operativo de razzia sin que mediara orden judicial, y no se le informó de los derechos que le correspondían como detenido, ni haber dado pronto aviso a sus padres ni al juez de menores sobre la detención. nota 2

Lo anterior se repite en el Caso Maritza Urrutia y en el Caso Tibi. nota 3

  1. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  2. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 100 .
  3. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 . Ratificado en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 . Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
8.24. Vulneración del derecho a la libertad personal cuando no se pone al detenido a disposición de autoridad judicial competente

En el Caso Cantoral Benavides, Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido por miembros de las Policía, sin orden judicial previa, en compañía de su hermano mellizo Luis Fernando, por el delito de terrorismo. Se le mantuvo incomunicado durante ocho días, fue objeto de torturas y exhibido en los medios de comunicación como integrante de Sendero Luminoso y autor del delito de traición a la patria. Permaneció en una celda reducida, sin ventilación ni luz natural, con solo media hora diaria en un patio. Su hermano fue condenado a 25 años de prisión pero fue liberado erróneamente en vez de Luis Alberto, quien continuó recluído por un año completando una detención por 4 años. Aunque la Constitución peruana permitía la detención por un período de 15 días para acusados por el delito de terrorismo, la Corte estableció que en todo caso, ese tipo de disposiciones contradicen lo dispuesto por la Convención en el sentido de que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. En consecuencia, el hecho de que Cantoral Benavides hubiera sido puesto a disposición de un juez penal militar, no satisfizo las exigencias del artículo 7.5 de la Convención. Asimismo, la continuación de la privación de su libertad por órdenes de los jueces militares constituyó una detención arbitraria, en el sentido del artículo 7.3 de la Convención. Por lo anterior, la Corte declara que Perú violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención. nota 1

En el Caso Suárez Rosero, la Corte sostiene que de acuerdo con el artículo 7.5 de la Convención, toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un funcionario judicial y tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. El Estado no contradijo la aseveración de que el señor Suárez Rosero nunca compareció ante una autoridad judicial durante el proceso y, por tanto, la Corte da por probada esta alegación y declara que esa omisión por parte del Estado constituye una violación del artículo 7.5 de la Convención. nota 2

En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte declara la violación del artículo 7.2 por no haber sido la víctima puesta inmediatamente a la orden de un juez. nota 3

Lo mismo sucede en el Caso Maritza Urrutia y en el Caso Tibi. nota 4

  1. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .
  2. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
  3. Caso Juan Humberto Sanchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  4. Caso Maritza Urrutia Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 . Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
8.25. Violación de la libertad personal cuando no se pone al detenido a disposición de autoridad judicial competente, incluso en estados de excepción

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, durante los años 1980 a 1994 el Perú sufrió una grave convulsión social generada por actos terroristas. El órgano encargado de prevenir, denunciar y combatir las actividades de traición a la patria es la DINCOTE; los inculpados pueden estar detenidos con carácter preventivo por un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, y permanecen incomunicados si la investigación lo justifica. Durante un operativo fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad chilena: Lautaro Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdez, María Concepción Pincheira Sáez, y Jaime Francisco Castillo Petruzzi. En el momento de la detención y durante el procesamiento ante la justicia militar, rigió un estado de emergencia y de suspensión de las garantías; el control del orden interno en las zonas de emergencia fue asumido por un Comando Político Militar. Durante la fase de investigación policial el detenido no tiene derecho a contar con defensa legal, sino hasta que rinda declaración sobre los hechos, oportunidad en que a las supuestas víctimas se les nombró al mismo defensor de oficio. En la fase de investigación policial se efectuaron detenciones; reconocimientos médico-legales; registros personales, domiciliarios y de vehículos; incautaciones e inmovilizaciones de efectos; toma de declaraciones a los detenidos y testigos; y análisis de la documentación incautada. Se comunicó a la Fiscalía Militar Especial la detención de los señores Castillo Petruzzi, Pincheira Sáez, Mellado Saavedra y Astorga Valdez. La calificación legal del ilícito supuestamente cometido por los detenidos fue efectuada por la DINCOTE y sirvió para atribuir competencia a la jurisdicción militar. Estas personas fueron procesadas por el delito de traición a la patria en el fuero militar, proceso llevado por jueces "sin rostro". Fueron puestos a disposición del Fiscal Especial Militar; quien con base en las investigaciones policiales practicadas, denunció a los detenidos por la comisión del delito de traición a la patria. En los delitos de traición a la patria se aplica un procedimiento sumario "en el teatro de operaciones" llevado por jueces "sin rostro", con respecto al cual no cabe la interposición de acciones de garantía. La defensa del señor Astorga Valdez interpuso dos recursos de hábeas corpus para que pudieran visitarlo su abogada y sus familiares pero ambos recursos fueron rechazados. Las personas mencionadas han permanecido en privación de libertad hasta la fecha. Durante el primer año de reclusión se les impuso un régimen de aislamiento celular continuo, dentro de una celda reducida, sin ventilación ni luz natural, con media hora de salida de su celda al día y con un régimen de visitas sumamente restringido. nota 1

De acuerdo con la Corte, un individuo que ha sido privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez, pues el cometido esencial de este artículo es la protección de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado. Si bien el vocablo "inmediatamente" debe ser interpretado de conformidad con las características especiales de cada caso, ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención. En este caso, la detención ocurrió en el contexto de una gran alteración de la paz pública, intensificada, debida a actos de terrorismo que arrojaron numerosas víctimas. Ante estos acontecimientos, el Estado adoptó medidas de emergencia como la posibilidad de detener sin orden judicial previa a presuntos responsables de traición a la patria. La Corte ha señalado reiteradamente que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción. Las limitaciones que se imponen a la actuación del Estado responden a la necesidad genérica de que en todo estado de excepción subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las necesidades de la situación y no excedan de los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella. La Corte estima, en cuanto al artículo 7.5 de la Convención, que la ley peruana, de acuerdo con la cual una persona presuntamente implicada en el delito de traición a la patria puede ser mantenida en detención preventiva por un plazo de 15 días, prorrogable por un período igual, sin ser puesta a disposición de autoridad judicial, contradice lo dispuesto por la Convención en el sentido de que toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez. La Corte considera que, al aplicar la ley vigente, el Estado mantuvo a los detenidos sin control judicial por un período de aproximadamente 36 días desde la detención hasta la fecha en que fueron puestos a disposición judicial, lo cual es excesivo y contradice lo dispuesto en la Convención. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 7.5 de la Convención. nota 2

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  2. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
8.26. Violación del derecho a la libertad personal, garantía de recurrir ante autoridad judicial para que decida sobre la legalidad de la privación de la libertad: demora en resolver los recursos, desconocimiento de argumentos de las víctimas y omisión sobre mantenimiento de medida privativa de la libertad

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como habeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el habeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva
En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ? artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte estableció la violación del derecho de las dos víctimas a ?recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales? ?artículo 7.6 de la Convención Americana sobre derechos humanos- y por ende del derecho a la libertad personal -artículo 7.1. de la Convención- en relación con el deber de garantía de los derechos humanos ?artículo 1.1. Convención- , porque los pronunciamientos que negaron los recursos: 1- fueron demorados en el tiempo; 2- no contemplaron las causas alegadas por las víctimas acerca de la ilegalidad de la prisión preventiva de su libertad y 3- omitieron el aspecto del mantenimiento de la medida privativa de la libertad. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
8.27. Violación del derecho a la libertad personal: la declaración de la víctima ante un fiscal y la presencia de un juez al momento de la detención no cumplen con la garantía de intervención de autoridad judicial en situaciones de privación de la libertad

En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como hábeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el habeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que "no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente".

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva
En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte estableció que con la declaración que la víctima hace ante un fiscal y la presencia de la jueza al momento de la detención no se cumple con el deber del Estado de llevar a la persona detenida "sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales" -artículo 7.5 Convención Americana sobre derechos humanos ni suple el la garantía del control judicial y ello conlleva la violación del derecho a la libertad personal.

La Corte señaló que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención conlleva necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma. La falta de respeto a las garantías de la persona privada produce la falta de protección del propio derecho a la libertad. También en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Serie C. No. 170 
8.28. Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por ineficacia del recurso de habeas corpus

En el Caso Suárez Rosero, la Corte se refirió al alcance del artículo 7.6 de la Convención, el cual dispone que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, para que decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén este recurso, no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Ha dicho la Corte que el derecho de hábeas corpus debe ser garantizado en todo momento a un detenido, aún cuando se encuentre bajo condiciones de incomunicación legalmente decretada. Esta garantía está regulada en el Ecuador tanto en la Constitución como en la ley de Procedimiento Penal.

En cuanto a la violación de los artículos 7.6 y 25 de la Convención al negar al señor Suárez Rosero el derecho de hábeas corpus, la Corte considera que el derecho establecido en el artículo 7.6 no se cumple con la sola existencia formal de los recursos. Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito es obtener una decisión pronta sobre la legalidad de la detención y, en caso de que fuese ilegal, la obtención, sin demora, de una orden de libertad. La Corte ha declarado que el hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente. Es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Suárez Rosero fue resuelto por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, más de 14 meses después de su interposición y se denegó la procedencia del recurso, por no haberse incluido ciertos datos que no son requisitos de admisibilidad en la legislación del Ecuador. El artículo 25 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante juez o tribunal competente. Esta disposición constituye uno de los pilares básicos de la Convención y del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática. El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. Con base en lo anterior, y concretamente al no haber tenido el señor Suárez Rosero acceso a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo, la Corte concluye que el Estado violó las disposiciones de los artículos 7.6 y 25 de la Convención. nota 1

  1. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
8.29. Violación de la libertad personal y del deber de protección judicial por ineficacia del habeas corpus frente a detención efectuada por autoridad militar

En el Caso Cesti Hurtado al señor Cesti Hurtado, ciudadano Peruano que gerenciaba una sociedad anónima que asesoraba al Comando Logístico del Ejercito Peruano, se le inicia un proceso en la justicia penal militar por los delitos de desobediencia y fraude, librando orden de captura, contra la cual el investigado interpone recurso de hábeas corpus que es concedido por un juez y declarado inaplicable por un vocal militar. Posteriormente es detenido y condenado a siete años de prisión. nota 1

El derecho establecido en el artículo 7.6 de la Convención no se cumple con la sola existencia formal de los recursos que regula. Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito es obtener una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o la detención y, en caso de que éstos fuesen ilegales, la ejecución, también sin demora, de una orden de libertad. La Corte considera demostrado que el recurso de hábeas corpus, tal como existe en la ley peruana, reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de la Convención, puesto que constituye claramente un recurso sencillo y rápido contra actos que violen los derechos fundamentales del recurrente. Un tribunal competente en materia de garantías adoptó una decisión final e inapelable concediendo el hábeas corpus al solicitante y protegiéndolo de la amenaza objetiva a su libertad que derivaba de los procedimientos iniciados en la jurisdicción militar. Sin embargo, la decisión fue desconocida por otras autoridades y la victima fue detenida. Por no haber asegurado que la decisión de hábeas corpus fuera apropiadamente ejecutada, el Estado peruano violó en perjuicio del señor Cesti Hurtado los derechos protegidos en los artículos 7.6 y 25 de la Convención. nota 2

  1. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 56 .
  2. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 56 .
8.30. La detención de un insurgente debe observar los requisitos formales y materiales en respeto de la libertad incluso en situación de conflicto interno

En el Caso Bámaca Velásquez, la Corte reitera nuevamente su jurisprudencia sobre el derecho a la libertad personal y la prohibición de detenciones ilegales y arbitrarias. Sostiene que ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención sin afectar el derecho a la libertad personal, y la falta de reconocimiento de la detención de un individuo es una completa negación de las garantías que deben ser otorgadas y una grave violación de la libertad. En el presente caso, Bámaca Velásquez estuvo detenido por el Ejército guatemalteco en centros de detención clandestinos por lo menos durante cuatro meses, violando así el artículo 7 de la Convención. Si bien se está en presencia de la detención de un insurgente durante un conflicto, de todas maneras debió asegurársele al detenido las garantías propias de todo Estado de Derecho, y sometérsele a un proceso legal. Aunque el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y de mantener el orden público, debe realizar sus acciones ?dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana?. Por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho a la libertad personal (artículo 7). nota 1

  1. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala Sentencia Serie C. No. 70 .
8.31. La ineficacia del recurso de habeas corpus en estados de excepción vulnera el derecho a la libertad personal y el deber de protección judicial

En el Caso Neira Alegría y otros, la Corte se refirió al alcance del recurso de Habeas Corpus y a la prohibición de suspender derechos inalienables durante los Estados de Excepción (artículos 7.6 y 27.2 de la Convención. Consideró que fueron infringidos, debido a la aplicación de los Decretos que declararon el estado de emergencia en determinadas provincias y Zona Militar Restringida en el penal. Si bien dichos decretos no suspendieron de manera expresa el recurso de hábeas corpus, de hecho, el cumplimiento que se dio a ambos decretos produjo la ineficacia del instrumento tutelar, y por tanto, su suspensión en perjuicio de las presuntas víctimas. El hábeas corpus era el procedimiento idóneo para que la autoridad judicial pudiese investigar y conocer el paradero de las tres personas a que se refiere el caso. La Corte ha sostenido que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven para preservar la legalidad de una sociedad democrática. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. Es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto por el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1 consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. Estos criterios interpretativos son aplicables a este caso, en cuanto el control y jurisdicción de las Fuerzas Armadas sobre el Penal se tradujeron en una suspensión implícita de la acción de hábeas corpus, en virtud de la aplicación de los Decretos que declararon la emergencia y la Zona Militar Restringida. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, de lo cual se desprende que esta es una disposición de carácter general cuya violación está siempre relacionada con la que establece un derecho humano específico. El artículo 1 contiene la obligación contraída por los Estados en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención. nota 1

En el Caso Durand y Ugarte reitera que en la declaración de estados de emergencia en los casos de guerra, peligro público u otra emergencia, si se ha decretado debidamente la suspensión de garantías, ésta no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario, y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción. En este caso, los decretos supremos no suspendieron el recurso de hábeas corpus que dispone el artículo 7.6 de la Convención, pero el cumplimiento que el Estado dio a dichos decretos produjo, de hecho, la ineficacia del recurso, en virtud de que los jueces ordinarios no podían ingresar a los penales por ser éstos zonas militares restringidas, y de que dichas disposiciones impedían investigar y determinar el paradero de las personas a favor de las cuales se había interpuesto el recurso. La acción de hábeas corpus interpuesta por la madre y hermana de las victimas, fue declarada improcedente, por considerar el juez que los beneficiarios se encontraban procesados y detenidos en virtud de órdenes emanadas de un procedimiento regular, por el delito de terrorismo. Adicionalmente, la aplicación de los Decretos-Supremos, que declararon el estado de emergencia y la zona militar restringida, así como el control efectivo de las Fuerzas Armadas sobre el centro penitenciario, produjeron implícitamente la suspensión de la acción de hábeas corpus, en contravención de lo dispuesto en la Convención. Por lo tanto, puede afirmarse que no fue efectiva la acción de hábeas corpus intentada, con base en lo cual, la Corte declara que el Estado violó los derechos a la libertad personal y a la protección judicial (artículos 7.6 y 25.1), en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera. nota 2

  1. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 20 .
  2. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .
8.32. Vulneración del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial del estado, cuando se impide a una persona ejercer el recurso de habeas corpus durante los estados de excepción

En el Caso Loayza Tamayo, la Corte se refirió al artículo 27 de la Convención que regula la suspensión de garantías en casos de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado Parte, para lo cual éste deberá informar a los demás Estados Partes de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, los motivos y la fecha en que de por terminada tal suspensión. La libertad personal no está incluida entre los derechos cuya suspensión no se autoriza en ningún caso, pero la Corte ha expresado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el Artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática y que aquellos ordenamientos constitucionales de los Estados que autoricen la suspensión de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que impone la Convención. Las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. La Corte considera que, de acuerdo con el Decreto-Ley que tipifica el delito de traición a la patria, la señora Loayza Tamayo no tenía derecho a interponer acción de defensa de su libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención, independientemente de la existencia o no del estado de suspensión de garantías. Durante el término de la incomunicación a que fue sometida la señora Loayza Tamayo y el proceso posterior en su contra, no pudo ejercer las acciones de garantía que no pueden ser suspendidas. Para la Corte, fue ilegal la detención de la señora Loayza Tamayo con posterioridad a la sentencia final en el proceso militar y hasta que se dictó el auto apertorio de instrucción en el fuero ordinario. En consecuencia, la Corte concluye que el Perú violó en perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo el derecho a la libertad personal y el derecho a la protección judicial, establecidos en los artículos 7 y 25 de la Convención. nota 1

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte aprecia que el Decreto-Ley que regula el delito de traición a la patria, vigente al momento de la detención e inicio del proceso contra las supuestas víctimas, denegaba la posibilidad de presentar acciones de garantía por parte de las personas involucradas en casos de terrorismo o traición a la patria. Este Decreto fue modificado y se permitió, en principio, la interposición de acciones de garantía en favor de implicados en delitos de terrorismo o traición a la patria. Sin embargo, esta reforma no trajo consigo mejora alguna en la situación jurídica de los inculpados, en cuanto estableció, que no son admisibles las Acciones de Hábeas Corpus sustentadas en los mismos hechos o causales, materia de un procedimiento en trámite o ya resuelto. La Corte entiende que la vigencia del Decreto-Ley en el momento en que las supuestas víctimas fueron detenidas, y durante buena parte de la tramitación del proceso interno, vedaba jurídicamente la posibilidad de interposición de acciones de hábeas corpus. La modificación introducida no benefició a los detenidos, por ser su caso materia de un procedimiento en trámite. La interposición por parte de la defensora del señor Astorga Valdez, de dos acciones de hábeas corpus no cambia lo concluido, dado que dichas acciones fueron interpuestas con finalidad distinta de la de lograr que un juez o tribunal competente decida, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si éstos fueron ilegales.

La Corte reitera su jurisprudencia sobre el derecho de toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Como ya ha sostenido la Corte, la implantación del estado de emergencia no puede comportar la supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los Estados están obligados a establecer, según la misma Convención. Por consiguiente, es violatoria de la Convención toda disposición adoptada por virtud del estado de emergencia, que redunde en la supresión de esas garantías. Dentro de las garantías judiciales indispensables que deben respetarse, el hábeas corpus representa el medio idóneo para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado negó a las víctimas, por aplicación de su legislación interna, la posibilidad de interponer acciones de garantía en su favor y por ello el Estado violó lo dispuesto en los artículos 25 y 7.6 de la Convención. nota 2

En el Caso Cantoral Benavides, la Corte considera que la víctima no tenía, en aplicación de una norma legal, derecho a interponer acción de garantía alguna para salvaguardar su libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención, independientemente de la existencia o no de un estado de suspensión de garantías. En razón de lo anterior, la acción de garantía interpuesta no fue efectiva y el señor Cantoral Benavides permaneció encarcelado durante cuatro años, cuando fue liberado como resultado de un indulto. Por todo lo expuesto, la Corte declara que Perú violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención sobre libertad y protección judicial. nota 3

  1. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 33 .
  2. Caso Castillo Petruzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  3. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .
8.33. Violación de la libertad personal por la imposibilidad de interponer recursos

En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte considera que al producirse la detención arbitraria del señor Juan Humberto Sánchez como parte del patrón imperante de ejecuciones extrajudiciales, éste no tuvo la posibilidad de interponer por sus propios medios un recurso sencillo y efectivo que le permitiera hacer valer su derecho a la libertad personal y eventualmente que le hubiese evitado las conculcaciones a sus derechos a la integridad personal y vida. Esta persona estuvo en poder de agentes del Estado y, en consecuencia, era éste el obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso pudiera tener resultados efectivos, violentándose así el artículo 7.6 en concordancia con el artículo 25 de la Convención. nota 1

En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, entre ellas, Servellón García y Betancourth Vásquez, menores de edad, fueron colectivamente detenidas, sometidas, de forma ilegal y arbitraria, a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención, posteriormente, ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La Corte concluyó, a la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado, que éste violó los artículos 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas, por no haberles garantizado una protección efectiva a través del recurso de hábeas corpus. nota 2

  1. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 .
  2. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
8.34. El estado de excepción no justifica la vulneración de los límites establecidos por el artículo 7

La Corte ha señala que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción, todo lo anterior en referencia a la detención, maltrato y asesinato de los hermanos Gómez Paquiyauri. nota 1

  1. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 .
8.35. Violación de la libertad personal por falta de efectividad de los recursos interpuestos

Si el Estado no demuestra que el recurso de amparo judicial se ha resuelto sin demora, se concluye que éste no es efectivo en los términos del artículo 7.6 de la Convención. nota 1

  1. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-10-08
Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

2013-09-13
La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada

2013-09-13
Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Para acceder a la tabla de contenidos de cada ítem, puede hacer clic en el nombre en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad