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9. Derecho a las garantías judiciales (artículo 8 de la convención)

9.1. Vulneración de las garantías judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en proceso administrativo de reivindicación de tierras ancestrales, interpuesto por comunidad indígena

En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la mencionada Comunidad, inició en 1993 los procedimientos administrativos ante el Instituto de Bienestar Rural (IBR, actualmente Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT) para obtener la reivindicación y titulación de un mínimo de 15.000 hectáreas correspondientes a sus tierras tradicionales, ubicadas en la actual Estancia Loma Verde, Maroma y Ledesma propiedad de empresas particulares. Desde el año 1996, la comunidad abandona las tierras de la Iglesia anglicana en la Estancia El Estribo y regresa paulatinamente a sus territorios, donde se niega la entrada a sus miembros. Durante la tramitación del proceso administrativo de reivindicación, los miembros de la comunidad fueron denunciados penalmente en 1999 por parte del representante legal de la firma Livestock Capital Group INC, compañía que figura como una de las propietarias del predio, por supuesta comisión del delito de invasión de inmueble ajeno, coacción grave y hurto. Además, las condiciones de vida de esta comunidad, fueron degradándose por la falta de atención médica, adecuada alimentación y acceso al agua potable e incluso por las agresiones que han sufrido por parte de vecinos, situación que condujo a la declaratoria de un estado de emergencia, por parte de la Presidencia del Gobierno mediante Decreto número 3789, de 26 de junio de 1999.

Transcurridos 11 años, 8 meses y 12 días (hasta la fecha de emisión de la sentencia) aún no se ha dado una solución definitiva al reclamo. El expediente administrativo pasó de las manos del IBR al INDI y viceversa en múltiples ocasiones. Así por ejemplo, en diversas oportunidades, el IBR requirió al INDI la presentación de cualquier dato respecto a la Comunidad Yakye Axa, sin que esta institución dé cumplimiento a lo requerido. El INDI esperó hasta el 28 de mayo de 1997 para solicitar la ubicación de la fracción reivindicada y su relación con las fincas afectadas, y el informe técnico-antropológico de la Comunidad Yakye Axa. En diversas ocasiones los abogados de la Comunidad solicitaron al IBR la realización de una inspección ocular en las tierras reivindicadas, la que no fue ordenada sino hasta el 25 de julio de 1996. El IBR demoró hasta el 8 de septiembre de 1998 para emitir la resolución No. 755, mediante la cual resolvió decretar racionalmente explotadas las tierras reivindicadas. Hasta el 2 de noviembre de 2001 el INDI decidió solicitar al Parlamento Nacional, por vía del Poder Ejecutivo, la expropiación de parte de las fincas reivindicadas, a través de anteproyectos normativos rechazados en las Cámaras Legislativas. Con fundamento en lo anterior, la Corte consideró la demora prolongada, constituye en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, advirtió que las demoras en el proceso administrativo no se han producido por la complejidad del caso, sino por las actuaciones sistemáticamente demoradas de las autoridades estatales, por lo cual concluyó que el procedimiento legal de reivindicación de tierras instaurado por los miembros de la Comunidad Yakye Axa desconoció el principio del plazo razonable. nota 1

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Comunidad Indígena, desde 1991, se encuentra tramitando su solicitud de reivindicación territorial, sin que se haya resuelto su petición por parte del Estado. El 7 de septiembre de 1993 se iniciaron los trámites ante el Instituto Paraguayo del Indígena - INDI para el reconocimiento de lo que en el Paraguay se conoce como ?personería jurídica? de la Comunidad Sawhoyamaxa, y finalmente el 21 de julio de 1998 el Presidente del Paraguay emitió el Decreto No. 22008, mediante el cual reconoció la personalidad jurídica de la Comunidad indígena Sawhoyamaxaque. El procedimiento para la atención de los problemas de la tenencia de tierras en el Paraguay, es el administrativo, a cargo del Instituto de Bienestar Rural - IBR. Las cuestiones territoriales indígenas son tramitadas ante el INDI y el IBR, que actúan siempre dentro del ámbito administrativo y forman parte de su hábitat tradicional. El procedimiento de reivindicación de tierras tradicionales que forman parte del hábitat tradicional de la Comunidad Sawahoyamaxa, se inició el 6 de agosto de 1991, con la comunicación de los líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa al Instituto de Bienestar Rural - IBR, para que les fueran entregadas 8.000 hectáreas, petición que el 7 de septiembre de 1993 fue ampliada a 15.000. Los miembros de la Comunidad señalaron en su solicitud de tierras que la misma era ?urgente?, pues su situación era ?muy precaria?. El 21 de abril de 1997, los líderes de la Comunidad remitieron al INDI un informe antropológico elaborado por el señor Miguel Chase-Sardi, en el que se detallaba, el riesgo real y la situación de vulnerabilidad en la que permanecen los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, en especial los niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como de su mortandad. Los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa que fallecieron por la situación en que se encuentra dicha comunidad, no contaron con registros de su nacimiento y defunción, ni con algún otro documento proveído por el Estado capaz de demostrar su existencia e identidad.

En el presente caso, las actuaciones del INDI y del IBR se limitaron a remitirse el expediente mutuamente y a solicitar en reiteradas ocasiones a los propietarios particulares de las tierras reclamadas por los miembros de la Comunidad que realicen ofertas ?sobre la fracción afectada?, sin que se reciba ninguna respuesta positiva al respecto. El 3 de diciembre de 1998 la Asesoría Jurídica del IBR emitió el dictamen No. 2065, mediante el cual señaló, entre otras, que de las diligencias realizadas por el IBR y de los documentos anexados se acreditaba ?la racionalidad de la explotación? de los propietarios de las tierras objeto del procedimiento, por lo cual, de conformidad con el Estatuto Agrario, resultaba imposible su afectación compulsiva y los propietarios se niegan a otra salida negociada. Por lo anterior, el 15 de junio de 1999, mediante la resolución No. 170, el IBR se declaró incompetente de decidir o no la expropiación de las tierras, declaró terminada la instancia administrativa y trasladó la responsabilidad al INDI, institución que no ha realizado actuación alguna desde julio de 1999. El 13 de mayo de 1997 líderes de la Comunidad Sawhoyamaxa presentaron al Congreso Nacional un proyecto de ley con el fin de declarar de interés social y expropiar a favor del INDI, para su posterior entrega a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, las fincas comprendidas dentro de los territorios que trataban de reivindicar. Proyecto que fue archivado, el 11 de junio de 1998. Un segundo proyecto de ley propuesto fue igualmente rechazado el 16 de noviembre de 2000. No obstante, en vista de que el Paraguay ratificó la competencia contenciosa del Tribunal el 26 de marzo de 1993, consideró la Corte que desde esa fecha debía contabilizarse la duración del procedimiento. Así, desde esa fecha hasta la de la Sentencia, han transcurrido 13 años y aún no se ha dado una solución definitiva al reclamo de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. Por lo anterior, la Corte consideró que las actuaciones de las autoridades estatales en el procedimiento administrativo de reivindicación de tierras no han sido compatibles con el principio del plazo razonable, en violación del artículo 8 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 y 2 de la misma. nota 2

  1. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
  2. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 
9.2. Vulneración de las garantías judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en trámite administrativo de solicitud de personería jurídica interpuesto por comunidad indígena

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Comunidad Indígena, desde 1991, se encuentra tramitando su solicitud de reivindicación territorial, sin que se haya resuelto su petición por parte del Estado, lo cual ha significado la imposibilidad de la Comunidad y sus miembros de acceder a la propiedad y posesión de sus tierras y ha implicado mantenerla en un estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que amenaza en forma continua su supervivencia e integridad, situación que ha desembocado en la muerte de varios miembros de dicha Comunidad. El 7 de septiembre de 1993 se iniciaron los trámites ante el Instituto Paraguayo del Indígena - INDI para el reconocimiento de lo que en el Paraguay se conoce como ?personería jurídica? de la Comunidad Sawhoyamaxa, y finalmente el 21 de julio de 1998 el Presidente del Paraguay emitió el Decreto No. 22008, mediante el cual reconoció la personalidad jurídica de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, es decir, cuatro años, diez meses y catorce días después. La Corte consideró que la complejidad del procedimiento era mínima y dado que el Estado no ha justificado la mencionada demora, la Corte la consideró desproporcionada y como una violación del derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana. nota 1

  1. Caso Comunidad Indígena Sawhoyomaxa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 146 
9.3. Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial

En el Caso Valle Jaramillo y otros, el defensor del derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, quien venía denunciando sistemáticamente los crímenes cometidos por grupos paramilitares, en el municipio de Ituango y la connivencia de estos grupos con miembros de la Fuerza Pública, fue asesinado por estas denuncias el 27 de febrero de 1998, por los disparos ocurridos durante la irrupción que tres personas hicieron a su oficina. En el mismo lugar, se encontraban su hermana, Nelly Valle y su amigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron en su momento amarrados y amenazados con armas de fuego, mientras se asesinaba al señor del Valle. Tanto Nelly del Valle como el señor Carlos Jaramillo debieron exhiliarse, por las amenazas de que fueron objeto.

El Estado colombiano admitió los hechos y su responsabilidad, por omisión en cumplir su deber de garantía respecto de la violación del derecho a la vida, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos, respecto de la muerte del señor Jesús María Valle Jaramillo, y la violación de los derechos a la integridad y libertad personales contra Jesús María Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa y "sus núcleos familiares directos".

Pero también manifestó, que de acuerdo a investigaciones penales, el asesinato del señor del Valle Jaramillo fue producido por la acción conjunta de grupos de autodefensas y negó que la muerte se hubiera producido "dentro de un patrón general de violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos en Colombia", ni que como consecuencia de sus denuncias hubiera sido "víctima de persecuciones y hostigamientos por agentes del Estado, autoridades civiles y militares".

Está demostrado que además de existir en Colombia un contexto de conflicto armado interno, para la época del asesinato de Valle Jaramillo, los defensores de derecho humanos estuvieron en grave riesgo y peligro y se les consideró como grupo vulnerable, en razón de su actividad, hasta el punto que la Corte Constitucional, en sentencia T-590 de 1998, declaró para estos defensores que existía un "estado de cosas inconstitucional", con fundamento en informes de organismos internacionales, por la ausencia de protección, por lo que el Estado tenía la obligación de "privilegiar la protección" a este grupo de personas.

Quedó probado que el Estado colombiano había propiciado la creación de los grupos de autodefensa o paramilitares; es decir, "creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes", la relación de estos grupos con miembros de la fuerzas pública y la falta de adopción por parte del Estado de medidas concretas y efectivas para su control y desactivación, esto contribuyó a agravar la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, que al igual que la víctima, denunciaba las violaciones de derechos por parte de los paramilitares y la fuerza pública.

La Corte consideró que los pronunciamientos realizados por el defensor de derechos humanos en torno a los vínculos de los paramilitares con algunos agentes del Estado, le pusieron en grave riesgo su vida, su libertad e integridad personal y que no obstante tenerse conocimiento del riesgo, el Estado no adoptó las medidas necesarias y razonables para prevenir que tales derechos fueran vulnerados.

También observó que la muerte de un defensor de derechos humanos podría tener un efecto amedrentador en relación a otras defensoras y defensores, en tanto el temor causado "podría disminuir directamente las posibilidades de que tales personas ejerzan su derecho a defender los derechos humanos a través de la denuncia".

La investigación sobre los hechos y las responsabilidades respectivas se iniciaron formalmente el 8 de julio de 1998, después de la práctica de las diligencias de campo y levantamiento del cadáver propias de la investigación preliminar. La Fiscalía profirió ?mayo de 1999- acusación contra diez personas por los delitos de conformación de grupos armados ilegalmente y homicidio agravado, sufrida por el defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, de las cuales fueron condenadas Carlos Castaño Gil, quien murió en 2005, Álvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodríguez a penas de prisión, en sentencia de marzo de 2001, y absueltos siete personas. Además la Fiscalía ordenó que se continuará con la investigación sobre los delitos contra la libertad y autonomía personal de Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jaramillo.

Tal decisión fue confirmada ?en julio de 2001- por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, reduciéndose la pena en una de las situaciones por aplicación del principio de favorabilidad.

En abril de 2008 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió demanda de revisión, sin que la Corte Interamericana tuviera, en el momento de dictar esta sentencia, mayor información sobre el particular.

Como consecuencia de la determinación de la Fiscalía en 1999, se abrieron dos procesos ?ruptura de la unidad procesal-. En uno de ellos se vinculó, como persona ausente, a un presunto paramilitar, absuelto en mayo de 2007. En el otro, en diciembre de 2001 se abre la investigación preliminar; en enero de 2005 se reasignó la investigación a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía; el 16 de febrero de 2006 se ordenó la vinculación de dos presuntos paramilitares frente a los delitos de homicidio y secuestro simple, en perjuicio del señor Jesús María Valle, la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa. "Ambos se encuentran privados de libertad por cuenta de otros procesos" y posteriormente ordenó el cierre de la investigación, lo que implica que "se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación".

En la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación se adelantan procesos dentro del marco de la Ley 975 de 2005 contra Salvatore Mancuso e Isaías Montes Hernández, alias "Junior", que de acuerdo con el Estado, "están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos" del presente caso.

Por otra parte, en diciembre de 2005 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó el expediente para investigar la presunta responsabilidad de funcionarios públicos, el expediente fue archivado en la etapa de indagación preliminar en junio de 2002, por falta de pruebas para vincular a algún servidor público.

Algunos familiares del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo presentaron, en marzo de 2000, demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo correspondiente, contra la Nación, representada en el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín. En primera instancia fue fallada de forma adversa a sus pretensiones y al recurrirla ante el Consejo de Estado, se realizó una diligencia de conciliación en abril de 2007. El Estado aceptó reparar parcialmente a las víctimas y sus familiares parte en el proceso contencioso administrativo.

Para determinar la razonabilidad del plazo, señaló la Corte que es necesario tener en cuenta: a)la complejidad del asunto, b)la actividad procesal del interesado, c)la conducta de las autoridades judiciales y d)la afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, entre otros elementos "la materia objeto de controversia".

En este contexto, la Corte Interamericana estableció la violación de la garantía de plazo razonable, de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial -artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana-, porque: 1-las investigaciones no todas concluyeron; 2-la dificultad del asunto objeto de la investigación no justifica, que el proceso penal continúe abierto luego de 10 años de ocurrido los hechos; 3-no hubo por parte de las presuntas víctimas obstaculización o demora alguna en lo procesos penales; 4-existió retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales en las investigaciones para establecer toda la verdad e identificar a otros posibles autores de los hechos, entre otros agentes del Estado, lo que ha generado impunidad; 5-no se hicieron efectivas las órdenes de captura contra aquellas responsables que ya han sido condenados, y 6-no hubo reparación integral a las víctimas.

Entre otros aspectos, concluyó la Corte que en el caso prevalece la impunidad, en tanto que los procesos y procedimientos aplicados internamente no constituyen "recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia; investigar y eventualmente sancionar a todos los participantes en la comisión de las violaciones, incluyendo la posible participación de agentes estatales; hacer efectivas las órdenes de captura libradas en contra de aquellos responsables que ya han sido condenados, y reparar integralmente las consecuencias de las violaciones".

La Corte trató en la sentencia dos asuntos relacionados con el fallo:

El primero, en tanto señaló que el proceso contencioso administrativo per se no constituye recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación.

El segundo, que en caso de ejecución extrajudicial los derechos afectados por la violación del debido proceso y de la protección judicial efectiva
corresponde a los familiares de la víctima fallecida. nota 1

  1. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 192 
9.4. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por violación del plazo razonable y faltas al deber de investigar los hechos, así como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para investigar y sancionar a los responsables, en casos de detención ilegal y arbitraria y muerte de la víctima, en perjuicio de las víctimas y/o familiares

En el Caso Escué Zapata, el 1de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del Ejército colombiano entraron de manera violenta en la casa del señor Germán Escué Zapata, y sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, detuvieron al señor Escué Zapata. Tiempo después se encontró su cuerpo sin vida, con signos de maltrato. Por más de diez años la investigación penal por la muerte del señor Escué Zapata estuvo a cargo del Juzgado No. 34 de Instrucción Penal Militar. En el primer año después de los hechos, en la investigación penal militar, sólo rindieron declaraciones cinco militares que supuestamente habían presenciado los hechos. La escena del crimen permaneció sin investigación y no se realizó la autopsia del cadáver. Únicamente se procedió al levantamiento del cuerpo, lo que resultó en la imposibilidad de colectar vestigios importantes para comprobar, entre otros hechos, la inexistencia de confrontación y la autoría de los disparos. Se extravió el expediente procesal y todas las diligencias emprendidas por el Juzgado Penal Militar No. 34 entre los años 1992 y 1998 se orientaron a la reconstrucción del procedimiento, sin que se produjesen nuevas pruebas. Finalmente, hasta la remisión del proceso al fuero común se constataron largos períodos de inactividad procesal. Igualmente, las autoridades judiciales ordinarias empezaron a reconstruir el expediente extraviado únicamente en mayo de 1992 y no pudieron ser reconstituidas diligencias clave, como por ejemplo las actas de levantamiento y el registro de depósito del armamento supuestamente encontrado en poder de la víctima. En la jurisdicción ordinaria, el Estado, especialmente a través de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, a partir del año 2002, ha procedido a realizar varias diligencias con el fin de investigar los hechos y dar con los responsables. Así, se ha ordenado una cantidad más o menos de 25 inspecciones judiciales y unas 55 declaraciones. Del mismo modo, se ha logrado la individualización, captura, privación de la libertad y acusación de algunos presuntos responsables. Para la Corte el Estado limitó sus investigaciones al homicidio de la víctima, quedando sin aclaración otros hechos relacionados a ese crimen, tales como la detención ilegal del señor Escué Zapata, las lesiones corporales que sufrió, el allanamiento ilegal en su domicilio, la colaboración de los ex soldados, en el encubrimiento de los hechos, y la supuesta participación de indígenas y/o terratenientes en el delito. Teniendo en cuenta lo probado en el proceso así como la confesión del Estado, la Corte consideró que el lapso de 19 años que ha demorado la justicia interna en el presente caso es notoriamente irrazonable. Asimismo, aunque valora positivamente la reciente conducta investigativa del Estado, el Tribunal observó que los procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la investigación y sanción de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones. Con base en las precedentes consideraciones y teniendo en cuenta la confesión parcial efectuada por el Estado, la Corte concluye que Colombia violó los derechos previstos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en contra del señor Germán Escué Zapata y sus familiares. nota 1

  1. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 165 
9.5. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por faltas al deber de investigar los hechos, así como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a los responsables

En el Caso de la Masacre de Mapiripán, los paramilitares, que incursionaron con la acción y omisión de agentes estatales, llegaron a Mapiripán y permanecieron desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual, impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y, como consecuencia de estos hechos, numerosas familias se vieron forzadas a desplazarse. El Estado colombiano abrió procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria, procesos contenciosos administrativos y procedimientos disciplinarios. En el proceso contencioso administrativo se presentaron demandas por parte de familiares de cuatro señores y el primero de febrero de 2005 los demandantes y el Ministerio de Defensa del Ejército Nacional llegaron a un Acuerdo Conciliatorio Total ?por concepto de reconocimiento de perjuicios de índole moral y resarcimiento del perjuicio material para los demandantes?. Se inició un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación en contra de varios miembros de las Fuerzas Armadas y de funcionarios públicos, del cual se sancionó con separación absoluta de las fuerzas armadas o reprensión severa, a varios miembros del Ejército, y con destitución a varios funcionarios públicos. En los procesos penales se presentó un conflicto de competencia que se pudo dirimir mediante una orden dada por la Corte Constitucional al momento de resolver una acción de tutela, por lo que el 21 de febrero de 2002 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió dirimir el conflicto de jurisdicciones planteado, declarando que el conocimiento de las diligencias correspondía a la jurisdicción penal ordinaria representada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. La investigación penal se inició dos días después en que la masacre fue perpetrada, por la Fiscalía 12 Delegada ante los Jueces Regionales, radicada en San José del Guaviare; posteriormente la investigación fue asumida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. El Ejército no colaboró efectivamente con las autoridades judiciales que intentaron llegar al lugar de los hechos. La Fiscalía General de la Nación inició hasta diciembre de 2004, es decir, más de ocho años después de ocurridos los hechos, diligencias probatorias para buscar restos mortales en el fondo del río Guaviare. A la fecha de la sentencia, el proceso penal continuaba en trámite y el estado actual del mismo era el siguiente: a) han sido procesadas aproximadamente 17 personas; b) se han proferido resoluciones acusatorias contra trece imputados, de los cuales cinco son miembros del Ejército; c) la Fiscalía General de la Nación ha dictado nueve medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva. De éstas, las órdenes de captura de tres presuntos paramilitares no han sido efectivas; d) existen dos sentencias condenatorias en primera instancia contra cuatro paramilitares, dos sargentos y un teniente coronel del ejercito. Existe una sentencia condenatoria en segunda instancia que absolvió a un paramilitar y confirmó lo demás; e) de esas siete condenas a penas privativas de libertad, existen al menos dos órdenes de captura pendientes de ejecución en contra de dos paramilitares. Sin embargo la orden de captura girada en contra de uno de ellos se encuentra suspendida.

La Corte advirtió que el aspecto sustancial de la controversia ante esa Corporación no es si en el ámbito interno se emitieron sentencias o se llegó a acuerdos conciliatorios por responsabilidad administrativa o civil de un órgano estatal, sino si los procesos internos permitieron que se garantizara un verdadero acceso a la justicia conforme a los estándares previstos en la Convención Americana. La Corte estima que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. La Corte valora algunos de los resultados alcanzados en los procesos contencioso administrativos y la decisión sancionatoria de la Procuraduría en cuanto al valor simbólico del mensaje de reproche, a pesar de constituir una instancia a la que los familiares de las víctimas no tienen acceso. Respecto de los procesos penales, en sentir de la Corte las insuficiencias señaladas, sumadas a los intentos de encubrir los hechos por parte de algunos miembros del Ejército pueden ser calificadas como graves faltas al deber de investigar los hechos, que afectaron definitivamente el desarrollo posterior del proceso penal. Además, las faltas señaladas al deber de investigar se encuentran íntimamente ligadas a las faltas al deber de protección de las víctimas en que incurrió el Estado. Para la Corte la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados ? si se toma en cuenta que el Estado reconoció que participaron en la masacre más de 100 personas y que la Corte ha establecido su responsabilidad porque la misma no pudo haberse perpetrado sin el conocimiento, tolerancia y colaboración de los más altos mandos del Ejército colombiano de las zonas donde ocurrieron los hechos. En segundo lugar, la impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de los paramilitares que, si bien ocupan altos puestos en las estructuras de las AUC, se han visto beneficiados con la acción de la justicia que los condena pero no hace efectiva la sanción. En conclusión, la Corte señaló que las violaciones declaradas a los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas, resultan agravadas como consecuencia de las faltas al deber de protección y al deber de investigar los hechos, así como de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a todos los responsables de la masacre de Mapiripán. De tal manera, el Tribunal declaró al Estado responsable de la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 1

En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. Frente a los hechos, en agosto de 1992 fue dispuesta una investigación en el fuero común, específicamente en la Octava Fiscalía Provincial en lo Penal. Por otro lado, como consecuencia del descubrimiento de fosas clandestinas en Cieneguilla y en Huachipa, la Décimo Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima realizó paralelamente diligencias de investigación a partir de julio de 1993. Durante las diligencias de exhumación e identificación realizadas por esa Fiscalía, se presentaron diversas falencias en cuanto a la identificación de otros restos humanos encontrados. Además, no se realizaron otras gestiones para la búsqueda de los restos de las otras víctimas. Por su parte, el fuero militar había iniciado sus propias investigaciones en abril de 1993, paralelamente a las desarrolladas en el fuero común. En consecuencia, el Consejo Supremo de Justicia Militar entabló una ?contienda de competencia?, que fue resuelta a su favor por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, a partir de febrero de 1994 y hasta el año 2001, la jurisdicción penal común fue excluida del conocimiento de los hechos. En mayo de 1994, fueron condenados en el fuero militar ocho oficiales del Ejército y, en agosto del mismo año, sobreseídas tres personas señaladas como autores intelectuales de los hechos. En vigencia de la Ley No. 26.479, por la cual se concedía amnistía al personal militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 16 de junio de 1995, aplicó el beneficio de amnistía sobre personal militar, que en algunos casos había sido condenado. Luego de la caída del régimen del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y el consecuente proceso de transición ocurrido desde el año 2000, fueron activadas nuevas acciones oficiales de investigación de carácter penal en el fuero común. No constan, sin embargo, acciones adoptadas en el marco de los procesos penales, o a través de otras instancias, para determinar el paradero de las víctimas o buscar sus restos mortales.

En cuanto a esas investigaciones, la Corte observó que han sido abiertas al menos cinco nuevas causas, las cuales han tenido diversos resultados parciales. Aquéllos procesos han sido abiertos contra los más altos mandos del gobierno de entonces, desde el ex Presidente hasta altos rangos militares y de inteligencia, además de varios ex miembros del Grupo Colina. La ausencia de uno de los principales procesados, el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, inicialmente asilado en el Japón y posteriormente detenido en Chile, determinan una parte importante de la impunidad de los hechos. A pesar de la denuncia presentada por la Procuraduría Ad Hoc en contra de tres de los presuntos autores intelectuales, cuyo sobreseimiento fue dictado en el fuero militar, aún no han sido formulados cargos formales en el fuero común en su contra. Para la Corte un proceso penal adelantado en el fuero común constituía el recurso idóneo para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los responsables de los hechos del presente caso, por lo que la derivación irregular de las investigaciones al fuero militar, así como los consecuentes procedimientos realizados en el mismo respecto de presuntos autores materiales e intelectuales, constituyen una violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas. De otra parte, pese a que se reiniciaron procesos penales con el fin de esclarecer los hechos y ha habido resultados parciales, aquéllos no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables. La Corte considera, por ende, que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicha Convención, en perjuicio los familiares de las víctimas. nota 2

En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, entre ellas, Servellón García y Betancourth Vásquez, menores de edad, fueron colectivamente detenidas, sometidas, de forma ilegal y arbitraria, a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención, posteriormente, ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Por los anteriores hechos, el 5 de marzo de 1996 se abrió un proceso penal en la jurisdicción ordinaria ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, en el cual se acumularon las causas iniciadas. En consideración del trámite del proceso penal se realizó una consulta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia relativa a la dirección del procedimiento. El 12 de agosto de 2002 esa corporación se pronunció afirmando que la investigación se encuentra todavía en etapa sumarial y que la misma no ha sido efectiva para investigar la muerte de las víctimas. Luego de varias solicitudes de la Fiscalía, el 9 de febrero de 2005 el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal dictó órdenes de captura contra tres de los imputados, pero estas órdenes no han tenido efectividad alguna. Entre esos imputados, el único detenido, lo fue porque se entregó voluntariamente. En el proceso penal tramitado en el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Tegucigalpa no se ha decretado todavía la sentencia de primera instancia. Para la Corte, la situación señalada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha variado once años después de ocurridos los hechos y a cuatro años de haberse emitido la referida consulta. La Corte estimó, que el hecho de que el juzgado del conocimiento del proceso penal no haya proferido ninguna sentencia viola el plazo razonable y por ende, dicha demora, en exceso prolongada, constituye una violación de las garantías judiciales, la cual no ha sido justificada por el Estado. Asimismo, la Corte consideró que la falta de celeridad en la investigación y la negligencia de las autoridades judiciales en realizar una investigación seria y exhaustiva de los hechos que conduzca a su esclarecimiento y al enjuiciamiento de los responsables, constituye una grave falta al deber de investigar, por tanto, el proceso penal no ha constituido un recurso efectivo que establezca la verdad de los hechos, juzgue y sancione a sus responsables y garantice el acceso a la justicia para los familiares y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Consecuentemente, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas. nota 3

  1. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 134 .
  2. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 162 
  3. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
9.6. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por violación del plazo razonable y faltas al deber de investigar los hechos, así como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para investigar y sancionar a los responsables, en casos de desaparición forzada, en perjuicio de las víctimas y/o familiares

En el Caso Goiburú y otros, agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomunicados, torturaron y desaparecieron a los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, personas cuyas actividades políticas se oponían al régimen dictatorial de Stroessner. Después de la caída del régimen dictatorial, en 1989, son iniciados tres procesos penales en relación con los hechos del presente caso. Aquéllos fueron abiertos contra los más altos mandos del gobierno dictatorial, desde el entonces Jefe de Estado hasta los más altos rangos del Ministerio del Interior, los servicios de Inteligencia Militar y de la Policía de la Capital y su Departamento de Investigaciones, además de varios ex oficiales de la Policía de la Capital que ocupaban mandos medios y de inferior jerarquía. Los procesos penales fueron instruidos, y, en algunos casos, los imputados fueron condenados bajo tipos penales tales como secuestro, privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad, asociación o concierto para delinquir, lesiones, coacción o amenazas y homicidio. Ninguno de los tres procesos penales ha culminado. En relación con los altos mandos, en el proceso del caso de Agustín Goiburú Giménez, en mayo de 2000 el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia Número Tres declaró "rebeldes y contumaces a los mandatos de la justicia a los encausados", y en diciembre del mismo año dicho Juzgado "decretó la prisión preventiva con fines de extradición" de aquellos procesados. A pesar de dicha orden, no consta que la extradición de Alfredo Stroessner o de Sabino Augusto Montanaro fuera efectivamente solicitada en el marco de este proceso penal. En relación con el caso de los hermanos Ramírez Villalba, luego de algunas comunicaciones entre el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Cuarto Turno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 4 de agosto de 1993 el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Quinto Turno decretó la prisión preventiva con fines de extradición del procesado Alfredo Stroessner Matiauda. El 5 de junio de 2001 el Juzgado resolvió ?solicitar la extradición del encausado Alfredo Stroessner? a través de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el proceso penal abierto en relación con el caso de Carlos José Mancuello, no fueron iniciados procedimientos de extradición. En dos de los procesos penales en que fueron incoadas acciones civiles, algunos de los condenados fueron declarados civilmente responsables, aunque no consta que los demandantes civiles en sede penal hayan intentado ejecutar esas condenatorias en la vía correspondiente.

La Corte observó en el presente caso, que los procesos penales se encuentran abiertos luego de alrededor de 17 años de haber sido iniciados, frente a lo cual, el Estado aceptó la existencia de un "retardo judicial grave". Si bien los procesos penales no pudieron ser incoados hasta después de la caída del régimen dictatorial, el Estado no ha demostrado diligencia en las acciones oficiales de investigación, las que a pesar de la naturaleza de los hechos no fueron activadas de oficio sino por denuncia o querella interpuestas por los familiares de las víctimas. No constan, además, acciones adoptadas en el marco de los procesos penales, o a través de otras instancias, para determinar el paradero de las víctimas o buscar sus restos mortales. La ausencia de dos de los principales procesados, el ex dictador y el ex Ministro del Interior, asilados en Brasil y Honduras, respectivamente, declarados "rebeldes a los mandatos de la justicia", sumada a la falta de concreción de una solicitud de extradición respecto del primero de aquéllos determinan en parte importante la impunidad de los hechos. Respecto de la efectividad de esos procesos penales, la Corte reconoció que aquéllos han sido abiertos contra los más altos mandos del gobierno dictatorial, sin embargo, en el marco de impunidad verificado, no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicha Convención, en perjuicio de las víctimas y de sus familiares. nota 1

En el Caso Ticona Estrada y otros, la Corte Interamericana declaró violados los derechos a las garantías judiciales ?8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- , a la protección judicial -artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención? y el incumplimiento de la obligación proveniente del artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de "Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo.", porque el proceso iniciado hace más de veinticinco años sobrepasa excesivamente lo que se puede considerar como plazo razonable, quedando otro tiempo para su culminación y sin que se hubieren realizado las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, el conocimiento de los familiares de lo ocurrido, y la sanción de los responsables. nota 2

  1. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 153 
  2. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Sentencia Serie C. No. 191 
9.7. Vulneración de las garantías judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en la investigación por la muerte de la víctima

En el Caso Genie Lacayo, el joven Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años, se dirigía en automóvil a su domicilio, cuando se encontró con una caravana de vehículos con militares quienes, le dispararon con sus armas. La víctima fue abandonada en la carretera y murió a consecuencia de la hemorragia. Como su muerte ocurrió antes de la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por el Estado, el asunto se reduce al examen de violaciones de carácter procesal. Las autoridades militares de Nicaragua obstaculizaron o no colaboraron con las investigaciones de la Procuraduría, ni con el Juez instructor, quienes afrontaron problemas para reunir las pruebas necesarias para tramitar la causa Las investigaciones judiciales fueron extensas, las pruebas amplias y justificaron que el proceso tuviera en sus primeras etapas una mayor duración que otros que no tenían las características de este caso. El padre de la víctima no pudo intervenir en un principio como parte en el proceso porque no lo permitía la ley, pero pudo hacerlo cuando ésta fue modificada. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a pesar del considerable tiempo transcurrido y las diversas solicitudes de las partes, no ha decidido el recurso de casación interpuesto. nota 1

El artículo 8 de la Convención sobre las garantías judiciales consagra los lineamientos del debido proceso legal o derecho de defensa procesal, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal o para determinar los derechos de carácter civil, laboral, u otro cualquiera. Existen constancias que demuestran que las autoridades militares obstaculizaron o no colaboraron con las investigaciones en la Procuraduría y con el juez de primera instancia, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención.

Este artículo también se refiere al plazo razonable que no es un concepto de sencilla definición. Se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.

En el análisis del Caso del joven Lacayo, la Corte se refiere acerca de cada uno de los elementos antes mencionados. Sobre el primer elemento, es claro que el asunto es complejo, ya que dada la gran repercusión de la muerte del joven Genie Lacayo, las investigaciones fueron extensas y las pruebas muy amplias. Todo ello podría justificar que el proceso, que ha tenido muchos incidentes e instancias, se haya prolongado más que otros de características distintas. En cuanto al segundo elemento que se refiere a la actividad procesal del afectado no consta que el padre de la víctima, haya tenido una conducta incompatible con su carácter de acusador privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a interponer los medios de impugnación reconocidos por la ley de Nicaragua. Respecto del tercer elemento, la Corte estima que no se han producido dilaciones excesivas en las etapas del proceso, con excepción de la última fase, el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y que, no obstante las diversas solicitudes de las partes, todavía no ha sido resuelto. Incluso considerando la complejidad del asunto, así como las excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados, el plazo de más de dos años, transcurrido desde la admisión del recurso no es razonable y por consiguiente este Tribunal lo considera violatorio del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 que contiene la obligación general de respetar la Convención.

Adicionalmente al estudio de las demoras en las diversas etapas del proceso, para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite se debe realizar un análisis global del procedimiento. Aún cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó la Procuraduría General para formular acusación ante el juez de primera instancia, es decir, realizando el cómputo desde la fecha en que el juez dictó el auto de apertura del proceso, hasta el momento en que se profirió la sentencia de la Corte, en que todavía no se había pronunciado sentencia firme, transcurrieron más de 5 años, lapso que la Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad que señala el artículo 8.1 de la Convención. nota 2

De acuerdo con la Corte, como los decretos sobre enjuiciamiento militar en Nicaragua fueron aplicados en este caso, cabe analizar la conformidad de las disposiciones aplicadas con la Convención, en relación con los derechos procesales del padre de la víctima que es el afectado en este asunto, ya que la circunstancia de que se trate de una jurisdicción militar no significa per se que se violen los derechos humanos de la parte acusadora. El señor Raymond Genie Peñalba pudo intervenir en el procedimiento militar, ofrecer pruebas, ejercitar los recursos y acudir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponde pronunciarse sobre el fondo de la controversia criminal y determinar la existencia de violaciones procesales. Por tanto, respecto del afectado no puede afirmarse que la aplicación de los decretos sobre enjuiciamiento militar hubiese restringido sus derechos procesales protegidos por la Convención.

En cuanto al argumento de que los decretos infringen el artículo 8.1 de la Convención por afectar la imparcialidad e independencia de los tribunales militares que conocieron del asunto, tanto por su integración, como en la posible utilización de elementos ideológicos, la Corte estima que aunque las disposiciones estaban en vigor cuando se tramitó el proceso militar y podrían haber afectado la independencia e imparcialidad de los tribunales castrenses, no fueron aplicadas en este caso. Tampoco se ha demostrado que el señor Raymond Genie Peñalba, como parte acusadora ante los tribunales castrenses, se hubiese encontrado en situación de inferioridad con respecto de los acusados o de los jueces militares y, por consiguiente, no se ha infringido el derecho de igualdad ante la ley establecido por el artículo 24 de la Convención. Finalmente de acuerdo con el derecho internacional general, la Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional; sólo puede señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención que hayan perjudicado al señor Raymond Genie Peñalba, como afectado, pero carece de competencia para subsanar las violaciones en el ámbito interno, lo que corresponde hacer a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua al resolver el recurso de casación que se encuentra pendiente. Dado el tipo de violación de la Convención que la Corte ha encontrado imputable al Gobierno -obstaculización de las autoridades a la investigación judicial y demora irrazonable en el proceso-, la Corte considera que debe ordenar al Gobierno el pago de una compensación pecuniaria al padre del joven Jean Paul Genie Lacayo. Además, Nicaragua debe poner todos los medios a su alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, procurar el restablecimiento del derecho violado y, subsanar la demora objeto de la violación señalada. nota 3

En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte considera demostrado que existía una situación generalizada de temor entre los involucrados, lo cual se corrobora por la reticencia de los testigos presenciales a testificar ante el Juez y la ausencia de una investigación completa del secuestro que éste mismo sufrió. Asimismo, de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte respecto de la consideración de la razonabilidad del plazo en procesos judiciales la Corte estima que en el presente caso, el procedimiento, que aún continuaba en la etapa de sumario, había excedido en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención.

Lo mismo es aplicable al Caso del señor Chinchilla, en el cual no existe evidencia de que el proceso respectivo haya sido iniciado en los tribunales de justicia. Las consideraciones anteriores se aplican únicamente respecto de las víctimas que fueron privadas de la vida y en relación con el procedimiento judicial que se inició para determinar la responsabilidad penal de quienes cometieron estos hechos, pero no en cuanto a las personas que también figuran en este caso y que fueron sometidas a procesos penales ordinarios, pues no está demostrado, que en estos últimos en particular, se hubiese infringido las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención. El Estado allegó a este proceso copia de algunas actuaciones realizadas contra la resolución que ordenó el sobreseimiento de los implicados en el ?Caso de la Panel Blanca?, seguido en la jurisdicción interna. Dichas actuaciones, así como la promulgación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, son considerados por la Corte como una expresión de la voluntad del Estado de dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y convencionales, pero no constituyen prueba alguna de que se haya dado cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 8.1 de la Convención. La Corte considera que el denominado ?Caso de la Panel Blanca? no fue tramitado ante un tribunal independiente e imparcial ni en un plazo razonable y que el Estado no proveyó las debidas garantías para asegurar a las víctimas un debido proceso en la determinación de sus derechos. La responsabilidad de este incumplimiento recae sobre el Estado, el cual debía hacer posibles dichas garantías. En consecuencia, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 8.1 de la Convención en perjuicio de los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López y Erik Leonardo Chinchilla. nota 4

En el Caso 19 comerciantes, al analizar los criterios que se deben tomar en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, la Corte ha constatado que a pesar de que se trataba de un caso complejo, desde el inicio de la investigación fueron allegados al proceso importantes elementos probatorios que habrían permitido una actuación más diligente y rápida de las autoridades judiciales en cuanto a la apertura de la investigación, determinación del paradero de los restos de los 19 comerciantes, y sanción de los responsables, por lo que se violó el principio de plazo razonable consagrado en el artículo 8 de la Convención. nota 5

En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), los días 27 y 28 de noviembre de 1992 dentro del Retén de Catia, centro penitenciario ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, los guardias del establecimiento y tropas del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron masivamente, haciendo uso desproporcionado de la fuerza y dispararon indiscriminadamente a la población reclusa, produciendo la muerte de 37 reclusos. Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidades y condena de los responsables de la masacre del Retén de Catia. El proceso ha sufrido una excesiva demora de más de 13 años. En una primera etapa, la investigación tuvo múltiples inconvenientes ocasionados por la falta de colaboración de la fuerza pública y las autoridades carcelarias en la recopilación y custodia de pruebas esenciales. En una segunda etapa, las autoridades judiciales encargadas de dirigir la investigación demostraron negligencia para cumplir con su deber y obtener resultados serios. En su allanamiento el Estado reconoció que el acceso al expediente por parte de los familiares de las víctimas estaba legalmente limitado, debido a que las investigaciones se encontraban en la etapa sumarial y su conocimiento se atribuyó a Tribunales con competencias militares. Por lo anterior, la Corte estimó que el Estado violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas.nota]

En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y detuvieron ilegal y arbitrariamente al señor Bernabé Baldeón García. Durante su detención, fue torturado y asesinado en la madrugada del 26 de septiembre de 1990, y su cadáver fue enterrado ese mismo día. La familia del señor Bernabé Baldeón García denunció los hechos ante diferentes autoridades, sin que esto haya culminado en una investigación efectiva por parte del Estado. Después de la fecha de la ?transición a la democracia?, es decir, a partir de noviembre de 2000, el Estado reactivó la investigación de los hechos, a insistencia de la familia del señor Baldeón García. No obstante, hasta la fecha de la emisión de la sentencia solamente dos personas han sido procesadas y ninguna sancionada por los hechos que originaron el presente caso. Para la Corte, se ha comprobado la falta de diligencia de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer todos los hechos de la muerte del señor Bernabé Baldeón García y sancionar a todos los responsables. La Corte consideró que este caso no es complejo. Se trata de una sola víctima claramente identificada, y hay suficientes indicios que permitirían la realización de un proceso penal en contra de los presuntos responsables. La duración del proceso se ha debido únicamente a la conducta de las autoridades judiciales, pues la familia del señor Baldeón García no ha realizado diligencias que retrasaran la causa. El plazo en el que se ha desarrollado el proceso es claramente irrazonable puesto que, a quince años de ocurridos los hechos, el procedimiento judicial continúa en la fase de instrucción. Además, la falta de justicia en el orden penal ha impedido que los familiares del señor Baldeón García obtengan una compensación civil por los hechos del presente caso, afectando así el derecho de éstos a recibir una reparación adecuada. Por todo lo anterior, la Corte consideró que no se dispuso de un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares del señor Baldeón García con plena observancia de las garantías judiciales. nota 6

  1. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 30 .
  2. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 30 .
  3. Ver también Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 .
  4. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .
  5. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 30 . Ver también caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 .
  6. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .
  7. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 37 .
  8. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  9. Caso Montero, Aranguren y otros (Retén del Catia) Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 150 .
  10. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
9.8. Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con los derechos a la vida y a la integridad personal: iniciación oportuna de investigación por muerte de un menor y falta de diligencia para obtener la extradición de un implicado

En el Caso Albán Cornejo y otros, los padres de la menor, Laura Albán, con quien existía una estrecha relación afectiva, interpusieron denuncio penal, para que se investigara la muerte de su hija, ocurrida en un Hospital privado en la ciudad de Quito, Ecuador, quien ingreso por una meningitis bacteriana y murió después de que el médico residente le aplicara una inyección de morfina para calmarle el dolor.

Antes de denunciar penalmente, habían acudido a un juzgado civil para obtener la historia clínica, que el Hospital había negado, posteriormente al Tribunal de Honor del Colegio Médico de Pichincha.

Los padres de la menor de edad después de solicitar de forma informal el análisis del expediente médico, recibieron como respuesta de otros médicos, en la que se señalaba que la causa de la muerte fue la morfina aplicada.

Las investigaciones penales contra dos médicos, por negligencia en la práctica médica, terminaron en uno de los casos el sobreseimiento por prescripción de la acción y en el otro se encontraba pendiente la resolución judicial.

El Estado ecuatoriano, en la audiencia ante la Corte, se allanó parcialmente, reconociendo las violaciones a los derecho de las garantía judiciales y a la protección judicial, derivado de ?la falta de impulso del proceso de extradición del médico residente?, uno de los encausados y a la del artículo 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, de adecuar el derecho interno a la citada Convención, lo que conllevó a que se cesara la controversia sobre ese hecho.

Sobre el aspecto penal, haciendo una síntesis, se tuvo por probado que la denuncia penal presentada por la madre de la menor en 1995, no fue recibida por el funcionario Ministro Fiscal General de la Nación. En 1996, la madre de la occisa, solicitó a la Fiscalía que asumiera la denuncia por la muerte de su hija, con celeridad, en tanto el término de prescripción de la acción eran diez años, dándose inicio a la investigación penal, después de varios trámites de la Fiscalía, enero de 1997, cuando se dictó auto cabeza de proceso.

Después de varias actuaciones procesales, la Fiscalía, el 20 de julio de 1998 presentó dictamen acusatorio contra los médicos, el tratante y el residente. El juez correspondiente, a finales del año 1998, dictó sobreseimiento provisional a favor de los médicos imputados. En este contexto y en conocimiento el caso por la Corte Superior de Justicia de Quito, decidió declarar la prescripción a favor de uno de los médicos y abierta la etapa del plenario para el otro, con la orden de embargo de sus bienes Los padres de la menor, interpusieron varios recursos, los cuales fueron resueltos negativamente a sus pretensiones.

En el año 2006, los padres informaron al Juzgado, que el médico cuya causa continuaba, se encontraba fuera del pais. Iniciado ese mismo año los trámites para solicitar la extradición, por el Juzgado de conocimiento ante la Corte Suprema, el juez de la causa declara, en octubre de 2007, la prescripción de la acción, como resultado de la respuesta a una solicitud de información que le había planteado la Corte.

La Corte estableció que el Estado fue responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial ?en los términos de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana-, en relación con los derechos a la vida e integridad personal y el deber de respeto de los derechos humanos -artículos 4, 5.1 y 1.1 de dicha Convención-, en perjuicio de los padres de la víctima, por cuanto: 1- No se inicio oportunamente la investigación sobre la muerte de la menor de edad y 2- La investigación para ubicar y obtener la extradición de uno de los médicos implicados en la conducta delictiva no fue seria ni diligente, como fue reconocido por el propio Estado.

La Corte declaró la violación a la integridad personal en relación con el deber de respeto de los derecho humanos ?arts. 5.1 y 1.1. de la Convención Americana-, en tanto que la falta de respuesta judicial para esclarecer la muerte de Laura Albán afectó la integridad personal de sus padres. nota 1

  1. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 171 
9.9. Violación de los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial por denegación de acceso a la justicia: ejecuciones extrajudiciales y suspensión de garantías judiciales en situaciones de emergencia

En septiembre de 1992, el Presidente de Ecuador decretó, en desarrollo de la Ley de Seguridad Nacional, y atendiendo hechos de violencia y delincuencia en las principales ciudades del país, un grave estado de conmoción y en tal sentido dispuso ?la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados?.

En este contexto y de acuerdo con la legislación vigente, la Ley de Seguridad Nacional, al momento de ocurrencia de los hechos, los delitos de determinada gravedad, ocurridos durante la vigencia del estado de excepción, estaban bajo la jurisdicción penal militar.

Por acción de un operativo conjunto, en desarrollo de las facultades del estado de emergencia, el 6 de marzo de 1993, fueron privados de la vida, en la ciudad de Guayaquil, los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. El operativo desarrollado, cuyo objetivo se planteó en términos generales para ?la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas, entre las Fuerzas Armadas (FF.AA), Marina, Fuerza Aérea y Ejército, y la Policía Nacional, estuvo planificado con tres meses de anticipación; participaron alrededor de 1.200 agentes, con apoyo de camiones del ejército, lanchas y un helicóptero y para el ingreso a los domicilios de los occisos fueron utilizados explosivos. No hubo por parte del Estado, al momento del fallo de la Corte, investigación alguna sobre el uso de la fuerza en el operativo ni sobre las muertes producidas en este

El Estado, en la audiencia pública y en los alegatos finales se allanó y aceptó su responsabilidad en la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial -artículos 8 y 25 de la Convención Americana-, en tanto ?quebrantamiento al derecho a la verdad?.

La Corte estableció la violación de los derechos al debido proceso legal y la protección judicial -artículos 8.1 y 25 Convención Americana-, en relación con el deber de respeto de los derechos humanos -artículo 1.1-, en perjuicio de los familiares de las víctimas, en tanto que hubo denegación de justicia, porque: 1- No se abrió proceso penal alguno para la investigación de los hechos e identificación y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales; 2- No se adoptaron medidas para asegurar el material probatorio para efectos de llevar la respectiva investigación; 3-No se adoptaron medidas desde las primeras diligencias para establecer la verdad de los hechos en el contexto de las muertes sucedidas 4- Se desconoció el plazo razonable para efectos de la investigación, sanción de los responsables y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad; 5- Las garantías judiciales resultaron suspendidas, como resultado de normas de emergencia que impidieron el control de tal situación y de la verificación, mediante una investigación seria, pronta, independiente e imparcial la legalidad del uso de la fuerza que produjeron las ejecuciones extrajudiciales.

De lo señalado por la Corte, se puede afirmar que la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia no está condicionada, en casos de probada denegación de justicia como el presente, al eventual establecimiento de una comisión de la verdad y a los resultados que se puedan obtener. nota 1

  1. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 166 
9.10. Violación de la obligación de investigar y sancionar la tortura en perjuicio de la víctima y/o familiares

En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y detuvieron ilegal y arbitrariamente al señor Bernabé Baldeón García. Durante su detención, fue torturado y asesinado en la madrugada del 26 de septiembre de 1990, y su cadáver fue enterrado ese mismo día. En el presente caso, la Corte observa que el Perú no actuó con arreglo a esas previsiones. El cuerpo del señor Bernabé Baldeón García presentaba serias lesiones, lo que debió ser motivo suficiente para que las autoridades competentes iniciaran, de oficio, una investigación sobre lo ocurrido, la que no se llevó a cabo. El reconocimiento realizado al cadáver de la víctima fue deficiente. De conformidad con un dictamen pericial rendido a la Corte Interamericana, el reconocimiento de cadáver llevado a cabo en el presente caso no se realizó una descripción del cráneo. Asímismo, dicho reconocimiento se limitó a señalar que la cara del señor Bernabé Baldeón García presentaba un hematoma, sin mencionar mayores detalles al respecto. En cuanto a la descripción del cuerpo, el reconocimiento de cadáver se limita a señalar que éste ?no presenta signos?, sin que quede claro a qué tipo de signos se está haciendo referencia, ?específicamente a si corresponden o no a signos de trauma?. Según el dictamen, dicho reconocimiento de cadáver fue realizado por una ?persona no idónea o calificada para tal fin?. Por lo anterior, la Corte observa que la falta de investigación trajo como consecuencia que los posibles responsables no hayan sido sancionados después de 16 años de ocurridos los hechos. Por ello, el Tribunal concluyó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, en relación con el artículo 1.1 de la misma, respecto del señor Bernabé Baldeón García, al no realizar una investigación seria, completa y efectiva de los hechos lo que constituye una violación de los artículos 8 y 25. Asimismo, el Tribunal concluyó que el Estado incumplió con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura en lo que atañe a la obligación de investigar y sancionar la tortura en el ámbito interno a partir del 28 de abril de 1991. De otra parte, estimó la Corte que la impunidad en este caso se refleja en la falta de un recurso efectivo para la determinación de la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones y por lo tanto de un derecho de acceso a la justicia de los familiares del señor Bernabé Baldeón García. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de la víctima. nota 1

En el Caso Bueno Alves, el día 6 del abril de 1988, el señor Bueno Alves fue golpeado en los oídos y en el estómago, insultado en razón de su nacionalidad uruguaya y privado de su medicación para la úlcera, por agentes policiales, mientras se encontraba detenido bajo la custodia del Departamento Central de Policía, con el fin de que confesara en contra de quien era su abogado, quien también se encontraba detenido. Dicho trato, le produjo un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del equilibrio, así como severos padecimientos psicológicos. El Juez que ordenó la detención del señor Bueno Alves, tomó conocimiento de los supuestos ?golpes en los oídos? el 8 de abril de 1988, mismo día en el que personalmente recibió la declaración indagatoria del señor Bueno Alves. En esa fecha, el juez ordenó la elaboración de un examen médico con carácter de ?muy urgente? en relación con estas denuncias. Dicho examen médico se practicó el 13 de abril de 1988 por médicos legistas, quienes no pudieron formular mayores conclusiones y señalaron la necesidad de practicar un examen otorrinolaringológico, que finalmente se llevó a cabo el 26 de abril de 1988. Con base en la denuncia de torturas realizada el 8 de abril de 1988, se inició el procedimiento judicial No. 24.079, y terminó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 15 de abril de 1997, por insuficiencia probatoria, sin que se hubiese identificado y sancionado a los responsables de las torturas. Las personas identificadas como responsables de los golpes en contra del señor Bueno Alves no fueron vinculados al proceso sino hasta mucho tiempo después de iniciado el mismo, y a pesar de que el señor Bueno Alves refirió la presencia de un tercer individuo mientras se le aplicaban los golpes en el oído y en el estómago, no se procuró identificar a ese sujeto. La Corte observó que en la sustanciación de la causa No. 24.079 las autoridades judiciales no investigaron los hechos con diligencia y la carga procesal recayó en gran parte sobre el señor Bueno Alves. Asimismo, se dejaron de lado las investigaciones pertinentes a la denuncia de golpes en el estómago, la privación de medicamentos. Por otra parte, las personas identificadas como responsables de los golpes en contra del señor Bueno Alves no fueron vinculados al proceso sino hasta mucho tiempo después de iniciado el mismo. En suma, el proceso penal, que tuvo una duración aproximada de 9 años, no identificó ni sancionó a ningún responsable, dependió casi exclusivamente de la actividad de la víctima y no culminó en las reparaciones de los daños causados a ésta. Teniendo en cuenta la confesión del Estado, la Corte señaló que el señor Bueno Alves no fue oído dentro de un plazo razonable, tal y como lo dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana. Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la aceptación del Estado, la Corte concluye que Argentina violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Bueno Alves. nota 2

  1. Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 147 
  2. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia Serie C No. 164 
9.11. Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial a los familiares de las víctimas, por irregularidades en la investigación y exceso en la razonabilidad del plazo

En el Caso 19 comerciantes la Corte señala que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación debe tener un sentido y ser asumida por el mismo como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.

La Corte ha dicho que el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu. El mencionado texto comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia.

En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la muerte de estas últimas sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. nota 1

En una frase la investigación seguida debe ser seria, imparcial y efectiva. nota 2

Para la época comprendida entre 1980 hasta 1991, El Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno durante el cual se configuró el fenómeno de desapariciones forzadas de personas. El Caso de las Hermanas Serrano Cruz versa sobre la desaparición de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, supuestamente ocurrida en junio de 1982 en Chalatenango. Su madre, María Victoria Cruz Franco, emprendió la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Para tal efecto, interpuso una denuncia el 30 de abril de 1993, que fue tramitada en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango contra los miembros del Batallón Atlacatl. Adicionalmente, el 13 de noviembre de 1995, la misma denunciante solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que decretara un auto de exhibición personal a favor de sus hijas por el supuesto secuestro de las mismas. El 14 de marzo de 1996, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió terminar el proceso de exhibición personal porque el hábeas corpus no era un medio idóneo para investigar el paradero de una persona detenida ilegalmente trece años atrás. Además los jefes militares del Batallón Atlacatl no podían requerirse porque dicho Batallón ya no existía. La mencionada Sala de lo Constitucional remitió al Juez de Primera Instancia de Chalatenango la resolución para que siguiera la investigación de los hechos denunciados.

Después de estar archivada la investigación en el Juzgado de Chalatenango, desde el 22 de septiembre de 1993, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango emitió un auto, calendado 19 de abril de 1996, en el cual resolvió dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Aproximadamente dos años y un mes después de la reapertura del proceso éste fue archivado mediante resolución de 27 de mayo de 1998, por no haberse podido establecer quién o quienes secuestraron a las menores. En el presente Caso, la Corte Interamericana estableció que desde la primera reapertura del proceso penal en abril de 1996 (hasta la fecha de emisión de la Sentencia de dicha Corte) el proceso había permanecido siempre en la fase de instrucción, durante aproximadamente 7 años y 10 meses, sin que se hubiera proferido acusación alguna. La Corte consideró, que si bien era cierto, el asunto que se investigaba por los tribunales nacionales era complejo y que esto debía tenerse en consideración para apreciar la razonabilidad del plazo, las demoras en el proceso penal no se habían producido por éste hecho, sino por una inacción del órgano judicial que, a juicio de la Corte, no tenía explicación. Por ello, la Corte consideró que en el proceso penal seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se había desconocido el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana. En consecuencia, la Corte declaró que el Estado violó, en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus familiares, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 3

En el Caso Blake, desde el momento de su desaparición (1985), el Estado de Guatemala no ha concluido la investigación sobre los hechos, ni ha sancionado a los responsables de su muerte. Durante más de siete años, miembros de la familia Blake realizaron múltiples gestiones para investigar los hechos relativos a la detención, desaparición, muerte y paradero del señor Nicholas Blake, pues se reunieron con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos y con funcionarios civiles y militares de Guatemala. El Estado encubrió el paradero del señor Blake y obstaculizó la investigación de su familia. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención sobre las garantías judiciales, confiere a los familiares del señor Blake el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido los familiares. Por lo tanto, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Nicholas Blake en relación con el artículo 1.1 de la Convención. De acuerdo con el deber de reparación establecido en el artículo 63.1, declara que el Estado de Guatemala está obligado a poner todos los medios a su alcance para investigar los hechos y sancionar a los responsables por la desaparición y muerte del señor Blake. nota 4

En el Caso de Los Niños de la Calle, la Corte considera que aún cuando Guatemala ha realizado diversas actuaciones judiciales para investigar los hechos, es evidente que los responsables se encuentran en la impunidad, porque no han sido identificados ni sancionados. Se encuentra probado que las autoridades judiciales que condujeron las actuaciones originadas en el secuestro, tortura y homicidio de los 5 jóvenes, faltaron al deber de adelantar una investigación y un proceso judicial adecuados que llevaran al castigo de los responsables, y afectaron el derecho de los familiares de las víctimas a ser oídos y a tramitar sus acusaciones ante un tribunal independiente e imparcial. Observa la Corte que los procesos judiciales internos revelan dos tipos de deficiencias graves: i) se omitió por completo la investigación de los delitos de secuestro y tortura; ii) se dejaron de ordenar, practicar o valorar pruebas determinantes para el esclarecimiento de los homicidios. Los jueces fragmentaron el acervo probatorio y pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos los elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados. Esto contraviene los principios de valoración de la prueba, de acuerdo con los cuales las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo. Por lo anterior, la Corte declara que Guatemala violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas y sus familiares inmediatos, y por lo tanto, el Estado debe realizar una investigación real y efectiva para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y, eventualmente, sancionarlas. nota 5

En el Caso Las Palmeras, la Corte considera que en el procedimiento disciplinario, se presentaron irregularidades; se realizó en forma sumarísima; impidió el esclarecimiento de los hechos; y conllevó a la prescripción de la acción penal por el delito de prevaricato. El ?juzgador? ejerció la doble función de juez y parte, lo cual no otorga a las víctimas o, en su caso, a sus familiares, las garantías judiciales consagradas en la Convención. La brevedad con que se tramitó este procedimiento disciplinario impidió el descargo de pruebas y únicamente la parte involucrada (miembros de la policía) participó en el proceso. En lo que refiere al proceso penal militar, los jueces encargados de conocer la causa estaban adscritos a la Policía Nacional, institución a la que pertenecían las personas implicadas como autores materiales de los hechos. Además, la policía era parte del Ministerio de Defensa, Poder Ejecutivo. La aplicación de la jurisdicción militar en este caso, no garantizó el debido proceso (artículo 8.1), que regula el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas del caso, en el sentido de acceder a un juez imparcial e independiente, que decida en un tiempo razonable. En cuanto al proceso penal ordinario, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación avocó al conocimiento de la causa. A la fecha, éste no se ha concluido, de manera que haya una resolución definitiva que identifique y sancione a los responsables, lo que propicia una situación de impunidad. La investigación penal de dichos hechos lleva más de diez años, lo que demuestra que la administración de justicia no ha sido rápida ni efectiva. Finalmente, las partes admitieron que los miembros de la policía implicados, obstaculizaron o no colaboraron de una manera adecuada con las investigaciones iniciadas con el fin de esclarecer el caso, ya que alteraron, ocultaron y destruyeron las pruebas. Por todo lo anterior, los familiares de las víctimas no contaron con un recurso efectivo que les garantizara el ejercicio de sus derechos. Como el proceso penal ha durado más diez años, este período excede los límites de razonabilidad previstos en el artículo 8.1 de la Convención, establecido por esta Corte en cinco años. En consecuencia, la Corte declara que Colombia violó los derechos a las garantías y a la protección judicial, y ordena que la muerte de las seis víctimas sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que los familiares han sufrido. Inclusive, en el supuesto de que las dificultades de orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de las víctimas a conocer integralmente lo sucedido. nota 6

En el Caso 19 comerciantes, la Corte establece la violación de las garantías judiciales, en tanto el Estado demoró la investigación de la desaparición de los comerciantes injustificadamente; por lo tanto, le otorga la debida indemnización a sus familiares. nota 7

En el Caso Gómez Palomino, en la madrugada del 9 de julio de 1992, la víctima fue objeto de desaparición forzada por cuenta de un grupo de hombres y mujeres armados que entraron a su casa y se lo llevaron, sin presentar una orden judicial o administrativa ni informar el motivo de la detención o el sitio a donde lo trasladaban. La Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió una investigación con base en la denuncia presentada el 3 de agosto de 1992, por la señora Victoria Margarita Palomino Buitrón, con el apoyo del representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Esta investigación no produjo resultados. Durante el Gobierno de transición democrática del Presidente Valentín Paniagua, fueron reabiertas investigaciones por masacres atribuidas, junto a otros graves hechos, al llamado ?Grupo Colina?. En el curso de una nueva investigación en la Fiscalía Provincial Especializada de Lima, el 6 de diciembre de 2001, se obtuvo la declaración de uno de los miembros del ?Grupo Colina?, quien declaró sobre el modo en que detuvieron y asesinaron al ?evangelista?, cuya descripción coincidía con la de Gómez Palomino, así como la posible ubicación de los restos de la víctima. El 11 de diciembre de 2002 la señora Victoria Margarita Palomino Buitrón, patrocinada por APRODEH, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Especializada de Lima contra el señor Vladimiro Montesinos Torres y otros por la presunta comisión de los delitos de secuestro y desaparición forzada de su hijo Santiago Gómez Palomino. Por resolución de la misma fecha, la Fiscalía resolvió abrir la investigación, remitiendo la denuncia a la División de Investigaciones Especiales de la Dirección contra el Terrorismo. Posteriormente la nueva fiscal designada para la investigación, solicitó autorización a la Fiscal de la Nación para realizar diligencias de exhumación de restos de presuntas víctimas del ?Grupo Colina?, entre ellos los restos del señor Santiago Gómez Palomino. Los días 13 y 19 de noviembre de 2003 fueron llevadas a cabo las diligencias de excavación y exhumación en las inmediaciones de la playa La Chira en Chorrillos, donde presuntamente se encontraban los restos enterrados clandestinamente del señor Gómez Palomino. Sin embargo, no fueron hallados. Finalmente, El señor Santiago Gómez Palomino fue incluido en la nómina de personas muertas y desaparecidas reportadas a la Comisión de Verdad y Reconciliación en su informe final de 27 de agosto de 2003. Dado que el Estado no aportó prueba de que se hayan realizado otras actuaciones, la Corte consideró que la investigación emprendida por la Fiscalía Provincial Especializada de Lima no ha sido realizada con la debida diligencia para conducir al esclarecimiento de los hechos, a la determinación del paradero de los restos de la víctima, así como al enjuiciamiento de los responsables de su desaparición forzada, por lo que no puede ser considerada efectiva en los términos de la Convención. Además, las falencias investigativas que se dieron con posterioridad a la desaparición forzada del señor Gómez Palomino y que han sido aceptadas por el Estado, difícilmente pueden ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha desarrollado a partir del año 2002. Prueba de ello son los trece años que han trascurrido desde que sucedieron los hechos y los cinco años que han mediado desde que el Perú reestableció la democracia, sin que la investigación pase de su fase preliminar. Finalmente, la Corte consideró que dicha demora, en exceso prolongada, ha desconocido el principio de plazo razonable y constituye una violación de las garantías judiciales, que no ha sido justificada por el Estado. En razón de lo anterior, la Corte Interamericana consideró que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 8

  1. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  2. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 110 . Caso Blake Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 36 . Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 99 . Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103  y Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 98 .
  3. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia Serie C No. 120 
  4. Caso Blake Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 36 .
  5. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 63 .
  6. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 90 .
  7. Caso de los 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  8. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 136 
9.12. Violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por obstrucción, omisión y demora para la actuación judicial

El señor Ramón Mauricio García Prieto fue asesinado el 10 de junio de 1994, en presencia de su esposa e hijo de cinco meses, después de haber sido interceptado, frente a la casa de sus familiares, por dos personas. Para esa fecha El Salvador, país donde sucedieron los hechos no había aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de derechos Humanos, lo que tuvo lugar a partir del día 6 de junio de 1995.

Las autoridades de El Salvador realizaron varias investigaciones penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables. De estos procesos penales, finalizados el 7 de octubre de 1996 y el 7 de junio de 2001, resultaron condenadas dos personas a penas de veintiséis y treinta años de prisión, respectivamente.

Posteriormente, los padres del occiso interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República de El Salvador el 6 de junio de 2003, para que continuara la investigación sobre el homicidio, la cual no había concluido al momento del conocimiento del caso por la Corte Interamericana de derechos humanos.

En uno de los procesos penales, como quedó acreditado, se presentaron obstáculos, por parte de autoridades de El Salvador, que impidieron acceder y conocer información relevante para el caso, sobre los libros de entradas y salidas de un batallón de la extinta Policía Nacional

Los padres y otros familiares del occiso fueron objeto de actos de amenazas y hostigamientos ?llamadas anónimas, seguimientos por personas desconocidas-, en una ocasión disparos a la casa habitación de los padres, por lo cuales se realizaron actuaciones judiciales, en dos ocasiones, en el año 1998 y en el 2000. En la primera ocasión, no se continuo con la investigación y en la segunda no se había concluido la misma. Esta situación produjo sentimientos de angustia, impotencia y afectó la integridad personal de varios miembros de la familia del occiso.

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos del Salvador, concluyó el 22 de junio de 2005, por informe especial, que respecto a la muerte de Ramón Mauricio García Giralt, a) ?fue una ejecución extrajudicial realizada, presuntamente, por un grupo armado ilegal, que habría actuado bajo la tolerancia de las autoridades policiales?; b) tuvo como motivo privarlo arbitrariamente de su vida y no el robo como se señaló en el proceso penal; c) se omitió, en una de las investigaciones, ?investigar la pertenencia de los autores materiales a una estructura dedicada a la eliminación de personas?; d) hubo parálisis en los procesos investigativos e impunidad generalizada ?debido a una falta de voluntad del Estado por establecer la verdad de los hechos?.

También señaló respecto de los familiares del occiso, entre otros hechos, que siguen dándose los hostigamientos y que han sido sujetos de vigilancia por parte de sujetos desconocidos.

La Corte estableció la violación de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre derechos humanos, respecto de los derechos a las garantías judiciales -artículo 8.1- y a la protección judicial ?artículo 25.1-, relacionada con la obligación de respetar los derechos, debido: 1- a la investigación incompleta del homicidio, ocasionada por la obstrucción en que incurrieron varias autoridades a la inspección sobre libros de entrada y salida de un batallón, lo que impidió el acceso y conocimiento de información relevante para el caso; 2- la falta de diligencia por parte de las autoridades de policía y judiciales, al no actuar de oficio para investigar la eventual participación de autores intelectuales y la identificación de un tercer posible participante en los hecho y 3- al retardo en la resolución judicial para concluir con la respectiva investigación de los hechos. nota 1

  1. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 168 
9.13. Violación de las garantías judiciales por la inobservancia del plazo razonable, desconocimiento de la presunción de inocencia, del derecho a que se le comunique la acusación formulada, a ser asistido por un abogado, a no autoincriminarse y a la falta de recursos efectivos

En el Caso López Álvarez, el 27 de abril de 1997, la víctima fue privada de su libertad personal, por posesión y tráfico ilícito de estupefacientes. El 29 de abril de 1997, el señor Alfredo López Álvarez rindió su declaración indagatoria, sin contar con la asistencia de un abogado defensor, el cual solamente recibió acreditación ante el juez el 2 de mayo de 1997. En la indagatorio ante los agentes estatales de la Dirección de Investigación Criminal, la víctima fue objeto de maltrato físico y sicológico con el objetivo de incriminarlo con las interrogantes que le hacían, pese a lo cual la presunta víctima no aceptó los cargos. El Juzgado del conocimiento dictó auto de prisión preventiva, el 2 de mayo de 1997. Dentro del proceso, la sustancia decomisada fue objeto de dos análisis, uno el 14 de mayo de 1997 y otro el 4 de mayo de 1998, respectivamente, cuyos resultados fueron contradictorios. El 29 de mayo de 2003, la Corte de Apelaciones de la Ceiba, confirmó el fallo que absolvió al señor López Álvarez; sin embargo, éste permaneció detenido hasta el 26 de agosto de 2003. En el presente caso, la Corte expresó que, del estudio global del proceso penal seguido al señor Alfredo López Álvarez, se advierte que éste se extendió por más de seis años, tiempo durante el cual, no se vislumbra que el señor López Álvarez realizara diligencias que retrasaran o entorpecieran la tramitación de la causa. Además, el caso no revestía complejidad especial, y se disponía de la sustancia cuya identificación determinaría la pertinencia del enjuiciamiento. Por tanto, la Corte estimó que el Estado no observó el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana, por responsabilidad exclusiva de las autoridades judiciales a quienes competía haber administrado justicia. Además, la víctima interpuso diversos recursos con el objeto de que se revocara la prisión preventiva y se le otorgara la libertad, incluido el de exhibición personal, los cuales resultaron no ser recursos efectivos. En consecuencia, la Corte consideró que el Estado violó el artículo 25 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez, dado que no le garantizó el acceso a recursos judiciales efectivos que lo ampararan contra las violaciones a sus derechos. La Corte estimó que dado que el señor Alfredo López Álvarez sufrió prisión preventiva en forma ilegal y arbitraria por más de 6 años, sin que existieran razones que la justificaran, dicha situación violó su derecho a que se le presumiera su inocencia del delito que le había sido imputado. La Corte advierte que el señor López Álvarez no tuvo oportunidad de rendir declaración indagatoria en la presencia de su abogado, con quien tuvo comunicaciones algunos días después de su detención. En consecuencia, no se le garantizó el derecho de contar con abogado defensor conforme al artículo 8.2.d de la Convención. La Corte estimó que la presunta víctima fue sometida a tales actos con el propósito de debilitar su resistencia psíquica y obligarle a autoinculparse por el hecho que se le imputaba, en contravención de lo previsto en el artículo 8.2.g de la Convención. Las anteriores consideraciones llevaron a la Corte a concluir que el Estado tiene responsabilidad por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d y 8.2.g, y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. nota 1

  1. Caso López álvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 141 
9.14. Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial por ineficacia de recursos de garantía en perjuicio de la víctima y de sus familiares

Para la Corte, no es suficiente que los recursos o garantías judiciales existan formalmente sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de los derechos contemplados en la Convención. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. nota 1

En el Caso Bámaca Velásquez aunque se intentaron numerosos recursos internos para determinar el paradero de la víctima, como la exhibición personal, un procedimiento especial de averiguación y causas penales, ninguno de ellos fue efectivo, desconociéndose hasta la sentencia el paradero de Bámaca Velásquez. El hábeas corpus representa, dentro de las garantías judiciales indispensables, el medio idóneo tanto para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para proteger al individuo contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, la falta de efectividad del hábeas corpus en Guatemala quedó demostrada, por las propias afirmaciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en el sentido de que los mecanismos establecidos en la actualidad para la realización de exhibiciones personales son inadecuados para realizar una eficiente investigación. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación a las garantías y protección judiciales en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Bámaca Velasquez y sus familiares.

El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes. La Corte considera que Guatemala debe ordenar una investigación real y efectiva para identificar y, eventualmente, sancionar, a las personas responsables de las violaciones de los derechos. Dada la muerte del señor Bámaca Velasquez, si bien la Corte no puede disponer que se garantice a los lesionados en el goce de los derechos conculcados a través de la restitución integral, debe, en su lugar, ordenar la reparación de las consecuencias de la violación de los derechos y, por ende, la fijación de una justa indemnización. nota 2

En el Caso Comunidad Moiwana, la Corte considera que la gravemente deficiente investigación de Suriname sobre el ataque de 1986 a la aldea de Moiwana, la obstrucción violenta de justicia y el largo período transcurrido sin que se logre el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables han violentado las normas de acceso a la justicia y debido proceso establecidas en la Convención Americana. En consecuencia, el Tribunal declara que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana. Por tanto, la Corte ordenó a Surinam indemnizar a los familiares de las víctimas e investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables. nota 3

  1. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 90 .
  2. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 70 .
  3. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia Serie C. No. 124 .
9.15. Violación del derecho a ser oído dentro de un plazo razonable

En el Caso Kimel, el historiador, periodista, escritor e investigador argentino Eduardo Kimel, publicó a finales de año de 1989 un libro titulado "La masacre de San Patricio", en donde analizó el asesinato de cinco religiosos, consumados en la última dictadura militar en Argentina, el 4 de julio de 1976. En la mencionada publicación, en relación con la actuación del juez que investigó la masacre, en resumen expreso que el funcionario había cumplido con la mayoría de los requisitos investigativos de carácter formal, pero que hubo desconocimiento ostensible de los elementos para el esclarecimiento del caso, se dijo en el libro que "La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto".
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En octubre del año 1991, el Juez mencionado por el escritor argentino en su libro puso acción penal contra el autor del libro por el delito de calumnia. En septiembre de 1995 el juzgado penal correspondiente lo condenó en primera instancia por injurias, a la pena de prisión de un año, en suspenso y al pago por reparación del daño de la suma de $20.000,00 pesos argentinos. La condena fue revocada, en noviembre de 1996, por el Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por el fallo respuesta a la apelación interpuesta, en donde estableció que no existía ni el delito de calumnia ni el de injuria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación. revocó la sentencia absolutoria, en diciembre de 1998, por considerarla arbitraria, en fallo que resolvió el recurso extraordinario que le fue interpuesto. El fallo ordena la remisión de la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal para que dictara nueva sentencia.

La Cámara de Apelaciones, en marzo de 1999, de conformidad con los planteos de la Corte, mantuvo la sentencia condenatoria de primera instancia en cuanto a las penas, variando la tipificación de la conducta al delito de calumnia. Contra la sentencia condenatoria el señor Kimel interpuso, en primer lugar, el recurso extraordinario y posteriormente un recurso de queja. El primero fue declarado improcedente y el segundo fue rechazado in limine -14 de septiembre de 2000- quedando en firme la condena.

La Corte encontró violado el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos humanos, porque el proceso contra la víctima, duró casi 9 años, con falta de diligencia y celeridad por parte de las autoridades judiciales; sin que el procedimiento para este tipo de asuntos fuera complejo, ni hubiera acciones por parte de la víctima que obstaculizara el proceso y de otra pare sin justificación por parte del Estado. nota 1

  1. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 177 
9.16. Violación del derecho que tiene toda persona de ser oída y a que se resuelva su causa dentro de un plazo razonable: retardo notorio inexplicable no requiere valoración sobre razonabilidad del plazo

En el Caso Bayarri, el señor Juan Carlos Bayarri fue detenido sin orden judicial previa el 18 de noviembre de 1991 por miembros armados y de civil de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, quienes lo llevaron, maniatado y vendado sus ojos, a un centro de detención clandestino. Esta detención se realizó en el marco de un sumario que inició la Comisión de Secuestros Extorsivos reiterados en la causa que tramitó el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 25 de la Capital de la República Argentina.

Tanto la Constitución de la Nación Argentina, vigente al momento de los hechos, como el Código de Procedimiento en Materia Penal establecían respectivamente que nadie podía ser arrestado o constituido en prisión preventiva sin orden escrita de autoridad competente y con mayor precisión, el código procesal penal para la prisión preventiva, "sin orden escrita de Juez competente, expedida contra persona determinada, y a mérito de existir contra ella semiplena prueba de delito o indicios vehementes de culpabilidad". De acuerdo con la normativa vigente a los hechos, toda detención, salvo por delito in infraganti, debía efectuarse previa orden escrita de juez competente y la persona detenida ser puesta a disposición del juez competente para que resolviera, practicada las diligencias necesarias, sobre su libertad o la prisión preventiva.

En el 2005 dos instancias judiciales argentinas, un Juzgado Nacional de Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, establecieron que la detención de la víctima se produjo de manera ilegítima sin que existiera previa orden escrita de juez competente.

Está probado que la víctima fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Criminal, el día 19 de noviembre de 1991, por el Jefe de la División de Defraudaciones y Estafa de la Policía Federal Argentina y que el Secretario de dicho Juzgado ordenó mantener su detención.

Una semana después fue escuchado en indagatoria, sin que oportunamente se hubiere establecido la legalidad de la detención ni se hubiere ordenado examen médico, pese a que la víctima presentaba signos de traumatismo severo en rostro y oído. Finalizada la diligencia la víctima fue remitida a un centro penitenciario, decretándose la detención preventiva tres meses después. El juez de instrucción quien recibió la indagatoria no dejó constancia de las lesiones apreciables a simple vista que tenía la víctima ni sobre los exámenes médicos que le practicaron. Tampoco ordenó que se le realizara examen médico integral ni que se iniciara, tal como lo establecía la legislación argentina, una investigación que determinara el origen de las lesiones. Al contrario, por orden del juez la revisión practicada por un médico forense se limitó a la "evaluación de lesiones en los oídos".

El 20 de diciembre de 1991 se le impuso medida cautelar de prisión preventiva y fue confirmada en apelación en febrero de 1992; se le dictó en agosto de 2001 sentencia de primera instancia que lo condena a prisión perpetua y en el 2004, resolviendo la apelación interpuesta, se ordenó su libertad "al absolver[lo] libremente de culpa y de cargo". El proceso duró aproximadamente trece años en los que permaneció en prisión preventiva. La correspondiente autoridad judicial fundamentó la absolución en que la confesión que se obtuvo de la víctima fue "bajo la aplicación de tormentos", para lo cual se tuvo en cuenta los exámenes médicos que le fueron practicados en el transcurso de las dos primeras semanas de su detención que daban cuenta de las lesiones, y concluyó que los apremios y torturas fueron producidas por "parte del personal policial que intervino en el caso".

El abogado defensor denunció, el 23 de diciembre de 1991, los apremios a los que fue sometido la víctima y transcurrieron aproximadamente diecisiete años y la causa penal seguía tramitándose, sin resultados correspondientes.

La Convención Interamericana contra la Tortura entró en vigor para Argentina desde el 30 de abril de 1989 y por lo tanto, desde esa fecha fueron exigibles al Estado el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas ?artículo 22 de la Convención.

La Corte estableció la violación del derecho que tiene toda persona de ser oída y a que se resuelva su causa dentro de un plazo razonable ?artículo 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos-, por el juez o tribunal competentes e imparcial y se afirmó que en casos en donde se establece retardo notorio sin explicación razonada, no se requiere de parte de la Corte de la valoración que en otras oportunidades ha realizado de los elementos de razonabilidad del plazo, como son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. nota 1

  1. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 187 
9.17. Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial: falta de garantía del derecho a la integridad personal por sentimientos de angustia e impotencia ante el incumplimiento del deber de investigar amenazas y hostigamientos hacia familiares de la víctima

El señor Ramón Mauricio García Prieto fue asesinado el 10 de junio de 1994, en presencia de su esposa e hijo de cinco meses, después de haber sido interceptado frente a la casa de sus familiares por dos personas. Para esa fecha El Salvador, país donde sucedieron los hechos no había aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que tuvo lugar a partir del día 6 de junio de 1995.

Las autoridades de El Salvador realizaron varias investigaciones penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables. De estos procesos penales, finalizados el 7 de octubre de 1996 y el 7 de junio de 2001, resultaron condenadas dos personas a penas de veintiséis y treinta años de prisión, respectivamente.

Posteriormente, los padres del occiso interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República de El Salvador el 6 de junio de 2003, para que continuara la investigación sobre el homicidio, la cual no había concluido al momento del conocimiento del caso por la Corte Interamericana de derechos humanos.

En uno de los procesos penales, como quedó acreditado, se presentaron obstáculos, por parte de autoridades de El Salvador, que impidieron acceder y conocer información relevante para el caso, sobre los libros de entradas y salidas de un batallón de la extinta Policía Nacional

Los padres y otros familiares del occiso fueron objeto de actos de amenazas y hostigamientos ?llamadas anónimas, seguimientos por personas desconocidas, en una ocasión disparos a la casa habitación de los padres-, por lo cuales se realizaron actuaciones judiciales, en dos ocasiones, en el año 1998 y en el 2000. En la primera ocasión, no se continuo con la investigación y en la segunda no se había concluido la misma. Esta situación produjo sentimientos de angustia, impotencia y afectó la integridad personal de varios miembros de la familia del occiso.

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos del Salvador, concluyó el 22 de junio de 2005, por informe especial, que respecto a la muerte de Ramón Mauricio García Giralt, a) ?fue una ejecución extrajudicial realizada, presuntamente, por un grupo armado ilegal, que habría actuado bajo la tolerancia de las autoridades policiales?; b) tuvo como motivo privarlo arbitrariamente de su vida y no el robo como se señaló en el proceso penal; c) se omitió, en una de las investigaciones, ?investigar la pertenencia de los autores materiales a una estructura dedicada a la eliminación de personas?; d) hubo parálisis en los procesos investigativos e impunidad generalizada ?debido a una falta de voluntad del Estado por establecer la verdad de los hechos?.

También señaló respecto de los familiares del occiso, entre otros hechos, que siguen dándose los hostigamientos y que han sido sujetos de vigilancia por parte de sujetos desconocidos.

Las investigaciones penales sobre las amenazas y hostigamientos, además de las falencias ya señaladas fueron incompletas, no fueron utilizados medios técnicos de investigación y quedo probada la falta de diligencia por parte de las autoridades de policía y judiciales; no se investigó lo relacionado con los disparos a la vivienda y no obstante haber pasado más de diez años no se ha pudo determinar los autores y el origen de tales amenazas ni los motivos que justificara el desistimiento o el archivo de la investigación, lo que permitió que continuaran las amenazas y hostigamientos.

La Corte Interamericana demandó, en al año 2006, del Estado la adopción de medidas provisionales de protección, para que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, entre otros, de familiares del occiso.

La Corte estableció la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial -artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto del deber de respeto de los derechos humanos y el derecho a la integridad personal ?artículos 1.1. y 5.1 de la misma Convención, respectivamente-, por los sentimientos de inseguridad, angustia e impotencia producidos por el incumplimiento del Estado de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por los padres del occiso. nota 1

  1. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 168 
9.18. Violación de las garantías judiciales y a la protección judicial cuando el estado no ha proporcionado a los familiares un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos y la reparación de las consecuencias de las violaciones por tratos crueles, inhumanos o degradantes y muerte sufridos por la víctima, con discapacidad mental, en centro de atención psiquiátrico

En el Caso Ximenes Lopes, el señor Damião Ximenes Lopes, persona con discapacidad mental, fue internado el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, centro de atención psiquiátrica privado. Durante tres días de internación fue sometido a condiciones inhumanas y degradantes de hospitalización, al final de los cuales falleció de forma violenta. A pesar de que se había ejercido violencia contra el señor Damião Ximenes Lopes, el director clínico y médico de la Casa de Reposo Guararapes, que examinó a la presunta víctima luego de su muerte, diagnosticó la causa de la muerte como ?paro cardio respiratorio?. Como consecuencia de los hechos, el Instituto Médico Legal realizó la autopsia, en la cual concluyó que el caso se trataba de una ?muerte real de causa indeterminada?, y dejó constancia de la existencia de diversas lesiones, pese a lo cual no indicó cómo habrían sido provocadas. Tampoco describió el examen del cerebro de la presunta víctima. La investigación policial sobre la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, fue iniciada por la Comisaría Regional de Sobral el 9 de noviembre de 1999, 36 días después de lo ocurrido en la Casa de Reposo Guararapes. El 25 de febrero de 2000 la Comisaría Regional de Sobral remitió al Juez Titular de Sobral las investigaciones seguidas. El 27 de marzo de 2000 el Ministerio Público presentó ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral, la denuncia penal en contra de los presuntos responsables por los hechos. La Tercera Sala del Juzgado de Sobral tardó más de dos años en celebrar las audiencias destinadas a escuchar las declaraciones de testigos e informantes, y durante algunos períodos no ha realizado ninguna actividad tendiente a terminar el proceso. La falta de conclusión del proceso penal ha tenido como consecuencia que en la acción civil de resarcimiento tampoco se ha dictado sentencia de primera instancia. En consideración de la Corte, el protocolo de autopsia que se practicó al señor Damião Ximenes Lopes el 4 de octubre de 1999, no cumplió con las directrices internacionales reconocidas para las investigaciones forenses, ya que no indicó, entre otras, una descripción completa de las lesiones externas y del instrumento que las ocasionó. Hubo una falta a la debida diligencia de las autoridades estatales al no iniciar inmediatamente la investigación de los hechos, lo que impidió, entre otras cosas, la oportuna preservación y recolección de la prueba y la identificación de testigos oculares. Asimismo, los funcionarios estatales no preservaron ni realizaron una inspección de la Casa de Reposo Guararapes, ni efectuaron una reconstrucción de los hechos para explicar las circunstancias en que murió el señor Ximenes Lopes. Este Tribunal considera que este caso no es complejo. Hay una sola víctima, quien está claramente identificada y murió en una institución hospitalaria, lo que permite que la realización de un proceso penal en contra de presuntos responsables, quienes están identificados y localizados, sea simple. En el proceso penal, las autoridades competentes se han limitado a diligenciar la recepción de pruebas testimoniales. El plazo en que se ha desarrollado el procedimiento penal en el presente caso no es razonable, ya que a más de seis años, o 75 meses de iniciado, todavía no se ha dictado sentencia de primera instancia y no se han dado razones que puedan justificar esta demora. La Corte concluyó que el Estado no ha proporcionado a las familiares del señor Ximenes Lopes un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos, la investigación, identificación, procesamiento y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por lo tanto, el Estado tiene responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese mismo tratado, en perjuicio de la madre y hermana de la víctima. nota 1

  1. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia Serie C. No. 149 
9.19. Vulneración de las garantías judiciales cuando se detiene y no se juzga a una persona en un plazo razonable

La Corte considera que el artículo 8.1 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. nota 1

El principio de ?plazo razonable? dentro de aquellas garantías que se deben seguir en un debido proceso legal, al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Para la Corte el término debe empezar a contarse con la primera actuación, que en un proceso penal sería la vinculación al proceso del inculpado por su aprehensión o su indagatoria si no se le ha declarado la detención preventiva. La Corte, al igual que en la primera subregla de este documento, señaló que se deben tener en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.

En el Caso Suárez Rosero, el primer acto del procedimiento es la aprehensión del señor Suárez Rosero y, por lo tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo. Considera la Corte que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran presentarse. Al realizar un estudio del procedimiento en la jurisdicción interna contra el señor Suárez Rosero, se advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. Este período excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención. Asimismo, la Corte estima que el hecho de que un tribunal ecuatoriano haya declarado culpable al señor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de libertad por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un máximo de dos años como pena para ese delito. Por lo anterior, la Corte declara que el Estado del Ecuador violó en perjuicio del señor Rafael Iván Suárez Rosero el derecho establecido en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad. nota 2

  1. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 . Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
  2. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 . Ver también Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
9.20. Violación de las garantías judiciales y el deber de protección judicial por la falta de una reparación adecuada de las víctimas, en el marco de la convención, que exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición.

En el Caso de las Masacres de Ituango, en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando a su paso en forma selectiva a 19 civiles en estado de indefensión. En el presente caso fueron abiertos procesos en la jurisdicción penal, contenciosa administrativa y disciplinaria. En los procesos penales, la gran mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados y la mayoría de las personas que han sido condenadas a penas privativas de la libertad no han sido detenidas. El Tribunal no consideró necesario analizar los procesos disciplinarios pues el objeto de su investigación tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, por lo que puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos. Ante la jurisdicción contencioso administrativa se instauraron quince demandas en ?contra de la Nación colombiana-Ejército Nacional?. Dos de ellas fueron falladas en contra de los intereses de los demandantes. En otros procesos se celebraron audiencias de conciliación, en las cuales se acordaron cuantías en relación con los daños producidos por la acción u omisión de sus agentes. La Corte observó que las actas de conciliación suscritas no contienen una manifestación de responsabilidad estatal por la violación de derechos como la vida y la integridad personal, entre otros, que están consignados en la Convención. De igual manera, no contiene aspectos relativos a la rehabilitación, la verdad, la justicia, el rescate de la memoria histórica, como tampoco medidas de garantía de no repetición. Una reparación adecuada, en el marco de la Convención, exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición. Recursos como la acción de reparación directa o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando está de por medio un acto administrativo que pueda producir daños, tiene unos alcances mínimos y unas condiciones de acceso no apropiadas para los fines de reparación que la Convención Americana establece. Por lo anterior, en relación con los hechos de La Granja y El Aro, la Corte consideró que los procesos y procedimientos no han sido desarrollados con respeto al debido proceso legal, en un plazo razonable, ni han constituido un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la justicia, la verdad de los hechos y la reparación de las presuntas víctimas y sus familiares. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 1

  1. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 148 .
9.21. Violación de los derechos al plazo razonable, garantías judiciales y al deber de protección judicial en procesos de condena a pena de muerte

En relación con el proceso judicial interno y su duración, la Corte reitera su jurisprudencia sobre la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso. Corresponde al Estado exponer y probar la razón por lo que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable en principio para dictar sentencia definitiva en un caso particular, de conformidad con los criterios indicados. Tomando en cuenta la naturaleza excepcionalmente grave e irreparable de la pena de muerte, la observancia del debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, es aún más importante cuando se halle en juego la vida humana. Con respecto al derecho a un recurso efectivo, en el Caso Hilaire Constantine y Benjamín y otros, la Corte considera que en este caso resulta evidente, según las pruebas presentadas, que en Trinidad y Tobago es técnicamente compleja y de difícil acceso la interposición de acciones constitucionales sin la asistencia de un abogado, y que no se dispone de la posibilidad de presentar acciones constitucionales de manera efectiva. La Corte su jurisprudencia sobre la efectividad del recurso efectivo ante los tribunales para proteger la libertad. La Corte ha establecido también que como parte de las obligaciones generales de los Estados, estos tienen un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. La tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención. nota 1

En el mismo caso, la Corte establece en relación con el artículo 2 de la Convención, que el derecho interno de Trinidad y Tobago no establece el derecho a un juicio pronto o dentro de un plazo razonable y, por lo tanto, no se ajusta a lo establecido en la convención. La corte concluye que el estado de Trinidad y Tobago violó el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y con ello, las disposiciones contenidas en los artículos 7.5 y 8.1 en conjunción con los artículos 1.1 y 2 de la convención en perjuicio de 29 de los inculpados. Igualmente, la corte estima que existen pruebas suficientes para concluir que, en la práctica, no se encuentra a disposición de los inculpados de homicidio intencional, la asistencia legal adecuada para que presenten acciones constitucionales de manera efectiva. Si bien de manera formal, se halla consagrado en el ordenamiento jurídico del estado, el derecho a intentar una acción constitucional, en el Caso de 11 de los acusados se impidió el empleo de este recurso en cuanto el estado no proporcionó a los inculpados asistencia jurídica a fin de que pudieran ejercitarlo efectivamente, y de esta forma constituyó un recurso ilusorio para aquéllos. Con ello se violaron los artículos 8 y 25 de la convención en relación con el artículo 1.1 de ésta.

La Corte llama la atención sobre el hecho de que la Constitución de la República de Trinidad y Tobago, que data de 1976, establece que ninguna norma anterior a la entrada en vigencia de ésta, puede ser objeto de impugnación constitucional en cuanto a sus Secciones 4 y 5. La Ley de Delitos contra la Persona es incompatible con la Convención y, por lo tanto, cualquier disposición que determine su inimpugnabilidad, también lo es en virtud de que Trinidad y Tobago, al ser parte de la Convención en el momento de los hechos, no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. nota 2

  1. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 .
  2. Caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 .
9.22. Violación de las garantías judiciales cuando delitos comunes son juzgados por la justicia militar

En el Caso Lori Berenson Mejía, con respecto a la jurisdicción penal militar, la Corte ha establecido que en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y al debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. nota 1

En el Caso Durand y Ugarte, la Corte sostuvo que los militares encargados de la debelación del motín hicieron un uso desproporcionado de la fuerza que excedió en mucho los límites de su función, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos. Por lo tanto, los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos militares, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hubieran sido militares o no. Pese a lo dicho, la justicia militar llevó adelante la investigación por los hechos ocurridos en el penal y sobreseyó el proceso seguido contra los militares involucrados. Así, los familiares de las víctimas no contaron con un recurso efectivo que les garantizara el ejercicio de sus derechos, dando lugar a la falta de identificación de los responsables en el trámite seguido en el fuero militar y al no empleo de la diligencia debida para identificar y establecer el paradero de las víctimas. Además, es razonable considerar que los funcionarios del fuero militar que actuaron en el proceso encaminado a investigar los sucesos carecían de la imparcialidad e independencia requeridas por el artículo 8.1 de la Convención para investigar los hechos de una manera eficaz y exhaustiva y sancionar a los responsables por los mismos. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente caso a los familiares de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera y de sus familiares, los derechos a las garantías y a la protección judiciales (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención). Por lo tanto, la Corte ordena al Estado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables. También ordena al Estado pagar una justa indemnización y el resarcimiento de los gastos en que hubieran incurrido los familiares con motivo de las gestiones relacionadas con este proceso. nota 2

En este mismo orden de ideas en el Caso 19 comerciantes, la Corte decide que el juzgamiento de los militares vinculados a la investigación de los delitos cometidos contra los 19 comerciantes por jueces penales militares era improcedente puesto que carecían de competencia, ya que los militares incriminados no estaban en ejercicio de sus funciones en la ocurrencia de los hechos. Implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, y además conllevó a que no fueran investigados y sancionados por tribunales competentes los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos. nota 3

  1. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 . Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
  2. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 68 .
  3. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
9.23. Violación del derecho al juez natural y al debido proceso cuando civiles son juzgados por tribunales militares

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. La jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y el debido proceso, íntimamente ligado al derecho de acceso a la justicia. nota 1

Constituye un principio básico relativo a la independencia judicial que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. El juez de una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención.

En el mismo caso la Corte considera que el Código de Justicia Militar del Perú limitaba el juzgamiento militar de civiles por los delitos de traición a la patria a situaciones de guerra externa. Esta norma, modificada en 1992 por un decreto-ley, extendió la posibilidad de juzgamiento de civiles por tribunales militares, en todo tiempo, en los casos de traición a la patria. En este caso, se estableció la competencia investigadora de la DINCOTE y un proceso sumarísimo "en el teatro de operaciones", de acuerdo a lo estipulado por el Código de Justicia Militar.

En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares. Este Tribunal ha señalado que las garantías a que tiene derecho toda persona sometida a proceso, además de ser indispensables deben ser judiciales, lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción. En relación con el presente caso, la Corte entiende que los tribunales militares que han juzgado a las supuestas víctimas por los delitos de traición a la patria no satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención, como elementos esenciales del debido proceso. Además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por delitos de traición a la patria sean "sin rostro", determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia. Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohibe la recusación de dichos jueces. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención. nota 2

En el Caso Cesti Hurtado, la víctima es un militar retirado, considerado por la ley peruana como un ciudadano particular; y el contrato de servicios realizado entre la compañía del señor Cesti Hurtado y el ejercito peruano no constituye, en el marco jurídico peruano, vinculación que justifique el tratamiento de la víctima como militar. Por estas razones, someter al señor Cesti Hurtado a un proceso ante jueces militares constituiría una interpretación extensiva del fuero militar y violaría en su perjuicio su derecho a ser sometido a un juez y a un fuero competente y su derecho a ser juzgado por un juez imparcial. La Corte observa que Cesti Hurtado tenía, al tiempo en que se abrió y desarrolló el proceso, el carácter de militar en retiro, y por ello no podía ser juzgado por los tribunales militares. En consecuencia, el juicio al cual fue sometido el señor Cesti Hurtado constituye una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención. Por no ser probadas las alegaciones referentes a las violaciones a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención), la Corte debe desestimarlas. nota 3

En el Caso Palamara Iribarne, las autoridades que ejercieron la jurisdicción penal en el juzgamiento del señor Palamara Iribarne, entendieron que éste, como empleado civil a contrata, debía ser considerado militar a los efectos de la jurisdicción penal militar, pese a que los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares tipificados en el Código de Justicia Militar estipulan que el sujeto activo debe ser un ?militar?. Al respecto, la Corte estimó que el señor Palamara Iribarne, al ser militar en retiro, no revestía la calidad de ?militar? necesaria para ser sujeto activo por la comisión, inter alia, de conductas que atentaban contra los ?deberes y el honor militar? o suponían ?insubordinación?, como lo son los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, establecidos en el Código de Justicia Militar, así como delitos que atentan contra el ?orden y la seguridad públicos?, como lo es el desacato, y por ello no se le podían aplicar las referidas normas penales militares. La jurisdicción tan extensa que tienen los tribunales militares en Chile que les otorga facultades de fallar causas correspondientes a los tribunales civiles no es acorde con el artículo 8.1 de la Convención Americana. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne e incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias al derecho a ser juzgado por un juez competente protegido en el artículo 8.1 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 4

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 . Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 33 . Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .
  2. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 . Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 33 . Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .
  3. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 56 .
  4. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
9.24. Violación del derecho a las garantías judiciales y a la presunción de inocencia: ordenes de prisión preventiva arbitrarias, recursos ineficaces, duración desproporcionada de la privación de la libertad y allanamiento del estado

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza, ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como hábeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.

El señor Lapo interpuso el hábeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.

Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que ?no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente?.

Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

De conformidad con la sentencia de la Corte, el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia ?artículo 8.2 de la Convención Americana- , en relación con el artículo 1.1 de la misma, porque 1- las ordenes de prisión preventiva fueron arbitrarias;2- los recursos para restablecer su libertad fueron ineficaces; 3- la duración de la privación de la libertad fue desproporcionada 4- el allanamiento del Estado. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
9.25. Violación de las garantías judiciales por no observar el principio de presunción de inocencia, en especial cuando se prolonga la detención preventiva

La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.

La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.

En este principio subyace el propósito de las garantías judiciales. De este principio se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.

En el Caso Ricardo Canese, la Corte encuentra claro que tanto el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno como el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala de Paraguay, presumieron el dolo del señor Canese y, a partir de ello, le exigieron que desvirtuara la existencia de su intención dolosa. De esta manera, tales tribunales no presumieron la inocencia del imputado, por lo que la Corte concluyó que el Estado violó, en perjuicio del señor Canese, el artículo 8.2 de la Convención Americana. nota 1

En el Caso Suárez Rosero, la Corte considera que con la prolongada detención preventiva del señor Suárez Rosero, se violó el principio de presunción de inocencia y la orden de libertad dictada en su favor no pudo ser ejecutada sino hasta casi un año después. nota 2

Igualmente en el Caso Tibi, la Corte considera que la privación de la libertad del señor Tibi violó el artículo 8 de la Convención en tanto éste permaneció detenido desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998 y no existían elementos probatorios que permitieran inferir razonablemente que el señor Tibi estaba involucrado en el Operativo ?Camarón?. nota 3

  1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
  2. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
  3. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
9.26. Violación de las garantías judiciales por no observar el principio de presunción de inocencia en detención ilegal y arbitraria

En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, entre ellas, Servellón García y Betancourth Vásquez, menores de edad, fueron colectivamente detenidas, sometidas, de forma ilegal y arbitraria, a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención; posteriormente, ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados a la intemperie en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La Corte concluyó, a la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado, que éste violó el artículo 8.2 de la Convención por no haber respetado el principio a la presunción de inocencia, en perjuicio de las víctimas. nota 1

  1. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 152 
9.27. Violación de la presunción de inocencia al obstaculizar al procesado el ejercicio de su derecho de defensa en la justicia penal militar

En el Caso Loayza Tamayo, la señora Loayza Tamayo fue enjuiciada y condenada por un procedimiento excepcional en el que están sensiblemente restringidos los derechos fundamentales que integran el debido proceso. Estos procesos no alcanzan los estándares de un juicio justo ya que no se reconoce la presunción de inocencia, se prohíbe a los procesados contradecir las pruebas y ejercer el control de las mismas, se limita la facultad del defensor al impedir que pueda libremente comunicarse con su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso. El hecho de que la señora Loayza Tamayo haya sido condenada en el fuero ordinario con fundamento en pruebas obtenidas en el procedimiento militar, no obstante ser éste incompetente, tuvo consecuencias negativas en su contra en el fuero común. El Perú, por conducto de la jurisdicción militar, infringió el artículo 8.2 de la Convención, que consagra el principio de presunción de inocencia, al atribuir a la señora Loayza Tamayo la comisión de un delito diverso a aquel por el que fue acusada y procesada, sin tener competencia para ello, pues esa imputación sólo correspondía hacerla a la jurisdicción ordinaria competente. nota 1

  1. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 33 .
9.28. Violación de las garantías judiciales cuando el juez no acepta que los procesados sean asistidos por un defensor de su elección, que les permita ejercer el derecho de defensa

En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, durante las actividades para lograr la recuperación de sus territorios tradicionales, los miembros de la comunidad fueron denunciados penalmente en 1999 por parte del representante legal de la firma Livestock Capital Group INC, compañía que figura como una de las propietarias del predio, por supuesta comisión del delito de invasión de inmueble ajeno, coacción grave y hurto. Durante el referido proceso penal se llevaron a cabo varias diligencias probatorias, entre ellas, declaraciones de testigos, levantamientos de datos de los miembros de la Comunidad, inspecciones en el lugar de los hechos. De igual forma, se otorgaron medidas provisionales a favor de la parte actora, consistentes en la prohibición de ingreso de los miembros de la Comunidad al territorio de la Estancia Loma Verde; se decomisaron varios cajones de apicultura pertenecientes a la Comunidad, y se ordenó el levantamiento de las viviendas de la Comunidad. Asimismo, los miembros de la Comunidad no pudieron presentar pruebas de descargo ni interrogar a los testigos propuestos por la contraparte, debido a que el juez no accedió a la participación e intervención en el proceso a través de un abogado escogido por la comunidad, ni tampoco a la expedición de copias del proceso. Esta indefensión de los miembros de la Comunidad se prolongó hasta el 14 de septiembre de 2001, cuando el Juez aceptó la participación del INDI como representante de la Comunidad Yakye Axa. Finalmente, la causa penal no prosiguió más allá del sumario. Por lo anterior, La Corte consideró que la falta de un abogado defensor constituye una violación a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. De igual forma expresó que el inculpado tiene derecho, con el objeto de ejercer su defensa, a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, así como el de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. nota 1

  1. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 125 
9.29. Violación de las garantías judiciales cuando se impide ejercer adecuadamente el derecho de defensa

En el Caso Lori Berenson Mejía al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, la Corte señaló que en el proceso se deben observar todas las formalidades que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. nota 1

El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa

A su vez, la Corte observa en el Caso Tibi que en los casos de detenidos extranjeros, debe obrara notificación del derecho de comunicarse con un funcionario consular de su país con el fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo 36.1.b de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En este sentido, la Corte señaló que el derecho individual del nacional de solicitar asistencia consular a su país debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. La inobservancia de este derecho afecta el derecho a la defensa, el cual forma parte de las garantías del debido proceso legal. nota 2

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte observa que el artículo 717 del Código de Justicia Militar, aplicable a los casos de traición a la patria, establece que una vez producida la acusación fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa por espacio de doce horas. De acuerdo con la ley, la defensa no pudo interrogar a los agentes de la DINCOTE que participaron en la fase de investigación. La condena del señor Astorga Valdez pone aún más en evidencia la escasa posibilidad de ejercer una defensa efectiva del inculpado. En dicho caso, el inculpado fue condenado en última instancia con base en una prueba nueva, que el abogado defensor no conocía ni pudo contradecir. La Corte estima que la restricción a la labor de los abogados defensores y la escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado demostradas. Los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las víctimas contaron con una defensa adecuada. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.b y 8.2.c de la Convención. nota 3

La Corte considera que de conformidad con la legislación vigente en el Perú, las víctimas no pudieron contar con asistencia legal desde la fecha de su detención hasta su declaración ante la DINCOTE, cuando se les nombró un defensor de oficio. Por otra parte, cuando los detenidos tuvieron la asistencia de los abogados de su elección, la actuación de éstos se vio limitada. La disposición que niega la posibilidad de que un mismo defensor asista a más de un inculpado, limita las alternativas en cuanto a la elección del defensor, pero no significa, una violación del artículo 8.2.d de la Convención. Sin embargo, como ha quedado demostrado que los abogados defensores tuvieron obstáculos para entrevistarse privadamente con sus defendidos, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.d de la Convención. nota 4

En el Caso Suárez Rosero, la Corte se refirió a la violación de los incisos c, d y e del artículo 8.2 de la Convención, que establecen como garantías mínimas de toda persona, la concesión al inculpado del tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa; el derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con éste; y el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor del Estado, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Debido a su incomunicación durante los primeros 36 días de su detención, el señor Suárez Rosero no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, ya que no pudo contar con el patrocinio de un defensor público y, cuando tuvo un abogado de su elección, no pudo comunicarse en forma libre y privada con él. Por ende, la Corte considera que el Ecuador violó el artículo 8.2.c, 8.2.d y 8.2.e de la Convención. nota 5

  1. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú Sentencia Serie C. No. 119 . Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia Serie C. No. 107 
  2. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
  3. Caso Castillo Petruzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  4. Caso Castillo Petruzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
  5. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
9.30. Violación de la garantía judicial del derecho de defensa por impedir el acceso a las actuaciones realizadas durante la etapa del sumario

En el Caso Palamara Iribarne, la intervención del defensor se permitió cuando concluyó la investigación y se elevó la causa a la etapa del plenario, a partir de la cual el Fiscal ordenó poner los autos en conocimiento del abogado del señor Palamara Iribarne para que respondiera a los cargos que existían en su contra.

La Corte consideró que la normativa que establece como regla que en la jurisdicción penal militar chilena el sumario sea secreto, salvo las excepciones establecidas por la ley, es contraria al derecho de defensa del imputado, ya que le imposibilita el acceso efectivo al expediente y a las pruebas que se recaban en su contra, lo cual le impide defenderse adecuadamente, en contravención de lo dispuesto en el artículo 8.2.c). Asimismo, la Corte estimó que la regla del secreto de las actuaciones del sumario en la jurisdicción militar chilena, aún cuando tenga algunas excepciones, es contraria a la garantía de publicidad que debe tener el proceso penal de acuerdo con el artículo 8.5 de la Convención. Desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho a defenderse durante todo el proceso que tiene una persona acusada de cometer un delito, de conformidad con el artículo 8.2.d) de la Convención. Debido a que en la etapa del sumario el defensor no puede estar presente en la declaración del imputado y, como ha sucedido en este caso, tuvo que solicitar diligencias probatorias al fiscal sin tener conocimiento del sumario ni de los fundamentos de los cargos formulados a su defendido, el derecho del imputado a ser asistido por un defensor consagrado en el artículo 8.2.d) de la Convención también se vio afectado.

La Corte consideró que la imposibilidad de acceder a las actuaciones realizadas durante la etapa del sumario y presentar pruebas impidieron que el señor Palamara Iribarne pudiera defenderse de forma adecuada. Las referidas restricciones impuestas al señor Palamara Iribarne y a su abogado defensor en la Causa Rol No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares y en la Causa Rol No. 471 por el delito de desacato, ambas ante el Juzgado Naval de Magallanes, vulneraron las garantías propias del derecho de defensa, así como el de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, reconocidos en el artículo 8.2.f) de la Convención. Por otra parte, en las diferentes citaciones a declarar emitidas por el Fiscal no se indicó el motivo para solicitar su comparecencia ni el tema sobre el que versaría dicha declaración, así como tampoco se le realizaron las previsiones sobre su derecho a no declarar contra sí mismo. Por la propia estructura del proceso penal militar y la consiguiente falta de imparcialidad el Fiscal Naval no puede ser asimilado al juez que garantiza el derecho a ser oído. Por ello, el Estado violó el artículo 8.1 y 8.2.g) de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne. Por todas las anteriores consideraciones, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 8 de la Convención en sus incisos 1, 5, 2.c), 2.d), 2.f) y 2.g), en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, y que incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a las garantías del debido proceso protegidas en los referidos incisos del artículo 8 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
9.31. Violación del derecho de defensa cuando se impide interrogar a los testigos

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte considera que la ley aplicada al caso imposibilita el derecho a interrogar a los testigos que fundamentaron la acusación contra las supuestas víctimas. Se prohíbe el interrogatorio de agentes de la policía y del ejército, que hayan participado en las diligencias de investigación. La falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara el inculpado, hace que aquél no pueda controvertir las pruebas asentadas en el atestado policial. Dentro de las prerrogativas que deben concederse a los acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.f de la Convención. nota 1

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
9.32. Violación del derecho de defensa por desconocer el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia al modificar la base fáctica de la imputación en el momento de imponer la condena

En el Caso Fermín Ramírez, el Ministerio Público de dicho país presentó una solicitud de apertura del juicio y formuló acusación contra el señor Fermín Ramírez por el delito de violación calificada previsto en el artículo 175 del Código Penal , cometida en una menor de edad. Esta imputación sirvió de base para el inicio del juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia Penal. Durante el primer día de debate, después de haber escuchado la declaración del señor Fermín Ramírez y cinco peritajes, incluida la ratificación del informe médico legal referente a la necropsia, el Tribunal advirtió a las partes sobre la posibilidad de cambiar la calificación jurídica del delito, pero no especificó a qué delito pudiera dirigirse el cambio, tampoco dispuso de oficio ?recibir una nueva declaración? del señor Fermín Ramírez ni informó a las partes que tenían ?derecho a pedir la suspensión del debate?, según lo establecido en el artículo 373 del Código Procesal Penal.

En la sentencia el Tribunal de Sentencia Penal expresó, con fundamento en la prueba recaudada, que la muerte de dicha menor se debió a asfixia por estrangulamiento, y no sobrevino como consecuencia de la violación de la menor; por ende, debía ?(?) cambiarse la tipificación jurídica formulada en la acusación y en el auto de la apertura de juicio, de violación calificada al delito de asesinato?. Finalmente, analizó las circunstancias agravantes del delito relativas a la peligrosidad social del procesado y condenó al señor Fermín Ramírez a la pena de muerte. La defensa del señor Fermín Ramírez interpuso, en su debida oportunidad, recurso de apelación especial, casación, amparo y revisión que fueron declarados improcedentes. Además, la defensa presentó recurso de gracia ante el Ministro de Gobernación para que enviara el expediente al Presidente de la República y solicitó la conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior de cincuenta años de prisión, recurso que fue denegado. El señor Fermín Ramírez ha estado detenido en diversos centros carcelarios. En dos de ellos, incluyendo el actual, se presentaron problemas carcelarios, debido a las deficientes instalaciones sanitarias y de espacio y la carencia de una adecuada asistencia médica y psicológica.

Para la Corte, la sentencia que impuso la pena de muerte al señor Fermín Ramírez, por el delito de asesinato, violó el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. En efecto, al imponer la condena y dar por demostrados hechos no contenidos en la acusación, como la muerte dolosa producida por ?asfixia mediante estrangulamiento?, no solamente operó un simple cambio en la calificación jurídica del delito, sino que modificó la base fáctica de la imputación al incorporar hechos diferentes de los que constituyen una violación, como inicialmente fue calificada la conducta. Dicha modificación sustancial impidió que el señor Fermín Ramírez pudiera ejercer defensa alguna al respecto y trajo consigo la posibilidad de imponer la pena capital. En sentir de la Corte, al haber desconocido las garantías del debido proceso, en particular el derecho de defensa, el Estado transgredió las reglas procesales de estricta y necesaria observancia en supuestos de imposición de pena de muerte. nota 1

  1. Caso Fermín Ramírez, Sentencia Serie C. No. 126 .
9.33. Violación del derecho a no autoincriminarse

En el Caso Cantoral Benavides, la victima fue sometida a torturas para doblegar su resistencia psíquica y obligarlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas, por lo cual, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 8.2.g) y 8.3 de la Convención Americana. nota 1

  1. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 . Ver también Sentencia Serie C. No. 187 .
9.34. Violación el derecho del inculpado a ser asistido por un defensor de su elección: falta de abogado defensor; prohibición de intervenir en la declaración preprocesal e imposibilidad de sustentar recurso por parte de abogado defensor

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza, ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.
Durante el proceso el juez competente ordenó la práctica de una prueba ?ION SCANNER- en la fabrica de fabricación de hieleras, el día 7 de enero de 1998 y fue notificada a las partes dos horas y cincuenta minutos antes de practicarse la diligencia, que se realizó sin la presencia de los abogados defensores. Esta prueba fue la única prueba técnica en contra de las víctimas y que fundamento para llamar a plenario al señor Chaparro.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte encontró violado el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección ?artículo 8.2 d) de la Convención Americana sobre derechos humanos ?en relación con el artículo 1.1. de la misma Convención, por diferentes situaciones probadas en el proceso, relacionadas con 1- la falta de abogado defensor al momento de un interrogatorio por la Policía y 2- la prohibición que hizo la Corte Superior de Guayaquil al abogado de una de las víctimas de intervenir en la declaración preprocesal de su cliente y 3- la exigencia de funcionario judicial para que el inculpado fuera quien fundamentar el recurso de amparo de libertad y no el abogado defensor, como lo solicitaba la víctima. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
9.35. Violación del derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el estado: inasistencia de la defensora pública al interrogatorio

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza, ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

Durante el proceso el juez competente ordenó la práctica de una prueba ?ION SCANNER- en la fabrica de fabricación de hieleras, el día 7 de enero de 1998 y fue notificada a las partes dos horas y cincuenta minutos antes de practicarse la diligencia, que se realizó sin la presencia de los abogados defensores. Esta prueba fue la única prueba técnica en contra de las víctimas y que fundamento para llamar a plenario al señor Chaparro.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte encontró violado el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, cuando el inculpado no pudiese defenderse por sí mismo ni nombrare defensor -artículo 8.2.e) de la Convención Americana sobre derechos humanos-, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, por cuanto que es contrario a esta obligación estatal la actitud asumida por la defensora pública asignada al señor Lapo, que como quedo demostrado, consistió en que a pesar de haberle sido asignada tal función no asistió al interrogatorio de la víctima, haciendo solo presencia ?para que pudiera iniciar la declaración? y al final para firmarla. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 
9.36. Violación del derecho a recurrir el fallo cuando la segunda instancia corresponde a la justicia penal militar

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte observa que de conformidad con la legislación aplicable a los delitos de traición a la patria, se ha establecido la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y recurso de nulidad contra la de segunda instancia. También existe el extraordinario de revisión de sentencia ejecutoriada, fundado en la presentación de prueba superviniente, siempre y cuando no se trate de una persona condenada por traición a la patria en calidad de líder o como parte del grupo dirigencial de una organización armada. En el caso en estudio, los recursos de apelación y nulidad fueron ejercidos por los abogados de los señores Castillo Petruzzi, Mellado Saavedra y Pincheira Sáez, mientras que el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto por la abogada del señor Astorga Valdez. Finalmente, existía un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra las resoluciones de la jurisdicción militar relativas a civiles. Este recurso, consagrado en la Constitución de 1979, vigente al momento de la detención y aplicable en el procesamiento de las víctimas, fue modificado por la Constitución de 1993, que señalaba que el mencionado recurso sólo cabía en los casos de traición a la patria cuando se impusiera la pena de muerte. Al presentar los abogados de los señores Castillo Petruzzi y Astorga Valdez los recursos de casación, éstos fueron rechazados en aplicación de la norma constitucional vigente. La Corte advierte que los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria, violan la garantía del juez natural establecida en el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso. El proceso penal es uno solo a través de sus diversas instancias y por ello el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal se proyectan sobre todas las etapas procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él. En este caso, el tribunal de segunda instancia forma parte de la estructura militar, por lo cual no tiene la independencia necesaria para actuar ni constituye un juez natural para el enjuiciamiento de civiles. En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, aquéllos no constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, imparcialidad e independencia que la Convención establece. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h de la Convención. nota 1

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
9.37. Vulneración de la prohibición de juzgar dos veces la misma conducta en un proceso penal militar y en un proceso penal ordinario

En el Caso Loayza Tamayo, y respecto de la garantía judicial que prohíbe el doble enjuiciamiento -principio de non bis in idem- (artículo 8.4 de la Convención), la Corte observa que la señora Loayza Tamayo fue procesada en el fuero privativo militar por el delito de traición a la patria que está estrechamente vinculado al delito de terrorismo, como se deduce de una lectura comparativa de los decretos que tipifican estos dos delitos. Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no estrictamente delimitadas por lo que podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como en otro, según los criterios del Ministerio Público, de los jueces respectivos y, de la propia Policía. Por lo tanto, los decretos-leyes en este aspecto son incompatibles con el artículo 8.4 de la Convención. nota 1

El juez militar absolvió a la señora Loayza Tamayo del delito de traición a la patria pero procedió a remitir copia del expediente a la justicia común para que procediera a investigarla por el delito de terrorismo. En las sentencias dictadas por los tribunales militares y ordinarios en relación con la señora Loayza Tamayo no se precisan los hechos sobre los cuales se fundamentan para absolver primero y condenar luego. Ante la jurisdicción militar y ante la jurisdicción común la instrucción se inició con base en el mismo atestado policial ampliatorio. La Corte considera que la señora Loayza Tamayo fue absuelta del delito de traición a la patria por el fuero militar, por el sentido técnico de la palabra ?absolución?, y también porque el fuero militar, en lugar de declararse incompetente, conoció y valoró los hechos, y elementos probatorios, y resolvió absolverla. De lo anterior la Corte concluye que, al ser juzgada la señora Loayza Tamayo en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los que había sido absuelta en la jurisdicción militar, el Estado peruano violó el artículo 8.4 de la Convención. Como consecuencia de las violaciones de los derechos consagrados en la Convención, y especialmente de la prohibición de doble enjuiciamiento, en perjuicio de la señora Loayza Tamayo, la Corte considera que el Estado del Perú debe ordenar la libertad de la señora Loayza Tamayo dentro de un plazo razonable. La Corte resuelve que Estado del Perú está obligado a pagar una justa indemnización a la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones ante las autoridades peruanas con ocasión de este proceso. nota 2

Al parecer de la Corte el artículo 8.4 de la Convención establece la prohibición de ser juzgado dos veces por una misma conducta. Para que se viole está prohibición el primer proceso debe culminar con una sentencia de fondo en un proceso en el cual se hayan cumplido con las condiciones para un debido proceso legal.

En el Caso Lori Berenson Mejía, la Corte concluye que como el proceso seguido en contra de la señora Berenson en la jurisdicción penal militar, no cumplía con los requisitos de un debido proceso legal y terminó con el pronunciamiento de falta de competencia del tribunal militar, el proceso ordinario por el que fue condenada posteriormente no violó el principio Non bis in idem nota 3

  1. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 33 .
  2. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 33 .
  3. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 .
9.38. Inexistencia de violación de la confesión sin coacción por falta de prueba

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte consideró probado que durante la declaración ante el Juez Instructor Militar Especial se exhortó a los inculpados a decir la verdad. No hay constancia de que esa exhortación implicara la amenaza de pena u otra consecuencia jurídica adversa para el caso de que el exhortado faltara a la verdad. Tampoco hay prueba de que se hubiese requerido a los inculpados rendir juramento o formular promesa de decir la verdad, lo cual contrariaría el principio de libertad de aquéllas para declarar o abstenerse de hacerlo. Por lo expuesto, la Corte considera que no fue probado que el Estado violó el artículo 8.3 de la Convención. nota 1

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia Serie C. No. 52 .
9.39. Violación de la garantía procesal a un proceso público cuando se sanciona con aislamiento a los condenados

En el Caso Castillo Petruzzi y otros, sostiene la Corte que las condiciones de detención impuestas a las víctimas como consecuencia de la aplicación de los Decretos-Leyes por parte de los tribunales militares, constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, violatorios del artículo 5 de la Convención. Se estableció que en la práctica algunas de dichas condiciones, como el aislamiento en celdas unipersonales, variaron a partir de determinado momento. Sin embargo, dicha variación no conduce a modificar la conclusión anterior de la Corte. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.5 de la Convención. nota 1

  1. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 52 .
9.40. Violación de las garantías judiciales a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial

En el Caso Palamara Iribarne, la Corte estimó que la estructura orgánica y composición de los tribunales militares supone que, en general, sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez o fiscales. Todo ello conlleva a que dichos tribunales carezcan de independencia e imparcialidad. Al asumir el conocimiento de la Causa Nº 471 por el delito de desacato, las autoridades del Juzgado Naval de Magallanes procesaron al señor Palamara Iribarne por haber injuriado u ofendido a la Fiscalía Naval, por lo que las autoridades a cargo de este proceso, todas ellas integrantes de las Fuerzas Armadas, debían pronunciarse sobre un asunto en el que el interés de las mismas se veía afectado, por lo cual la imparcialidad e independencia del tribunal era cuestionable. Por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado no garantizó al señor Palamara Iribarne su derecho a que un juez o tribunal competente, imparcial e independiente conociera de las causas penales que se iniciaron en su contra, por lo cual violó el artículo 8.1 de la Convención en su perjuicio, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a dicho derecho protegido en el artículo 8.1 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1

  1. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 135 .
9.41. Violación de las garantías judiciales a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a ejercer adecuadamente el derecho de defensa, a la cosa juzgada y a la publicidad del proceso, a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a declarar sin coacción de naturaleza alguna

Ha señalado la Corte que el traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, como sucede en el Caso Cantoral Benavides, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. Estima la Corte que los tribunales militares del Estado que han juzgado a la presunta víctima por el delito de traición a la patria no satisfacen los requerimientos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8.1 de la Convención, por el hecho de que las fuerzas armadas tengan la doble función de combatir militarmente a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a los miembros de dichos grupos. Finalmente, está probado que en el proceso contra Cantoral Benavides: a) se pusieron obstáculos a la comunicación libre y privada entre el señor Cantoral Benavides y su defensor; b) el abogado de la víctima no pudo lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cruciales para los fines de la defensa, y; c) los jueces encargados de llevar los procesos por terrorismo tenían la condición de funcionarios de identidad reservada, o ?sin rostro? por lo que fue imposible para Cantoral Benavides y su abogado conocer si se configuraban en relación con ellos causales de recusación y ejercer al respecto una adecuada defensa. Por las anteriores razones, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el derecho a ser oído por un juez imparcial (artículo 8.1). Con lo que queda también resuelto lo referente a la violación del derecho a unos medios adecuados para preparar la defensa, derecho de elegir un abogado, derecho de interrogar testigos, cosa juzgada y publicidad del proceso (artículos 8.2.c, d y f, 8.4 y 8.5), en cuanto atañe al proceso penal militar contra Luis Alberto Cantoral Benavides. La Corte considera procedente la reparación de las consecuencias, la que debe comprender una justa indemnización y el resarcimiento de los gastos en que la víctima, sus familiares o los peticionarios hubieran incurrido en las gestiones relacionadas con este proceso. También decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar los responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionarlos. nota 1

  1. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 69 .
9.42. Es compatible con el derecho a las garantías judiciales sobre tribunal competente, la existencia de un órgano con funciones disciplinarias, cuya competencia deviene de norma de rango superior a la legal, fue creado anterior a la causa que conoce, es general para todos los proceso disciplinarios, no es un tribunal ad-hoc, no ha sido asignada a órgano distinto y es reconocido judicialmente.

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

No constituye violación del derecho a ser juzgado por un tribunal competente establecido con anterioridad por la ley -artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, cuando un órgano tiene tal competencia: 1- por norma de rango superior al legal, por su origen de una Asamblea Nacional Constituyente; 2- es anterior a la causa iniciada; 3- es general para conocer de todos los proceso disciplinarios contra los jueces, es decir, no constituye un tribunal ad-hoc; 4- no se ha sido asignada a órgano distinto y 5- se ha reconocido judicialmente su competencia. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
9.43. Violación del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y del deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades de la convención, cuando la legislación interna y la jurisprudencia del estado no prohíben la recusación para los miembros del órgano disciplinario y no existe recurso efectivo para que la imparcialidad del órgano disciplinario juzgador sea revisada, frente quien estando obligado no se inhiba de conocer la causa

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte estableció que no se garantizó el derecho que tenían las víctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial ?artículos 8.1. y 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades con la Convención ?artículo 2-, en tanto que la legislación interna del Estado y la jurisprudencia al establecer la prohibición de recusación para los miembros del órgano disciplinario y al no estar demostrado la existencia de un recurso efectivo contra quien no se inhiba de conocer un proceso, debiéndolo hacer, impidió solicitar que la imparcialidad de su órgano juzgador sea revisada. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
9.44. El derecho a ser oído por un tribunal u órgano independiente e imparcial requiere que sea frente a situaciones en las que la presunta víctima sea parte de la decisión y frente a recursos no se requiere, para garantizar el derecho, ser escuchadas de forma oral en audiencia pública o privada

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte estableció que no hubo violación del derecho de toda persona a ser oído en el trámite de los recursos interpuestos por las víctimas -artículo 8.1- Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque, por un lado la institución del avocamiento, en donde se manifestó la existencia de un "error inexcusable" no genera un derecho de los magistrados a ser oídos ni los constituye en partes de la decisión y por otro lado, en relación con los recursos interpuestos por las víctimas no se requiere que para garantizar el derecho sean escuchados en audiencia pública o privada. Este derecho no se ejerce solamente de forma oral, como lo plantearon los solicitantes. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
9.45. Violación del derecho a no ser juzgado por un tribunal independiente: código de ética, estabilidad del órganos disciplinario y procedimientos de nombramiento y remisión que garanticen a los juzgados que lo serán sin que juzgadores puedan ser influenciados por presiones

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

Teniendo en cuenta otros hechos que antecedieron la destitución de los Magistrados, de todo lo expuesto en los párrafos anteriores, la Corte consideró como demostrado que: 1) se removió a los magistrados de una alta corte venezolana, como lo es la Corte Primera, encargada de controlar los actos de la Administración y, tras la remoción, dicha corte quedó sin magistrados durante varios meses, lo cual claramente debilita la mencionada función de control; 2) la destitución se produjo luego de que la mayoría de la Corte Primera adoptó una sentencia que fue severamente criticada por las más altas esferas del Gobierno, arguyéndose que las víctimas no debían ser magistrados y manifestándose públicamente que la sentencia sería desacatada; 3) la destitución también se produjo después de que se llevara a cabo un proceso penal, una investigación disciplinaria y se suspendiera provisionalmente a dos de las víctimas, todo ello por un hecho que posteriormente fue calificado por el más alto tribunal del país como una "práctica común" que no es considerada ilícita en Venezuela; 4) por ese mismo hecho, también se procedió a un allanamiento desproporcionado a las instalaciones de la Corte Primera, y 5) finalmente, la destitución se produjo luego de que la máxima autoridad del Gobierno calificó a las víctimas de ?vendidos a los intereses de la oposición golpista".

La Corte encontró demostradas las violaciones del derecho a no ser juzgado por un tribunal independiente ?artículo 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos-, en relación con el deber de respeto y garantía -artículo 1.1. de la Convención y la adopción en el orden interno de normas para hacer efectivo los derechos y las libertades de la Convención ?artículo 2º-, en tanto que las víctimas no contaron con las garantías que aseguraran que las decisiones del órgano disciplinario no fueron influenciadas por las presiones sufridas por la Corte Primera. La omisión del legislador de adoptar el Código de Ética, permitió que las víctimas fueron juzgadas por un órgano excepcional y sin estabilidad definida, cuyos miembros podían ser nombrados o removidos, sin que existieran procedimientos preestablecidos y discrecionalmente por el TSJ. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
9.46. Violación del derecho a ser oído dentro de un plazo razonable por demora en la resolución de recurso jerárquico interpuesto contra la decisión que ordena unas destituciones: incumplimiento de plazo legal y falta de demostración estatal de adecuación al principio de plazo razonable

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte encontró violado el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable -artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en tanto que el recurso jerárquico interpuesto por las víctimas contra la decisión que ordenó su destitución fue resuelto en nueve meses y veintiséis días, cuando lo establecido en la legislación venezolana como término para resolver es de noventa días y el Estado no logró demostrar que la demora en resolver el recurso de nulidad, que al momento del fallo estaba aún pendiente de resolver, interpuesto en el 2003 "se ajusta al principio del plazo razonable". nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
9.47. Cláusula general de no discriminación, derecho a ser oído dentro de un plazo razonable: diferencia de tiempos en resolución de recursos, proceso y aspectos a decidir distintos

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte estableció que no hubo violación de la cláusula general de no discriminación -artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable consagrado -artículo 8.1 Convención-, por la situación de hecho que el recurso interpuesto por la magistrada Morales fue decidido en menor tiempo que el de dos de los Magistrados sancionados en tanto que los procesos fueron distintos en sus pretensiones y en el aspecto a decidir. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
9.48. Inexistencia de violación de las garantías judiciales cuando transcurre un corto tiempo entre la captura y la presunta muerte de una persona

En el Caso Caballero Delgado y Santana, la Corte considera que dado el corto tiempo transcurrido entre la captura de las personas y su presunta muerte, no ha habido lugar a la aplicación de las garantías judiciales (artículo 8) y que, en consecuencia, no existe la violación de ese artículo. nota 1

  1. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 22 .
9.49. Violación de las garantías judiciales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, a no ser juzgado por jueces sin rostro, a interrogar a los testigos, a la publicidad del proceso penal, y a ser a ser oído y juzgado dentro de un plazo razonable.

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Wilson García Asto fue detenido en forma ilegal el 30 de junio de 1995 por personal de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE por encontrarse en su poder supuesta documentación de ?carácter subversivo?. En relación con el primer proceso seguido contra el señor Wilson García Asto, éste fue juzgado por tribunales ?sin rostro?, lo cual, a juicio de la Corte, determinó la imposibilidad de que éste conociera la identidad del juzgador y, por ende, pudiera valorar su idoneidad, conocer si se configuraban causales de recusación y ejercer una adecuada defensa ante un tribunal independiente e imparcial. Además, su juicio no fue hecho público. Mediante sentencia de 15 de enero de 2003 de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nulo el primer proceso penal seguido en su contra en el fuero común por el delito de terrorismo en agravio del Estado. En esta providencia reconoció que el procedimiento al que fue sometido el señor Wilson García Asto violó principios fundamentales como el debido proceso, el de juez natural, el derecho de conocer si el juzgador resultaba competente y el derecho a no ser juzgado por jueces sin rostro. El artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 establecía que no se podrá ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razones de sus funciones en la elaboración del Atestado Policial. Por lo anterior, el señor Wilson García Asto no pudo interrogar a los policías que intervinieron en la elaboración de los atestados policiales que sirvieron de base para fundamentar los cargos en su contra. Tomando en cuenta el reconocimiento parcial sobre hechos realizado por el Estado, la Corte consideró que durante el primer proceso penal seguido contra el señor Wilson García Asto, el Estado violó el derecho a un debido proceso, a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, a ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta víctima, así como el derecho a la publicidad del proceso penal, según lo establecido en los artículos 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En relación con el segundo proceso, la sentencia de 5 de agosto de 2004 que absolvió a la presunta víctima, no notificada, siendo ésta solamente ?leída en acto público? el día de su emisión, por tanto, el defensor no pudo hacer referencia a dicho documento al momento de presentar sus alegatos orales y escritos ante la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero de 2005 en relación con el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público contra dicha sentencia absolutoria. Al respecto, la Corte consideró que dicha conducta violó el derecho de defensa y el derecho a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, consagrados en el artículo 8.1 y 8.2 inciso c de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de la misma.

En el mismo Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido ilegalmente y por la mera sospecha, el 27 de julio de 1991 por personal de la DINCOTE cuando se encontraba enfermo y sin que se configurara flagrante delito. El señor Urcesino Ramírez Rojas fue condenado el 30 de septiembre de 1994 por la Sala Penal Especializada de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Lima conformada por jueces ?sin rostro?. Dicha sentencia desestimó los argumentos y las pruebas presentados por éste, al señalar no se había aparejado ninguna otra prueba que demostrara su inculpabilidad. La Corte Suprema de Justicia del Perú, conformada también por jueces ?sin rostro?, el 8 de agosto de 1995, confirmó la sentencia. Las audiencias llevadas a cabo en dicho proceso no eran abiertas al público. El artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 establecía que no se podrá ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razones de sus funciones en la elaboración del Atestado Policial. Por lo anterior, el señor Wilson García Asto no pudo interrogar a los policías que intervinieron en la elaboración de los atestados policiales que sirvieron de base para fundamentar los cargos en su contra. El 13 de mayo de 2003 la Sala Nacional de Terrorismo declaró la nulidad del proceso seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas. Tomando en cuenta el reconocimiento parcial sobre hechos realizado por el Estado, la Corte consideró que durante el primer proceso penal seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas, el Estado violó el derecho a un debido proceso, la presunción de inocencia, a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, a ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta víctima, así como el derecho a la publicidad del proceso penal, según lo establecido en los artículos 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En cuanto al análisis del plazo razonable en el primer proceso seguido en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas, la Corte observó que transcurrieron más de 38 meses desde que la presunta víctima fuera detenida hasta que fuera condenada en primera instancia, más de 48 meses desde la detención hasta la confirmación de la sentencia en segunda instancia y más de 8 años en total desde la detención hasta la desestimación del recurso de revisión interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia. A raíz del reconocimiento de estos hechos realizado por el Estado, el Tribunal consideró que dicha demora constituyó per se una violación del derecho del señor Urcesino Ramírez Rojas a ser oída dentro un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención. Igualmente, se presentaron demoras en el nuevo proceso penal seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas, las cuales no se han producido por la complejidad del caso, sino por las actuaciones sistemáticamente demoradas de las autoridades estatales. Así, por ejemplo, a pesar de haber sido reiniciado su proceso penal el 13 de mayo de 2003, 27 meses después, continuaba en etapa de instrucción. Por lo anterior, la Corte concluyó que el Estado ha violado, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que establece el artículo 8.1 de la Convención Americana. nota 1

  1. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 137 
9.50. Inexistencia de violación de las garantías judiciales ante la ausencia de prueba sobre vulneración del derecho a la defensa técnica

En el Caso Castillo Páez, la Corte considera que no se ha demostrado que el atentado contra el abogado de los familiares de la víctima se produjera a fin de privar de defensa específicamente a los familiares de la víctima, puesto que el abogado señaló que se ocupaba de asistir a varias personas. Por otra parte consta que los familiares de la víctima tuvieron asistencia legal para promover el hábeas corpus y el juicio penal, por lo que no se les privó de la defensa legal, aún cuando tuvieron dificultades para su ejercicio que, la Corte estima, no llegan a constituir una violación del artículo 8 de la Convención, pues otros abogados asumieron la defensa. nota 1

  1. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 34 .
9.51. Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial en proceso administrativo de despido de trabajadores estatales

La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención, deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. En el Caso Baena Ricardo y otros, el Presidente de la República determinó que había una vinculación entre el paro de labores de los trabajadores estatales y el movimiento del Coronel Eduardo Herrera Hassán y, con base en ello, ordenó que se despidiese a los trabajadores que habían participado en dicho paro, presumiéndose su culpabilidad. Incluso, la forma utilizada para determinar quiénes habían participado en el, esto es, la identificación del inculpado por parte del directivo de cada institución, utilizando en algunos casos "informes" realizados por diversos jefes de la entidad, significó la negación a los trabajadores de un proceso formal previo a la destitución. Una vez identificado el trabajador que supuestamente había infringido la norma, se procedía a despedirlo mediante la entrega de una carta, sin permitírsele presentar alegatos y pruebas en su defensa. Una vez impuesta la sanción, el funcionario público podía solicitar su reconsideración a la misma autoridad que lo había despedido, así como apelar ante el superior jerárquico de dicha autoridad. Sin embargo, consta en el acervo probatorio que no todos los recursos interpuestos fueron siquiera contestados, lo cual implica una violación al derecho de recurrir. Al aplicar una sanción con tan graves consecuencias, el Estado debió garantizar al trabajador un debido proceso con las garantías contempladas en la Convención. En cuanto a los procesos judiciales, la Corte encontró que el Estado no proporcionó elementos sobre los casos de todos los trabajadores, y de los que proporcionó se desprende la ineficacia de los recursos internos, en relación con el artículo 25 de la Convención. Así se evidencia que los tribunales de justicia no observaron el debido proceso legal ni el derecho a un recurso efectivo, pues los recursos intentados no fueron idóneos para solucionar el problema del despido de los trabajadores. Con base en lo expuesto y, en particular, en el silencio del Estado en torno a casos específicos, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención, en perjuicio de los 270 trabajadores. nota 1

  1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia Serie C. No. 72 .
9.52. Violación de las garantías judiciales en proceso administrativo sobre un título de nacionalidad y en procesos judiciales por falta de imparcialidad e independencia judicial

En el Caso Ivcher Bronstein y respecto del proceso administrativo adelantado por la Dirección General de Migraciones y Naturalización en su contra, para dejar sin efecto el título de nacionalidad que le había sido conferido, la Corte sostuvo que si bien el artículo 8 de la Convención se titula ?Garantías Judiciales?, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto del Estado que pueda afectar sus derechos. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias relacionadas con los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo. La Corte estima que tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención. En este sentido, el artículo 8.1 de la Convención es aplicable a las situaciones en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos. nota 1

En el caso concreto, la Corte afirma que durante las actuaciones administrativas, la Dirección General de Migraciones y Naturalización no informó al señor Ivcher que su expediente de nacionalización no se hallaba en sus archivos, ni le requirió que presentara copias con el fin de reconstruirlo; no le comunicó los cargos de haber adulterado dicho expediente e incumplido el requisito de renuncia a su nacionalidad israelí, y tampoco le permitió presentar testigos que acreditaran su posición. No obstante lo anterior, dicha Dirección emitió la ?resolución directoral? que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher y culminó un proceso que, se llevó a cabo con la presencia exclusiva de las autoridades públicas, en especial de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, y durante el cual se impidió al señor Ivcher intervenir con pleno conocimiento, en todas las etapas, a pesar de ser la persona cuyos derechos estaban siendo determinados. La Corte destaca además que el señor Ivcher Bronstein adquirió la nacionalidad peruana a través de una ?resolución suprema?, y su título de nacionalidad fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores; sin embargo, el señor Ivcher perdió su nacionalidad por una ?resolución directoral?, de menor jerarquía que la que le otorgó el derecho correspondiente. Por último, la autoridad que dejó sin efecto el título de nacionalidad del señor Ivcher era incompetente. Esta incompetencia no sólo deriva de su carácter subordinado con respecto a la autoridad que emitió el título, sino de la legislación peruana. Por lo anterior, la Corte declara que el proceso desarrollado por la Dirección General de Migraciones y Naturalización no reunió las condiciones del debido proceso que exige el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención.

En cuanto al proceso judicial, la Corte afirmó que para la defensa de sus derechos, el señor Ivcher interpuso varios recursos ante los tribunales judiciales del Perú. En este caso ha sido establecido que: a) pocas semanas antes de que se emitiera la ?resolución directoral? que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial alteró la composición de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia; b) la Comisión mencionada aprobó una norma otorgando a dicha Sala la facultad de crear en forma ?transitoria? Salas Superiores y Juzgados Especializados en Derecho Público, así como la de ?designar y/o ratificar? a sus integrantes, lo cual efectivamente ocurrió; c) se creó el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público y se designó como juez al señor Percy Escobar, previamente secretario de juzgado y juez penal; y d) el juez Escobar conoció varios de los recursos presentados por el señor Ivcher en defensa de sus derechos como accionista de la Compañía, así como los presentados por accionistas minoritarios. La Corte considera que el Estado, al crear Salas y Juzgados Transitorios Especializados en Derecho Público y designar jueces que integraran los mismos, en el momento en que ocurrían los hechos, no garantizó al señor Ivcher el derecho a ser oído por jueces o tribunales establecidos ?con anterioridad por la ley?, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención. Todo lo anterior lleva a la Corte a señalar que esos juzgadores no alcanzaron los estándares de competencia, imparcialidad e independencia requeridos por el artículo 8.1 de la Convención. En consecuencia, la Corte declara que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. nota 2

  1. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 .
  2. Para ver los hechos del Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 74 .
9.53. Violación de las garantías judiciales por ausencia o indebida fundamentación de las decisiones adoptadas

En el Caso Yatama, el partido político regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka - ?YATAMA?, decidió participar en las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte - RAAN y del Atlántico Sur ? RAAS. El 15 de julio de 2000 el representante legal de YATAMA presentó ante el Consejo Electoral Regional de la RAAN las hojas de inscripciones de los Candidatos. El 13 de junio de 2000 los representantes del Partido de los Pueblos Costeños (PPC), del partido YATAMA y del Partido Indígena Multiétnico (PIM) constituyeron una alianza electoral con el fin de participar en las Elecciones Municipales de la RAAS. El 17 de julio de 2000 el representante legal del PIM informó al Presidente del Consejo Supremo Electoral que había decidido ir sola en los comicios electorales Municipales. El 15 de julio de 2000, la Alianza del PPC y YATAMA (denominada Alianza PPC), presentó candidatos a Alcaldes, Vicealcaldes y Concejales ante el Consejo Electoral Regional. El 18 de julio de 2000 el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua emitió una resolución en la cual indicó, que el Partido de los Pueblos Costeños (PPC), que lideraba la alianza con YATAMA en la RAAS, no cumplió con un requisito para la inscripción de candidatos. En dicha resolución no se hizo referencia expresa al incumplimiento de requisitos en que incurrió YATAMA en la RAAS ni en la RAAN, El Consejo Supremo Electoral no notificó a YATAMA está decisión, ni le concedió a dicho partido, que integraba la Alianza con el PPC, el plazo legal previsto, para subsanar los defectos o sustituir candidatos. Con posterioridad, y en respuesta a los representantes de YATAMA que solicitaron un pronunciamiento sobre la situación de sus candidatos, el Consejo Supremo Electoral, el 15 de agosto de 2000, decidió no inscribir a los candidatos de dicho partido, sin que fundamentara tal decisión. Contra la mencionada resolución, el 30 de agosto de 2000, los representantes legales de YATAMA, presentaron un recurso de amparo administrativo, con base en el artículo 23 de la Ley de Amparo vigente. El 25 de octubre de 2000 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de amparo interpuesto, declarándolo improcedente in limine litis con fundamento en que no tenía competencia para conocer en materia electoral.

En sentir de la Corte, al resolver que YATAMA no cumplía los requisitos para la inscripción de sus candidatos en la RAAS y en la RAAN, el Consejo Supremo Electoral no otorgó a esa organización la oportunidad de subsanar la deficiencia existente. Tampoco se había notificado a YATAMA la resolución que emitió el Consejo el 18 de julio de 2000 que excluyó de participar en las elecciones al PPC, partido que lideraba la alianza con YATAMA en la RAAS, a pesar de que le afectaba por cuanto la exclusión del Partido de los Pueblos Costeños (PPC) podría tener consecuencias para la participación de los candidatos de YATAMA en la RAAS. Tampoco se indicó que existiera problema alguno para la participación de los candidatos de YATAMA en la RAAN. Un mes más tarde el Consejo dispuso que los candidatos propuestos por YATAMA no podían participar porque no estaban satisfechos todos los requisitos para ello, sin que se haya fundamentado dichas decisiones. Frente a ello, el Consejo debió señalar qué requisito específico de la Ley Electoral había incumplido YATAMA, indicando la norma correspondiente. El cumplimiento de la garantía de la fundamentación de las decisiones adoptadas en el proceso electoral de noviembre de 2000 era especialmente importante, tomando en cuenta que la Ley Electoral No. 331 que regía dicho proceso entró en vigencia aproximadamente 9 meses antes del día estipulado para la celebración de las elecciones, es decir, se trataba del primer proceso electoral que se realizaba bajo la vigencia de esa ley, la cual consagraba importantes modificaaciones respecto de la ley anterior, tales como la eliminación de la figura de la asociación de suscripción popular y la nueva exigencia de que sólo se puede participar como candidato a través de un partido político.

A partir de las anteriores consideraciones, la Corte concluyó que las decisiones adoptadas por el Consejo Supremo Electoral que afectaron la participación política de los candidatos propuestos por YATAMA para las elecciones municipales de noviembre de 2000, por cuanto se trataban de decisiones que les negaban su inscripción como candidatos, y la posibilidad de ser elegidos para determinados cargos públicos. no se encontraban debidamente fundamentadas ni se ajustaron a los parámetros consagrados en el artículo 8.1 de la Convención Americana, por lo que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en dicho artículo, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los referidos candidatos. nota 1

  1. Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia Serie C. No. 127 .
9.54. Violación de las garantías judiciales por carencia de fundamentación de la decisión que negó el derecho de acceso a la información bajo el control del estado

En el Caso Claude Reyes y otros, los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, acudieron ante el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, para solicitar información de interés público, relacionada con un contrato de inversión extranjera celebrado con el fin de desarrollar el ?Proyecto Río Cóndor? que por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública. Frente a la solicitud de información, en reunión sostenida el 19 de mayo de 1998 con el Vicepresidente del referido Comité y la participación de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, les fue entregada parte de la información solicitada. Los días 3 de junio y 2 de julio de 1998 el señor Marcel Claude Reyes remitió dos comunicaciones al Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, mediante las cuales reiteró su pedido de información. El Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras no adoptó una decisión escrita en la cual fundamentara la denegatoria de entregar la información que faltaba por suministrar. Respecto de la conducta asumida por el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, en su condición de autoridad estatal administrativa, la Corte estimó que no adoptó una decisión escrita debidamente fundamentada, que permitiera conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó para no entregar parte de la información en el caso concreto y determinar si tal restricción era compatible con los parámetros dispuestos en la Convención, con lo cual dicha decisión fue arbitraria y no cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada protegida en el artículo 8.1 de la Convención. Por lo anteriormente indicado, la Corte concluyó que la referida decisión de la autoridad administrativa violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero. nota 1

  1. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia Serie C. No. 151 
9.55. Violación de las garantías judiciales en un juicio político a magistrados de tribunal constitucional

En el Caso del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional del Perú, declaró por 3 votos a favor y 4 abstenciones, la inaplicabilidad de una norma legal remitida para su control por el Congreso. Dicha Ley permite la reelección presidencial consecutiva y establece el conteo de períodos presidenciales a partir de su sanción. Posteriormente, dos de los magistrados que integran el Tribunal emitieron una sentencia estableciendo que dada la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la ley revisada, por no contar con los seis votos requeridos, se declara en su lugar infundada la demanda. Ante solicitud de aclaración de la sentencia, el Tribunal en pleno decidió que las aclaraciones de las sentencias solo serían sustentadas por los magistrados que las suscribiesen. Otros tres de los magistrados del tribunal presentaron una queja ante el Congreso por irregularidades que se venían presentando al interior, como la sustracción de documentos de sus despachos, entre ellos, el proyecto de sentencia mencionado. El Congreso de Perú encontró indebida la decisión del Tribunal sobre las aclaraciones y destituyó a los tres magistrados, para ser posteriormente restituidos por el mismo Congreso. nota 1

La Corte encontró que la destitución de los tres magistrados fue producto de la aplicación de una sanción por parte del Poder Legislativo en el marco de un juicio político. La Corte aclaró que en cuanto a las atribuciones del Congreso para adelantar un juicio político, las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención, suponen que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos y con la garantía de que el órgano sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. De acuerdo con las pruebas, la Corte concluyó que en el caso no se permitió a los magistrados contar con un proceso que reuniera las garantías mínimas del debido proceso establecidas en la Convención. Con ello se limitó el derecho de las víctimas a ser oídas por el órgano que emitió la decisión y, además, se restringió su derecho a participar en el proceso. Así, la Corte encontró evidente que el procedimiento de juicio político al cual fueron sometidos los magistrados destituidos no aseguró a éstos las garantías del debido proceso legal y el Poder Legislativo no reunió las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad para realizar el juicio político. Por lo tanto, se declara que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales (artículo 8), en perjuicio de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano. nota 2

  1. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia Serie C No. 71 .
  2. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia Serie C No. 71 .
9.56. Violación de las garantías judiciales y el deber de protección judicial por impedir el derecho de acceso a la justicia al cobrar una tasa judicial y fijar honorarios desproporcionados

En el Caso Cantos, así fue el trámite en la Corte Suprema: En 1982 el señor Cantos y el Gobernador de la Provincia presuntamente suscribieron un convenio, en el cual el segundo reconocía al primero una indemnización por los daños sufridos por el señor Cantos y sus empresas como producto de las confiscaciones llevadas a cabo en el año 1972. Cuatro años después, el señor Cantos solicitó al Gobernador cumplir el convenio y ante el silencio de dicha dependencia, solicitó que se dejara constancia de la conclusión de todo trámite administrativo para adelantar la acción judicial pertinente. En 1986, el señor Cantos presentó ante la Corte Suprema de Justicia demanda contra la Provincia y el Estado Argentino, sobre la ejecución del convenio suscrito en 1982. Desde el inicio de la causa ante la Corte Suprema de Justicia, se dictaron varias suspensiones en el proceso. En 1986 los representantes de la Provincia y del Estado presentaron sus escritos de excepciones relativos a la falta de legitimidad y de validez del convenio y prescripción de la acción. El señor Cantos solicitó la intervención del Fiscal de Estado de la Provincia con el fin de evitar posteriores nulidades, lo cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. A finales de 1986 la Provincia y el Estado contestaron la demanda y la Corte Suprema de Justicia acumuló las excepciones preliminares al fondo, con el objeto de determinar la validez del convenio y aplicar las normas correspondientes sobre la prescripción. Durante la etapa probatoria las partes se opusieron a las pruebas aportadas por las contrarias. Hasta 1990 se discutió en el procedimiento sobre diferentes pruebas ofrecidas por las partes. nota 1

El dictamen sobre un presunto acuerdo transaccional: En 1989, 15 senadores de la Nación dirigieron notas al Procurador del Tesoro de la Nación para que se diese solución a la petición de arreglo extrajudicial interpuesta por el señor Cantos. En 1990 la Procuración del Tesoro Nacional autorizó el inicio del acuerdo transaccional entre el señor Cantos y el Ministerio del Interior y el señor Cantos presentó un escrito ante la Corte Suprema aludiendo al proceso de acuerdo transaccional para lo cual adjuntó documentos y pidió copias certificadas de los mismos. La Fiscalía del Estado de la Provincia contestó alegando la improcedencia procesal de la diligencia invocada por el señor Cantos. El Ministerio del Interior negó que hubiese existido dicho trámite y que hubiese sido suscrito por autoridad estatal. En 1992 la Procuración del Tesoro de la Nación ordenó al Director Nacional de Dictámenes y al Secretario de la Comisión Nacional de Transacciones de la Procuración que informaran sobre la existencia del dictamen emanado del organismo en el que se hubiera hecho mención o análisis de la acción judicial promovida por el señor José María Cantos contra el Estado Nacional o la Provincia. El Subdirector General de Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado señaló la inexistencia de la aprobación para llevar a cabo un acuerdo transaccional con el señor Cantos. La Procuración del Tesoro Nacional entrevistó al exprocurador, quien negó la autenticidad de los dictámenes de dicha entidad firmados por éste y allegados al proceso y el Procurador solicitó la intervención de la Procuración General a fin de elevar a la Corte Suprema de Justicia los anteriores antecedentes. La Corte Suprema de Justicia admitió adjuntar al proceso los escritos del exprocurador, en donde se manifiesta la falsedad de los documentos allegados por señor Cantos. El Fiscal Adjunto de la Procuración General de la Nación denunció penalmente al señor Cantos y el juez decidió sobreseer al señor Cantos, en razón de que no puede reprocharse al denunciado vinculación alguna con las faltas internas de la Comisión Asesora de la Procuración del Tesoro de la Nación y tampoco con una supuesta falsificación y/o estafa procesal.

La tasa judicial y el monto litigioso: En 1987 el señor Cantos dejó constancia de haber pagado la tasa judicial mínima, pues el monto de su cuantía era indeterminado y solicitó el beneficio de litigar sin gastos. La Corte Suprema de Justicia intimó al señor Cantos a pagar la tasa judicial con base en la estimación del monto litigioso en la demanda. El Estado solicitó suspensión de la causa hasta que el señor Cantos no hiciese el pago de la tasa judicial y dicha suspensión fue adoptada por la Corte. El Fisco Nacional solicitó la actualización, por parte del señor Cantos del monto litigioso y la Corte Suprema de Justicia ordenó al Fisco determinar la tasa a tributar del proceso. La Corte solicitó al señor Cantos que pagase la tasa de justicia por un monto de 83.400.059 pesos so pena de incurrir en una multa equivalente al 50% del monto si no pagaba dentro de los cinco días siguientes y de decretar la suspensión del proceso. La Corte reanudó los términos después de una suspensión de un año y le ordenó al señor Cantos pagar la tasa judicial y le impuso pena de multa.

Con respecto a la audiencia de conciliación y la sentencia: A fines de 1994 el señor Cantos solicitó sentencia o la celebración de una audiencia de conciliación y la Corte Suprema de Justicia negó la petición. El Fiscal del Estado de la Provincia y el Estado Federal presentaron alegatos y solicitaron que se dictara sentencia rechazando la demanda en todas sus partes. El señor Cantos solicitó audiencia de conciliación y, luego de dos aplazamientos, la Corte Suprema de Justicia dictó, el 3 de septiembre de 1996, sentencia definitiva declarando inoponible a la provincia demandada el convenio suscrito en 1982 y aplicó la prescripción por la naturaleza extracontractual de la obligación alegada.

Con respecto a los honorarios de abogados y peritos: Según lo establecido por la ley argentina la determinación de los honorarios se efectúa con la aplicación de un porcentaje preestablecido al monto litigioso y para los efectos de esta causa los honorarios ascendían a US$6.454.185,00. En 1994 la Corte Suprema reguló honorarios de los 7 apoderados de las partes y de los dos peritos únicos de oficio. El señor Cantos solicitó aclaración de la providencia y requirió se formasen incidentes respecto de la cuestión de la tasa judicial y de la regulación de honorarios para no atrasar más la continuación del proceso, lo que fue rechazado por la Corte. Finalmente, el 17 de diciembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia reguló los honorarios, de conformidad con la ley y fijó con carácter definitivo los honorarios de los 16 abogados intervinientes y del consultor técnico del Estado Nacional, en un monto de 6.948.835,00 pesos argentinos (equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos) que habían sido fijados provisionalmente en 1994. En 1997 nueve de los profesionales a favor de quienes se reguló honorarios solicitaron el embargo preventivo sobre el importe que el señor José María Cantos tenga derecho a percibir ?con respecto al reclamo por él efectuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y/o cualquier otro concepto que, por cualquier otra causa, le pudiera corresponder?, la cual fue decretada por la Corte Suprema de Justicia.

Consecuencias del proceso ante la Corte Suprema: Como producto de la falta de pago de la tasa judicial y los honorarios, el señor Cantos recibió una ?inhibición general? para llevar acabo su actividad económica. El señor Cantos y sus abogados incurrieron en gastos y costas para la tramitación de los diferentes procesos internos e internacionales.

Sobre los aspectos procesales en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, La Corte se refirió al deber positivo de garantía que tienen los Estados hacia los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención. Para la Corte, el artículo 8.1 de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De esta disposición se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la administración de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8.1 de la Convención. El artículo 25 de la Convención que se refiere al deber de protección judicial, también consagra el derecho de acceso a la justicia. Al analizar el artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Cualquier medida que impida o dificulte hacer uso de este recurso constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención.

El reclamo planteado por el señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina asciende a 2.780.015.303,44 pesos equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. De acuerdo con la ley argentina, la tasa de justicia por abonar era equivalente a un 3% del total del valor de la litis. La tasa de justicia es la suma de dinero que todo demandante judicial debe pagar para tener acceso a la justicia y según las leyes argentinas la misma sólo responde a un porcentaje y no tiene un tope máximo. Para el caso en particular ese 3% corresponde a 83.400.459,10 pesos equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. Esta suma de dinero no ha sido efectivamente pagada, pero el señor Cantos la adeuda al igual que la multa impuesta, por el 50% de dicha suma de dinero, o sea, a 41.700.229,50, equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. Lo que este Tribunal debe decidir en este caso es si la aplicación de la ley y la consecuente determinación de una tasa de justicia de 83.400.459,10 es compatible con los artículos 8 y 25 de la Convención, referentes al derecho al acceso a la justicia y al derecho a un recurso sencillo y rápido. Esta Corte ha señalado que el Estado no puede eximirse de responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando la existencia de normas o procedimientos de derecho interno. Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aún cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. En consecuencia, el monto por cobrar en este caso, no guarda relación entre el medio empleado y el fin perseguido por la legislación argentina, con lo cual obstruye el acceso a la justicia del señor Cantos, y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convención.

Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio. La Corte Suprema de Justicia ha aplicado también una ley interna que toma como base el monto de la demanda para regular los honorarios de los abogados intervinientes (los del señor Cantos, los del Estado y los de la Provincia), del consultor técnico del Estado y de los peritos. A la luz de los razonamientos anteriores, este Tribunal considera que el cobro de honorarios profesionales regulados con base en el monto de la litis, en los términos de este caso, impone al actor una carga desmedida y se transforma, en un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia.

En cuanto a los artículos 8 y 25 de la Convención que garantizan el derecho a una respuesta de la autoridad judicial dentro de un plazo razonable, la Corte observa que, en principio, los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia y la expedición de la sentencia que puso fin al proceso, implican una violación de la norma sobre plazo razonable por parte del Estado. No obstante, un examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto el Estado como el demandante, el señor Cantos, incurrieron en comportamientos que incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna. Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable. En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. Este Tribunal carece de elementos para declarar que el Estado de Argentina ha violado los artículos 8 y 25 de la Convención que consagran el derecho de obtener respuesta dentro de un plazo razonable a las demandas planteadas a las autoridades judiciales.

Respecto de los aspectos sustanciales del proceso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y concretamente de la sentencia dictada el 7 de septiembre de 1996, para la Corte Interamericana resulta difícil establecer que constituya per se una infracción a la Convención. Esto ocurriría sólo si dicha sentencia fuera en sí misma arbitraria. En general, puede decirse que la sentencia debe ser la derivación razonada del derecho vigente, según las circunstancias de hecho obrantes en la causa. Pero no bastaría que una decisión judicial dejara de ajustarse a esta regla para que pudiera ser tachada de arbitraria. Una sentencia arbitraria tendría las formas de una sentencia judicial, pero presentaría vicios de tal gravedad que la descalificarían como acto jurisdiccional. En el presente caso, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se funda en las normas sobre validez y nulidad de los actos jurídicos, principalmente en el análisis del convenio suscrito en 1982, y en la prescripción liberatoria que debe aplicarse por la invalidez de aquél. A criterio de la Corte, ese acto no puede ser considerado como una sentencia arbitraria.

Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1, en perjuicio del señor José María Cantos. nota 2

  1. Para ver los hechos del Caso Cantos Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 97 .
  2. Caso Cantos Vs. Argentina. Sentencia Serie C. No. 97 .
9.57. Incompatibilidad de leyes de amnistía a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos con las garantías judiciales y el deber de protección judicial

En el Caso Barrios Altos, la Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Este tipo de leyes impide la identificación de los responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. De acuerdo con la Corte, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. Por lo tanto, esta cuestión ha quedado resuelta al haberse señalado que el Perú incurrió en la violación de las garantías judiciales y la protección judicial. Se ordena al Estado del Perú investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. Se dispone que las reparaciones serán fijadas de común acuerdo por el Estado demandado, la Comisión Interamericana y las víctimas, sus familiares o sus representantes legales. nota 1

  1. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 75 .
9.58. Violación de las debidas garantías del derecho a garantías judiciales por falta de motivación en fallo disciplinario sancionatorio

En el Caso Apitz Barbera y otros, en septiembre de 2000 fueron designados de forma provisorios, mientras se designaban sus titulares, cinco Magistrados para la Corte Primera en Venezuela, entre ellos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, tenían como función la de "conocer del control de todos los actos administrativos del poder público, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y de sus Ministros". Sus sentencias eran susceptibles de recursos solo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corte, en al año 2002 resolvió por unanimidad y mediante sentencia la procedencia del recurso de amparo cautelar y admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad, que le habían solicitado, contra un acto administrativo de un Registrador Subalterno de Registro Público, quien se negaba a protocolizar una propiedad. La Registraduría solicitó el avocamiento, institución excepcional que permite sustraer de la órbita judicial ?competencia y decisión- un asunto cuando "rebase el interés privado involucrado y afecte de manera directa al interés público" o cuando "exista la necesidad de evitar flagrantes injusticias".

En este contexto la Sala Político Administrativa (SPA), conoció del asunto y en junio de 2003 declaró la nulidad de la sentencia emitido por la Corte Primera y estableció que la no declaratoria de improcedencia de la pretensión cautelar constituyó un grave error jurídico de carácter inexcusable. En esa misma decisión se ordenó remitir copias para que se adelantarán las respectivas investigaciones disciplinarias.

Para la fecha de los hechos, ya la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en 1991, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De está reforma constitucional y de manera provisional se crearon la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ?CFRSJ-, con competencia para conocer y decidir sobre los proceso disciplinarios contra los jueces y funcionarios judiciales y la Inspectoría General de Tribunales ?IGT-, auxiliar de la anterior y encargada de realizar la instrucción e investigación en dichos procesos.

De conformidad con lo establecido en el proceso, estos dos órganos provisionales, "no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos". Hasta la fecha de la sentencia no se habían creado los tribunales disciplinarios ni el Código de Ética, por lo que los organismo provisorio disciplinarios antes señalados, continuaron ejerciendo esa funciones.

Después de haber realizado varias pruebas y de que el IGT formulara cargos de acusaciones a los Magistrados, en el 2003 la CFRSJ, destituyó a cuatro de ellos. Los Magistrado Rocha y Apitz presentaron respectivamente solicitud de recusación y de inhibición, sin que se obtuviera respuesta a estas solicitudes. A una de las Magistradas no se le sancionó porque existía resolución anterior que acreditaba los requisitos para jubilarse y a otra, previa interposición de recurso, se decidió dejar sin efecto la sanción, porque se encontró demostrado que antes de iniciarse el procedimiento disciplinario había cumplido con los requisitos para la pensión especial. Los Magistrados sancionados quedaron inhabilitados, de acuerdo a la Ley, para volver a cargos dentro del Poder Judicial, mientras las dos Magistradas fueron posteriormente nombradas en el Tribunal.

Frente a esta sanción de destitución, los magistrados Apitz y Rocha interpusieron contra el fallo un recurso jerárquico ante la Sala Plena del TSJ fundamentado en la incompetencia de la CFRSJ para destituirlos y un recurso contencioso administrativo de nulidad y de amparo cautelar, en el 2003,con fundamento en la violaciones del derecho a ser juzgado por el juez natural, al derecho de defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia y a la independencia del poder judicial y por desviación del poder. El recurso de nulidad no había sido resuelto de fondo y otros dos fueron rechazados, el de amparo en el año 2007.

La magistrada Morales interpuso en noviembre de 2003 un recurso de reconsideración ante la CFRSJ para impugnar la resolución que declaraba su destitución y solicitando la revocatoria de la sanción porque cumplía con los requisitos para su jubilación, con antelación a haberse iniciado el procedimiento disciplinario. Frente a la demora en la respuesta, en diciembre del mismo año, interpuso recurso de nulidad, acción de amparo constitucional y de forma subsidiaria medida cautelar innominada. El 11 de diciembre de 2003 se revocó por parte del CFRSJ, en respuesta al recurso de reconsideración, la destitución para dar trámite a la jubilación.

La Corte estableció la violación de las debidas garantías constitutivas del derecho de garantías judiciales ?artículo 8.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque no existió respecto del fallo sancionatorio motivación: 1- sobre la idoneidad de los Magistrados para el ejercicio del cargo; 2- sobre la gravedad de la falta y la proporcionalidad de la sanción; 3- autónoma, sino remisión a lo dicho por la Sala Político Administrativa, especialmente sobre los argumentos de una de las víctimas y 4- al guardar silencio sobre la solicitud probatoria realizada por los Magistrados. nota 1

  1. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia Serie C. No. 182 
9.59. Violación de las garantías judiciales en especial para el caso de menores

La Corte ha señalado que las garantías consagradas en el artículo 8 de la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, como por ejemplo en el caso de los menores de edad. Si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías. En este sentido son dos las previsiones que debe hacer el derecho interno con respecto a las garantías judiciales que deben observarse en los casos en que estén implicados los derechos de los niños. El establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos y un procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal.

En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, la Corte estableció que el Estado de Paraguay, al no establecer un órgano jurisdiccional especializado para niños en conflicto con la ley hasta el 2001, ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en consideración de manera adecuada su situación especial, violó los artículos 2 y 8.1 de la Convención, ambos en relación con los artículos 19 y 1.1 de la misma, respecto de los niños que estuvieron internos en el Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001. nota 1

En este mismo sentido la Corte establece que cuando se trata de menores de edad, la violación del artículo 8, se da cuando se exceden los estándares internacionales en materia de plazo razonable y no se alcanza el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de recursos efectivos. En particular cuando no se le informa al juez de menores sobre la detención de la víctima, y cuando no se les provee a los familiares del implicado un recurso judicial efectivo para esclarecer las causas de la detención y muerte del menor, sancionar a los responsables y reparar el daño causado. nota 2

  1. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 112 .
  2. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia. Serie C. No. 100 .
9.60. Violación a las garantías judiciales en la investigación de un delito

En el Caso Myrna Mack Chang, la Corte establece que la violación de las garantías judiciales en la investigación de un delito, contravienen los artículos 8 y 25 de la Convención conjuntamente.

Esta violación se da en especial cuando se cometen las siguientes conductas por las autoridades tanto policiales como judiciales: a) recolección de pruebas en la escena del crimen y manipulación de éstas, faltando al principio de la cadena de custodia ; b) alteración y ocultamiento del informe de la investigación policial; c) secreto de Estado; d) asesinato, hostigamientos y amenazas contra operadores de justicia, investigadores policiales y testigos; f) falta de diligencia en la conducción del proceso penal por parte de los jueces; y g) inobservancia del plazo razonable para dar conclusión al proceso. nota 1

En este orden de ideas y con respecto a las investigaciones realizadas por las entidades oficiales sobre la implicación de ciertas personas a actividades ilegales, la Corte considera que las actividades de las fuerzas militares y de la policía, y de los demás organismos de seguridad, deben sujetarse rigurosamente a las normas del orden constitucional democrático y a los tratados internacionales de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Esto es especialmente válido respecto a los organismos y las actividades de inteligencia. Estos organismos deben, a) ser respetuosos, en todo momento, de los derechos fundamentales de la personas, y b) estar sujetos al control de las autoridades civiles, incluyendo no solo las de la rama ejecutiva, sino también las de los otros poderes públicos, en lo pertinente. nota 2

  1. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 .
  2. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 .
9.61. Violación a los derechos de acceder y ser oído sin demora por tribunal competente y a un recurso judicial efectivo por existencia de situación de inseguridad jurídica: persecución penal, privación de libertad por tribunal sin competencia, adopción de medidas de libertad que no definen situación de proceso penal y retardo en la administración de justicia

En el Caso Yvon Neptune, al señor Yvon Neptune, ex Primer Ministro de Haití durante el gobierno del ex presidente Jean Bertrand Aristrid, entre el 2002 hasta marzo de 2004, se le dictó una orden de arresto en marzo de 2004, expedida por una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia, como "inculpado de haber ordenado y participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio de varias casas en el curso del mes de febrero de 2004".

Estos hecho habían ocurrido en un contexto en Haití de polarización y violencia política, inseguridad pública, deficiencias institucionales, protestas, represiones y enfrentamientos entre los opositores del Presidente Aristide, que pedían su dimisión y sectores de la Policía Nacional, que culminaron con la salida del país del ex presidente a la República Central Africana y el establecimiento de un gobierno de transición.

Dicho gobierno solicitó la intervención de la Naciones Unidas -Consejo de Seguridad, que estableció una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) y posteriormente la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, entre otros aspectos, para "proveer un entorno seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, así como vigilar la situación de los derechos humanos en el país". En el 2006, Haití regresa a la legalidad constitucional expresado en la elección del Presidente de la República, señor René Préval.

De conformidad con la descripción de los hechos realizada por la Comisión Interamericana: un grupo antigubernamental se tomó, el 7 de febrero de 2004, tras varios día de combate, el destacamento de la policía de la ciudad de Saint-Marc, recuperado dos días después por la policía con la ayuda de un grupo progubernamental. Ese mismo día, 9 de febrero, se produce la visita del ex Primer Ministro, señor Neptune, en donde exhorta a la policía a imponer el orden y defender la ciudad de las bandas que se dirigían por esa ciudad hacia la capital de Haití, Port?au? Prince. Dos días después, a la mencionada visita, la policía y el grupo de civiles que la apoyaban ingresaron a un barrio de la ciudad, considerado bastión del grupo antigubernamental, y según los informes como resultado del enfrentamiento resultaron varias personas muertas y heridas y se habría quemado y ejercido vandalismo sobre viviendas y automóviles "Según testigos, algunas personas fueron deliberadamente quemadas en sus casas. [?]"

En este contexto, dos días después de ordenado el arresto del señor Neptune , el gobierno le prohibió salir del país. Posteriormente, en junio de 2004, el imputado se presenta y se entrega a la policía, tras haberse enterado por radio de la orden de arresto. Al momento del arresto se le enseñó la orden respectiva, pero de acuerdo con la Comisión Interamericana no se le informó sobre las razones de su detención ni sobre cuáles eran sus derechos. Se le detuvo en una penitenciaría nacional, después en el anexo de tal penitenciaría, para luego, dos años y un mes después, ser liberado por razones humanitarias.

Esta liberación "por razones humanitarias" fue ordenada por la Corte de Apelaciones de Gonaïves, por aplicación de la action en main levée (libertad provisional bajo el artículo 80 del Código de Instrucción Criminal), quedando sin embargo a disposición de la justicia para todo asunto relacionado con la acusación, es decir que el proceso penal continuó.

En cuanto al desarrollo procesal, el 25 de mayo de 2005 el señor Neptune compareció ante la Jueza de Instrucción encargada para efectos de la legalidad de su detención. Solo hasta el cierre de la investigación, el 14 de septiembre de ese mismo año, se le formularon formalmente los cargos, por conductas relacionadas con la masacre de la Scierie ocurrida el 11 de febrero de 2004; se interpuso recurso de apelación contra el auto de cierre; el fiscal del caso recomendó, en las audiencias, retirar los cargos contra la víctima por falta de pruebas y se solicitó su libertad provisional, petición que fue rechazada.

La Corte de apelaciones además de ordenar la libertad del señor Neptune por razones humanitarias, también señaló que en su caso, dada su calidad de Primer Ministro al momento de los hechos, el procedimiento que debía seguirse, de acuerdo con la Constitución de la República de Haití, era de naturaleza política ante el Senado, constituido en Alta Corte de Justicia, sin que por otro lado. Tal decisión que no le fue notificada al imputado, no constituye absolución ni implica que no pueda sometérsele a proceso penal, puede ser apelada en casación y no valoró las cusas y fines d su privación de las libertad ni de la su responsabilidad.

De la Constitución y legislación de la República de Haití en relación con la Alta Corte de Justicia, se estableció que no existe claridad sobre los procedimientos para su conformación y los que se deben seguir ante ella ni tampoco cuáles son las garantías de quienes deban ser sometidas a su competencia.

La Corte estableció la violación de los derechos de la víctima a acceder y ser oído sin demora por un tribunal competente en la sustanciación de los cargos formulados en su contra y a un recurso efectivo -artículos 8.1.de la y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos- en relación con los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos ?art. 1.1. de la Convención-, en tanto se mantuvo a la víctima en una situación de inseguridad jurídica, ausencia de garantías, ineficacia de las instituciones e impedimento para el acceso real a la justicia, producido por: 1- la persecución penal y la privación de la libertad ?por más de dos años- ordenada por tribunal que carecía de competencia; 2- falta de notificación de la decisión de libertad ; 3-la probabilidad de que pueda seguirse un procedimiento ante la Alta Corte y eventualmente un proceso penal o civil; 4- el perpetuo e injustificado retardo en la administración de justicia. nota 1

  1. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Sentencia Serie C. No. 180 
9.62. Violación de las garantías judiciales en los procesos extrajudiciales

En cuanto respecta a las garantías contempladas en los artículos 8.2 y 8.3 de la Convención, la Corte establece, que si bien parecen contraerse al amparo de personas sometidas a un proceso judicial (artículo 8.2) o inculpadas en el marco del mismo (artículo 8.3), también se tienen que respetar en procedimientos o actuaciones previas o concomitantes a los procesos judiciales que, de no someterse a tales garantías, pueden tener un impacto desfavorable no justificado sobre la situación jurídica de la persona de que se trata. nota 1

  1. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 .
9.63. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por faltas al deber de investigar los hechos, así como por falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a los responsables

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990 un grupo paramilitar de aproximadamente 60 hombres armados, provenientes del Departamento de Córdoba, Colombia, ingresaron en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Departamento de Antioquia, saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y con base en una lista que portaban, escogieron a 43 hombres, quienes fueron obligados a salir del pueblo, secuestrados, torturados y finalmente asesinados o desaparecidos. En relación con los hechos del presente caso, fueron abiertos procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria, procesos contencioso administrativos y procedimientos disciplinarios. Ante la jurisdicción penal ordinaria la gran mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados, y a varios paramilitares se ha condenado en ausencia pero el estado no hace efectiva la sanción. En ese orden de ideas, la Corte consideró que la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida con plena observancia de las garantías judiciales. Ante la jurisdicción penal militar las actuaciones fueron gravemente negligentes y no se investigó seriamente a miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran estar vinculados con los hechos, por tanto, la Corte concluyó que además de que esta jurisdicción no era la vía adecuada, no constituyó un recurso efectivo para investigar las graves violaciones cometidas en perjuicio de las 43 víctimas de Pueblo Bello. Dentro del procedimiento disciplinario llevado a cabo por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ordenó la práctica y recepción de elementos probatorios pertinentes, constituyéndose así en la única vía interna que investigó la posible vinculación de miembros de las Fuerzas Militares colombianas en los hechos de Pueblo Bello, incluso bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas. No obstante, la Corte consideró que el procedimiento desarrollado, dada su naturaleza de protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos, por tanto, la Corte estimó que el procedimiento disciplinario no constituyó un recurso efectivo y suficiente para los propósitos señalados. En relación con la jurisdicción contencioso administrativo, a partir del año 2001 los familiares de 39 de las víctimas de la masacre de Pueblo Bello han presentado demandas de reparación directa. En vista de que dichos procesos contencioso administrativos se encuentran en trámite y no han producido resultados concretos al momento de dictar la Sentencia, la Corte consideró irrelevante, analizar más profundamente los alcances y características de la jurisdicción contencioso administrativa como un recurso útil y efectivo para los efectos de un caso de esta naturaleza. No obstante, advirtió, que en los términos de la obligación de reparación que surge como consecuencia de una violación de la Convención, el proceso contencioso administrativo no constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación. En suma, la Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han constituido, ni individualmente ni en conjunto, recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la determinación del paradero de las personas desaparecidas y de toda la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida del presente caso. nota 1

En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, como consecuencia del ?Operativo Mudanza 1? dentro del Penal Miguel Castro Castro, ejecutado por agentes de la policía y del ejército, que implicó el uso de la fuerza, con gran intensidad, se produjo la muerte de al menos 41 internos y 185 resultaron lesionados, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros internos, incluso, con posterioridad al ?operativo?. Dentro de la investigación, no se realizaron actas de levantamiento de cadáveres; en el acta de incautación de armas encontradas dentro del penal no se especificó el lugar exacto ni las circunstancias del hallazgo; los certificados de necropsia e informes médicos forenses se limitaron a describir las heridas sufridas por las víctimas mortales y las lesiones encontradas en algunos heridos, sin indicar los proyectiles recuperados de los cuerpos de las víctimas. El 16 de junio de 2005, el Estado inició un proceso penal ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial. En ese proceso solamente se están investigando las muertes de internos como consecuencia de lo sucedido en el Penal Castro, y se encuentran 13 personas en calidad de imputados, entre los que figuran el ex Director del Penal Castro Castro, el ex Director de la Policía Nacional y el ex Ministro del Interior, así como también figuran como imputados diez funcionarios de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el 29 de agosto de 2006, el juzgado ordenó abrir instrucción contra Alberto Fujimori Fujimori, también para investigar dichas muertes. Entre otras medidas, se decretó en su contra detención, y se ordenó la inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional. De otra parte, en agosto de 1992 se instruyó el Atestado Policial NO. 322 IC-H-DDCV respecto a la investigación de los sucesos ocurridos en el Penal, mediante el cual se determinó, que el personal policial que intervino en el ?debelamiento del motín? había actuado dentro del marco legal con apoyo de la Fuerzas Armadas. De la misma manera en noviembre de 1992, el Consejo Superior de Justicia de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú declaró que no había mérito para la apertura de instrucción contra los miembros de la Policía Nacional que intervinieron, por encontrarse en Acto de Servicio y en cumplimiento de la Ley, disponiéndose el archivo definitivo de la denuncia que le dio origen.

Para la Corte las autoridades estatales incurrieron en importantes omisiones en cuanto a la recuperación, preservación y análisis de la prueba, lo cual contravino el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. El primer proceso penal ante la justicia ordinaria para investigar la responsabilidad penal por las violaciones cometidas se abrió aproximadamente 13 años después de ocurridos aquellos, tiempo que sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal. De acuerdo con la prueba allegada a la Corte, en los procesos abiertos desde el año 2005 el Estado ha respetado el principio del plazo razonable y en los tiempos establecidos en la normativa interna se han realizado gran cantidad de diligencias probatorias. Para la Corte, si bien la apertura de esos procesos constituye pasos positivos hacia el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables, se considera violatorio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares que dichos procesos solo abarquen las muertes y no la totalidad de los hechos violatorios de derechos humanos ocurridos, con lo cual el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares. Por todo lo anterior, este Tribunal estima que los procedimientos internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e integridad. Por ello, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación contenida en el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos. nota 2

  1. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140 .
  2. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 160 .
9.64. Violación de las garantías judiciales por el hecho de impedir el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior

La Corte considera que el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.

Este requisito no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto.

La Corte considera que dentro de esta garantía judicial se debe observar la imparcialidad del segundo fallador. Toda persona tiene derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, es decir, que se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática.

En el Caso Herrera Ulloa, la Corte considera violado el derecho consagrado en el artículo 8 de la Convención, entre otras cosas, porque se impidió al procesado recurrir la sentencia condenatoria. El mismo tribunal que conoció el recurso interpuesto por la contraparte pidiendo que la sentencia de primera instancia donde se absolvía al señor Ulloa se revocara, conoció del posterior recurso que interpuso el implicado cuando se le revocó su absolución y se profirió sentencia condenatoria. nota 1

  1. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia Serie C. No. 107 .
9.65. Derecho a la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa: violación del derecho a las garantías judiciales y tardía notificación de la realización de prueba y ausencia de abogados defensores en su práctica

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.

Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza, ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.

En diciembre de 1997, 23 días después de la detención de las víctimas, la juez dictó auto cabeza de proceso en donde señaló que estaba probado que los narcóticos encontrados fueron puestos en la hieleras desde su fabricación y ordenó sin otra consideración la prisión preventiva de las víctimas.

Durante el proceso el juez competente ordenó la práctica de una prueba ? ION SCANNER- en la fabrica de fabricación de hieleras, el día 7 de enero de 1998 y fue notificada a las partes dos horas y cincuenta minutos antes de practicarse la diligencia, que se realizó sin la presencia de los abogados defensores. Esta prueba fue la única prueba técnica en contra de las víctimas y que fundamento para llamar a plenario al señor Chaparro.

En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.

La Corte encontró violado el derecho a la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa ?artículo 8.2 c) Convención Americana sobre derechos humanos-, contenido del derecho a las garantías judiciales, en tanto que la tardía notificación de la realización de la prueba impidió que los abogados defensores pudieran estar presente en su práctica. nota 1

  1. Caso Chaparro álvarez y Lapo íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170 

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