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Última modificación: 2006-12-26
El empleador no puede mantener indefinidamente al trabajador en contra de su voluntad

El actor presentó acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger profesión u oficio y trabajo por la sociedad donde trabajaba como revisor fiscal, debido a que a pesar de haber presentado renuncia al cargo, ésta no pudo ser tramitada porque la junta de socios no atendió las citaciones que se le hicieron para estos efectos. Por esa razón, no le fue posible liberarse de la responsabilidad que tal cargo impone, habida consideración que ante la Cámara de Comercio el soporte válido para separarse del cargo es el acta donde conste la aceptación de la renuncia.

La Corte sostuvo que al actor se le afectó de manera grave el derecho fundamental al trabajo y al trabajo en condiciones dignas y justas, tal y como lo establece el artículo 25 de la Constitución, que además dispone la especial protección a este derecho por parte del Estado, toda vez que la conducta asumida por la empresa empleadora pretende mantenerlo vinculado de manera indefinida contra su voluntad, lo que implica que la labor no será realizada ni en condiciones dignas, ni en condiciones justas pues, como salta a la vista, la propia dignidad del trabajador impone el respeto a su decisión de ponerle fin a la relación laboral y de desempeñar su trabajo a satisfacción.

La Corte concedió el amparo solicitado porque el revisor fiscal estaba en todo su derecho de retirarse de la compañía, y de procurar un mejor desarrollo profesional, pues no tendría sentido vincularlo a una sociedad con los consecuentes efectos que pudiera tener en materia de restricciones, en particular respecto al número de las compañías en que puede desempeñar el cargo. Tal como se dedujo de las pruebas aportadas por el demandante, se presentó una desatención grosera de los deberes del representante legal y la junta de socios para asistir a la asamblea extraordinaria, después de haber agotado el procedimiento que le correspondía como revisor fiscal, insistiendo dos veces en las convocatorias al máximo órgano social y después de haber informado tanto a la Superintendencia de Sociedades, a la Cámara de Comercio y la DIAN de la situación presentada, a fin de que se adoptara la decisión respectiva de desvincularlo de su cargo, no encontró pronunciamiento alguno ni solución efectiva a la vulneración de su derecho fundamental al trabajo.

En consecuencia, la Corte determinó que si pasados 30 días a partir de la notificación del fallo, no le había sido aceptada la renuncia como revisor fiscal, ya fuera por decisión de la Asamblea General de la empresa o mediante la intervención de la Superintendencia de Sociedades conforme a la ley, el actor podía hacer dejación del cargo de revisor fiscal de la sociedad, en virtud de lo resuelto en la sentencia, de lo cual debía informar tanto a la Cámara de Comercio como a la Superintendencia de Sociedades. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-395-04

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