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Última modificación: 2006-08-01
Garantía del fuero sindical frente a los procesos de reestructuración administrativa

Un grupo de trabajadores con fuero sindical que fueron desvinculados de la función pública mediante la supresión de sus respectivos cargos, con ocasión de un proceso de reestructuración administrativa, interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso laboral y a la libertad de asociación sindical. La Corte indicó que en los casos de supresión de cargos públicos, debido a la ejecución de un proceso de reestructuración administrativa, la entidad pública debe acudir previamente ante el juez laboral con el propósito de que sea levantado el fuero sindical, para que un funcionario judicial decida si tuvo o no ocurrencia una justa causa.

Con posterioridad a la expedición de la Ley 362 de 1997, no existe duda alguna sobre la necesidad de la autorización judicial para afectar el fuero sindical de los empleados públicos; de ahí que un proceso de reestructuración no exime al empleador del deber de solicitar previamente autorización judicial para suprimir cargos que vienen siendo ocupados por trabajadores aforados. Concluyó pues la Corte, que no tramitar previamente una autorización judicial para despedir al trabajador aforado, incluso en los casos de reestructuración de pasivos, constituye una omisión que genera una vulneración al debido proceso y a los derechos de asociación, libertad y fuero sindicales. nota 1

En otra decisión, la Corte indicó que el juez laboral incurre en una vía de hecho cuando en los casos de reestructuraciones administrativas omite ordenar el reintegro de aquellos trabajadores aforados que fueron despedidos, trasladados o desmejorados sin que se hubiera obtenido previamente el citado permiso judicial.

Tratándose de liquidaciones administrativas, que sean reales o verdaderas y no solamente mecanismos para alterar la situación de los trabajadores, no es procedente que el Juez Laboral ordene el reintegro, por la imposibilidad física y jurídica de hacerlo, y en consecuencia los trabajadores afectados deben adelantar ante la misma jurisdicción un proceso ordinario con el fin de obtener la eventual indemnización por la terminación unilateral del contrato sin justa causa. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-203-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1079-04. Ver también Sentencia T-360-07

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