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Última modificación: 2006-08-01
Constitucionalidad de la intervención de la procuraduría en los procesos penales militares

Se demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo 88 de la Ley 4 de 1990 que faculta a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público para nombrar a los agentes delegados por el Procurador General de la Nación que deben intervenir en los procesos penales militares. Según el actor, son los fiscales militares permanentes quienes deben asumir las funciones del Ministerio Público y no agentes especiales, porque se vulnera el derecho al debido proceso y al derecho de defensa (artículo 29 CP). Además, así como el artículo 250 había exceptuado de las funciones de la fiscalía el conocimiento de los delitos cometidos por la Fuerza Pública en ejercicio activo y en relación con el servicio, por analogía dicha exclusión era aplicable también al Procurador General de la Nación.

La Corte consideró que el Ministerio Público puede intervenir en los procesos penales militares y la ley puede regular la materia. El fuero militar es exclusivamente penal, de interpretación restrictiva y no afecta las funciones de los demás organismos, de tal forma que la funciones del Procurador General de la Nación no se ven limitadas por el fuero militar, ni disciplinariamente, porque los miembros de la Fuerza Pública son servidores públicos, ni desde el punto de vista de las funciones del Ministerio Público, en especial en el proceso penal. El Código Penal Militar tiene la fuerza de una ley ordinaria y por lo tanto puede ser modificado por otras leyes.

De acuerdo con la Corte es coherente que la Constitución exceptúe a la fiscalía de la justicia militar, puesto que el fuero militar es de naturaleza penal, pero ello no implica la exclusión de un organismo de control, como la Procuraduría General de la Nación, ya que esa entidad tiene funciones diversas y diferentes. Las funciones del Procuraduría General de la Nación están radicadas en cabeza del Procurador y éstas pueden permanecer o no en él, dependiendo de lo que requiera el servicio, de tal forma que el Procurador puede delegar y recuperar sus funciones siguiendo las necesidades de su función y lo dispuesto en la ley. En virtud de lo anterior, la Corte declaró exequible el literal d) del artículo 88 de la Ley 4 de 1990. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-399-95

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