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Última modificación: 2006-09-26
Cambio de radicación de procesos: facultad excepcional del ministro de justicia

En la misma sentencia, la Corte sostuvo que, en casos excepcionales señalados por la ley, puede separarse a un determinado juez del conocimiento de un proceso, para asignarlo a otro juez, cuando en la circunscripción territorial del primero "existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del sindicado o su integridad personal" (artículo 83, Código de Procedimiento Penal). Pero ello no puede ocurrir de manera caprichosa o arbitraria, ni en desmedro de la autonomía e independencia de la rama judicial, pues es asunto de enorme trascendencia, que el juez a cuyo conocimiento se encuentra la investigación y juzgamiento de un hecho punible pueda adelantar su labor libre de interferencias extrañas y hasta su culminación. La atribución que se confiere al Ministro de Justicia y del Derecho para que, aun "oficiosamente" pueda "variar la radicación del proceso", cuando se den determinadas circunstancias, constituye una autorización de intromisión innecesaria al ejecutivo en asuntos propios de la jurisdicción, con vulneración del artículo 116 de la Carta, circunstancia ésta que impone su declaración de inexequibilidad.

Aunque la Corte había admitido la posibilidad de que se le pudiera asignar competencia al Ministerio de Justicia para variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces regionales, la decisión en esta sentencia se justificaba por la circunstancia excepcional y temporal de la justicia regional; pero desaparecida ésta y creados los jueces penales del circuito especializados, como parte de la justicia ordinaria, el juicio de constitucionalidad debe adelantarse en forma diferente, mediante el aseguramiento de las garantías plenas del debido proceso a todos los procesados ante la justicia penal ordinaria, en condiciones de igualdad. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00

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