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Última modificación: 2008-08-01
Violación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de ong por rechazo de demanda de constitución de actor civil popular en proceso penal

Una ONG presentó demanda de constitución de parte civil como actor popular, con el objetivo de buscar la verdad y la justicia dentro de un proceso penal por concierto para delinquir, en concurso con otras modalidades punibles, por el desplazamiento forzado de pobladores de un corregimiento por parte de las Autodefensas Unidad de Colombia, al considerar que la conducta investigada lesionó el derecho colectivo a la seguridad pública.

La Asociación interpuso acción de tutela por vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, después de dos resoluciones impartidas por distintos funcionarios de la Fiscalía General que rechazaron la demanda de constitución de parte civil como actor popular por cuanto no se había señalado el domicilio de los perjudicados con las conductas punibles; no se había acreditado la calidad de perjudicado directo de las conductas objeto de la investigación y porque la demanda de parte civil en el proceso penal tiene como única finalidad el restablecimiento de los perjuicios que se ha ocasionado a los directos perjudicados con la conducta punible.

La Corte Constitucional al tutelar los derechos fundamentales de la Asociación, señaló que el rechazo de la admisión de la demanda de constitución de parte civil como actor popular constituyó vía de hecho y violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, porque:

1- La decisión se adoptó con fundamento en normas ostensiblemente inaplicable, desviándose de la observancia de las normas procesales relacionadas con el trámite de constitución de parte civil, con lo cual se pretermitió la oportunidad procesal para corregir la demanda y desconociéndose el derecho a la Asociación respecto a que la actividad jurisdiccional termine con decisión de fondo sobre las pretensiones de la demanda, por cuanto que de conformidad con las normas procesales penales vigentes ? Arts. 48, 51 y 52 del Código de procedimiento Penal- la falta de identificación del domicilio de los perjudicados no debe dar lugar al rechazo de plano de la demanda de constitución de parte civil, sino a la que da lugar a la inadmisión de la demanda y

2- Estaban acreditados los requisitos para constituirse en actor civil popular. La conducta punible que se investigaba, concierto para delinquir, era contraria a la seguridad pública, lo que es una afectación de un interés jurídico colectivo, como se desprende del artículo 88 de la Carta Política y del artículo 4º de la Ley 472 de 1998. La intervención procesal en la calidad de actor civil popular busca restablecer a favor de la colectividad ?los mínimos de civilidad? afectados por los graves atentados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario atribuidos presuntamente a las Autodefensas Unidas de Colombia en la región de La Gabarra, con conductas como la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la extorsión, que constituyen delitos de lesa humanidad ? Ley 742 de 2002, artículo 7º y finalmente, porque del material probatorio quedó demostrado que el genuino interés del demandante era esclarecer la verdad y lograr la aplicación efectiva de la justicia respecto de los hechos investigados, fines que le corresponden a la parte civil de conformidad con el constitucionalismo moderno y en la jurisprudencia de la Corte.

La Corte al amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia ordenó revocar los fallos de tutela que se revisaron; declarar sin valor ni efecto las resoluciones que rechazaron la demanda de constitución de parte civil; a la Fiscalía Delegada de la Unidad de derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación que en el término de 48 horas, a partir de la notificación, proceda a admitir la demanda de constitución de parte civil presentada por Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, en calidad de actor popular y levantar la suspensión de términos que se había ordenado en el proceso. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-589-05

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