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Última modificación: 2006-09-26
La figura del descubrimiento de la prueba en el sistema acusatorio. principio de igualdad de armas

La obligación de la Fiscalía de descubrir el material probatorio con el que cuenta abarca la totalidad de las pruebas que haya recaudado, tal como lo exige el principio de igualdad de armas. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad, de la expresión contenida en el inciso primero del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2002) que obliga a la Fiscalía, dentro de la audiencia de formulación de acusación, al descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, en el entendido de que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 constitucional que obliga a la Fiscalía General de la Nación, o a sus delegados, en caso de presentarse escrito de acusación, a ?suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado?.

La Corte explica que la figura del descubrimiento de la prueba, que se da en el momento de la acusación, es un mecanismo que permite garantizar el principio de igualdad de armas, propio de los sistemas acusatorios. La decisión de garantizar el principio de igualdad de armas en el proceso penal mediante el instituto del descubrimiento de la prueba responde al reconocimiento de que el aparato estatal cuenta con recursos económicos, técnicos, científicos y operativos mucho mayores de los que podría disponer un particular acusado de incurrir en un ilícito. La desproporción que en materia investigativa inclina la balanza en contra de la defensa obliga al legislador a garantizar el equilibrio procesal mediante la autorización que se da al procesado para que acceda al material de convicción recaudado por los organismos oficiales.

Del mismo modo, la admisión del inculpado al material probatorio recaudado por los organismos oficiales y, con él, en últimas, a la estructura investigativa del Estado, garantiza la preeminencia del principio de gratuidad de la administración de justicia, pues evita que el particular asuma directamente los costos que exige demostrar su inocencia ante la justicia. Si la defensa no tuviera acceso a las herramientas instructivas y a los resultados probatorios de la Fiscalía, el Estado estaría en la obligación de conferirle una infraestructura de investigación equipotente a la de los organismos oficiales, lo cual resulta sencillamente impracticable.

Para la Corte la norma analizada interpretada en el contexto del sistema acusatorio, concretamente en el marco del principio de igualdad de armas, no puede ser entendida en el sentido de considerar que el legislador quiso limitar el acceso de la defensa a uno sólo de los medios probatorios de la Fiscalía, con exclusión de los demás. Por el contrario, considera que el objeto de la ley es permitirle a la defensa acceder al descubrimiento de cualquiera de los elementos de convicción de que tenga noticia que posee la Fiscalía. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1194-05

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