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Última modificación: 2008-08-01
Las víctimas tienen el derecho de solicitar pruebas anticipadas ante el juez de garantías para asegurar el derecho a la verdad, a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas.

Se demandó la inconstitucionalidad de las expresiones ?Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112?, contenidas en el numeral 2° del artículo 284 de la Ley la Ley 906 de 2004, ?Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, con respecto a quienes la norma autoriza a solicitar la practica de pruebas anticipadas ?a practicarse durante la investigación hasta antes de la audiencia del juicio oral-, por violatorios de los artículos 1, 2,13,29, 93, 94 y 229 de la Constitución Política. El actor señaló que al omitirse la referencia expresa a las víctimas, les impide solicitar y controvertir las pruebas, restringiéndosele inconstitucionalmente su derecho a la verdad. La Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad del numeral demandado, en el entendido que la víctima puede también solicitar al juez de garantías la práctica de pruebas anticipadas.

La anterior decisión se fundamenta en que : 1-? la norma excluye a la víctima de los actores procesales que pueden solicitar la práctica de pruebas anticipadas para lograr el esclarecimiento de los hechos, de las circunstancias de su ocurrencia, la determinación de los responsables, de la magnitud de los daños sufridos y el esclarecimiento de la verdad?; 2- ?no se observa una razón objetiva que justifique la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su participación en esta etapa previa al juicio no conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido?; 3- ?esta omisión genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio?; y 4- constituye un incumplimiento, del deber de configuración legislativa, con respecto a la verdadera intervención de la víctima en el proceso penal, lo que impide asegurar el derecho a la verdad y el derecho de las víctimas a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas, consagrado en el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07. Ver también Sentencia C-516-07

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