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Última modificación: 2010-05-14
La orden de cancelación de títulos y registros fraudulentos procede tambièn en contextos distintos de la sentencia condenatoria

Se demandó la inconstitucionalidad de las palabras ?En la sentencia condenatoria? contenidas en el inciso segundo del artículo 110 de la Ley 906 de 2004, ?Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, sobre el momento procesal de la cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, por ser violatorios de los artículos 13, 29 y 250 de la Constitución. El demandante considera que la limitación establecida en los apartes demandados sobre la cancelación de títulos y registros apócrifos en los casos en que se logre proferir sentencias condenatorias, establece una distinción no justificada entre las posibles víctimas; implica una restricción que frustra una de las finalidades del proceso penal, relacionada con la reparación a las víctimas, lo que afecta el derecho a acceder a la administración de justicia y la garantía del debido proceso y obstruye el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, como la de velar por la protección y asistencia de las víctimas y procurar la reparación integral y restablecimiento de sus derechos. La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión ?condenatoria? y exequible demanera condicionada la expresión ?sentencia?.

Condicionar la orden de cancelación de títulos y registros fraudulentos a la sentencia condenatoria es una medida inconstitucional, puesto que el restablecimiento del derecho de las víctimas se torna improcedente cuando el proceso finaliza con un pronunciamiento distinto a aquélla, lo que puede excluírlas del acceso a la administración de justicia, quebranta la garantía del debido proceso y obstaculiza la función de la Fiscalía General de la Nación de protegerla y restablecer los derechos e intereses de las víctimas.

La expresión ?la sentencia? es compatible con la Carta Política, en el entendido que ?la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquiera otra providencia que ponga fin al proceso penal?.

La Corte Constitucional advirtió que en los casos de cancelación de los títulos apócrifos ordenada en providencia distinta de la sentencia de fondo, la decisión sólo podrá adoptarse cuando se garantice el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los afectados con la medida y su derecho hubiere sido legalmente desvirtuado, es decir, cuando el convencimiento del carácter de fraudulento de los títulos este ?más allá de toda duda razonable?.




  1. Corte Constitucional, Sentencia C-060-08

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