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Última modificación: 2012-10-24
La solicitud de copias de las actuaciones adelantadas por parte de quien es indiciado, tiene una vinculación directa con el derecho al debido proceso penal

El demandante considera vulnerado su derecho de petición, en razón de la negativa a expedir copias de las actuaciones penales adelantadas en su contra.

Al respecto, la Corte consideró que las peticiones presentadas tienen un vínculo estrecho con el desarrollo del debido proceso penal, específicamente con participación o facultades que puede tener el ?indiciado conocido? durante la investigación o la indagación de la evidencia física. La Corte ha insistido sobre la existencia e importancia de estas facultades en varias oportunidades, especialmente, cuando estudió la constitucionalidad de los artículos 8º y 119 de la Ley 906 de 2004 (sentencias C-799 de 2005 y C-210 de 2007). A través de ellas advirtió que la interpretación de las normas relativas al desarrollo de la indagación por parte de los diferentes operadores judiciales, debe permitir la participación del indiciado conocido dentro de la indagación como parte esencial de la garantía del debido proceso penal. De manera alguna la naturaleza adversativa del nuevo sistema de investigación implica impedir el conocimiento y el ejercicio de las facultades adscritas a la defensa. Negar el ejercicio de este derecho y la contradicción dentro de la etapa de indagación no solo conlleva el desconocimiento de tal derecho fundamental sino también el conjunto de procedimientos básicos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, incluyendo el principio de igualdad de armas. Nótese que la referida obtención de copias no se limita al conocimiento o información general que el peticionario quería derivar de las actuaciones administrativas de la Fiscalía Especializada. Tampoco -sin duda- el tema planteado por el actor refiere a ?aspectos secundarios de la actuación penal?. Por el contrario, en su solicitud, él informa que conoce que se está adelantando una investigación en su contra y requiere los elementos necesarios para ejercer su defensa. El vínculo entre la petición y el debido proceso penal es indudable en tal medida, que requería un acto de naturaleza judicial en el que se resolviera de fondo si era cierto que el actor estaba siendo investigado a través de la indagación y se estableciera si, por tanto, tenía derecho a acceder o controvertir a alguna de las evidencias recopiladas por la Fiscalía. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-920-08

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