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Última modificación: 2006-08-01
Un sindicato no se considera una autoridad pública y por lo tanto no esta obligado a responder

La actora explicó que desde hace 18 años es docente de un Instituto y hace parte de la ?Asociación de Profesores del Instituto?. Según su relato, el presidente y la secretaria de la junta directiva de esa asociación enviaron una comunicación al Secretario de Educación del departamento, en la cual elevaron una queja en su contra, por incumplimiento de sus funciones. La peticionaria consideró que esa queja pretendía mancillar su buen nombre, por lo cual solicitó al sindicato que le hiciera entrega de la copia del acta de la reunión en la cual la Junta Directiva había aprobado elevar la queja en su contra, así como copia de los documentos que sustentaban esa actuación. Le informaron verbalmente que debía presentarse otro día a recibir la correspondiente respuesta. La actora, sostuvo que como la asociación no había respondido a su solicitud se había vulnerado su derecho de petición, al igual que su derecho al buen nombre y a la honra, ya que se afirmó sin justificación, que ella no había cumplido adecuadamente con sus funciones.

La Corte consideró que la actora se encontraba en situación de indefensión frente a la autoridad sindical, pues no tenía ningún mecanismo judicial para enfrentar las posibles afectaciones a un derecho fundamental derivadas de eventuales quejas de esa asociación ante las autoridades educativas. Sin embargo, no por ello debía concederse la tutela por violación al derecho de petición, por la sencilla razón de que éste no es exigible ante la junta directiva de un sindicato. Un sindicato no actúa como autoridad, y aún no existe legislación que regule este derecho frente a particulares como el accionado. Por tal razón, no procedió la tutela del derecho de petición en su contra. No excluye que en determinados eventos, un juez de tutela pueda ordenar a una de esas entidades que conteste adecuadamente a una solicitud de un peticionario, cuando esa respuesta sea indispensable para proteger otro derecho fundamental. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-212-00

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