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Última modificación: 2006-08-01
Posibilidad de sancionar a funcionarios que no remitan a la autoridad competente las peticiones de reajuste de la cuota alimentaria de los hijos de los sindicados en procesos de extinción de dominio

Frente a varias personas investigadas por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la Fiscalía inició dos acciones de extinción de dominio. Con la aplicación de esas medidas a sus padres, quedaban en riesgo de desprotección los hijos de estos, por lo cual, la Dirección Nacional de Estupefacientes reconoció una cuota alimentaria a nombre de los menores. Posteriormente se suspendió dicha cuota por que tanto la Fiscalía como la Dirección de Estupefacientes afirmaban no ser competentes para conocer de la solicitud presentada para reajustar la cuota alimentaria de los menores. Según la Corte, la actuación de las autoridades demandadas afectó los derechos fundamentales de los menores en cuyo nombre se demandó, y constituyó una grave violación de los derechos de petición y debido proceso de la actora. La Dirección Nacional de Estupefacientes no podía afectar de manera injusta los derechos fundamentales de los niños, so pretexto del trámite de actuaciones administrativas y procesos penales en contra de sus progenitores.

En este caso, la salida temporal del mercado de los bienes de propiedad de los padres, dejó a sus dueños sin posibilidad de cumplir con la obligación alimentaria y sin posibilidad de procurarse los medios requeridos para ello, por lo que los menores habrían quedado desamparados si la Dirección Nacional no les hubiera reconocido y pagado, con los rendimientos de las empresas embargadas a sus padres, una cuota alimentaria con la cual atender su subsistencia. La petición de la actora en procura de un reajuste de la cuota alimentaria de sus hijos y sobrino, ocasionó que la Dirección Nacional de Estupefacientes afirmara no ser competente para resolver sobre el fondo del asunto, y que esa entidad indicara a la demandante que debía dirigir su solicitud a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Extinción de Dominio, de manera tal que la Dirección mencionada incumplió con el deber que le impone el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo a los funcionarios incompetentes para resolver la petición que han recibido, de remitirla inmediatamente al que sí es competente.

No obstante, la actora atendió esa indicación, y dirigió su solicitud a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, pero esta entidad también afirmó -con razón-, ser incompetente para resolverla. Así, paradójicamente encontró la solicitante que ninguna de las dos agencias del Estado reconocía ser competente para decidir el asunto objeto de su petición. Como la Dirección Nacional de Estupefacientes es un organismo administrativo, y fue su actuación la que colocó a la petente en la situación referida, había de concluirse que se dio una falla en el servicio y, con su comportamiento, ese ente estatal incurrió en una vía de hecho con la que vulneró el derecho de petición de la actora; en consecuencia, se debía remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, pues a ella corresponde investigar los hechos, y valorar si a alguno de los funcionarios que actuaron como quedó expuesto, se le debía exigir responsabilidad disciplinaria. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-849-99

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