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Última modificación: 2006-08-01
Libertad de acceso de las veedurías a la información

En cuanto al artículo 9 del proyecto de ley estatutaria No. 022 de 2001, Senado, 149 de 2001, Cámara, ?por medio de la cual se regulan las veedurías ciudadanas?, la Corte consideró que el principio de transparencia en él consagrado, según el cual el Estado y las propias veedurías deben asegurar el libre acceso de todas las personas a la información y documentación relativa a sus actividades, es constitucional, pues contribuye a facilitar la labor de las veedurías, ya que sólo garantizando condiciones de acceso a la información necesaria pueden ejercer plenamente sus funciones y formarse panoramas completos sobre aquellos asuntos que constituyen el objeto de vigilancia de las veedurías ciudadanas. A pesar de ello, la Corte consideró que la exequibilidad de esta norma deberá condicionarse al respeto de la reserva de que gozan ciertas actuaciones o documentos, de conformidad con lo establecido en la ley.

Si bien es cierto que el artículo señala que el acceso a documentos e información se llevará a cabo de conformidad con lo que establezcan la ley y las demás normas vigentes sobre la materia, es necesario proferir un fallo condicionado a fin de dejar en claro que los documentos que gocen de reserva no la pierden en virtud del principio de transparencia que guía el funcionamiento de las veedurías. En estas condiciones se declara exequible el artículo. La Corte también advirtió que frente al artículo 18 del proyecto, es importante analizar los posibles alcances de una de las hipótesis del literal (a), que hace alusión a la posibilidad de acceder a información sobre "procedimientos técnicos". Para la Corte es claro que en este caso, ni las entidades del Estado, ni las organizaciones, ni los particulares estarán en la obligación de suministrar a la veeduría ciudadana que así lo solicite, información alguna sobre los "procedimientos técnicos" que incorporen secretos industriales, secretos técnicos, patentes o cualquier información que legalmente esté sometida a reserva.

La función de vigilancia de las veedurías no puede desbordar su propósito y finalidad, para inquirir en aspectos que por regla general están sustraídos del alcance de terceros y en muchas ocasiones de las propias autoridades del Estado. Por lo tanto, la Corte concluyó que la constitucionalidad del literal (a) del articulo 18, está condicionada a reconocer que el derecho de las veedurías a obtener información, no es un derecho ilimitado sino que encuentra restricciones en la Constitución y la ley en lo que a documentos reservados, información confidencial y privilegiada se refiere. Claro está, nada se opone a que, conforme a la Constitución y a la ley, un juez de la República pueda ordenar el levantamiento de tales reservas nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-292-03

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