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Última modificación: 2006-08-01
Consumación del daño por designación de otra persona hace improcedente la tutela para proteger el derecho de acceso a cargos públicos

El demandante había sido elegido como Registrador Nacional del Estado Civil para un periodo de cinco años, pero por decisión del consejo nacional electoral alegando una excepción de inconstitucionalidad, se designó a otra persona para el cargo, por considerar que el periodo del mismo es institucional y no individual. La Corte determinó que la administración no puede alegar la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar sus propios actos. El derecho a acceder a cargos públicos debe entenderse en el sentido de inmunizar a la persona contra las decisiones estatales que de manera arbitraria le impida acceder a un cargo público, a no ser desvinculado de manera arbitraria del mismo y, ocupando uno, que no se le impida arbitrariamente el ejercicio de sus funciones.

Existiendo certeza sobre la titularidad del derecho subjetivo a ocupar el cargo público, se puede considerar la existencia de una amenaza o violación del derecho fundamental, susceptible de protección por vía de tutela. No obstante, en este caso no es posible proteger el derecho sin desconocer los derechos de quien fue designado con posterioridad, requiriéndose su desvinculación. En esta medida se ha configurado un perjuicio irremediable que no puede evitarse, haciendo improcedente la tutela como mecanismo transitorio. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-544-01

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