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Última modificación: 2006-08-01
Participación ciudadana en convenio internacional para la protección de especies en vía de extinción

La Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 356 de 1997 por la cual se aprueban el ?Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe? hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los ?Anexos al Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe?. La Corte explicó que la política integral de protección a las áreas especiales y a las especies de flora y fauna en peligro de extinción en la Zona del Gran Caribe, genera la necesidad de promover la participación de la población y de las organizaciones conservacionistas para la protección de las áreas y la investigación científica, técnica y de manejo de las mismas.

Para ello se requiere informar, concientizar y educar a la población sobre el establecimiento de esas áreas y de las respectivas obligaciones. Por esta razón, se ha recomendando incorporar dicha información a los programas educativos relacionados con el medio ambiente de cada país y se resaltó la necesidad de promover la participación de la población y de las organizaciones conservacionistas para la protección de las áreas y la investigación científica, técnica y de manejo de las mismas. El requerimiento de participación de la ciudadanía es compatible con la Constitución porque el ordenamiento colombiano dispone que las personas tienen el deber de proteger los recursos naturales con que cuenta el país (Constitución Política, art. 95). Ese elemento participativo es esencial para la definición de las políticas estatales que sobre el asunto ambiental se adopten y para la verificación y control de los resultados y de las actividades desarrolladas por los agentes encargados de realizarlas.

La materialización de esa participación, depende de que se cuente con los espacios de intercambio necesarios y suficientes reconocidos por el Estado y por la sociedad. Concluyó que la participación se logra a través de una educación dentro de la protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica (Constitución Política, art. 79). Por lo anterior, la Corte declaró exequibles el Protocolo y sus anexos así como la Ley 356 de 1997. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-401-97

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