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Última modificación: 2006-08-01
Carácter no vinculante de la participación de los estudiantes y otros estamentos en la designación de rector de una universidad pública

Consideraron los estudiantes que fueron vulnerados su derechos a la participación, debido proceso, igualdad, derecho a elegir y ser elegido por cuanto el Consejo Superior de la Universidad no eligió al candidato a Rector que obtuvo las mayores votaciones en las consultas estamentales realizadas en vigencia del acuerdo 019 de 2003. En el mismo sentido, estimaron que los acuerdos 019 y 022 de 2003 desconocieron el derecho a su ?participación efectiva? en la elección del Rector. La Corte consideró que el derecho de participación se refleja en que ella efectivamente se dé, y no tanto en la forma que adopte. Quiere esto decir que si el Consejo Superior de una universidad, dentro de su propia autonomía, considera que todas las directivas se elijan por el voto directo de todos los integrantes de la universidad, es decir, siguiendo el principio de una persona un voto, tal procedimiento resulta perfectamente válido constitucionalmente.

Pero también puede ser válido que el Consejo Superior determine que todas o algunas de las directivas se elijan a través de sus representantes ante el Consejo Superior o Académico u otro órgano de dirección, porque lo que debe garantizarse, independientemente del procedimiento que se adopte, es que en las elecciones de directivas, la decisión sea resultado de la participación de la comunidad. Por ello, los estatutos tienen que establecer la participación, la cual no necesariamente tiene que adoptar la del voto directo de toda la comunidad académica en todas las elecciones, ya que determinaciones de esta naturaleza sólo pueden ser fruto de sus propias decisiones, como consecuencia de la autonomía para darse sus directivas y estatutos.

En el caso sometido a estudio de la Corte, las normas aplicables no establecían a favor de los accionantes un derecho que pudiera estar amenazado y que en consecuencia les permitiera alegar un perjuicio irremediable. En efecto, el derecho a la participación con efectos decisorios -es decir el derecho a la elección del Rector por el voto popular de los diferentes estamentos universitarios- que los accionantes alegan como conculcado, no es un derecho que la Constitución o la ley les hubieran reconocido, como tampoco las normas internas de la Universidad, que en el artículo 18 del Estatuto General de la Universidad aluden al Consejo Superior Universitario como el órgano competente para estos efectos. Estas últimas se encuentran amparadas por la presunción de legalidad y sobre todo por el especialísimo marco de competencia que fija la Constitución para las instituciones universitarias de educación superior. En consecuencia, la Corte no accedió al amparo reclamado. nota 1



  • Corte Constitucional, Sentencia T-024-04

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