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Última modificación: 2006-12-12
El acceso a la financiación estatal previa de las campañas exige un mínimo respaldo popular

El artículo 10 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República? conforma íntegramente el Capítulo III del intitulado ?Acceso a la financiación estatal previa?. Mediante él se establecen las condiciones de ley para que los candidatos inscritos a la Presidencia de la República accedan a dicha fuente pública de financiación de sus campañas. Tales condiciones están señaladas en los dos numerales del artículo.

Con relación al numeral 1 del citado artículo 10, que dispone como condición para acceder a la financiación estatal previa, en el caso de los candidatos inscritos por partidos o movimientos políticos, la de haber obtenido el 4% de los votos válidos emitidos para Senado de la República o para Cámara de Representantes en las pasadas elecciones, equivalentes aproximadamente a trescientos setenta y cuatro mil (374.000) votos, la Corte no encontró que esta cifra pudiera considerarse excesiva, sobre todo si se tenía en cuenta que el censo electoral para 2003 equivalía a veinticinco millones de potenciales electores.

El numeral 2° del artículo 10° regula el caso en el cual el candidato es inscrito, no por un partido o movimiento con personería jurídica, sino por un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos. En este caso, para tener acceso a la financiación previa de la campaña electoral se requiere que el respectivo movimiento o grupo haya sido respaldado por un número de firmas válidas equivalentes al tres por ciento (3%) del número total de votos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República, certificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Del examen de los antecedentes legislativos del proyecto de ley se desprende para la Corte que, para 2006, el requisito aludido se satisface con aproximadamente trescientas cincuenta mil (350.000) firmas, pues éste, según se afirmó en el debate parlamentario del proyecto, es el número que corresponde al 3% de los votos válidos emitidos en las anteriores elecciones presidenciales de 2002.

El requisito de cierto número de firmas constituye a juicio de la Corte Constitucional un mecanismo tendiente a acreditar un respaldo popular mínimo respecto de la candidatura, que tiene por objeto asegurar una posibilidad real, aunque sea mínima, de llevar el candidato a la Presidencia, con miras a racionalizar la destinación del gasto público y a lograr la seriedad del debate democrático. La Corte agregó que, por razones obvias, las anteriores elecciones a la Presidencia son las del cuatrienio inmediatamente precedente; por ejemplo, para las elecciones de 2006 son las de 2002.

Para la Corte, el respaldo popular que deben acreditar los candidatos para tener derecho a la financiación pública debe otorgarse a todos ellos en condiciones de igualdad, y la disposición examinada así lo hace. Establecer mayores exigencias para el candidato presidente, con fundamento en que su condición de tal lo hace más conocido, pidiéndole que certifique un mayor respaldo popular que el que se exige certificar a los demás candidatos, introduce un factor de discriminación en las condiciones de acceso a la financiación pública que carece de un fundamento fáctico suficiente; en efecto, el solo hecho de ser el primer mandatario no hace que el candidato presidente goce de mayor o menor popularidad que sus contrincantes y que por ello las exigencias relativas al respaldo popular deban ser diferentes.

Por todo lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 10° del proyecto de ley examinado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05

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