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Última modificación: 2008-07-30
El auditor general no tiene la facultad de proveer mediante concurso los empleos de su dependencia

El demandante impugna la constitucionalidad de la expresión ?Contraloría General de la República y contralorías territoriales? contenida en el numeral 2 del artículo 3º de la Ley 909 de 2004, en el sentido de que se incurrió en omisión omisión legislativa al no incluir a la auditoria general de la nación dentro de las carreras especiales, pues constitucionalmente se trata de un órgano autónomo y en tal virtud, a sus servidores se les debe aplicar el régimen propio de la carrera especial que corresponde a un órgano autónomo de control fiscal.
Para la Corte Constitucional, si el Auditor General de la República y la Auditoria General de la República deben estar sometidas a la Constitución Política, ésta no le otorga al Auditor General de la República y menos aún a la Auditoria General de la República, atribución como la señalada en el Artículo 268 constitucional numeral 10 en cabeza del Contralor General de la República, a saber: la posibilidad de proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley.

De esta manera, mal puede en un Estado de Derecho hacerse valer atribuciones, funciones o competencias que no estén expresamente y de manera previa señaladas en la Constitución o la ley. Cualquier ejercicio - por parte de un órgano del Estado o de un servidor público de éste- de atribuciones, funciones o competencias que no estén expresa y previamente indicadas en la Constitución o la ley, es un acto arbitrario y despótico y, por ende, abiertamente inconstitucional.

En consecuencia, en uso de su libertad de configuración legislativa y acorde con el Estado de Derecho, el Congreso de la República estaba facultado para establecer que las normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública (Ley 909 de 2004) son aplicables a los servidores públicos que prestan sus servicios en empleos de carrera en la Auditoría General de la República. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-319-07

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