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Última modificación: 2007-02-12
Los actos de iniciación de actuaciones administrativas de las empresas prestadoras de servicios deben ser comunicados a los usuarios

El actor interpuso acción de tutela contra una empresa prestadora del servicio de energía, por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, ya que no se le notificó personalmente el pliego de cargos, que dio inicio a una actuación administrativa que culminó con la imposición de una sanción pecuniaria al suscriptor y/o usuarios de dicho servicio, por las irregularidades encontradas en el medidor de energía del inmueble que habitaba.

La Corte recordó que la garantía del principio de constitucionalidad y de seguridad jurídica dentro del Estado social de derecho exige que el desarrollo de las actuaciones administrativas no quede al albur de la administración sino que el particular, en este caso, el usuario de la empresa de servicios públicos conozca con precisión y pueda predecir la forma como ésta actuará en desarrollo de la investigación por el presunto fraude que contra él se sigue, es decir, que tenga conocimiento previo de las etapas que se van a surtir desde la iniciación de la actuación. Así, es garantía del debido proceso administrativo que las competencias, etapas, trámites y recursos de una actuación estén previamente definidas.

Las actuaciones administrativas de las empresas de servicios públicos, particularmente aquellas tendientes a expedir actos sancionatorios deben desarrollarse con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones especiales de la Ley 142 de 1994 y en los reglamentos, y, en lo allí no previsto, conforme a las normas del Título I del Código Contencioso Administrativo. La Ley 142 o de Servicios Públicos, al no contener una regulación especial sobre la forma de dar publicidad a los actos administrativos de las empresas de servicios públicos respecto a los actos que dan inicio a una actuación administrativa, como el pliego de cargos, remite a lo regulado en el Código Contencioso Administrativo. En su artículo 28 dispone que ?cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que puedan resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma. Lo mismo dispone el contrato de condiciones uniformes entre la electrificadota y sus clientes y la circular interna informativa número 11 de septiembre 6 de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Frente al caso concreto, la Corte estableció que la electrificadota había comunicado debidamente al propietario y a los usuarios que habitan el inmueble -entre quienes se encontraba el accionante- la formulación del pliego de cargos y de todos los actos que se adoptaron durante el desarrollo del trámite administrativo. Por tal razón, y dado que para el caso específico no se requería una notificación personal, tan sólo una comunicación, conforme estaba establecido en las normas que regulan la materia, la Corte desestimó las pretensiones del accionante. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-224-06

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