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Última modificación: 2008-07-28
Violación de las garantías judiciales por no observar el principio de presunción de inocencia, en especial cuando se prolonga la detención preventiva

La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.

La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.

En este principio subyace el propósito de las garantías judiciales. De este principio se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.

En el Caso Ricardo Canese, la Corte encuentra claro que tanto el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno como el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala de Paraguay, presumieron el dolo del señor Canese y, a partir de ello, le exigieron que desvirtuara la existencia de su intención dolosa. De esta manera, tales tribunales no presumieron la inocencia del imputado, por lo que la Corte concluyó que el Estado violó, en perjuicio del señor Canese, el artículo 8.2 de la Convención Americana. nota 1

En el Caso Suárez Rosero, la Corte considera que con la prolongada detención preventiva del señor Suárez Rosero, se violó el principio de presunción de inocencia y la orden de libertad dictada en su favor no pudo ser ejecutada sino hasta casi un año después. nota 2

Igualmente en el Caso Tibi, la Corte considera que la privación de la libertad del señor Tibi violó el artículo 8 de la Convención en tanto éste permaneció detenido desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998 y no existían elementos probatorios que permitieran inferir razonablemente que el señor Tibi estaba involucrado en el Operativo ?Camarón?. nota 3



  1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 .
  2. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 35 .
  3. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .

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