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Última modificación: 2006-08-01
Acceso a la administracion de justicia en el ambito laboral

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 9 de la Ley 712 de 2001, que reforma el Código Procesal del Trabajo, en el cual se fija la competencia por razón de la cuantía de los jueces laborales del circuito, quienes conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a diez (10) veces del salario mínimo legal mensual más alto vigente y en primera instancia de todos los demás. Así mismo, la norma establece que en los lugares en donde no haya juez laboral del circuito, conocerán de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil.

La Corte consideró que el criterio de diferenciación empleado por el Legislador para determinar la especialidad de la autoridad judicial competente (existencia o no del juez laboral del circuito), resulta constitucionalmente admisible, por lo cual la norma contenida en el artículo 9 de la ley 712 de 2001, al establecer jueces de diferentes especialidades (civil y laboral) para conocer de unos mismos asuntos (laborales y de la seguridad social), es exequible en la medida que todos los jueces independientemente de su especialidad, están en la obligación de tramitar y fallar los procesos que lleguen a su conocimiento, conforme a la ley y a la Constitución.

En cuanto al principio de acceso a la justicia y la fijación de la competencia de manera privativa en los jueces del circuito, la Corte consideró que el Legislador actuó en el marco de la libertad de configuración normativa que la Constitución le reconoce, ante lo cual se concluye que la norma en cuestión se encuentra ajustada a la Constitución. Del mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia, se desprende la obligación de diseñar un sistema de administración de justicia que satisfaga un doble propósito: la mejor cobertura posible de los asuntos judiciales en función de la distribución geográfica, y la optimización de los recursos de la rama judicial en función de la disponibilidad presupuestal. En este sentido, la atribución de competencias tal y como quedó dispuesta en el artículo 9 de la ley 712 de 2001, también se ajusta a la Constitución, primero, porque no altera el equilibrio presupuestal de la Rama Judicial, toda vez que se parte de la existencia y funcionamiento de los actuales juzgados del circuito; y segundo, porque no desconoce el imperativo de la mejor cobertura posible, pues a pesar de que en algunos circuitos no exista juez laboral, dichos asuntos, serán de competencia del juez civil del circuito, en los términos del referido artículo.

De tal forma que mediante la inclusión y funcionamiento de juzgados del circuito laborales y civiles en el mapa judicial del Estado colombiano, se responde de manera razonable a las necesidades de cobertura. En este orden de ideas, la fijación de la competencia en los asuntos laborales y de la seguridad social, en cabeza de los jueces del circuito, ya sean laborales o civiles, dispuesta por el artículo 9 de la ley 712 de 2001, no constituye por sí misma una vulneración al derecho al acceso a la justicia, toda vez que existe la posibilidad de acudir a la administración de justicia en la medida en que existen y se encuentran en funcionamiento los correspondientes jueces del circuito. La Corte exhortó al Congreso de la República, para que en un término razonable, expida una regulación normativa que garantice el acceso real a la justicia en los asuntos laborales y de la seguridad social, en aquellos municipios donde no existan jueces civiles o laborales del circuito nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-828-02. Cuatro magistrados presentaron salvamento parcial de voto. Consideran que se ha debido declarar la exequibilidad condicionada de la norma, pues en su concepto el actor planteaba la existencia de una omisión legislativa relativa, según la cual el Legislador, en su propósito de establecer criterios para la fijación de la competencia por el factor territorial, al no tener en cuenta que la mayoría de los municipios del Estado no son cabecera de circuito judicial, desconoció los principios constitucionales de igualdad y de acceso a la administración de justicia. En este caso se presentan los tres requisitos de la omisión legislativa relativa inconstitucional, lo cual hacía imperiosa la declaración de exequibilidad condicionada de la norma demandada, en el entendido que, el juzgado civil municipal o el juzgado promiscuo municipal, sería competente para asumir el conocimiento de los asuntos relacionados en el artículo 2 de la Ley 721 de 2001 (asuntos de competencia de la jurisdicción ordinaria especializada en lo laboral y la seguridad social), en aquellos municipios donde no existan jueces del circuito.

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