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Última modificación: 2006-08-01
Las medidas cautelares en los procesos laborales no son contrarias a la constitución

La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 37A de la Ley 712 de 2001, que reforma el Código Procesal del Trabajo. La norma dispone la posibilidad de imponer caución como medida cautelar en el juicio ordinario laboral para garantizar que la decisión adoptada sea ejecutada, cuando el juez encuentre que el demandado efectúa actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia o cuando se encuentre en graves dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. Los demandantes consideraron que dicha medida cautelar era discriminatoria, pues no se aplica en el sector público, debido a que los bienes de las entidades estatales son inembargables. Igualmente, consideraron que la medida cautelar acusada era desproporcionada, e impedía el acceso a la administración de justicia. Además, contraria el principio de buena fe.

La Corte sostuvo que las medidas cautelares tienen sustento constitucional pues desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. De esta manera, por su naturaleza la caución sirve para el resarcimiento de perjuicios a favor del demandante hasta un monto determinado, que en el caso de la norma acusada el legislador señaló que debe oscilar entre el 30 y 50 % del valor de la pretensión al momento de decretarse la medida cautelar. Para la Corte, en ningún momento el artículo 37A se refiere a la inembargabilidad de los bienes del Estado, por lo que no podía el actor en un juicio de constitucionalidad plantear que la norma acusada presenta una discriminación entre trabajadores públicos y trabajadores privados, por cuanto son inembargables los bienes del Estado.

Por otra parte, el legislador es autónomo para señalar la estructura de los procedimientos judiciales, sin que ello signifique vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pues la norma establece los requisitos para que opere, asegurando el derecho de defensa, en la medida en que señala la valoración que debe hacer el juez para decidir finalmente si impone o no la medida, decisión que en todo caso puede ser apelada. Tampoco se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia, pues la decisión se toma después de una valoración y un análisis de las pruebas y sólo cuando el juez considere que las resultas del proceso pueden ser desconocidas, previsión que se justifica en favor del trabajador. Para la Corte no oír al demandado a quien se le solicitó que prestará caución y no lo había hecho, tampoco vulneró ningún derecho fundamental, pues precisamente lo que la norma quiere asegurar es que el demandado, cumpla a cabalidad con las resultas del proceso.

La Corte reafirmó que las medidas cautelares no pueden, en ningún caso, ser arbitrarias, por lo que los jueces, en ejercicio de su función, las deben concretar en cada proceso, de tal manera que aún en las hipótesis en que su atribución para decidir sea amplia, la discrecionalidad jamás pueda constituir arbitrariedad. Del mismo modo, dada la naturaleza y la finalidad de las medidas cautelares, es claro que la decisión final sobre el derecho que con ellas se pretende proteger de manera provisional, solo se toma de manera definitiva en la sentencia con la cual ha de culminar el proceso.

Concluyó la Corte, que no es entonces cierto que la autorización legal para solicitar y decretar medidas cautelares en los procesos laborales sea contraria a la Constitución. En vez de ello, lo que evidentemente resultó es que el legislador en cumplimiento de la garantía al debido proceso que otorga la Carta Política en el artículo 29, se encontraba autorizado para instituir medidas cautelares en el proceso laboral, así como en los demás códigos de procedimiento y, adicionalmente, ha de considerarse que el artículo 25 de la Carta establece como una obligación del Estado la protección al trabajo en todas sus modalidades, protección que ha de extenderse inclusive a la legislación procesal laboral. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-379-04

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