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Última modificación: 2006-08-01
Expedición no oportuna de cédula de ciudadanía vulnera los derechos de participación política

Los actores consideraron que siendo la cédula de ciudadanía el único documento que les permitía identificarse para hacer efectivos sus derechos, la Registraduría Nacional del Estado Civil les vulneró sus derechos fundamentales al demorarse injustificadamente en la expedición de la misma. La Corte determinó que la Constitución y la ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres funciones diferentes pero unidas por la finalidad común de propiciar y estimular la democracia: identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política. La Registraduría al expedir una contraseña no se justifica para no expedir con prontitud la cédula de ciudadanía, pues a pesar de que existan ciertos trámites de carácter civil en los cuales es dable que se acepte esa contraseña o cualquier otro documento, esa no es la regla general.

Así, la no expedición oportuna de la cédula de ciudadanía, conculca los derechos fundamentales de los ciudadanos a estar plenamente identificados, de tal suerte que puedan desarrollar todas las actividades propias de su calidad de tales, entre las cuales se encuentra la posibilidad de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y participar en las decisiones que los afectan; así como la de realizar actos civiles para los cuales la presentación de ese documento resulta indispensable, todo lo cual lleva a la conclusión de que la carencia de la cédula de ciudadanía afecta de manera directa al ciudadano y a la sociedad, por lo que concede el amparo solicitado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-964-01

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 Constitución

Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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