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Última modificación: 2006-08-01
Competencia del procurador general de la nación para ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros del congreso

El accionante afirmó en la tutela objeto de revisión, que el Procurador General de la Nación no tenía competencia para disponer la apertura de indagación preliminar, abrir investigación disciplinaria y ordenar la suspensión provisional como Senador de la República. Manifiesta que, pese a la existencia de disposiciones legales que habilitan al Procurador para investigar y sancionar disciplinariamente a los miembros del Congreso, se trata de normas legales de carácter ordinario, que son inconstitucionales por contrariar la Ley 5ª de 1992, Ley Orgánica del Congreso, que les otorga un fuero especial para su investigación y sanción. En segundo lugar, invoca la garantía del non bis in ídem, la cual estima desconocida con la actuación disciplinaria que en su contra adelanta el Director del Ministerio Público, por cuanto se investigan los mismos hechos que motivaron la acción de pérdida de investidura promovida ante el Consejo de Estado y sobre los cuales ya se obtuvo un pronunciamiento definitivo de carácter jurisdiccional.

La Corte manifiesta que los miembros del Congreso de la República, en su calidad de servidores públicos según lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución son destinatarios de la potestad disciplinaria del Estado. En efecto, la Comisión de Ética no impone sanciones a los Senadores y Representantes por la violación del régimen de inhabilidades y deja que sea el Consejo de Estado el que determine, en tales casos, la procedencia de la pérdida de la investidura del Congresista. Para la Corte, la potestad disciplinaria del Estado frente a los Congresistas no se agota con el proceso de pérdida de la investidura. Si bien ésta se adelanta a través de un proceso jurisdiccional de carácter disciplinario, ello no implica que la comisión de otras conductas que puedan constituir faltas disciplinarias no puedan ser investigadas disciplinariamente por las autoridades públicas competentes.

En consecuencia, la remisión legislativa que contempla el artículo 277-6 de la Carta Política para determinar las condiciones del ejercicio de la potestad disciplinaria por el Procurador General de la Nación no hace parte de la reserva material de Ley orgánica. Por lo tanto, al ser una materia que hace parte de la potestad ordinaria de configuración del Legislador y considerando que la Ley Orgánica del Congreso, Ley 5ª de 1992, no consagra ningún fuero especial para el juzgamiento disciplinario de los congresistas, diferente a la acción de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, habrá de reconocerse que, en esta materia, en nada se oponen la Ley 734/02 y el Decreto - Ley 262/00 con la Ley 5ª de 1992. Esto es, lo alegado por el actor no constituye fundamento para sustentar una eventual aplicación del artículo 4º de la Constitución y decretar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de aquella legislación ordinaria.

La Corte concluyó que el Procurador General de la Nación está facultado para conocer de procesos disciplinarios que se adelanten contra miembros del Congreso de la República, de conformidad con lo estatuido por el Código Disciplinario Único y el Decreto - Ley 262 de 2000. En cuanto al segundo argumento del accionante, la Corte encontró que la violación de las inhabilidades consagradas en los artículos 110 y 179 de la Constitución Política condujo a la pérdida de la investidura del congresista, que fue un proceso jurisdiccional, de carácter disciplinario. La existencia de causales constitucionales expresas para decretar la pérdida de la investidura de un congresista no puede exponerse válidamente como la comprobación de una limitante para adelantar procesos disciplinarios contra congresistas, por conductas diferentes a las que conducen a la pérdida de la investidura.

Encontró la Corte que el Consejo de Estado no se pronunció de fondo en relación con la legitimidad de la sanción de inhabilidad impuesta al actor por la Procuraduría General de la Nación, pues tan sólo se limitó a constatar que la destitución del cargo de alcalde y la sanción accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas no constituyen causal de pérdida de la investidura de congresista, dado que no están incluidas dentro de las causales expresamente consagradas en los artículos 183, 179 y 110 de la Carta Política. Con fundamento en lo anterior, la Corte llegó a la conclusión de que el Procurador General de la Nación no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, juez natural y cosa juzgada del accionante por el hecho de disponer la apertura de una indagación preliminar y ordenar la iniciación de la investigación disciplinaria y la suspensión provisional del accionante, por cuanto, además de versar sobre una conducta que no fue analizada de fondo por el Consejo de Estado, estaba constitucional y legalmente facultado para ejercer la potestad disciplinaria frente a los miembros del Congreso de la República. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-544-04

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