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Última modificación: 2006-08-01
El deber de las veedurías de rendir informes anuales de gestión ante el congreso de la república

Se indicó en el literal (g) del artículo 19 del proyecto de ley estatutaria No. 022 de 2001, Senado, 149 de 2001, Cámara, ?por medio de la cual se regulan las veedurías ciudadanas?, como uno de los deberes de las veedurías ciudadanas el de "Rendir informes anuales de su gestión ante el Congreso de la República". Para la Corte este literal era abiertamente inconstitucional por varias razones. De un lado, porque desconocía la autonomía de las veedurías, al someterlas al control político del Congreso de la República; ello era inconcebible, como ya lo afirmó la Corte en consideraciones precedentes, en razón a la especial naturaleza de las veedurías, que implica la imposibilidad de que por vía legislativa se instauren controles formales desproporcionados sobre su actuación, ya sea por parte de las autoridades del Estado o por los particulares.

Reiteró la Corte que las veedurías ciudadanas no son asimilables a entidades estatales sino que, por el contrario, constituyen el resultado del ejercicio de los derechos políticos y de participación de los miembros de la sociedad. Por otro lado, la Corte no podía pasar por alto que el Congreso de la República puede ser también objeto de vigilancia mediante la conformación y la ejecución de una veeduría ciudadana. Ello implicaría que tales veedurías podrían verse sometidas a la penosa suerte de perder cualquier grado de eficacia, si se tiene en cuenta que sus actividades terminarían sometidas finalmente al escrutinio de la entidad vigilada. De esta manera, era evidente que la inclusión de esta norma desconocía la naturaleza de mecanismo de participación de las veedurías ciudadanas. Estas razones fueron suficientes para que la Corte declarara la inexequibilidad del literal (g) del artículo 19 del proyecto, sin perjuicio de la facultad del Congreso de requerir los informes y declaraciones previstas en el artículo 137 de la Constitución nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-292-03

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Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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