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Última modificación: 2006-08-01
Competencia para regular la participación de los partidos políticos en televisión

Para el demandante el artículo 31 de la Ley 182 de 1995, al conferir la competencia de regular el acceso y la utilización de los servicios de televisión, conjuntamente al Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Televisión, contraría la Constitución en tanto esta confiere exclusivamente al Consejo Nacional Electoral la facultad de reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado, de manera específica, en tanto se da a la Comisión competencia para regular la prestación del servicio de televisión de manera general. En esa medida se impondría la prevalencia de la competencia radicada en cabeza del Consejo, por tener carácter especial y estar contenida en una norma posterior de la Constitución.

La Corte consideró que la atribución constitucional del Consejo Nacional Electoral se limita a la regulación de la ?participación? de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación, por lo que quedan otros aspectos de orden técnico, logístico y administrativo, cuya regulación atañe a otros organismos. De esta forma Establecidos por la Comisión Nacional de Televisión los espacios utilizables, corresponderá al Consejo fijar su número y duración, lo mismo que regular su utilización entre los partidos y movimientos políticos. La Comisión, a su turno, garantizará las condiciones de operación y explotación para que los programas políticos puedan producirse y emitirse en condiciones óptimas. Aún cuando las competencias de los dos organismos son complementarias y su ejercicio demanda un grado importante de coordinación y colaboración, no se impide alinderar con nitidez su campo de acción. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-226-96

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 Constitución

Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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