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Última modificación: 2006-08-01
Edad de retiro forzoso como restricción necesaria para la igualdad en acceso a cargos públicos

Se demandó el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, por considerar que distingue entre los ciudadanos menores y mayores de 65 años; dando a los primeros todas las ventajas que otorga la condición de ciudadano, y muy especialmente, la de acceder al desempeño de cargos públicos, en tanto que los segundos soportan todas las cargas de la condición ya dicha, como el pago de impuestos, sin que tengan acceso al desempeño de cargos públicos. Para la Corte es claro que el la Constitución faculta al Legislador fijar causas para el retiro de los servidores públicos. La edad de retiro forzoso consagrada como una causal de retiro para los magistrados de las altas Cortes, no impide que, a través de la ley, se extienda a otros servidores públicos, o que se establezca como regla general para todos ellos. Quedarían exceptuados aquellos de elección popular, para los cuales se establezca un período fijo.

Este es un instrumento para lograr el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado. Es posible afirmar que la fijación de una edad de retiro forzoso, constituye una medida gracias a la cual el Estado redistribuye y renueva un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. Tal restricción es compensada por el derecho al disfrute de la pensión de jubilación y a las garantías y prestaciones que se derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a dispensar. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-351-95 Ver también T-016-08

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Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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