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Última modificación: 2006-08-01
Deber de las autoridades distritales de efectuar procesos de concertación con los sindicatos cuando las decisiones puedan afectar derechos de los trabajadores

El sindicato de los empleados distritales, SINDISTRITALES, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Bogotá por la presunta violación del derecho a la igualdad de algunos los auxiliares de servicios generales, pues aunque quienes pertenecen a las categorías IC, IIA y IIIC, tienen las mismas funciones y se desarrollan en idénticas situaciones, el salario para los empleados de las dos primeras categorías es inferior al salario de la tercera categoría. La Corte consideró que a los auxiliares de servicios generales de las categorías IC y IIA se les había violado el derecho a la igualdad y que a ellos y al sindicato se les había vulnerado el derecho a la participación, pues la administración distrital, decidió no aplicar la destinación de la partida presupuestal para nivelar los salarios de los empleados de las categorías IC, IIA y IIIC, sin haber concertado con SINDISTRITALES, vulnerando claramente la función de los sindicatos, de ser mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública (artículo 103 Constitución Política).

Las autoridades demandadas no promovieron la concertación, ni respetaron el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con los empleados afectados por sus decisiones. En consecuencia, la Corte otorgó la tutela del derecho a la igualdad de los auxiliares de servicios generales de las categorías IC y IIA, en los cargos de celadores y aseadoras, y representados en este proceso por SINDISTRITALES y ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. que, si aún no había nivelado salarialmente a estos auxiliares, procediera a hacerlo de acuerdo con planeado, adoptando las medidas necesarias. En caso de que no se haya incluido en el presupuesto de la presente vigencia fiscal la partida presupuestal requerida para dar cumplimiento a la orden anterior, la administración presentará al Concejo el correspondiente proyecto de acuerdo de adición presupuestal; y si aún así no fuere posible hacer efectiva la nivelación, la Alcaldía Mayor incluirá en el presupuesto para la vigencia fiscal siguiente, como parte del rubro destinado a atender las obligaciones judicialmente declaradas, la cantidad requerida para poner fin a la discriminación en que viene incurriendo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-345-98

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Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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