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Última modificación: 2006-12-20
La evaluación del desempeño a los funcionarios nombrados en provisionalidad implica una desventaja injustificada con respecto a los demás aspirantes al cargo

A juicio de la demandante, el artículo 56 de la Ley 909 de 2004, que dispone que a los empleados que desempañan cargos de carrera sin estar inscritos en ella, ?se les evaluará y reconocerá la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su ejercicio? cuando se presenten a concursos de mérito para proveer dichos cargos, es contrario a la Constitución en cuanto permiten una evaluación adicional de los criterios de experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en el ejercicio del cargo en provisionalidad, lo cual infringe el principio de igualdad en desmedro de quienes hasta la fecha de convocatoria al concurso no ejercen cargos públicos, o se hallan desempleados o se encuentran en régimen de carrera.

Aunque el cargo de la demanda se dirige exclusivamente contra el primer inciso del artículo 56 de la Ley 909 de 2004, consideró la Corte que debía proceder a adelantar una integración normativa con el segundo inciso de aquélla, según el cual ?La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará los instrumentos para tal efecto?, ya que el ejercicio de una adecuada interpretación constitucional no puede limitarse a tomar en consideración, de manera aislada, un segmento normativo, cuando una adecuada comprensión de la evaluación de antecedentes a empleados provisionales, conlleva a examinar el mencionado artículo como un todo.

Según jurisprudencia reiterada de la Corte, el ingreso a los cargos de carrera administrativa y el ascenso en los mismos, debe hacerse mediante la determinación de los méritos y calidades de los aspirantes, como una manifestación concreta del derecho a la igualdad y al desempeño de funciones y cargos públicos; sin que le este permitido al legislador, al diseñar el sistema de concurso, desconocer los derechos fundamentales de los aspirantes mediante la participación igualitaria en los procesos de selección de los funcionarios del Estado.

La Corte encontró que la norma acusada sí consagra un trato distinto entre los aspirantes que se desempeñan en provisionalidad y los demás, pues prevé una evaluación adicional para los empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, a la fecha de la vigencia de la ley, y que aspiren a dichos cargos. Tal previsión termina estableciendo a favor de éstos una ventaja injustificada con respecto a los demás aspirantes, y por lo tanto resulta violatoria del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a cargos públicos. El privilegio consiste en que a estos empleados, además de los factores comunes que se les tendrán en cuenta a todos los aspirantes, relativos a sus calidades académicas y experiencia, también se les toma en cuenta, de manera adicional, una evaluación de antecedentes, de experiencia, de antigüedad, de conocimiento y de eficiencia en el ejercicio del cargo para el cual se concursa, lo que representan una ventaja frente a quienes concursan y no se encuentran ocupando el cargo respectivo, según lo disponga la Comisión nacional del Servicio Civil, la cual no se encuentra justificada.

Además, la libertad de concurrencia e igualdad en el ingreso a los cargos públicos, como principio fundamental, implica que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole. nota 1 En efecto, todos los aspirantes deben concursar en igualdad de condiciones aún respecto de quienes ocupan los cargos en provisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, así como tampoco con desventajas, en relación con el cargo que ocupan y al cual aspiran. Por lo tanto, todos los requisitos y acreditaciones para el concurso deben exigirse en condiciones de igualdad para todos los aspirantes

La Corte, al presentarse una vulneración al derecho a la igualdad y al derecho a acceder a cargos públicos, declaró inexequible el artículo 56 de la Ley 909 de 2004. nota 2



  1. Art. 28, literal b), Ley 909 de 2004
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-733-05

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