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Última modificación: 2006-12-21
El regimen de carrera resulta desconocido cuando se despide a un funcionario por razones de buen servicio

El artículo 38 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, establece algunas prohibiciones para los servidores públicos autorizados por la Constitución para el ejercicio de actividad política. Dentro de tales prohibiciones, el numeral 5º consagra la de despedir funcionarios de carrera por razones de buen servicio.

La Corte Constitucional concluyó que es exequible el numeral 5º del artículo 38. En efecto, desconoce los principios del régimen de carrera administrativa despedir a un funcionario de carrera por razones de buen servicio. Es más, tal situación es tan contraria al régimen de carrera -que consagra causales y procedimientos específicos para el despido del personal que se encuentra en la misma- que respeta plenamente la Constitución y el régimen de carrera el prohibirla. El hecho de que el despido de un funcionario de carrera por razones del buen servicio sea un aspecto viciado de inconstitucionalidad, no implica que su prohibición resulte inexequible.

Sin embargo, la Corte encontró reparos a la limitación en el tiempo de la prohibición de despido bajo las condiciones señaladas. En efecto, siendo una conducta tan contraria a la Constitución el despedir por motivos de buen servicio a un funcionario de carrera más aún si esto se da por razones políticas, la conducta debe estar prohibida en todo tiempo.

Por tanto, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión ?durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones? contenida en el numeral 5 del artículo 38 del proyecto de ley. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05

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Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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