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Última modificación: 2007-07-26
La determinación de los asuntos que admiten la objeción de conciencia compete a los partidos y movimientos políticos

El actor solicita la declaración de inconstitucionalidad de la expresión ?Cuando la decisión frente a un tema sea la de dejar en libertad a sus miembros para votar de acuerdo con su criterio individual??, contenida en el inciso 1º del artículo 5º de la Ley 974 de 2005, porque, en su criterio, implica el ejercicio del derecho de objeción de conciencia, condicionado a lo decidido de manera previa por las bancadas respectivas, vulnerando con ello la esencia del derecho mismo a votar en conciencia, que sólo puede hacerse de forma individual, tal como lo establece el artículo 108 de la Constitución.

La Corte argumentó que el principio general, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, es la actuación de los miembros de las corporaciones públicas en grupo o bancada, a las que les corresponde adoptar decisiones como la de dejar en libertad a sus miembros para votar cuando se trate de asuntos de conciencia, de conformidad con lo previsto en los estatutos de los partidos o movimientos políticos, casos excepcionales a los cuales no se aplica el régimen de bancada. No se trata entonces, como lo afirma el actor, de consagrar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia de manera colectiva, sino que, siendo la objeción de conciencia parte de los asuntos de conciencia, es por mandato de la Constitución que sea en los estatutos de los partidos y movimientos políticos en donde deba hacerse tal determinación, lo que se hará según la ideología que inspira cada organización, para luego, de conformidad con ella, las bancadas decidan si dejan o no en libertad a sus miembros para votar en cada caso concreto.

En tales circunstancias, no le corresponderá a cada uno de los miembros de las bancadas, a título individual, aducir la objeción de conciencia, pues una posición de tal naturaleza sería violatoria del régimen de bancadas y como tal sancionable de conformidad con el régimen disciplinario correspondiente. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-036-07

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Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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