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Última modificación: 2007-08-06
Garantía del derecho a la etnoeducación, con recursos del sistema general de participaciones (sgp).

La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la igualdad y a la etnoeducación de los menores indígenas que estudiaban en un centro educativo rural bilingüe de la etnia Inga, en contra del Ministerio de Educación y el Departamento del Putumayo, por no haber situado los recursos de transferencia para ejecutar los planes y proyectos que permitieran un mejor desarrollo de la educación en la comunidad indígena, con el argumento de que el centro educativo no contaba con la organización ni con la infraestructura necesarias para administrar recursos del Estado.

La Corte señaló que en el evento de presentarse falta de infraestructura en los centros educativos, los recursos de transferencia deben ser administrados por el departamento, ente territorial que esta obligado a desarrollar las acciones necesarias para impulsar el mejoramiento de las condiciones materiales del centro educativo, de tal forma que permitiera a la población indígena recibir una educación adecuada respetando su propia cultura.

La Corte determinó que por disposición del artículo 67 de la Constitución Política el Estado está llamado a contribuir en la garantía de acceso al servicio público de educación, y le corresponde asegurar su adecuado cubrimiento y la permanencia de los educandos en el sistema educativo, tanto en el sector público como en el sector privado, dotando a los establecimientos donde se presta el servicio, de la infraestructura y los elementos necesarios para que los grupos indígenas conserven su identidad cultural, su etnoeducación, su multiculturalidad, y su diversidad lingüística, acorde con las disposiciones especiales contenidas en el decreto No. 804 de mayo 18 de 1995.

Señaló que el desarrollo cultural de un grupo minoritario, exige recursos adecuados, y que debe darse prelación a los grupos étnicos, por cuanto se encuentran en inferioridad de condiciones en su número, carecen de la suficiente capacidad de expresión y de formación integral que les permita hacer uso de los mecanismos que la ley contempla para exigir el respeto de sus derechos cuando estos sean vulnerados. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-899-05

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Norma básica sobre la cual se funda y sostiene todo el orden jurídico, la organización y el funcionamiento del Estado. La Constitución involucra un sistema de disposiciones de la máxima jerarquía que son el centro de validez del resto del ordenamiento jurídico. También fija y limita las facultades de los gobernantes. Como ley superior, ninguna de las leyes o actos administrativos puede estar en oposición a ella. Consagra los derechos mínimos que deben ser respetados por las autoridades y los particulares.

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