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Última modificación: 2008-07-31
Inscritos en concursos públicos para la provisión de cargos en la rama judicial deben sujetarse a las reglas fijadas en el acto de convocatoria.

La actora se inscribió para participar en el concurso como aspirante a los cargos de juez penal municipal, juez de circuito y juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Por medio de la Resolución 1751 del 7 de mayo de 2004 se publicaron los puntajes correspondientes a la fase de oposición. En ese acto no se le reconoció a aquella todo el puntaje a que decía tener derecho por concepto de experiencia y como aspirante a los cargos de juez de circuito y juez de ejecución de penas. Por este motivo interpuso recurso de reposición.

Por medio de la Resolución 2286 del 9 de junio de 2004 el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura negó la reposición interpuesta. Como consecuencia de ello, la actora fue admitida a la etapa clasificatoria del concurso pero sólo como aspirante al cargo de juez penal municipal, mas no como aspirante a los otros cargos para los que se había inscrito pues al no tenerse en cuenta toda su experiencia profesional no logró el puntaje necesario para ello.

La Corte advirtió que la peticionaria, en su condición de aspirante, no había aportado toda la documentación que daba cuenta de su experiencia profesional, tanto en la administración pública como en la rama judicial, y que, como consecuencia de ello, no obtuvo el puntaje necesario para ser convocada al curso de formación judicial eliminatorio respecto de los cargos de mayor jerarquía a los que aspiraba.

En criterio de la Corte, quienes se inscriben a un concurso público y abierto para la provisión de cargos de magistrados y jueces en la rama judicial deben sujetarse a las reglas fijadas en el acto de convocatoria, ya que éstas necesariamente vinculan a todos los aspirantes, pues sólo de esa manera se garantizan las necesarias condiciones de igualdad en el acceso al ejercicio de las funciones públicas inherentes a esos cargos. De no ser así, esto es, de establecerse que las condiciones y términos del concurso vinculan sólo a unos de los aspirantes, en tanto que a otros se les permitiese continuar en él a pesar de no haberse atenido a ellas, se incurriría en un tratamiento diferenciado injustificado que atentaría contra la transparencia que debe predicarse de todo concurso de esa índole.

La Corte concluyó que en el acto de convocatoria se hizo suficiente claridad en torno a la necesidad de aportar esa documentación al momento de la inscripción o en el término fijado para la presentación de documentación adicional. No obstante, la actora incumplió con el deber de acreditar la experiencia laboral con la que contaba para efectos de que ella fuera valorada, se le asignara un puntaje de acuerdo con los parámetros determinados, tal puntaje se tuviera en cuenta al momento de la asignación de la puntuación definitiva y con base en ello se la convocara al curso de formación judicial respecto de todos los cargos para los que había aspirado. En razón de ello, sobrevinieron varias situaciones que resultan lógicas en el marco de esa omisión: Una parte de la experiencia profesional con que contaba no fue considerada, ello incidió en el puntaje obtenido por ese concepto y en la puntuación definitiva, lo que hizo que no obtuviera el puntaje requerido para continuar en el concurso respecto de dos de los cargos a los que aspiraba. Estas consecuencias, contra las que reacciona la actora, son legítimas pues son el punto de llegada de la omisión en la que incurrió y no la manifestación del arbitrario proceder de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La sujeción del concurso a las reglas fijadas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en el Acuerdo 1549 de 2002 proferido por la Sala Administrativa ya citada, resulta imperativa y por ello no puede asumirse que la sujeción del caso particular de la actora a esas exigencias devenga en un acto arbitrario y lesivo de derechos fundamentales.

En consecuencia, la Corte no accedió al amparo reclamado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-380-05

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 Ley Estatutaria

Como lo señala el artículo 152 de la Carta, las leyes que regulan "el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección" deben ser estatutarias. De acuerdo con la Carta, el trámite de una ley estatutaria debe cumplir, en primer lugar, con los requisitos generales establecidos en el artículo 157 superior. Esto es: a) Haber sido publicado el proyecto de ley en la Gaceta del Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. b) Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara. c) Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. d) Haber obtenido la sanción del gobierno, requisito que para el caso de las leyes estatutarias, se debe surtir después de que la Corte Constitucional haya efectuado la revisión previa y oficiosa de constitucionalidad y declarado, en consecuencia, que las disposiciones del proyecto se ajustan a los preceptos constitucionales. De igual forma, se debe acatar lo dispuesto en los artículos 158 y ss. de la Constitución, en relación con la unidad de materia, los términos que deben transcurrir entre los debates en comisiones y en plenarias, el lapso mínimo de tiempo que debe mediar entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra. Finalmente, cumplir con los requisitos especiales que el artículo 153 superior exige para la aprobación, modificación o derogación de leyes estatutarias: a) mayoría absoluta, b) trámite en una sola legislatura.

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