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Última modificación: 2006-08-01
Elementos esenciales del proceso de las acciones populares

Al demandarse el Artículo 36 de Ley 472 de 1998, el actor afirmó que consagrar el recurso de reposición como único medio de impugnación contra los autos dictados dentro del trámite de una acción popular, vulneraba los artículos 29, 31 y 229 de la Constitución, que consagran el derecho de defensa, el principio de la doble instancia y el derecho de acceder a la administración de justicia, impidiendo, la eficaz protección de los derechos e intereses colectivos. La Corte consideró que no se desconoció la Carta pues el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración puede señalar en qué casos es o no es procedente el recurso de apelación, decisión que no vulnera la Constitución, porque con tal determinación se persigue una finalidad constitucionalmente admisible como es la de obtener la pronta y efectiva protección de los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones populares, imprimiéndole celeridad al proceso. Así mismo señaló la Corte los siguientes aspectos como los más sobresalientes de las acciones populares:

- Celeridad y eficiencia del proceso. Se garantiza sometiendo el trámite de las acciones populares a los principios constitucionales y especialmente a los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia; imponiéndole al juez la obligación de impulsarlas oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria; otorgándoseles trámite preferencial con excepción del habeas corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimiento; y permitiendo su ejercicio en todo tiempo, incluso durante los estados de excepción.

- Derechos que ampara. Las acciones populares son el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos definidos en el artículo 88 Superior y en la ley.

- Finalidad pública. Mediante las acciones populares no se persigue amparar intereses subjetivos, sino proteger a la comunidad en su conjunto y respecto de sus derechos e intereses colectivos.

- Legitimación. Pueden ser interpuestas por cualquier persona a nombre de la comunidad sin exigirse requisito sustancial de legitimación. Como el actor es un verdadero defensor del interés público se consagra un incentivo en su favor que es fijado por el juez entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. Cuando el actor es una entidad pública el incentivo se destina al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos.

- Carácter preventivo. Por los fines que las inspiran, las acciones populares no requieren para su ejercicio la existencia de un daño o perjuicio sobre los derechos que puedan amparar.

- Facilidades para interponerlas. Toda persona natural o jurídica puede interponer las acciones populares. Los legitimados para ejercerlas pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe a su nombre. En el primer caso se establece la intervención obligatoria de la Defensoría del Pueblo. El interesado podrá acudir ante el Personero Distrital o Municipal o a la Defensoría del Pueblo para que se le colabore con la elaboración de la demanda, para la cual no se establecen mayores requisitos. El juez podrá conceder el amparo de pobreza cuando fuere pertinente. El costo de los peritazgos corre por cuenta del Fondo para la Defensa de los Derechos e intereses colectivos.

- El papel del juez. El juez debe velar por el respeto del debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes.

- Contenido de la sentencia. La sentencia podrá contener una orden de hacer o de no hacer, exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior o el pago de una suma de dinero. En el caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la restauración del área afectada destinando para ello una parte de la indemnización. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del público en general.

- Las acciones populares son por naturaleza acciones de derechos humanos y no de litis. Su objetivo no es buscar la solución de una controversia entre dos partes sino cesar la lesión o amenaza contra un derecho colectivo, y si es posible restablecer las cosas a su estado anterior. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-377-02

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 Personero

Los personeros municipales, o distritales, forman parte del Ministerio Público y por tanto les compete en sus respectivas jurisdicciones, la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Son agentes del Defensor del Pueblo a nivel municipal, para cumplir la delicada e importante responsabilidad de velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. En cumplimiento de las funciones que el artículo 282 de la Constitución Política le señala al Defensor del Pueblo, éste profirió la resolución No. 001 de 1992, en la cual delegó en los personeros municipales de todo el país, la facultad de incoar acciones de tutela en nombre de quien se lo solicite o se encuentre en estado de indefensión, cumpliendo de esta manera con el artículo 49 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela. Los personeros municipales también cumplen las funciones del Ministerio Público en los asuntos de competencia de los juzgados penales municipales y promiscuos y de los fiscales delegados ante los jueces del circuito, municipales o promiscuos, sin perjuicio de que estas funciones puedan ser asumidas directamente por la Procuraduría. Recordemos que el Ministerio público puede actuar dentro de los procesos penales en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, y de los derechos fundamentales de las personas en todas las etapas, con plenas facultades y en calidad de sujeto procesal.

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