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Última modificación: 2006-08-01
Ausencia del trabajador por desaparición forzada no es justa causa para que el empleador dé por terminado el contrato

La actora interpuso acción de tutela para reclamar el pago de los salarios, cesantías, vacaciones, intereses de la cesantía, seguridad social y demás prestaciones a que tiene derecho su esposo quien desapareció, estando al servicio de la accionada.

La Corte sostuvo que el patrono no puede esgrimir la incertidumbre sobre la existencia del trabajador, así su ausencia del empleo fuere prolongada, para dar por terminado el contrato con justa causa, no solo porque el efecto que artículo 51 del Código laboral le da a la fuerza mayor o el caso fortuito es la suspensión de la relación laboral, sino en especial porque la Ley 589 de 2000 dispone que la obligación de pagar el salario a las familias de quienes han sido victimas de los delitos de desaparición forzosa o secuestro permanece hasta que se produce su liberación, o se adquiere certeza sobre su muerte.

Ahora bien, la protección prevista en la Ley 589 de 2000, que da lugar a que las familias de los trabajadores que han sido victimas de los delitos de secuestro y/o desaparición forzosa reciban la remuneración a que tiene derecho el trabajador, opera previa valoración y decisión de la autoridad judicial que tiene a su cargo la investigación de los hechos, de modo que la acción de tutela resulta improcedente para ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales a que tienen derecho las victimas de dichas conductas, porque este es un asunto que cuenta con un procedimiento previsto con tal fin en el ordenamiento ?artículo 86 C.P.-.

De esta manera, la Corte declaró improcedente la acción i) dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ii) en razón de la competencia de la autoridad judicial encargada de la investigación penal para resolver sobre el pago de los salarios y prestaciones sociales, a los familiares de las victimas de los delitos de secuestro y/o desaparición forzada, y iii) porque es la jurisdicción laboral la encargada de dictaminar sobre la terminación del contrato de trabajo, sin justa causa y sus consecuencias. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-789-04

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 Acción de tutela

Mecanismo de protección judicial de carácter subsidiario mediante el cual se protegen derechos constitucionales contra acciones u omisiones de las autoridades o de particulares. Aun cuando en principio solo procede para la protección de derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional la ha extendido para proteger ciertos derechos sociales en conexidad con derechos fundamentales. Se caracteriza por: 1) puede ser ejercida por cualquier persona, sin necesidad de abogado; 2) en principio solo protege derechos fundamentales, y por conexidad otros derechos constitucionales; 3) se puede interponer ante cualquier juez de la República; 4) tiene un procedimiento sencillo y rápido; 5) se puede interponer contra autoridades públicas o personas privadas; 6) es de carácter subsidiario, es decir, solo procede cuando no existe otro medio judicial para la protección del derecho, o cuando a pesar de existir otro medio judicial, la tutela es necesaria para prevenir un perjuicio irremediable.

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