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Última modificación: 2006-08-01
Derecho de acceso a la información de las veedurías

La presidente de un Grupo de Veeduría Ciudadana interpuso acción de tutela contra el Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, por considerar dicha entidad al negarse a suministrar una copia de su ejecución presupuestal de los años 2000 y 2001 violó el derecho constitucional de petición de información. Para la Corte, la sola condición de ciudadanos legitima a los miembros del grupo demandante para vigilar la gestión pública mediante la petición de información. Es así como no se puede negar la solicitud de información hecha por la accionante en virtud de una norma del Estatuto Anticorrupción y no de alguna facultad o derecho que la legislación le otorgue a las veedurías ciudadanas. Resaltó la Corte que gracias a la labor cívica que realizaron la accionante y los demás ciudadanos que conformaron el Grupo de Veeduría, la entidad accionada se vio obligada a rendir cuentas ante los mecanismos de control del Estado, la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación.

Se concluyó entonces que un grupo de ciudadanos, asociados para fiscalizar la gestión estatal, pueden solicitarle a una entidad pública que suministre de manera clara y completa la información que por mandato constitucional y legal debe ser pública, por lo que se concede el amparo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-596-02

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 Acción de tutela

Mecanismo de protección judicial de carácter subsidiario mediante el cual se protegen derechos constitucionales contra acciones u omisiones de las autoridades o de particulares. Aun cuando en principio solo procede para la protección de derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional la ha extendido para proteger ciertos derechos sociales en conexidad con derechos fundamentales. Se caracteriza por: 1) puede ser ejercida por cualquier persona, sin necesidad de abogado; 2) en principio solo protege derechos fundamentales, y por conexidad otros derechos constitucionales; 3) se puede interponer ante cualquier juez de la República; 4) tiene un procedimiento sencillo y rápido; 5) se puede interponer contra autoridades públicas o personas privadas; 6) es de carácter subsidiario, es decir, solo procede cuando no existe otro medio judicial para la protección del derecho, o cuando a pesar de existir otro medio judicial, la tutela es necesaria para prevenir un perjuicio irremediable.

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