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Última modificación: 2006-08-01
Acción civil popular en el proceso penal
La actora, una ONG, interpuso acción de tutela contra una providencia de la Fiscalía que le rechazó la constitución como parte civil en un proceso penal por el delito de peculado, la cual instauró como actor popular, para el resarcimiento de los prejuicios causados por el delito, a la empresa de servicios públicos y a los usuarios del servicio, como consecuencia de la vulneración a los derechos colectivos al patrimonio público, a la moral administrativa y los derechos de los usuarios del servicio público de energía. Esto constituiría una vía de hecho contraria al debido proceso. La Corte concedió el amparo pues aclaró que están legitimados para instaurar la acción civil popular para obtener la reparación del daño a un derecho o interés colectivo, el Ministerio Público, o cualquier miembro de la comunidad, quien actúa no solamente movido por su propio interés sino por el interés general que ésta representa.
La circunstancia de que la carta autorice al Procurador General para defender los intereses colectivos y faculte al Defensor del Pueblo para interponer tales acciones en lo de su competencia, no impide la intervención del actor popular, permitida no sólo en la Constitución, sino en el Código de Procedimiento penal. En este caso la actora, representada por abogado, detenta legitimación activa para demandar y constituirse como parte civil, en nombre propio y de los demás usuarios del servicio de energía eléctrica. Además, no se requiere regulación expresa de la ley, diferente a la contenida en el art. 88 de la Constitución y en otras normas, para legitimar una acción popular tendiente a obtener el pago de los perjuicios sufridos por los usuarios del servicio, con ocasión de los hechos ilícitos. Por ello se consideró que providencias cuestionadas, configuran vía de hecho manifiesta, al invocar hechos o circunstancias no establecidos como causal o motivo de rechazo de la demanda, y anticipar la definición de una cuestión de fondo que es materia de la sentencia. nota 1
Última modificación: 2006-08-01
Acción civil popular en el proceso penal
La actora, una ONG, interpuso acción de tutela contra una providencia de la Fiscalía que le rechazó la constitución como parte civil en un proceso penal por el delito de peculado, la cual instauró como actor popular, para el resarcimiento de los prejuicios causados por el delito, a la empresa de servicios públicos y a los usuarios del servicio, como consecuencia de la vulneración a los derechos colectivos al patrimonio público, a la moral administrativa y los derechos de los usuarios del servicio público de energía. Esto constituiría una vía de hecho contraria al debido proceso. La Corte concedió el amparo pues aclaró que están legitimados para instaurar la acción civil popular para obtener la reparación del daño a un derecho o interés colectivo, el Ministerio Público, o cualquier miembro de la comunidad, quien actúa no solamente movido por su propio interés sino por el interés general que ésta representa.
La circunstancia de que la carta autorice al Procurador General para defender los intereses colectivos y faculte al Defensor del Pueblo para interponer tales acciones en lo de su competencia, no impide la intervención del actor popular, permitida no sólo en la Constitución, sino en el Código de Procedimiento penal. En este caso la actora, representada por abogado, detenta legitimación activa para demandar y constituirse como parte civil, en nombre propio y de los demás usuarios del servicio de energía eléctrica. Además, no se requiere regulación expresa de la ley, diferente a la contenida en el art. 88 de la Constitución y en otras normas, para legitimar una acción popular tendiente a obtener el pago de los perjuicios sufridos por los usuarios del servicio, con ocasión de los hechos ilícitos. Por ello se consideró que providencias cuestionadas, configuran vía de hecho manifiesta, al invocar hechos o circunstancias no establecidos como causal o motivo de rechazo de la demanda, y anticipar la definición de una cuestión de fondo que es materia de la sentencia. nota 1
Acción popular
Mecanismo judicial previsto para la protección de derechos colectivos, mediante el cual se puede evitar un riesgo o daño contingente o eventual a un derecho colectivo, hacer cesar un peligro o restituir las cosas a su estado anterior. Puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica y por organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares, cívicas o de índole similar, así como las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, incluidos el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los Personeros Municipales o Distritales y los Alcaldes. 
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