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Última modificación: 2007-07-24
Las comunidades indígenas no pueden prohibir el eventual reconocimiento de los beneficios de rebaja de pena y de excarcelación a los condenados por la comisión de un delito si dentro de sus usos y costumbres se prevé este tipo de reconocimientos

Un Indígena Páez, privado de la libertad en la Penitenciaría Nacional San Isidro de Popayán, interpuso acción de tutela contra las autoridades de los Resguardos Indígenas de Pioyá y San Antonio La Aguada de Caldono, Cauca, tras haber considerado que la pena de 40 años de prisión que le fue impuesta por el delito de homicidio simple constituye una violación a sus derechos fundamentales por ser una condena exagerada y caprichosa. Indicó que tal pena desborda los límites de la legislación colombiana pues ésta prevé para esa clase de delitos una pena que oscila entre los 13 y los 25 años de prisión. Solicitó la tutela de su derecho a una pena justa y razonable.

Al estudiar el caso la Corte verificó que la autoridad indígena tenía competencia para juzgar al accionante tanto por el factor personal como por el factor territorial pues el actor pertenecía a esa comunidad indígena y la situación que se había juzgado había tenido lugar dentro del territorio de la comunidad. De igual forma estableció que en el proceso de juzgamiento se había seguido el debido proceso conforme estaba consignado en las dos actas de las Asambleas de los Resguardos. Al revisar tales actas, la Corte observó que la condena que se había impuesto al actor no había sido por homicidio simple sino por homicidio agravado pues el actor había cometido reiteradamente faltas que atentaban contra la armonía y el equilibrio de la Comunidad de Pioyá y también de los resguardos vecinos y, porque ya anteriormente había cometido otro homicidio. De tal manera que la pena a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado no era contraria al artículo 104 del Código Penal Colombiano. Para la Corte, la comunidad indígena había actuado de conformidad con sus usos y costumbres, pues se trataba de un delito altamente penalizado y sancionado por ellos.

En las mismas actas, la Corte observó que parte de la condena era la decisión de que el actor no gozara de rebaja de pena o de excarcelación y la prohibición expresa de que esta decisión fuera suspendida por autoridad alguna. La Corte decidió eliminar esta última disposición, tras advertir que ella resulta contraria a las leyes ordinarias colombianas y a los usos y costumbres de la comunidad Páez pues también dentro de ellos está contemplada la usanza de rebaja de las penas y concesión de la libertad antes del cumplimiento de la sanción.

Por lo anterior, la Corte resolvió dejar en firme la decisión tomada por la Asamblea General de los Cabildos de Pioyá y la Aguada de Caldono, salvo lo relacionado con la última parte en cuanto a la prohibición de reconocimiento de beneficios durante la condena al accionante. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1294-05

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