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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia de la tutela para cuestionar decisiones administrativas por no demostrarse violación de un derecho fundamental

El actor interpuso acción de tutela contra un Alcalde, con el objetivo de que se suspenda la construcción del puente que pasa por encima de un caño, pues para sostener dicho puente se están construyendo pilotes que impedirían el paso de las aguas negras, amenazando los derechos a la salud de los habitantes del sector y a la propiedad privada por las posibles inundaciones que se puedan presentar. La Corte reiteró su jurisprudencia sobre participación comunitaria y considera que la tutela es improcedente porque aunque la participación es un derecho fundamental, no lo es la participación indiscriminada en la gestión pública. En este caso no se evidenció si existía una amenaza inminente en contra de los derechos fundamentales a la salud y a la propiedad privada, porque no se presentó un nexo causal entre la construcción del puente sobre el caño y la amenaza a los derechos en cuestión, dado que no figuraba en el expediente constancia médica que determine la probabilidad de una enfermedad o certificación del impacto al medio ambiente y menos aún de los posibles daños que pudieran sufrir los inmuebles ubicados en las orillas del caño. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-418-93

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 Amenaza

La vulneración y la amenaza de los derechos fundamentales de las personas, son dos situaciones diversas en materia de protección constitucional. La violación exige que existan hechos que permitan claramente determinar la lesión o perturbación de un derecho fundamental. La amenaza, por el contrario, es una violación potencial, inminente y próxima de un derecho de esa naturaleza. Para que se determine la existencia de una amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos: i) el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales, y ii) la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, acorde a las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollen los hechos. Estos elementos deben llevar al juez al convencimiento de que si él no actúa mediante una orden inmediata, impidiendo que tal comportamiento continúe, se producirá la violación del derecho fundamental.

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