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Última modificación: 2006-08-01
Deber del incora de constituir resguardos indígenas

?La negativa a dar curso, sin aducir ninguna justificación válida, a la solicitud de constitución de ciertos resguardos sobre el predio de CHICUAMBE, por parte del Incora, desvirtúa adicionalmente el alcance de los principios de autonomía y autogestión comunitaria. La Corte Constitucional señaló que el derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes?.

?Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso (Ley 21 de 1991 aprobatoria del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por la 76ª, reunión de la Conferencia General de la O.I.T, Ginebra 1989) , donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Lo anterior, permite ratificar el carácter fundamental del derecho de propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios. La protección jurídica del derecho fundamental a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas tiene, además, desarrollo legislativo explícito tratándose de la constitución de resguardos indígenas (Ley 135 de 1961, arts. 29 y 94; D. 2001 de 1988).

El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos lleva implícito un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas. El desarrollo legislativo de la protección a la propiedad colectiva mediante la constitución de resguardos confiere precisas facultades al INCORA, entidad oficial que está obligada a colaborar efectivamente para la realización de los fines del Estado, en especial asegurando la convivencia pacífica (Constitución Política, artículo 2) y adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados (Constitución Política, artículo 13). El derecho fundamental de petición es aquí un medio o presupuesto indispensable para la realización de aquellos derechos. Su desconocimiento, en consecuencia, apareja necesariamente la vulneración de los artículos 7, 58, 63 y 229 de la Constitución.? * nota 1



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-188-93

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