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Última modificación: 2006-08-01
La lista de elegibles con menos de seis candidatos para cargos en la rama judicial no puede afectar el derecho a ser designado de quien ocupa el primer lugar

La tutelante indicó que sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a los cargos públicos y a la dignidad humana fueron vulnerados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al negarse a enviar el listado de elegibles actualizado el 31 de marzo de 2004, para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, listado en el que la accionante ocupaba el primer lugar, argumentando que dicho listado no cumplía con el requisito de pluralidad exigido por el artículo 166 de la Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -, el cual señala que la provisión de los cargos de carrera judicial debe realizarse con base en listas superiores a cinco candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles.

La Corte observó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de dar cumplimiento al artículo 166 de la Ley 270 de 1996 y conformar un listado con más de cinco aspirantes, invitó a los inscritos en el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, para que, de manera extemporánea, manifestaran su interés por la sede territorial de Risaralda. De esta forma, una vez recibió las nuevas solicitudes de cambio de sede, la Corporación demandada procedió a conformar un nuevo listado donde la tutelante pasó a ocupar el segundo lugar.

Para la Corte, el artículo 166 de la Ley 270 de 1996 no podía ser interpretado de manera tal que restringiera el derecho a acceder al cargo vacante del candidato que ocupara el primer lugar en el listado de elegibles, cuando éste estuviera conformado por menos de seis aspirantes.

El artículo 166 citado señala que la provisión de cargos de carrera judicial debe hacerse de listas superiores a cinco candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles, norma que fue redactada con el propósito de permitir a los entes nominadores elegir, con cierta discrecionalidad, entre quienes integraban los respectivos listados, al aspirante que consideraran más idóneo para ser designado en el cargo a proveer. Sin embargo, esta facultad fue restringida por la Corte bajo el argumento de que, en tanto el mérito es el único criterio que debe regir el acceso, ascenso y permanencia dentro de la carrera judicial - artículo 125 de la Constitución y artículo 156 de la Ley 270 de 196 -, quienes ocuparan los primeros lugares en los listados de elegibles era a quienes correspondía el derecho a ser nombrados en los cargos vacantes.

Resulta claro para la Corte que la entidad demandada, no sólo desconoció la oportunidad por ella misma fijada para la actualización del Registro Nacional de Elegibles con los cambios de sede solicitados por los inscritos, sino que dio al artículo 166 de la Ley 270 de 1996 una interpretación que conlleva la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública y al debido proceso de la accionante, con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corporación.

En consecuencia, la Corte confirmó los fallos de instancia, ordenando a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, remitir al Consejo de Estado el listado de elegibles para proveer el cargo de Magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda contenido en la Resolución 74 de 2004, listado encabezado por la peticionaria. Sin embargo, consideró necesario complementar dichas decisiones inaplicando, en este caso particular, el artículo 166 de la Ley 270 de 1996, por las razones expuestas anteriormente.

No obstante, la Corte destacó que los argumentos que dieron origen a la presente decisión no son aplicables a todos los casos en los que los listados de elegibles no reúnan el requisito de pluralidad previsto en el artículo 166 de la Ley 270 de 1996, de modo que cada caso deberá analizarse de manera individual y atendiendo a sus propias particularidades. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-077-05

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