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Última modificación: 2006-08-01
Deber de tener en cuenta las condiciones económicas del beneficiado con un subrogado penal para definir el monto de la caución

La actora fue sancionada con pena privativa de la libertad en sentencia que le concedió el subrogado penal de condena de ejecución condicional por un período de tres años, beneficio que debía garantizar con una caución prendaria consistente en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Desde la notificación de la sentencia la actora no ha podido disfrutar de la libertad concedida, debido a que carece de las condiciones económicas mínimas para consignar por lo menos el salario mínimo que le fue fijado, a pesar de haber realizado todos los esfuerzos que desde una cárcel pueden hacerse.

Por esta razón la condenada remitió una solicitud al juez para que considerara la rebaja de la caución para poderla establecer en un monto acorde con el dinero que ella ha podido conseguir. El juez competente le negó la solicitud argumentando que de acuerdo con la legislación penal vigente no era posible imponer una caución prendaria menor a un salario mínimo mensual.

La Corte Consideró que en este caso no se configuró una vía de hecho por parte del juez, pues al momento de dictar la medida y negar la solicitud de la condenada, la legislación no permitía imponer una caución inferior a un salario mínimo mensual. Sin embargo, para la Corte en este caso es relevante tener en cuenta que la fijación de un tope mínimo para la caución fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en un fallo posterior a la providencia que se discute.

Para esta corporación debe aplicarse el principio de favorabilidad, una vez se ha modificado la legislación, por pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma, y en consecuencia, por ser más beneficiosa de los intereses de la condenada, debe serle aplicable. La Corte ordenó al juez conceder la solicitud teniendo en cuenta las condiciones personales y económicas de la actora, según el prudente juicio y discernimiento nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-868-02

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 Juez competente

Es el funcionario de la rama judicial que ejerce la administración de justicia en forma unipersonal, acorde con el ordenamiento jurídico. La acción de tutela puede presentarse ante cualquier juez, pero existe una oficina, en cada distrito judicial, que hace una distribución de los casos que llegan, a los jueces de un mismo nivel de competencia: municipal, del circuito, etc.

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